Oficina de Prensa de la CIDH
Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la ausencia de condiciones para la realización de elecciones regionales libres, justas y competitivas en Nicaragua, en un contexto de cierre del espacio cívico, represión estatal, asedio policial y la militarización en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.
En los últimos meses, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH recibido información sobre la agudización de una estrategia represiva desplegada en la Costa Atlántica con el fin de transmitir un mensaje de control y temor en contra de los movimientos indígenas y afrodescendientes críticos al gobierno. Con ello se busca limitar su participación de cara a las elecciones regionales convocadas el 3 de marzo de 2024 para renovar los cargos de 90 autoridades de las regiones autónomas.
Entre otros hechos recientes, destaca la cancelación de la personería jurídica del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA) y la toma de sus instalaciones regionales. Asimismo, la detención del diputado de la Asamblea Nacional y presidente del partido YATAMA, Brooklyn Rivera, de quien hasta el momento se desconoce su paradero, así como de la representante legal y la diputada suplente de YATAMA, Nancy Elizabeth Henríquez; ambos beneficiarios de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Destaca también el cierre y la confiscación de las sedes de las radios comunitarias indígenas Yapti Tasba Bila Baikra Bilwi y Waspam; los permanentes actos de persecución contra líderes y lideresas indígenas para criminalizarles y retirarles del espacio político; y los ataques sistemáticos de colonos armados que actúan con la tolerancia de las autoridades del Estado para despojar y desplazar a las comunidades de sus territorios.
Este conjunto de acciones atenta gravemente contra la autonomía de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Atlántica, coloca en riesgo su supervivencia cultural y étnica, y busca afianzar el régimen de concentración del poder en el Ejecutivo en esa zona del país, a partir de la cooptación de sus instituciones y la comprobada ausencia de un sistema electoral independiente.
Las elecciones regionales habían sido el resultado de reivindicaciones históricas y de la lucha por el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en Nicaragua, llevando a la aprobación del "Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica" (Ley No. 28) y otras leyes nacionales. En ese sentido, la falta de condiciones para la celebración de elecciones libres implicaría también un retroceso importante en los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes.
La CIDH insta al Estado de Nicaragua a adoptar todas las medidas necesarias, de conformidad con sus obligaciones internacionales, para garantizar que las comunidades indígenas y afrodescendientes puedan participar, en condiciones de igualdad, tanto en las elecciones como en la toma de decisiones sobre asuntos que inciden o pueden incidir en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización.
Asimismo, insta al Estado de Nicaragua a cesar la represión contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, contra las personas integrantes del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA), y a respetar y garantizar las libertades fundamentales. Además, urge a Nicaragua a informar de inmediato sobre el paradero del señor Brooklyn Rivera en cumplimiento a las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 040/24
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