CIDH: los Estados y la sociedad deben proteger a niñas y adolescentes de toda violencia

11 de octubre de 2022

Washington, D.C. - En el marco del Día Internacional de la Niña, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urge a los Estados a tomar acciones para poner fin a toda forma de violencia sexual y reducir las altas tasas de embarazos forzados de niñas y adolescentes en la región. Las acciones y enfoques estratégicos deben contemplar prioritariamente la protección frente a toda forma de violencia sexual, la garantía del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, y el abordaje de las causas estructurales que generan las diversas formas de violencia y embarazos forzados; así como, atender la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por su condición de niñas y su edad.

Según destacado por la CIDH en el informe Violencia y discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes, publicado en 2019, cerca de 10 millones de niñas y adolescentes quedan embarazadas cada año. La región de las Américas tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente y es la única con tendencia ascendente del número de partos de niñas que tienen menos de 15 años, conforme lo han señalado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones (UNFPA). En el caso del embarazo adolescente, la OPS ha estimado que hasta el 20% son producto de violencia sexual, lo que es agravado por la iniciación sexual temprana, la falta de acceso a información y de programas de educación sexual de calidad.

El embarazo representa un alto riesgo para la salud de niñas, adolescentes. Datos de 2020 de la OPS indican que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte a nivel mundial entre los 15 y 19 años. Estos no sólo impactan de manera desproporcionada en los derechos a la vida, integridad personal, salud y vida privada; generan también graves repercusiones en la salud mental, ocasionando aislamiento social, lesiones auto infligidas, e incluso el suicidio, especialmente en los casos de violencia sexual. De ahí que, el Comité CEDAW establezca que un embarazo forzado constituye violencia de género y equivale a tortura o trato cruel, inhumano y degradante.

En nuestra región aún persisten normas y patrones sociales que fomentan la cultura del silencio, que encubren y justifican a los agresores, y culpa a las víctimas; invisibilizando diversas formas de violencia sexual. Los abordajes re-victimizantes y con un alto grado de estigma generan desconfianza en los sistemas de justicia o de salud, y afectan el acceso a contracepción de emergencia o a la interrupción legal del embarazo. Se requiere, por tanto, la implementación de políticas públicas y sistemas de protección con perspectiva de género, basados en el interés superior de las niñas y adolescentes, que les garantice la protección contra toda forma de violencia sexual y, el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Adicionalmente, resulta preocupante que, aun en los casos en los que las niñas y adolescentes tienen legalmente garantizado el acceso a la interrupción del embarazo, persisten las barreras para su acceso, muchas veces fundadas en estereotipos de género. La denegación de la interrupción voluntaria, segura y oportuna del embarazo, en las circunstancias legalmente permitidas, constituye una vulneración a los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes.

La CIDH insta a los Estados a implementar políticas, protocolos y otros instrumentos para garantizar el acceso a una salud sexual y reproductiva integral, a métodos de contracepción de emergencia e interrupción legal del embarazo, de manera oportuna y gratuita; y a información veraz, suficiente, confidencial, y, protegiendo a las niñas y a sus familias de cualquier tipo de hostigamiento y violencia.

Asimismo, la Comisión Interamericana considera crucial, implementar una educación sexual integral en el currículo educativo que incluya información objetiva, accesible conforme a la edad de cada niña y niño y adaptada a su nivel de desarrollo; de tal forma que, se impulse el empoderamiento y conozcan el contenido de los derechos sexuales y reproductivos. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, una educación sexual de calidad es también un mecanismo de prevención, ya que otorga a los niños, niñas y adolescentes las herramientas para identificar riesgos y situaciones de violencia sexual.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 226/22

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