Las respuestas represivas de los Estados frente a la inseguridad, la violencia y el crimen organizado

Las respuestas represivas
de los Estados

Lógicas de control y represión

Las políticas de control y represión son las que priman en las respuestas de los Estados frente a la inseguridad, la violencia y el crimen organizado. Estas políticas no toman en cuenta las causas estructurales del problema.

Estas políticas de corto plazo y mano dura no responden al mandato de protección integral de la niñez ni toman en consideración su interés superior, como tampoco logran aportar respuestas eficaces y duraderas al problema.

Las políticas basadas en el control y la represión, en ausencia de una respuesta más integral respecto a las causas, han probado ser inefectivas, han generado más violencia, agudizado otros problemas existentes, además de ser en muchas ocasiones vulneradoras de los derechos humanos y tener efectos contraproducentes para el Estado de Derecho y la legitimidad institucional.

Militarización de la seguridad ciudadana en América

Los Estados de América en general se han movido hacia una progresiva militarización de las fuerzas policiales y de sus operativos y han asignado al Ejército tareas de seguridad interna para hacer frente a los desafíos de la inseguridad ciudadana.

La historia de América demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos.

Crédito Fotográfico: Felipe Dana/AP

Vulneración a derechos humanos

La militarización de la seguridad ciudadana ha traído aparejado un incremento en el uso abusivo, indiscriminado e ilegal de la fuerza, de los casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y la tortura, en el número de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y de otras violaciones a los derechos humanos.

Discriminación y abusos hacia determinados grupos

El uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana ha acentuado en muchos casos el tratamiento discriminatorio por parte de agentes de seguridad del Estado contra niños y adolescentes, en especial varones, que viven en zonas, barrios y comunidades particularmente afectadas por la violencia y la inseguridad.

Estados de emergencia o excepción

El uso de estados de emergencia o excepción para enfrentar al crimen organizado ha conllevado a un uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado. Utilizar estas figuras ha resultado en la práctica en numerosas vulneraciones a los derechos humanos, y no constituyen una respuesta sostenible y eficaz para enfrentar y resolver el desafío de la violencia y la criminalidad.
Es inadecuado y peligroso decretar estados excepcionales y limitar las garantías en el ejercicio de los derechos humanos para combatir la criminalidad. En consecuencia, se debe limitar el uso de los estados de excepción a situaciones de extrema gravedad.

Los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la seguridad ciudadana, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales

Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C No. 150, párrafo 78.

Justicia juvenil: respuesta punitiva y encierro

Los Estados siguen priorizando la respuesta punitiva y retributiva a través del sistema penal y de la privación de la libertad encerrando a los adolescentes en condiciones muy precarias, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia en las prisiones.

Infractores en lugar de víctimas

En estos contextos los niños y adolescentes no son considerados principalmente como víctimas de una serie de vulneraciones acumuladas a sus derechos, sino como infractores de la ley penal.

Vulneraciones a sus derechos

Para los adolescentes entrar en contacto con el sistema de justicia juvenil significa estar expuestos a vulneraciones a sus derechos y a sufrir diversas formas de violencia, en lugar de representar una oportunidad para apoyar su re-vinculación de forma positiva y constructiva con la sociedad.

Reducción de la edad de responsabilidad penal

Los países han tendido a criminalizar a los adolescentes a edades cada vez más tempranas, algunos países desde los 12 años de edad, usualmente en respuesta a la creencia entre la opinión pública que la impunidad de los adolescentes frente a la ley penal es un factor que favorece el crimen. Sin embargo, toda la experiencia acumulada demuestra que este tipo de medidas no han contribuido a reducir los niveles de violencia y criminalidad en la sociedad.

Alargamiento de las penas

El encierro en condiciones precarias durante largos períodos de tiempo, incluso toda su adolescencia, y sin contar con las intervenciones adecuadas para su rehabilitación, no representa una medida adecuada para su rehabilitación social ni para disminuir las probabilidades de su reincidencia en el futuro en acciones delictivas.

Hacinamiento, inseguridad e insalubridad

Los centros de privación de libertad, que mayoritariamente se encuentran en condiciones alarmantes en términos de seguridad, salubridad y hacinamiento, se han convertido en factores adicionales de vulnerabilidad y de exposición a la violencia y al crimen para los adolescentes.

Prisión Preventiva

Cada vez se utiliza más la prisión preventiva, es decir, sin que haya condena por parte de un juez. Esta debería ser una medida de carácter excepcional, pero las reformas legales en los últimos años han ido en sentido inverso. Se han alargado los períodos permitidos de detención. Hasta se ha establecido prisión preventiva obligatoria para algunos delitos. Y cuando había períodos legales máximos previstos para prisión preventiva, se han creado excepciones para evitar su aplicación.

Justicia restaurativa y no retributiva

En la realidad, los adolescentes responden por los actos delictivos que comenten, aunque deberían hacerlo de modo distinto a como lo hacen los adultos, precisamente por su condición de crecimiento y proceso de maduración personal. La lógica de intervención de la justicia juvenil debería operarse de tal modo que permita hacerles comprender las consecuencias de sus acciones, y facilite su rehabilitación y reintegración social, en un modelo de justicia restaurativa y no retributiva.

Saturación del sistema de justicia

El procesamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal debido a su número y a las limitaciones en términos de recursos humanos y financieros de los sistemas de justicia de América, han contribuido a empeorar las capacidades del sistema penal en algunos países.

Inexistencia de programas socio-educativos

Los adolescentes privados de libertad tienen grandes dificultades para acceder a programas idóneos y adaptados que promuevan la rehabilitación y la reintegración social del adolescente en los centros de detención.

Hacia un modelo de justicia restaurativa

Es una problemática generalizada en América la limitada disponibilidad de medidas de derivación que supongan alternativas a la privación de la libertad así como de medidas de justicia restaurativa para los adolescentes en conflicto con la ley penal orientadas a la efectiva rehabilitación y reintegración social de los adolescentes.

Crédito Fotográfico: Felipe Dana/AP

La privación de la libertad debería ser una medida de último recurso y por el menor tiempo imprescindible.

Sin embargo, cuando se trata de adolescentes, ésta sigue siendo la medida más usual y extendida en la región.

Nuevos tipos penales: el delito de “asociación ilícita”

La regulación de los tipos penales de “asociación ilícita” o de “pertenencia a grupo criminal” se caracteriza por penalizar la pertenencia a una organización que se considera de carácter criminal. Sin embargo, la definición de lo que se entiende por una organización criminal presenta en algunos casos problemas de precisión de los elementos que conforman la definición.

Detenciones arbitrarias
Exposición constante a abusos y arbitrariedades
Estigmatización

Detenciones arbitrarias

En su aplicación práctica, este tipo de normas ha abierto un amplio margen de discrecionalidad que ha permitido las detenciones arbitrarias, sin orden previa de autoridad competente.

Se ha incrementado el número de detenciones arbitrarias de adolescentes, incluso redadas masivas, en base a su apariencia y a la creencia que puedan pertenecer a una mara o a una agrupación criminal, sin que existan evidencias de la comisión de un delito.

Exposición constante a abusos y arbitrariedades

La aplicación de estos tipos penales mantiene a los jóvenes de determinados sectores socio-económicos bajo sospecha constante de pertenecer a “maras” u otras organizaciones delictivas y, por tanto, permanentemente en supuesta situación de flagrante delito y expuestos a ser detenidos por la policía.

Estigmatización

Muchos adolescentes son detenidos y encarcelados por el solo hecho de que su apariencia, su forma de vestir o el que lleven tatuajes o algún símbolo, los hace sospechosos de formar parte de una mara sin importar que lo que estaban haciendo o que existieran indicios de actividad criminal.

Las políticas de drogas desde una perspectiva de niñez

Las políticas de drogas vigentes en América enfrentan la problemática a través de un enfoque primordialmente represivo de las drogas y de todos sus eslabones: producción, distribución y venta, y en muchos países también el consumo. Las herramientas principales para la aplicación de estas políticas son a través de la justicia penal y las fuerzas de seguridad pública.

El enfoque actual de las políticas de drogas se caracteriza por:

Incremento de la violencia

La “guerra contra las drogas” desatada en América ha supuesto un protagonismo destacado de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en algunos casos incluso de las fuerzas armadas. El elevado número de armas en manos de los grupos criminales y de narcotraficantes ha producido una progresiva militarización de los cuerpos de seguridad y de su actuar, desencadenado una espiral de violencia y de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. En los últimos tiempos se ha dado un crecimiento en el número de los adolescentes que son integrados a las filas del narcotráfico para defender el territorio bajo influencia de los grupos criminales, participar en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad del Estado y grupos rivales, y realizar otras actividades como el traslado y la venta de drogas.

Gravedad de los delitos

La regulación de los delitos relacionados con drogas y estupefacientes no siempre distingue los delitos menores, como el micro-tráfico, de los delitos asociados con el control de la producción, la distribución y el blanqueo de dinero proveniente de la droga por parte de los líderes de los grupos criminales de narcotraficantes o de los carteles. Las penas no reflejan adecuadamente los diferentes niveles de gravedad de las acciones.

Falta de una lógica de la salud

En América aún se trata a los consumidores de drogas desde una óptica represiva y criminalizadora, en lugar de hacerlo desde un enfoque de salud pública.

Desproporción de las penas

En América existe en general una penalización desproporcionada de los delitos no violentos vinculados con las drogas, en especial el micro-tráfico y la posesión de pequeñas cantidades de drogas, en comparación con otros delitos graves que suponen violencia física y daños contra las personas. Ello tiene un importante impacto en los adolescentes dado que éstos son utilizados cada vez en mayor medida por las organizaciones criminales para el traslado y la venta de droga.

Cooptación a través del consumo y la adicción

La gran mayoría de niños, niñas y adolescentes que se dedican al micro-tráfico son ellos mismos consumidores de drogas. La adicción es una de las estrategias para captarlos y mantenerlos como micro-vendedores, pagándoles en parte con droga.

Micro-tráfico

Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad del Estado se han centrado particularmente en los estratos inferiores, es decir los micro-traficantes y los poseedores y consumidores, quienes son los más visibles y más expuestos.

Adolescentes privados de libertad

Se priva a adolescentes de su libertad por infracciones a la ley de drogas, usualmente por consumo, posesión de pequeñas cantidades de drogas y micro-tráfico. Un significativo número de adolescentes de América entran en contacto con el sistema de justicia juvenil debido al micro-tráfico de drogas y la venta de estupefacientes en las calles.

Aumento de las personas encarceladas

El énfasis en las sanciones criminales para el control del mercado de la droga ha dado lugar a un incremento significativo del número de personas encarceladas por conductas relacionadas con las drogas, entre estos los adolescentes. A pesar del constante aumento de personas presas en las últimas décadas por delitos asociados a las drogas, ello no ha supuesto una disminución de la producción, tráfico, venta y consumo de drogas.

Impacto desproporcionado

Las consecuencias de las políticas actuales de drogas, en sus diversas dimensiones, se han hecho sentir de modo desproporcionado sobre aquellos sectores en mayor situación de vulnerabilidad, que viven en condiciones de pobreza y no tienen asegurados sus derechos.

No resulta acorde con el derecho internacional de los derechos humanos criminalizar y privar de libertad a niños, niñas y adolescentes que están siendo utilizados y explotados por adultos en el micro-tráfico de drogas y otras actividades asociadas a las drogas.

Falta de control de las armas de fuego

Hay una desorbitada cantidad de armas de fuego en circulación en el continente americano.

Alrededor de dos tercios de todos los homicidios que se cometen en América involucran un arma de fuego, según la Agencia de la ONU contra la Droga y el Delito. El acceso a las armas de fuego es fácil debido a la existencia de un elevado número de armas legales e ilegales en manos de particulares y a una deficiente regulación en materia de control y reducción de armas y municiones.

Las políticas sobre producción, venta y posesión de armas de fuego y las iniciativas de erradicación del tráfico ilícito de armas deben ser diseñadas tomando en cuenta los problemas de gobernanza y las vulneraciones a los derechos humanos que se generan como consecuencia de las actuales normativas sobre armas de fuego.

En varios de los países de América el acceso a las armas de fuego y a las municiones es fácil

Las leyes son permisivas para la adquisición de armas y municiones, al punto que en algunos países no existe un límite al número de armas que una persona puede tener y portar. Lo mismo sucede con el acceso a la munición. Existe además un importante número de armas sin registrar.

Estados Unidos, principal productor de armas

Estados Unidos es el principal productor de armas y muchas de las armas ilegales en el continente tienen origen en ese país. En la actualidad un elevado número de armas legales se desvían desde los Estados Unidos hacia los mercados ilegales de América Latina y el Caribe.

Tráfico de drogas

El mercado ilícito de armas de fuego en la América se vincula íntimamente con el tráfico de drogas puesto que los narcotraficantes generan una considerable parte de la demanda de armas. Hay una relación directa entre los niveles de violencia, las armas de fuego, y el comercio de drogas.

Militarización de la seguridad ciudadana

La alta cantidad de armas de fuego en circulación ha llevado a una progresiva militarización de seguridad ciudadana, generando una escalada que incrementa los riesgos para la vida y la integridad de las personas.

Seguridad privada

El temor y la desconfianza de la ciudadanía ha llevado al auge de los servicios de seguridad privada y su contratación por particulares.

Hay aproximadamente 3,6 millones de agentes privados de seguridad en América Latina, en comparación con los 2,6 millones de agentes de la policía.

Producto de mercado

Esta privatización de la seguridad ciudadana lleva a su desvinculación de la noción de derechos humanos para transformarse en un mero producto de mercado al que puedan acceder aquellos sectores con recursos económicos para hacerlo.

Deficiente regulación

Existe una deficiente regulación y supervisión del Estado en varios países, en particular en lo que se refiere a las funciones que pueden cumplir las empresas privadas de seguridad, al tipo de armamento que están autorizadas a utilizar, y sobre el ejercicio de la fuerza.

Uso de fuerza letal en defensa propia

Existen en algunos países leyes que autorizan a las personas a usar fuerza letal en defensa propia fuera de su hogar, sin imponerles el deber de replegarse como primera reacción.

Esto lleva a algunas personas a disparar un arma de fuego contra otra sobre la base de percepciones y prejuicios. Este tipo de normativa debería ceñirse a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza letal en defensa propia. También debería evitar la impunidad frente al uso de la fuerza letal por parte de particulares.

La ineficacia de las políticas de mano dura en América

Usualmente estas estrategias no han contribuido a reducir significativamente el clima de inseguridad. Por el contrario, muchos países han experimentado un recrudecimiento de la violencia, además de reportarse abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Detenciones arbitrarias

Son elevadas las cifras de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y de la fuerza letal, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas causadas agentes del Estado, así como la lentitud en su investigación y el nivel de impunidad en que quedan estos actos. Son elevadas las cifras de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y de la fuerza letal, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas causadas agentes del Estado, así como la lentitud en su investigación y el nivel de impunidad en que quedan estos actos.

Saturación del sistema de justicia

Las políticas eminentemente represivas han puesto en evidencia y recrudecido otras problemáticas como la saturación del sistema de justicia. El procesamiento de los presuntos infractores a las leyes, especialmente a las leyes contra las drogas por micro-tráfico han contribuido a empeorar las capacidades del sistema penal en algunos países, debido a las graves limitaciones de recursos humanos y financieros que sufren los sistemas de justicia en la mayoría de los países de América.

Sobrepoblacion y precariedad en prisiones

Otra de las problemáticas que se ha puesto de manifiesto es que los sistemas de prisiones en América se encuentran sobrepoblados y en condiciones de extrema precariedad. Aun así, el número de presos ha seguido incrementando debido al endurecimiento de la respuesta penal, en especial el alargamiento de las penas por los delitos de drogas, el uso excesivo de la prisión preventiva, y la tipificación de nuevos tipos penales como el delito de “asociación ilícita”, cuya aplicación ha dado lugar a un incremento del número de personas que entran en contacto con el sistema carcelario.

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para CIDH

Impunidad en la investigación y sanción de los delitos contra niños, niñas y adolescentes

En los contextos de inseguridad muchos casos de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos quedan en la impunidad. Los motivos de ello son varios y deben ser abordados por los Estados con prioridad.

Falta de debida diligencia

Se ha identificado una falta de la debida diligencia necesaria por parte de las autoridades públicas en la conducción de investigaciones sobre asesinatos de niños, niñas y adolescentes cuando se presume que han sido perpetrados por el crimen organizado, se perciben como un “ajuste de cuentas” o enfrentamientos entre grupos, o cuando la víctima pertenece a determinado grupo social. El nivel de impunidad de que gozan tales comportamientos contribuye claramente a que continúen produciéndose.

Las víctimas, sus familiares y los testigos no siempre denuncian los actos delictivos

Muchas veces por la falta de confianza en las fuerzas de orden público y en el sistema judicial, otras veces por temor a represalias de los responsables de los actos criminales, o por considerar a las autoridades como corruptas y cómplices del crimen organizado. Las familias afectadas son por lo general de bajos ingresos y escasa educación, lo que dificulta que puedan iniciar un proceso judicial para exigir justicia debido a las barreras de acceso a la justicia.

Los autores de los actos violentos son en algunos casos los propios cuerpos de seguridad del Estado

Los niveles de impunidad que revisten este tipo de situaciones son alarmantes. Se ha puesto en evidencia la existencia de casos en que los funcionarios públicos han manipulado y en algunos casos incluso falsificado las escenas del crimen cuando está implicado el uso ilegal o excesivo de la fuerza por un agente estatal.
También se conoce de situaciones en que los agentes de seguridad estatales habrían agredido o amenazado a las víctimas, los testigos y/o a los familiares para disuadirlos de denunciar.

Insuficientes sistemas de protección de víctimas

La mayoría de los sistemas de protección de víctimas y testigos adolecen de limitaciones o no son percibidos como lo suficientemente seguros por las personas que deben ser protegidas.

Los Estados deben asegurar que los esfuerzos por garantizar la seguridad ciudadana y hacer frente al crimen organizado se lleven a cabo dentro del marco de la legalidad y del Estado de Derecho. En ese sentido, es fundamental que existan mecanismos de investigación y de enjuiciamiento que sean independientes, imparciales y efectivos. Debe reforzarse la capacidad del Estado para conducir investigaciones criminales de calidad, con personal entrenado y protocolos de actuación adecuados.