Pueblos indígenas:
diversidad, desigualdad y exclusión
en Guatemala

Situación de Derechos Humanos en Guatemala

Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe donde conviven los pueblos indígenas maya, xinka, garífuna y los ladinos. Estos pueblos indígenas sufren una situación de desigualdad y exclusión consecuencia del racismo y la discriminación estructural.

Si bien se han dado iniciativas estatales para atender a la situación de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, estas se han presentado de modo desintegrado y sin ser concertadas con los pueblos indígenas.

La impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la intolerancia y la violencia política, así como la exclusión social, representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del Estado de Derecho y restringen el pleno goce de los derechos humanos.

CIDH presenta el informe:
"Situación de Derechos Humanos en Guatemala"

El informe aborda la situación de los derechos humanos en Guatemala, así como una serie de desafíos estructurales en materia de acceso a la justicia e impunidad, seguridad ciudadana, marginación y discriminación que han afectado en forma severa los derechos humanos de sus habitantes.

Especial atención se da a la situación de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, niñas y niños, población LGTBI, migrantes y pueblos indígenas.

Se da particular atención a la independencia y autonomía de la administración de justicia en Guatemala y a los procesos de selección y las garantías de permanencia en el cargo de los operadores de justicia.

Tapa del informe de la CIDH, Situación de Derechos Humanos en Guatemala

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

Avances positivos en políticas de derechos humanos en Guatemala

Se reconocen cambios en pro de una sociedad más respetuosa de los derechos humanos, promovidos y provocados por el trabajo de funcionarios públicos comprometidos con la justicia, de las y los defensores de derechos humanos, y de las y los dirigentes sociales.

Se destaca la reducción de la tasa de homicidios en materia de seguridad ciudadana, y la decisión de la Corte de Constitucionalidad de septiembre de 2015 en materia de derechos indígenas, que por primera vez ordena se practique la consulta a las comunidades indígenas afectadas por un proyecto de inversión.

Se valoran los esfuerzos del Estado para crear un programa de protección a periodistas, las acciones tomadas para prevenir y combatir la trata de personas y, la creación de estadística diferenciada en materia de violencia contra la mujer que alimentan el diseño de políticas públicas.

También en materia de administración de justicia se destaca la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público en la desarticulación de redes criminales y en la lucha contra la corrupción.

En los últimos años han habido algunos logros en la lucha contra la impunidad. Al respecto, se han dictado sentencias de alto impacto social, relacionadas con el crimen organizado, incluyendo casos de corrupción, extorsión, secuestro, violación y asesinato.

Es positiva la creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual, como una dependencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos; la firma de un convenio para generar contenidos de formación para la escuela de estudios penitenciarios y para la promoción de atención diferenciada para personas LGBT en las prisiones; charla sobre derechos humanos de personas LGBT en cárceles; la inclusión de la categoría LGBTI en los formularios para presentar denuncias ante la Policía Nacional Civil; y sus actividades de observación sobre los servicios de atención a personas LGBTI de infecciones de transmisión sexual

CIDH visita Agua Caliente, Valle de Polochic, Guatemala

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

La gran mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos no viven en un lugar libre de violencia

La tasa de homicidios en Guatemala es una de las más altas de Latinoamérica y el Caribe. Desde el año 2000, se presenta un escenario de violencia generalizada, siendo uno de los países más violentos de Latinoamérica.

Esta violencia e inseguridad está relacionada con la exclusión social y la falta de aplicación de la ley en un contexto de debilidad institucional agravado por el actuar del crimen organizado y el uso desmesurado de la seguridad privada.

En 2014 (enero-diciembre) las muertes por hechos de violencia fueron 5.924 personas y en 4.494 casos se utilizaron armas de fuego. Según el INACIF, el número de muertes en el 2014 equivaldría a casi 16 diarias. En 2014 (enero-diciembre) las muertes por hechos de violencia fueron 5.924 personas y en 4.494 casos se utilizaron armas de fuego. Según el INACIF, el número de muertes en el 2014 equivaldría a casi 16 diarias.

Militarización de la seguridad ciudadana

Es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, para garantizar un uso de la fuerza que no resulte violatorio del derecho de reunión. La Policía y las Fuerzas Armadas son dos instituciones substancialmente distintas en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna, en general, suele encontrarse acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello, es aconsejable evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos.

Desapariciones forzadas

Las causas de las desapariciones de los últimos 12 años, según la Policía Nacional Civil, serían capturas ilegales del crimen organizado, trata de personas, violencia intrafamiliar, huidas por razones económicas y amorosas.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado que desde el año 2003 al 2014, más de 25.000 personas habrían desaparecido en Guatemala, de acuerdo a cifras proporcionadas por la Policía Nacional Civil (PNC). Aproximadamente 13.000 serían mujeres y 12.000 hombres.

Linchamientos

Las víctimas por lo general son atrapadas como sospechosas de la comisión de un delito, pero también son buscadas en sus hogares o en su lugar de trabajo. Habitualmente, las víctimas son torturadas antes de su ejecución con el fin de forzarlas a revelar los nombres de los presuntos cómplices y fallecen tras ser golpeadas, mutiladas, apedreadas, baleadas o quemadas vivas.

La población termina en medidas desesperadas, frente al hecho de que la seguridad pública no funciona, esto no la justifica para nada, pero es una explicación de fondo. Hay una actitud en la población de que ya no pueden esperar en las instituciones del Estado, en ese sentido hay una reacción muy instintiva y perversa que lleva a las comunidades a tomar la justicia en sus manos, entre comillas.
Entre 2008 y octubre de 2015, 297 personas murieron y 1.043 resultaron heridas en linchamientos.Entre 2008 y octubre de 2015, 297 personas murieron y 1.043 resultaron heridas en linchamientos.

Seguridad privada

La privatización de las funciones de seguridad ciudadana tiene como consecuencia que ésta se desvincule de la noción de derechos humanos, cuya defensa, protección y garantía competen al Estado, para transformarse en un mero producto que sólo algunos consiguen adquirir en el mercado. El estado debe regular las funciones que pueden cumplir las empresas privadas de seguridad, el tipo de armamento y medios materiales que están autorizadas a utilizar, los mecanismos adecuados para el control de sus actividades, y la implementación de un registro público, accesible y con información suficiente. Igualmente, ha indicado que debe definirse un sistema para que estos emprendimientos privados informen regularmente sobre los contratos que ejecutan, especificando puntualmente el tipo de actividades que desempeñan.

Se estima que en el país existen al menos 120.000 agentes de seguridad privada, de los cuales aproximadamente la mitad son ilegales, al no haber sido instituidas por Acuerdo Gubernativo o Ministerial; mientras que el 94% de la otra mitad, no se encontrarían regularizados con base en la legislación vigente.

De acuerdo a la OACNUDH-Guatemala, sólo 24 de las 151 empresas de seguridad privada registradas están consideradas acordes con el Decreto 52-2010 que regula los servicios de seguridad privada. Sólo 477 agentes de seguridad privada, de un total estimado de 46.000, están certificados.

Armas de fuego

El 85,4% de las muertes violentas ocurrió por arma de fuego, un aumento en el 2014 del 4,3% comparado con 2013.

Extorsión

El delito de extorsión ha tenido una alta incidencia en los últimos años. De acuerdo al Ministerio Público, entre el año 2012 y 2015 hubo 24.221 denuncias por los delitos de extorsión, exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva de tránsito y en el mismo período se habrían emitido 2.051 sentencias por esos delitos, 1.694 condenatorias y 447 absolutorias.

Impacto económico

La violencia tiene efectos sociales y costos económicos. Entre otros, efectos en el afianzamiento y desarrollo de la democracia con altos costos humanos. La violencia consume un estimado de 7,3 % del PIB anual, invertido fundamentalmente en atención médica a las víctimas, así como seguridad privada.

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

“La militarización se ha utilizado para dejar limpia el área, para que nadie moleste a las personas que están haciendo el trabajo para que la cementara se instale.”

Testimonio de un líder comunitario, recibido por la CIDH en visita de agosto de 2013. En las doce comunidades de San Juan Sacatepéquez, que se oponen a las actividades inconsultas de una empresa cementera, se encuentra de modo permanente un destacamento militar y que se habría instalado una segunda brigada.

Discriminación, desigualdad y exclusión de los pueblos indígenas

Históricamente ser indígena en Guatemala ha significado cargas valorativas negativas que los han situado en una relación jerárquica de extrema desigualdad. La discriminación se manifiesta en la falta de respeto y vigencia de los derechos humanos de los cuales son titulares, los coloca en una situación pobreza y pobreza extrema.

Los problemas estructurales creados desde la colonización han dificultado el camino para lograr el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho, y la plena vigencia de sus derechos. Los Acuerdos de Paz “siguen siendo válidos y vigentes, y deben orientar el cambio de reconocimiento como Nación multiétnica, plurilingüe y multicultural”. (Información recibida por la CIDH en reunión con SEPAZ, COPREDEH y PNR, 22 de agosto de 2013, Ciudad de Guatemala.)

Condiciones de pobreza

La discriminación incrementa la desigualdad social y ahonda las condiciones de pobreza en que se encuentra la población indígena. Esta exclusión se observa en todas las esferas, incluyendo la propiedad de la tierra, el acceso a los servicios básicos, las condiciones laborales, el acceso a la economía formal, acceso a la justicia, la participación en instancias de toma de decisiones y representación en medios de comunicación y en el debate público.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada en 2006 identificó que el 74,8% de la población indígena era pobre, frente a un 36,2% de población no indígena.Al respecto, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada en 2006 identificó que el 74,8% de la población indígena era pobre, frente a un 36,2% de población no indígena.Cerca de 3.000.000 de guatemaltecos carecen de acceso al agua potable y aproximadamente 6.000.000 no tienen acceso a servicios de saneamiento mejorado.
CIDH visita San Marcos, Guatemala

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

El principal obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos en Guatemala deriva de que el Estado ha sido estructurado para asegurar el disfrute de privilegios por parte de una pequeña parte de la población, en detrimento de la mayoría.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Committee on Economic, Social and Cultural Right hears from stakeholders on Guatemala, Nepal and Romania, 17 de noviembre de 2014.

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

Violencia contra las mujeres y femicidios

Diversas organizaciones internacionales y nacionales se han pronunciado enérgicamente sobre la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres en Guatemala y el contexto general de impunidad ante estos hechos.

Entre 2001 y 2010, el femicidio habría aumentado un 400% en Guatemala.En algunas comunidades del área rural, el analfabetismo en las mujeres indígenas adultas alcanza el 90%, situación que plantea un compromiso importante en la formación educativa de las mujeres indígenas. INE. ENCOVI, 2006.

Sin clasificador étnico

No existe un clasificador étnico en las estadísticas, informes, archivos y demás documentación de denuncias. Asimismo, se informó que si bien una de las preocupaciones de la DEMI son los altos índices de femicidios en Guatemala –que alcanzaron los 755 casos en el 2013- no se cuentan con estadísticas sobre el porcentaje de mujeres indígenas víctimas de este fenómeno.

Sin programas de salud mental

Tampoco existirían programas de salud mental para mujeres indígenas víctimas de violencia ni programas de atención psicosocial para sus hijos.

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

“11 mujeres fueron violadas sexualmente en grupo por varios hombres (guardias de seguridad de la empresa, policías y soldados del Ejército) que ejecutaron el desalojo. Todos estos hechos quedaron en la impunidad.”

Carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Comunidad Q´eqchi´ del Lote 8, Chacpayla, Municipio de El Estor, Izabal, de fecha 19 de agosto de 2013.

Se informó que, en 2006 y 2007, la Compañía Guatemalteca de Niquel promovió desalojos forzados de comunidades q´eqchi´ en el Municipio de Panzós, Alta Verapaz y en El Estor, Izabal, en el Valle del Polochic para realizar actividades de extracción minera. El 17 de enero de 2007 habría ocurrido el desalojo.

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

Niños, niñas y adolescentes

La situación socioeconómica, la violencia intrafamiliar, la violencia colectiva y el incumplimiento del Estado de su deber de protección especial provocan que niños, niñas y adolescentes continúen sufriendo la vulneración de sus derechos.

En Guatemala en el 2011 se produjeron 672 muertes por desnutrición y en el 2012 la cifra se elevó a 1.053.Según UNICEF, cuatro de cada diez niños y niñas (43,4%) menores de cinco años presenta desnutrición crónica, porcentaje que aumenta a un 80% en niños y niñas indígenas,

Derecho a la alimentación

Según UNICEF, cuatro de cada diez niños y niñas (43,4%) menores de cinco años presenta desnutrición crónica, porcentaje que aumenta a un 80% en niños y niñas indígenas, condición que provoca menos retención escolar, menor productividad, propensión a adquirir enfermedades y hasta pérdida del coeficiente intelectual, efectos irreversibles durante toda la vida. Guatemala se encuentra en sexto lugar en el mundo debido al nivel alto de desnutrición.

Trabajo infantil

Guatemala es el país de la región donde más personas menores de 18 años trabajan. Se calcula que el 20% del PIB guatemalteco es producido por menores de 14 años, y cerca de 850.000 niños y niñas estarían involucrados en alguna actividad de producción económica.

Se reportó, además, la existencia de un severo problema de trabajo infantil en el sector agrícola, no sólo por el alto porcentaje de niños y niñas indígenas trabajando, sino también por la sobreexplotación y condiciones del trabajo, sin pago ni reconocimiento de derecho alguno.

El Estado debe continuar trabajando para fortalecer las medidas para responder y erradicar el trabajo infantil.

Embarazos de niñas y adolescentes

Los embarazos de niñas y adolescentes en edades tempranas también conllevan a múltiples afectaciones graves de sus derechos un alto riesgo para su salud y la de su hijo no nacido. Estos embarazos son perpetrados en un 80% por familiares, y prevalece la impunidad alrededor de estos graves hechos de violación sexual.

Migrantes

Se encontró que muchos niños, niñas y adolescentes retornados a sus lugares de origen vuelven a migrar hasta en tres ocasiones, lo cual significa que los factores expulsores continúan y siguen generando la migración forzada de ellos. Organización Internacional de Migración, la Organización Internacional de Trabajo, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Derecho a la educación

Solo 4 de cada diez niños y niñas que comienzan la escuela la culminan. Más de 1.8 millones de niñas, niños y jóvenes están fuera del sistema escolar.

Acceso limitado

En algunas comunidades, es muy limitado el acceso a las escuelas y que existen numerosas comunidades donde no hay maestros.

Pocos años de escolarización

Los niños y niñas indígenas en áreas rurales asisten a la escuela un promedio de poco más de tres años, mientras que las niñas superan escasamente un año de escolarización.

Pobreza

La deserción escolar entre niños y niñas indígenas tienen a la pobreza como factor determinante al verse obligados a dedicarse a actividades domésticas en sus hogares o a realizar labores en las fincas.

Sólo ciclo primario

Las escuelas en las comunidades únicamente ofrecen la oportunidad de estudiar el ciclo primario, y hay una mínima cobertura en el nivel secundario. Para poder continuar estudiando, los niños, niñas y jóvenes indígenas deben matricularse en centros educativos urbanos, y son pocas las familias que pueden cubrir tales costos.

Sin educación bilingüe

Un número reducido de establecimientos educativos funcionan bajo la modalidad de educación bilingüe intercultural, incluso en los departamentos con más de 90% de población indígena. De acuerdo a la información disponible, la educación bilingüe intercultural no cubriría todos los grados educativos y no abarcaría a las distintas comunidades sociolingüísticas.

“Hay una persecución. Hay una guerra psicológica, no nos están matando con el arma, pero es un daño psicológico. Los niños ya no sienten la libertad de asistir a las escuelas. Hemos presentado recursos de exhibición personal, hemos presentado denuncias. Hasta el momento la Corte Suprema de Justicia no nos ha informado.”

Información recibida por la CIDH en visita de agosto de 2013.

Derechos laborales

El racismo es un elemento que ha incidido y continúa incidiendo directamente en las relaciones sociales de producción, en la medida en que influye en el establecimiento de formas y tipos de trabajo. El trabajo forzado y explotación servil del indígena, ha sido un elemento fundamental en el sometimiento de los pueblos indígenas a lo largo de la historia de Guatemala.

El 69,2% de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el sector informal de la economía.El 69,2% de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el sector informal de la economía.

Colonia de Peones

Continúan existiendo en Guatemala formas contemporáneas de esclavitud con fines de explotación económica, que tienen orígenes coloniales. De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008, existen unas 5.043 unidades productivas agrícolas en las que permanece el sistema de “colonias de peones” o “mozos colonos”. Se trata de grupos de familias o comunidades que han vivido dentro de las fincas generación tras generación, y que sobreviven sirviendo a los “patrones” a cambio de míseros salarios o alimentos. Estas personas son “heredadas” o “transferidas” a los nuevos propietarios de las fincas junto con la tierra.

CIDH visita Agua Caliente, Valle de Polochic, Guatemala

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

“Desde hace años en la finca, [hoy denominada Finca Empresa Agrícola San Francisco S.A.], han promovido trabajos forzosos sin pagos y prestaciones laborales, a las [126] familias [que han habitado y poseído las tierras por más de dos siglos], que se traduce en acarrear tallos de guineo a espaldas humanas trasladando a dos horas a pie hasta su destino, así como sembrar y cosechar café.”

CUC. Casos de violaciones a derechos de comunidades indígenas y campesinas en Guatemala en el Departamento de El Quiché (Caso Regadillos, Sanchina y Buena Vista). Carta a Relatora Dinah Shelton, 22 de agosto de 2013.

Derecho a la salud

Uno de los principales retos en materia de salud indígena es la adecuación cultural del servicio de atención, pues el sistema de salud estatal es percibido como ajeno a la concepción propia de los pueblos indígenas, y su diseño y aplicación se ha determinado sistemáticamente sin su participación.

Como ejes centrales se debe tener el fortalecimiento y consolidación de la medicina tradicional a través del establecimiento de instrumentos y mecanismos que permitan su puesta en ejercicio; así como la especial relación que vincula a los pueblos indígenas con sus territorios y con los recursos naturales que en ellos se encuentran.

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

Sistema obsoleto

En los departamentos con mayor población indígena el sistema de salud se encuentra obsoleto; sin recursos humanos, financieros y médicos necesarios.

Obstaculos geográficos

Se observa también que existen serios obstáculos geográficos para la prestación efectiva de servicios de salud, ya que en varias regiones del país las personas indígenas deben desplazarse grandes distancias para llegar a los centros de atención, lo que es más grave en casos de urgencia.

Mortalidad materna

La mortalidad materna se estima en 137 por cada 100 mil partos y de acuerdo al Observatorio de salud sexual y reproductiva, Guatemala ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en mortalidad materna, suma que es tres veces mayor en mujeres indígenas. El alto índice de mortalidad materna se debe a diversos factores, como la falta de centros de salud, y la inaccesibilidad de los mismos; además de su falta de adecuación cultural por lo que las mujeres suelen recurrir a servicios de curanderas y dan a luz en condiciones muy precarias.

“A veces el personal va, pesa, mide al niño. Dicen sí es desnutrido el niño pero como no está afiliado al partido oficial no le dan la bolsa segura o los beneficios que el gobierno está promoviendo.”

Testimonio recibido en reunión con líderes, lideresas y organizaciones indígenas el 25 de agosto de 2013 en Nebaj, Quiché.

Derecho de propiedad y de consulta de los pueblos indígenas

El desconocimiento del uso y ocupación histórica como fundamento de los derechos colectivos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas es el principal obstáculo para el respeto y garantía del derecho a la propiedad indígena en Guatemala.

Conquista, colonia y conflicto armado

A los despojos territoriales de la conquista, colonia e independencia, se suman los provocados durante el conflicto armado. Cuando las comunidades se encontraban desplazadas por el conflicto, sus tierras fueron nacionalizadas mediante mecanismos de apariencia legal o a través del uso de violencia directa, hostigamientos y amenazas.

Falta de registro de la tierra

Distintas fuentes indican que en Guatemala la alta inseguridad jurídica es uno de los principales problemas de la propiedad, en general, y de la propiedad indígena, en particular. Guatemala tiene además una alta tasa de falta de registro de la tierra y los espacios no se encuentran demarcados o delimitados, ni existe un registro catastral del territorio nacional.

Desalojos forzosos y proyectos de desarrollo

Aunque no se cuenta con información del total de desalojos forzosos realizados, se sabe que es una práctica que ha continuado afectando a cientos de personas y comunidades en Guatemala. La información recibida sugiere que muchas veces tales desalojos se encuentran relacionados con la expansión de la producción de monocultivos extensivos, la toma de control de zonas para el pastoreo, o la implementación de proyectos de desarrollo e infraestructura.

Creación y manejo de áreas naturales protegidas

Se han creado numerosas áreas protegidas sobre tierras y territorios históricamente ocupados por comunidades indígenas sin respeto ni reconocimiento de sus derechos.

Sin derecho de consulta

El Estado guatemalteco ha autorizado múltiples planes y proyectos de exploración y explotación, desarrollo o infraestructura, sin que dentro de sus mecanismos técnicos, administrativos y jurídicos se respete y garantice el derecho a la consulta y en su caso, el consentimiento previo de los pueblos indígenas.
CIDH visita San Marcos, Guatemala

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

Los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos.

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Suriname. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 121.

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

Guatemala debe reconocer el genocidio que sufrió el pueblo maya durante el conflicto armado interno

Entre los años 1960 y 1996, Guatemala vivió un conflicto armado con múltiples, masivas y sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas en ese período.

El Gobierno guatemalteco ha rechazado la existencia de genocidio como componente del conflicto armado, a pesar de que está ampliamente reconocido por múltiples organismos internacionales y de su devastador efecto sobre las comunidades indígenas.

La negativa de reconocer el genocidio que sufrió el pueblo maya es un reflejo del racismo y la discriminación estructural que sufren los pueblos indígenas en Guatemala.

La mayor parte de los hechos ocurridos durante el conflicto armado en Guatemala permanecen impunes.

Se estima que más de 200.000 personas, principalmente indígenas maya, fueron víctimas de ejecuciones arbitrarias, masacres, desapariciones forzadas, violaciones, torturas, detenciones ilegales, secuestros y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

Defensoras y defensores de derechos humanos

Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.

Defensa de las comunidades

En los últimos años, varios líderes y autoridades indígenas en diferentes lugares de Guatemala han sido asesinados por motivos presuntamente vinculados a sus actividades en defensa de los derechos de sus pueblos o comunidades. Asimismo, una serie de actos de violencia, agresiones y detenciones se han producido en el contexto de desalojos y manifestaciones, en particular en aquellas organizadas en oposición a proyectos de desarrollo e inversión.

Actos de violencia

Tales actos consistirían en la destrucción, robo y quema de sus viviendas y cultivos; obstrucción del paso a caminos o destrucción de puentes, a veces las únicas vías de comunicación; amenazas verbales y con armas corto punzantes y de fuego; disparos de armas de fuego al aire o contra los comunitarios; denuncias ante los juzgados locales para obtener órdenes de captura en su contra; agresiones físicas directas contra comunitarios, incluyendo a niños y niñas; entre otros.

La CIDH visita Coban, Guatemala

Crédito Fotográfico: prensa CIDH

“Los militares vienen a controlar más al pueblo por las empresas que quieren entrar, si la gente se manifiesta ellos controlan las manifestaciones. Intimidan a la población, especialmente a la población víctima y sobreviviente del conflicto. Aun no se han subsanado las heridas y ahora se reviven otra vez.”

Información recibida por la CIDH en visita de agosto de 2013. En la región Ixil, una de las más afectadas por el conflicto armado, se incrementaron los elementos militares de la base de Chajul y del destacamento militar de Nebaj, y se instaló un nuevo destacamento en Cotzal.

Acceso a la justicia: independencia judicial, impunidad y compromisos internacionales

Es de atención la independencia y autonomía de la administración de justicia en Guatemala y a los procesos de selección y las garantías de permanencia en el cargo de los operadores de justicia.

Cuestionada elección de jueces y magistrados

Los diversos cuestionamientos a la forma en la que se desarrolló el proceso de nominación y selección de jueces y magistrados en el país provocó que se convocara a realizar las reformas necesarias para fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia. En este sentido, la decisión de la Corte de Constitucionalidad exhorta al Congreso de la República a convocar a un diálogo abierto para discutir posibles reformas constitucionales y de leyes ordinarias que garanticen la calidad e independencia del Organismo Judicial.

Impunidad respecto del conflicto armado

A pesar de algunos avances en investigación y juzgamiento, la mayor parte de los ocurridos durante el conflicto armado permanecen impunes.

Desacato

La Corte Interamericana indicó que la posición asumida por Guatemala respecto al genocidio constituía “un acto de evidente desacato del Estado respecto de la obligatoriedad de las Sentencias dictadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales”. La Corte detalló la inaplicabilidad de la Ley de Reconciliación a los casos materia de la supervisión y ordenó que el Estado debía de adoptar “en definitiva, y a la mayor brevedad, todas las medidas que fueran necesarias para dar pronto cumplimiento a las Sentencias”, acatar sus obligaciones convencionales de buena fe e informar al Tribunal.(Corte IDH. Caso Supervisión conjunta de 11 casos Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de agosto de 2014.)
Se observa que el índice de impunidad por el delito de homicidio, según un informe de la CICIG de noviembre de 2015, fluctúa en los años 2008 y 2014 entre un 99,1% y un 98,4%, con ciertas reducciones dependiendo de los años y la materia.

En medio de la crisis política e institucional más profunda en décadas, las y los guatemaltecos son conscientes de que solo mediante reformas integrales se logrará un verdadero cambio en el país.

ACNUDH-Guatemala, El Despertar de Guatemala: La revolución por la justicia y el cambio.

Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Guatemala

Acuerdos de Paz

Guatemala debe retomar la agenda de los Acuerdos de Paz. Se reitera la importancia de los Acuerdos de Paz como instrumentos para avanzar en la tarea de construcción de un país más democrático, justo, tolerante y respetuoso de los derechos humanos.

Sistema Interamericano de Derechos Huamanos

Guatemala debe cumplir e implementar las recomendaciones, decisiones y sentencias de los órganos interamericanos de derechos humanos. Identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales del genocidio. Redoblar esfuerzos para dar justicia a víctimas y familiares, rectificando su posición de insistir en las amnistías decretadas durante el conflicto interno.

Pobreza extrema y desnutricion infantil

Guatemala debe continuar con los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, en especial, adoptar las medidas necesarias para eliminar la grave problemática de la desnutrición infantil.

Protección especial

Guatemala debe proteger la vida e integridad de quienes, por su rol en la sociedad o su especial vulnerabilidad debido a discriminación y exclusión histórica, sufren un impacto diferenciado. En esta especial, aquellas personas que defienden los derechos humanos incluidas autoridades y líderes indígenas, ambientalistas, líderes sindicales, operadores de justicia; así como también, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los periodistas, los migrantes y refugiados, la población LGBTI, las personas con discapacidad y las personas privadas de libertad. Impulsar una campaña de difusión masiva sobre la importancia del trabajo de las y los defensores de derechos humanos.

Desapariciones forzadas

Guatemala debe aprobar la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición que busca esclarecer el paradero de más de 45.000 víctimas, a la que se debe sumar una que busque resolver el grave problema de la desaparición forzada generado a partir del término del conflicto armado interno. Es urgente dar respuesta a los familiares de las víctimas.

Seguridad ciudadana

Guatemala debe garantizar que la Policía Nacional Civil sea la encargada de la seguridad interna del país. Para ello, asignar los recursos materiales y humanos para el cumplimiento de su labor y desarrollar programas de capacitación acorde a los estándares de derechos humanos. Garantizar que las fuerzas policiales estén preparadas ante situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. Intensificar los esfuerzos dirigidos a investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales. Asegurar que su legislación y prácticas administrativas sean compatibles con la prohibición de participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana y en particular, del control de la violencia en protestas sociales. Limitar las asignaciones presupuestarias a cuestiones relativas a la defensa nacional.

Administración de la justicia

Guatemala debe adoptar medidas efectivas que permitan un mejor y mayor acceso a la justicia a todas y todos. Respecto de los pueblos indígenas, respetar sus instituciones propias de representación y de toma de decisiones y asegurar que puedan ser oídos en sus propios idiomas. Adoptar las medidas para garantizar que los operadores de justicia realicen sus labores de manera imparcial e independiente, en respeto al principio de separación de los poderes y libre de toda amenaza o presión de parte de grupos de poder. Asegurar que quienes sean elegidos miembros de las Cortes lo sean por sus méritos, capacidad, idoneidad y honradez y que se cumplan los estándares mínimos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, a fin de asegurar la independencia judicial.

Pueblos indígenas: sujetos colectivos

Guatemala debe reconocer a los pueblos y comunidades como sujetos colectivos, con autoridades y representantes propios, determinados por su derecho consuetudinario.

Institucionalidad estatal indígena

Guatemaa debe fortalecer la institucionalidad estatal indígena, garantizar, a través de las medidas afirmativas, que los pueblos indígenas participen en los niveles de gobierno del Estado de Guatemala, en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad; así como reconocer, respetar y proteger sus formas propias de organización, representación y de toma de decisiones. Todo con participación y en consulta con los pueblos indígenas.

Desarrollo rural incluyente

Guatemala debe promover una política de desarrollo rural o revisar la existente, de modo que sea culturalmente adecuada, sostenible e incluyente, incorporando soluciones integrales que permitan a las comunidades indígenas garantizar su suficiencia y seguridad alimentaria de conformidad con sus pautas tradicionales, atendiendo a la protección del territorio ancestral y sus recursos naturales. Elaborar, en consulta con las comunidades afectadas, una estrategia integral y apropiada desde el punto de vista cultural para reducir la mortalidad, morbilidad y desnutrición de niños y niñas indígenas.

Seguridad privada

El estado debe regular las funciones que pueden cumplir las empresas privadas de seguridad, el tipo de armamento y medios materiales que están autorizadas a utilizar, los mecanismos adecuados para el control de sus actividades, y la implementación de un registro público, accesible y con información suficiente.

La eliminación de toda forma de discriminación e intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto a la diversidad étnica y cultural, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Tapa del informe de la CIDH, Situación de Derechos Humanos en Guatemala