Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa R70/12
COMUNICADO DE PRENSA
R70/12
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN XALAPA, VERACRUZ
Washington D.C., 18 de junio de 2012. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista de información policial Víctor Manuel Báez Chino, quien fue encontrado muerto en la madrugada del 14 de junio en Xalapa, Veracruz, e insta a las autoridades mexicanas, federales y locales, a actuar con urgencia para frenar la ola de violencia contra los periodistas y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este nuevo crimen.
De acuerdo con la información recibida, tres hombres armados a bordo de una camioneta habrían secuestrado al periodista en la noche del 13 de junio al salir de su oficina en Xalapa. Las autoridades policiales habrían ejecutado de inmediato un operativo de búsqueda que habría concluido cuando el cuerpo fue encontrado la mañana siguiente en una calle céntrica, cercana al ayuntamiento de Xalapa y a las sedes de dos periódicos locales. Báez Chino trabajaba como editor responsable de la sección de información policial en el diario Milenio - El Portal de Veracruz, del Grupo Milenio, y como editor del portal de noticias Reporteros Policíacos.
Esta Relatoría manifiesta su profunda preocupación por la repetición de gravísimos ataques contra la prensa en México, donde han sido asesinados durante este año al menos siete trabajadores de medios de comunicación, seis de ellos en el estado de Veracruz, en crímenes que podrían estar relacionados con el ejercicio periodístico. El 28 de abril la periodista Regina Martínez, de la revista Proceso, fue hallada muerta con señales de violencia en su casa en Veracruz; el 3 de mayo aparecieron, también en Veracruz, los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, así como Irasema Becerra, empleada administrativa del diario El Dictamen, y el 18 de mayo fue encontrado en Sonora el cuerpo del reportero Marcos Ávila García, un día después de haber sido secuestrado. Asimismo, el 8 de junio habría desaparecido la reportera policial Hypatia Stephania Rodríguez Cardoso y su hijo de dos años de edad, quien luego informó estar escondida por razones de seguridad. La Relatoría Especial considera fundamental que se brinde a la periodista de manera urgente las necesarias medidas de protección.
Como ya lo ha manifestado la Relatoría Especial en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México, las agresiones contra la prensa en este país han obligado a numerosos medios de comunicación, como medida de seguridad, a renunciar a la publicación de noticias acerca de corrupción o crimen organizado, privando así a toda la sociedad mexicana de información fundamental. El Estado mexicano debe hacer de manera inmediata todo lo que esté a su alcance para impedir la ejecución de nuevos atentados motivados por el ejercicio de la libertad de expresión de las víctimas, combatir la impunidad e impedir el silenciamiento de los medios de comunicación. Es urgente la implementación de una política de protección para las y los comunicadores, romper el ciclo de impunidad que invita a los criminales a cometer nuevos crímenes contra periodistas. Proteger a la prensa es esencial para el combate integral de la delincuencia y la protección de la democracia. Por ello, para el Estado mexicano debe ser una prioridad la aplicación efectiva y urgente de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, recientemente aprobada, el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la publicación inmediata en el Diario Oficial de la reforma constitucional que faculta a las autoridades federales investigar y juzgar los delitos contra el ejercicio de la libertad de expresión, aprobada el pasado 6 de junio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Mientras se concreta el proceso de federalización actualmente en curso, es necesaria la activación de los mecanismos existentes para que las autoridades federales asuman la investigación de los homicidios cometidos, capturen y, sancionen a los perpetradores y garanticen que los responsables repararán de manera justa a los familiares de la víctima.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.