Oficina de Prensa de la CIDH
Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) manifiestan su preocupación por la persistente y aguda escasez de alimentos en Cuba, la cual viene impactando en la seguridad alimentaria y en las condiciones de vida y de desarrollo físico, emocional e intelectual de la población, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19.
La CIDH y su REDESCA recibieron información sobre un cuadro de desabastecimiento de alimentos básicos y esenciales en Cuba, que está afectando la adecuada nutrición de la población, sobre todo de las personas mayores, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, situación que constituye actualmente uno de los principales retos enfrentados por la población, revelando una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica y de inseguridad alimentaria en el país.
Conforme señalado en su Informe sobre Pobreza y Derechos Humanos en las Américas, la CIDH recuerda que gran parte de los aspectos de la inseguridad alimentaria, incluso de la desnutrición y subnutrición, son consecuencia y al mismo tiempo causa de la pobreza de la población.
Por otra parte, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), existe seguridad alimentaria "cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa".
Al respecto, un análisis del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que Cuba importa aproximadamente el 70% de los alimentos que necesita, lo que corresponde al 50% de la canasta mensual de alimentos subvencionada por el Gobierno y que se facilita a la población. En particular, la escasez de alimentos en Cuba y la consecuente dependencia de las importaciones se explicarían por problemas estructurales en el sistema productivo/agrícola local que, a su vez, serían el resultado de factores como: la falta de insumos y equipos agrícolas para las cadenas de valor agrícolas; la falta de servicios e incentivos adecuados; los eventos extremos y los riesgos relacionados con el clima; las carencias en materia de tecnología, conocimientos, innovación e inversiones; la baja productividad; y el uso limitado de créditos y seguros.
La CIDH y su REDESCA también observan con preocupación la información del PMA de que la canasta de alimentos subvencionada por el Estado Cubano cubre solo el 40% del aporte energético recomendado para la nutrición adecuada de las personas. Es decir, para cubrir el 60% restante, la población necesitaría comprar alimentos en mercados no subvencionados, los cuales se caracterizan por precios muy elevados, un suministro irregular y eventual desabastecimiento.
Asimismo, en su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Cuba (2020), la CIDH ha señalado que existe en el país una escasez intermitente de productos alimentarios esenciales, como es el caso del aceite, la harina de trigo, el arroz, la carne de cerdo, el pollo o los huevos. En la misma línea, los testimonios de personas cubanas recogidos denunciaron grandes dificultades de la población local para adquirir productos alimentarios más allá de los contenidos en la libreta de racionamiento.
Se suma a esta realidad una elevada inflación y una fuerte contracción de las fuentes de ingresos nacionales y de los hogares, especialmente provenientes del turismo, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En particular, las importaciones de alimentos se han visto afectadas por la interrupción de las cadenas de suministro a nivel internacional y la incertidumbre ante las repercusiones de la pandemia en los mercados mundiales.
En este contexto, la Comisión y su REDESCA destacan que, para posibilitar el desarrollo físico, emocional e intelectual de todas las personas durante la pandemia de COVID-19, los Estados deben garantizar una alimentación nutritiva y adecuada, especialmente aquellas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, según los términos de la Resolución 1/2020 y la Resolución 4/2020.
Adicionalmente, consistente con sus pronunciamientos previos, la CIDH reitera su preocupación por la persistencia del embargo económico impuesto a Cuba por los Estados Unidos de América y recalca la importancia del fin del embargo para garantizar los derechos humanos que se ven afectados como consecuencia de este. En particular, se señala que las restricciones económicas impuestas a Cuba profundizan y empeoran las condiciones de acceso a alimentos en el país y destacan que el derecho a una alimentación adecuada está vinculado a la dignidad inherente a la persona humana y es indispensable para la justicia social y para la erradicación de la pobreza.
A la luz de estos lineamientos, la CIDH y su REDESCA reiteran el deber del Estado Cubano de realizar acciones concretas para proporcionar el acceso de su población a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla, de modo que sean garantizadas sus necesidades vitales y desarrollo integral, incluso ante situaciones de limitaciones de recursos como viene ocurriendo durante la pandemia de COVID-19. Igualmente, hacen un llamado a los Estados de la región para que promuevan una mayor cooperación en materia de acceso a alimentos, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19.
La REDESCA es una Oficina de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 136/21