Libertad de Expresión

Comunicado de Prensa R69/11

COMUNICADO DE PRENSA

 R69/11

RELATORIA ESPECIAL CONDENA ASESINATO DE BLOGUERO EN BRASIL Y RECONOCE LA RÁPIDA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA INVESTIGAR EL CRIMEN

 

Washington D.C., 14 de julio de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del comunicador y dirigente político brasileño, Edinaldo Filgueira, y resalta la rápida actuación de las autoridades para investigar el crimen y capturar a los presuntos autores. Filgueira fue asesinado el 15 de junio en la localidad de Serra do Mel, estado de Río Grande do Norte.

De acuerdo con la información disponible, tres hombres se acercaron a Filgueira cuando salía de su trabajo y le dispararon en al menos seis ocasiones. Filgueira había sido presidente del Partido de los Trabajadores en Serra do Mel y escribía en un blog sobre asuntos políticos y regionales.  Recientemente había publicado un artículo en el que criticaba a autoridades comunales, por el cual habría recibido amenazas de muerte.

En una rápida reacción, el 2 y 3 de julio las autoridades capturaron a cinco personas que podrían estar involucradas en el asesinato y decomisaron armas y municiones que podrían haber sido usadas en el atentado. Los fiscales responsables de la investigación han manifestado a medios brasileños que el ataque contra Filgueira habría sido motivado por sus publicaciones.

La Relatoría Especial resalta la diligente acción institucional y espera que el Estado brasileño continúe las investigaciones para identificar y detener a los autores intelectuales del asesinato, llevar a juicio a los sospechosos y  sancionar a los responsables. Para la Relatoría Especial es imprescindible que los Estados actúen de manera pronta y decidida con el fin de combatir la impunidad de estos crímenes y prevenir así que los mismos se sigan produciendo.  

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".