Seguridad Ciudadana desde un
enfoque de derechos de la niñez

Recomendaciones a los Estados de América 

Es necesaria la incorporación de una visión que ponga en el centro a niños, niñas y adolescentes y la protección y restablecimiento de sus derechos

Los procesos de reforma en materia de seguridad que se están operando en América deben realizar un cambio de paradigma en seguridad ciudadana.

Este cambio debe priorizar las funciones de prevención y de reducción de la violencia, en lugar de priorizar las funciones de control y represión del delito.

Otros elementos que requieren ser mejorados son el acceso efectivo a la justicia y a las garantías judiciales, en particular para algunos grupos. Deben eliminarse las barreras en el acceso a la justicia, tales como los altos costos, los problemas de saturación del sistema judicial, la lentitud, la mala calidad de los procesos de investigación y acusación, y los altos niveles de impunidad en la persecución de delitos. 

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para CIDH

Enfoque amplio, integral y holístico de la seguridad ciudadana

Para lograr una prevención efectiva de la violencia es necesario partir de un enfoque amplio, integral y holístico que incorpore estrategias legales, sociales, educativas y económicas para reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección. 

Crédito Fotográfico: CIDH

Políticas sociales y acceso a servicios básicos

Asegurar el acceso a servicios públicos de calidad en zonas afectadas por la pobreza garantiza los derechos humanos de las personas que viven en esas comunidades, además de ser un componente destacado en las estrategias de seguridad. La falta de asignaciones presupuestarias suficientes para financiar adecuadamente los servicios públicos y el acceso a derechos esta en la raíz de la problemática.

Profesionalización y especialización de las intervenciones

Se deben aplicar los principios de especialización y profesionalización en las intervenciones que se refieran a los niños, niñas y adolescentes. Para ello, se debe contar con unidades especializadas, personal capacitado y protocolos adaptados a la niñez.

Sistemas de información, monitoreo y evaluación

Es indispensable que los Estados al tomar decisiones de política pública cuenten con información y datos suficientes y confiables que permitan elaborar un diagnóstico serio y completo de la situación, de las causas de la violencia y de las consecuencias que de ella se derivan. La disponibilidad de forma periódica de este tipo de información supone democratizar la seguridad pública, incentivar un debate informado de la ciudadanía, y un elemento disuasorio y de control frente a eventuales violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado.

Participación social y de los niños, niñas y adolescentes

Las comunidades más afectadas por la violencia son las que mejor conocen el contexto, los riesgos que enfrentan, y las posibles estrategias que podrían funcionar para disminuir la violencia. El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como actores relevantes, y que sean consultados acerca de sus opiniones, contribuye a superar el sentimiento de exclusión y refuerza el sentido de pertenencia social, además de ayudar a identificar factores de riesgo y de protección.

Apoyo y fortalecimiento a las familias

Las políticas sociales de apoyo a las familias, especialmente aquellas dirigidas a las familias que enfrentan mayores retos y limitaciones en el cuidado de sus hijos, contribuyen a la protección de los niños y niñas y de sus derechos.

Descentralización y el rol de los gobiernos locales

Las autoridades municipales, por su cercanía con los ciudadanos, se encuentran en una posición privilegiada para integrar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos, y en la identificación de problemáticas y de posibles soluciones.

Los municipios tienen atribuidas competencias en un importante número de cuestiones que inciden en la prevención de la violencia, aunque la competencia en materia de seguridad (fuerzas de seguridad) se mantenga por lo usual en el nivel central.

Desde las ciudades se pueden mitigar los niveles de violencia e inseguridad con políticas sociales y de planeación urbana que reduzcan la exclusión, la marginalidad y la fragmentación social. Es preciso ampliar la cobertura de los servicios públicos en las comunidades más afectadas por la pobreza, invertir en programas de vivienda digna, recuperar espacios públicos seguros, así como integrar las zonas desconectadas de la ciudad a través de la inversión en infraestructuras públicas; estas intervenciones aumentan la calidad de vida de las personas en estas comunidades, promueven el disfrute de sus derechos, y contribuyen a disminuir la condición de marginalidad y vulnerabilidad.

Se ha comprobado que el modelo de ciudad incide en la inseguridad: una de las prioridades de los gobiernos locales debe ser la promoción de ciudades inclusivas y seguras que contribuyan a la reducción de la violencia y la delincuencia.

Así mismo, entre las responsabilidades asociadas a la prevención de la violencia se encuentran las políticas destinadas a la juventud (como deporte, recreación y cultura); muchas de estas políticas han sido descentralizadas al nivel local.

Educación: compleción de la escuela

La educación es un factor clave para la movilidad social, la superación de la exclusión social, la pobreza y la discriminación. Es fundamental asegurar el acceso y la compleción de la escuela primaria y secundaria así como ofrecer oportunidades de formación superior y capacitación profesional. La permanencia por un mayor número de años en el ámbito educativo incrementa la protección de los niños y adolescentes. Los niños en riesgo de abandonar la escuela deben recibir una atención y un apoyo adicional para evitar la deserción y garantizar su derecho a la educación.

Educación desde un enfoque de derechos humanos

Los Estados deben garantizar que la educación y las escuelas no reproduzcan estereotipos basados en el género, la condición socio-económica, el origen étnico, u otros factores, ni reproduzcan situaciones de exclusión y discriminación, abuso o violencia. 

Formación profesional y acceso a un empleo digno

Las políticas de inserción al mercado laboral han de ser fortalecidas entre aquellos sectores poblacionales en situación de mayor exclusión y vulnerabilidad, en especial entre jóvenes y adolescentes. La débil inserción laboral de los jóvenes es un factor de riesgo en América.

Recreación, ocio y cultura

Importancia de los programas de prevención de conductas de riesgo consistentes en actividades extracurriculares que ofrecen arte, música, cultura, recreación y deporte para el tiempo libre.  Existen evidencias que este tipo de actividades reducen las condiciones de vulnerabilidad de los niños y los adolescentes y su participación en acciones antisociales, violentas o delictivas.

Profesionalización, modernización y democratización de los cuerpos de seguridad

Se debe llevar adelante un proceso de profesionalización, modernización y democratización de los cuerpos de seguridad del Estado, un cambio de modelo que tome en consideración la seguridad ciudadana entendida como protección de todas las personas, de sus derechos y de las condiciones para poderlos ejercer.

Estas políticas se caracterizan por:

Superar las estrategias de asalto y combate aisladas

Las estrategias de asalto y combate para recuperar por la fuerza zonas bajo el control de grupos criminales se han mostrado por sí solas insuficientes a mediano y largo plazo para el mantenimiento de la seguridad y la reducción de la violencia en estas comunidades. 

La policía comunitaria o de proximidad

En este modelo, la labor de la policía se centra en buena medida en las relaciones de confianza y de colaboración con la comunidad a la que sirven. Esta nueva concepción de la seguridad requiere de una relación más estrecha con la comunidad para comprender los problemas de inseguridad y delito, y los diversos factores que inciden sobre los mismos; va también acompañada de nuevas estrategias de prevención y solución de problemas, lo que exige niveles de coordinación con diversas instituciones públicas y servicios sociales.

Uso legítimo y proporcional de la fuerza

Apego a las normas sobre el uso legítimo y proporcional de la fuerza además de cumplir con los protocolos y estándares de actuación que garanticen la protección de las personas no involucradas en la confrontación. Para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.

Entrenamiento permanente y equipamiento

Brindar la formación y el entrenamiento permanente a los efectivos de los cuerpos policiales para que en sus operaciones utilicen la fuerza letal estrictamente dentro de los parámetros internacionalmente aceptados. Proporcionar a los efectivos policiales los medios y el equipamiento que permitan la aplicación de medidas de fuerza no letal en sus procedimientos de disuasión y represión legítima de la violencia y el delito.

Documentar el uso de la fuerza

Deber de documentar los casos en los que los agentes de seguridad públicos han hecho uso de la fuerza y de la fuerza letal en el ejercicio de sus funciones, así como conducir las investigaciones necesarias, internas y externas, incluidas las investigaciones judiciales, para asegurar que las acciones se desarrollaron en el marco de la legalidad. Todas estas acciones son medidas mínimas necesarias para prevenir la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado.

Investigar homicidios por agentes estatales

Hay casos de falta de una adecuada investigación cuando los homicidios son producidos por agentes de seguridad del Estado y la falta de sanciones penales concordantes con la gravedad de los hechos. En muchos casos se ha aplicado la fuerza letal de modo ilegal aunque se ha defendido su uso sobre la base de la legítima defensa de los agentes de seguridad del Estado, la protección de otras personas o en el marco de enfrentamientos, sin sustento suficiente.

Uso de fuerza no letal

Cuando agentes estatales hacen uso de la fuerza letal corresponde al Estado probar que se intentaron otros mecanismos menos letales de intervención que resultaron infructuosos, y que la actuación de los cuerpos de seguridad era necesaria y proporcional a la exigencia de la situación, en particular, a la amenaza frente a la cual se encontraban.

Protocolos en relación a la niñez

Se deben adoptar protocolos y reglamentaciones de actuación en escenarios en los cuales se encuentran niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de cumplir con el deber de protección reforzada hacia este grupo.

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para CIDH

¿Cómo abordar el problema de niños, niñas y adolescentes en las pandillas violentas y las maras?

Para abordar efectivamente el problema de la vinculación de niños y adolescentes a las pandillas violentas y las maras hay que empezar por reconocer que las pandillas y las maras surgen como consecuencia de determinados contextos sociales, situaciones de vulnerabilidad en el ejercicio de derechos y ausencia de políticas adecuadas de protección a la niñez, y que vienen a llenar otros vacíos sociales. 

Condición de víctimas de los niños y los adolescentes

Es necesario enfatizar la condición de víctimas de niños, niñas y adolescentes a quienes no se les ha proporcionado la protección especial que tienen reconocida en los tratados internacionales de derechos humanos para garantizar sus derechos, se los ha situado en una especial condición de vulnerabilidad, y se los ha expuesto a ser captados o utilizados por grupos violentos y organizaciones criminales.

Estructuras jerárquicas y normas violentas

Hay que considerar que los adolescentes que se integran en pandillas violentas y maras se ven expuestos a rígidas normas de comportamiento y a acciones violentas dentro de estas estructuras. El incumplimiento de las normas y códigos internos, o el abandono de la estructura de la pandilla o mara, puede acarrearles la muerte.

Ausencia de políticas publicas

Las políticas públicas para promover y facilitar la desvinculación de los niños, niñas y adolescentes de los grupos delictivos y las maras son inexistentes o demasiado limitadas. Por tanto, no son efectivas para proteger de manera efectiva a la niñez afectada por estos contextos. Las pandillas siguen proliferando debido a la ausencia de políticas públicas destinadas a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes y que tengan un enfoque preventivo.

La necesidad de avanzar en la justicia restaurativa

Programas de rehabilitación y reinserción social

Ofrecer los apoyos necesarios a través de medidas socio-educativas para la efectiva re-vinculación de forma positiva y constructiva en la sociedad, priorizando que estas medidas se implementen en el ámbito comunitario y familiar.

Elevar la edad de responsabilidad penal

Elevar la edad de responsabilidad penal a los 18 años. Las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal deben ser tratadas en el marco de una justicia juvenil especializada, de carácter restaurativo en lugar del modelo punitivo y retributivo basado en la privación de la libertad.

Privación de la libertad de adolescentes: “último recurso”

La privación de la libertad cuando se trata de adolescentes debe emplearse únicamente como medida excepcional, de último recurso y por el menor tiempo posible necesario.

Evitar la prisión preventiva de adolescentes

Como regla general, debería evitarse la privación de la libertad de personas menores de 18 años sin que haya recaído una sentencia judicial, a menos que se prevean en la ley situaciones de carácter excepcional para justificar el uso limitado de la prisión preventiva, por tiempo determinado, y debiéndose establecer su duración máxima en la ley. 

Crédito Fotográfico: CIDH