Libertad de Expresión

Comunicado de prensa R245/22

La RELE registra la cifra más alta de asesinatos contra periodistas en las Américas desde 1998, y llama a los Estados de la región a promover políticas integrales de prevención, protección y procuración de justicia

2 de noviembre de 2022

Washington D.C. - En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena el incremento de violencia contra periodistas y llama a los Estados de la región a promover políticas integrales de prevención, protección y procuración de justicia para abordar este fenómeno, considerando el rol central que cumple la prensa en sociedades democráticas.

En 2022, al menos 37 periodistas, pertenecientes a 10 de los 35 Estados Miembro de la OEA que la Relatoría monitorea, han sido asesinados en las Américas por motivos que podrían estar vinculados a su profesión, según reportes de organizaciones internacionales y locales que trabajan en defensa de  la libertad de prensa. Esta se convierte en la cifra más alta registrada por la RELE en los últimos 24 años, desde la publicación de su primer informe anual en 1998. Al respecto, la Relatoría alerta sobre esta escalada de violencia contra periodistas, llama a la reflexión y a la concientización respecto de las graves implicancias que esto tiene, y reitera que el asesinato de periodistas y comunicadores constituye la forma más extrema de censura y no puede ser tolerado en sociedades democráticas.

Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, el periodismo representa una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión. En contextos de erosión democrática como los que hoy se enfrenta gran parte de la región, la prensa no sólo es un medio crucial para mantener a la ciudadanía informada sobre asuntos de relevancia pública y oxigenar el debate público, sino que además cumple un rol de defensa y promoción de la libertad de expresión y los derechos humanos. Debido a este lugar central que tienen en las sociedades, la Comisión y la Corte han entendido que los actos de violencia contra periodistas no sólo afectan el derecho a la vida y a la integridad personal, sino también el derecho a la libertad de expresión en su faceta individual y colectiva, en tanto impiden que la ciudadanía pueda recibir información relelevante y de interés público. Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos de los Derechos y Deberes del Hombre como la Carta Democrática Interamericana reconocen estos derechos como elementos básicos para la vida en democracia.

La RELE reconoce que, en algunos países de la región, el fenómeno de violencia contra periodistas está asociado en gran parte al aumento de grupos violentos de delincuencia organizada, que frecuentemente tienen mayor incidencia en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, o en ciudades fronterizas. Como señala el informe "Zonas silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión", en aquellas regiones en las que las organizaciones criminales tienen una fuerte presencia, los periodistas están en medio del fuego cruzado y, en muchas ocasiones, para salvaguardar la vida o la integridad física, e incluso para mantenerse en la profesión, deben alinearse a los intereses de algún poder, lo que supone dejar de informar y guardar silencio. Pese a los esfuerzos de muchos Estados del hemisferio para poner freno a esta escalada de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, la Relatoría Especial continúa documentando año tras año elevadas cifras de asesinatos y observa que persisten retos importantes –algunos de ellos, de carácter estructural– para asegurar que exista justicia efectiva y una reparación adecuada a las víctimas.

En el Día para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Relatoría honra la valentía y el compromiso con la profesión de las y los periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión; y reafirma la importancia y la urgencia de que los Estados desplieguen sus máximos esfuerzos para generar un entorno libre de violencias para la prensa, así como las condiciones necesarias para que desarrollen su labor de forma libre, independiente y segura. Como ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia interamericana, la impunidad –entendida como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena– propicia la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares; y, en los casos de crímenes contra periodistas, propicia el silenciamiento y la autocensura generalizada de la prensa.

Asimismo, la RELE considera crucial que, en las acciones emprendidas para prevenir, proteger, investigar, juzgar y sancionar los crímenes contra la prensa, los Estados atiendan las necesidades y riesgos específicos que sufren las mujeres periodistas en razón de género. Como ya ha sido resaltado anteriormente por la CIDH y su Relatoría, las construcciones sociales de género y la discriminación histórica hacia las mujeres determinan que los patrones de violencia que persisten en la región contra la prensa tengan particularidades y/o un impacto diferenciado en las periodistas y trabajadoras de medios de comunicación.

Finalmente, esta Oficina reitera que no hay nada más permisivo a la repetición de las violencias contra la prensa que la ausencia de una reacción institucional contundente y nada más alentador y tranquilizante para las personas que ejercen violencia que la impunidad de los crímenes contra periodistas.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

R245/22