Comunicado de Prensa

CIDH presenta Informe Situación de Derechos Humanos en El Salvador

3 de noviembre de 2021

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Situación de Derechos Humanos en El Salvador

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Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe "Situación de Derechos Humanos en El Salvador", a partir de una vasta información recibida y sistematizada antes, durante y con posterioridad a la visita in loco realizada del 2 al 4 de diciembre de 2019, luego de 32 años de la última observación en el terreno en el país.

En este informe, que estaba inicialmente previsto para el 2020 pero que por razones de pandemia se reagendó para el 2021, la CIDH presenta un diagnóstico integral hasta el 31 de diciembre de 2020, con recomendaciones al Estado basadas en sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de conformidad con los estándares interamericanos, que buscan contribuir con sus acciones para protegerlos y garantizarlos. En particular, con el fin de preservar las conquistas históricas de la población salvadoreña luego del conflicto interno; y con la construcción y fortalecimiento de su institucionalidad democrática y de derechos humanos. 

El documento apunta el carácter estructural de muchos de los problemas en derechos humanos que afectan al país, recordando que varios continúan vigentes desde el conflicto armado interno. En cuanto a seguridad ciudadana, se reconocen los esfuerzos desplegados desde el cambio de gobierno en junio de 2019, en particular la reducción drástica de la tasa de homicidios a niveles históricos, incluso desde que se firmaron los Acuerdos de paz en 1992; y resalta la importancia de tomar medidas para la reconstrucción del tejido social como parte del Plan de Control Territorial establecido por el Gobierno actual. Asimismo, la CIDH resalta la importancia de incorporar instancias de participación social y de difusión de las políticas de seguridad ciudadana.

A 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz, la CIDH considera fundamental garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas del conflicto armado, y llama al Estado a fortalecer la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos en esa época, también garantizando el acceso a los archivos que contengan información relevante para la investigación de los hechos. En ese mismo sentido, apunta la urgencia de que el Estado realice todos los esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas; y recomienda el desarrollo e implementación de un marco normativo que regule la política nacional de búsqueda y la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

En relación con los derechos de las mujeres, pese a los avances legislativos, se observa que El Salvador sigue siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región. Ante ello, el Estado debe fortalecer el sistema de protección a mujeres y niñas víctimas de violencia, incluyendo la creación de un Fondo Especial de Reparación a Mujeres Víctimas de violencia feminicida. Además, la normativa que criminaliza el aborto en todas circunstancias sigue vigente en el país, impactando negativamente los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y de discriminación, así como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud. La CIDH reitera su preocupación por información sobre mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con emergencias obstétricas sentenciadas a penas de hasta 30 años de prisión; y recomienda adecuar el marco normativo salvadoreño a los estándares interamericanos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Aunado a ello, la CIDH recomienda la adopción de un plan integral para que las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso e intersex puedan vivir libres de violencia y de discriminación; el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI es fundamental para alcanzar la igualdad, dignidad y no discriminación, así como para combatir la violencia a la que están sometidas. 

Frente a las condiciones deplorables de detención y altos niveles de hacinamiento de las personas privadas de libertad verificadas en la visita, la CIDH recomienda al Estado dotar a los centros penales de recursos humanos y financieros, así como establecer una política criminal que utilice la privación de libertad como medida de último recurso, con medidas alternativas y garantías mínimas a todas las personas privadas de libertad, así como la implementación de programas para la reinserción en centros de seguridad y máxima seguridad.

Asimismo, como consecuencia de las medidas extraordinarias de seguridad, las personas privadas de libertad permanecen en aislamiento del mundo exterior, particularmente preocupantes en el contexto de la pandemia; en el informe se recomienda garantizar la realización de visitas de una manera regular en los centros penales. Respecto de las cárceles de máxima seguridad, el aislamiento se utilizaría en contraposición a los estándares internacionales en materia de privación de libertad por lo que se reitera el llamado al Estado salvadoreño para alcanzar un equilibrio entre las medidas de seguridad impuestas y las deficiencias presupuestarias observadas en los centros de detención con el fin de garantizar los recursos humanos, servicios médicos suficientes, infraestructura y mayor cantidad de custodios necesarias para cumplir con los estándares interamericanos en la materia.

La pobreza, la violencia y las desigualdades son reconocidas como parte de las causas y consecuencias de la afectación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población víctima de desplazamiento forzado interno. Al respecto, otra de las recomendaciones es la implementación de medidas integrales que pongan los derechos en el centro de las estrategias de prevención, particularmente la vivienda, trabajo, educación y salud. 

El informe también documenta la hostilidad e intimidación a periodistas y personas defensoras de derechos humanos por parte de actores gubernamentales, tales como denuncias de organizaciones y medios de comunicación sobre restricciones en el acceso a la información pública. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recomiendan, la adopción de las medidas necesarias para garantizar un entorno de trabajo seguro para las personas defensoras y periodistas; y el derecho de acceso a la información pública. 

Finalmente, la Comisión Interamericana espera que este informe contribuya con garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en El Salvador. Para tal fin, hace un llamado al Estado a continuar y profundizar sus esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas, y a mantener un diálogo abierto y respetuoso con los organismos internacionales de derechos humanos y con toda la sociedad. Asimismo, reitera su disponibilidad para colaborar técnicamente y seguir dialogando desde el rol y mandato que le corresponde a la CIDH. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 289/21

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