Libertad de Expresión

Comunicado de prensa R124/22

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH concluye su visita a Perú y presenta sus observaciones y conclusiones preliminares sobre libertad de expresión en el país

 

2 de junio, 2022

 

Washington, D.C. -  El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, realizó una visita oficial a Perú para relevar la situación de la libertad de expresión en el país. La Relatoría visitó el país entre los días 16 y 20 de mayo, desplazándose a Lima y Ayacucho, tras lo cual presentó sus observaciones preliminaries.

 

En Lima, el Relator se reunió con el Presidente de la República Pedro Castillo, así como con el Canciller, el Ministro de Justicia y de Derechos Humanos y con los Viceministros de Interior y de Transporte y Comunicaciones, y con el Fiscal de la Nación. De igual forma, el Relator pudo reunirse con diversas autoridades del Estado y representantes de diversas entidades, incluyendo la Secretaría de Gestión y Diálogo Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Justicia, la Dirección de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, y con la directiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

 

Asimismo, el Relator sostuvo un encuentro con la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto y otros miembros del legislativo, incluyendo la tercera vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso, y el presidente y presidenta de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, respectivamente. La delegación de la Relatoría también se entrevistó con la Defensora del Pueblo en funciones y con el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

 

La Relatoría Especial agradece la colaboración del Estado y del gobierno del presidente Pedro Castillo en la facilitación y organización de la visita, particularmente el apoyo prestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de su Dirección de Derechos Humanos. Gracias a los esfuerzos del Estado, la Relatoría Especial pudo recibir de primera mano información valiosa de funcionarios públicos del más alto nivel sobre la situación del derecho a la libertad de expresión y las medidas adoptadas con el fin de respetar y garantizar este derecho, así como los problemas y desafíos que aún subsisten en la materia.

 

El Relator obtuvo igualmente información de periodistas y comunicadores; representantes y directivas de medios de comunicación nacionales, regionales y comunitarios; representantes de gremios periodísticos y de medios de comunicación; así como de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la academia. La delegación también se reunió con víctimas y con familiares de víctimas de violaciones a la libertad de expresión. Además, visitó el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), gestionado por el Ministerio de Cultura, así como una librería y una biblioteca feminista, dos espacios que han sido recientemente blanco de ataques y de hechos de violencia por particulares.

 

En el transcurso de su visita a Ayacucho, provincia de Huamanga, el Relator Especial y su equipo de trabajo se reunieron con periodistas locales y representantes de gremios periodísticos del interior del Perú. Asimismo, el Relator sostuvo un encuentro con familiares, testigos y víctimas de la violencia, incluyendo de violencia contra la prensa en la época del conflicto armado interno en el país. El equipo de la Relatoría Especial también tuvo ocasión de visitar el Museo de la Memoria «Para que no se repita», gestionado por la junta directiva de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú.

 

Adicionalmente, en el marco de su visita oficial al país, el Relator se reunió con funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la UNESCO, así como con representantes de las embajadas de distintos Estados miembros del Media Freedom Coalition, con el amable apoyo de la Embajada de Países Bajos en Perú.

 

La Oficina reconoce los esfuerzos y gestiones de distintas entidades de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de la libertad de expresión para llevar a cabo actividades y reuniones en el marco de esta visita oficial, así como y la participación de academia, de periodistas y de medios de comunicación. En estos encuentros, la Relatoría pudo apreciar el rol activo y protagónico de la sociedad civil en la promoción del derecho a la libertad de expresión y también recabar personalmente información y testimonios acerca de las diversas vulneraciones a este derecho en el país.

 

En la primera visita oficial de la Relatoría Especial a Perú, la Relatoría ha advertido un escenario político y social polarizado, en donde persisten normas y prácticas que impactan negativamente el goce efectivo del derecho a la libertad de expresión.

 

Tras décadas de restricciones impuestas por gobiernos militares y civil autoritarios, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión ha ido de la mano del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones democráticas del Perú. Lo anterior da cuenta de la importancia central de tomar medidas para salvaguardar la calidad, diversidad y pluralidad del debate público, de fomentar la labor del periodismo libre e independiente, y de garantizar la protección de la libertad de expresión en todas sus dimensiones. Como lo ha reiterado en numerosas ocasiones esta Oficina, dentro de los requisitos para una democracia estable y participativa, la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen los demás elementos del fortalecimiento democrático y la vigencia de los derechos humanos en su conjunto. 

 

Como resultado de los numerosos encuentros sostenidos, se observa que a la situación actual le antecede la crisis institucional que atravesó el país en el año 2020 y las protestas que se dieron en ese contexto, así como la campaña electoral del año 2021, que agudizó profundas divisiones en el país, expresiones de racismo, y prejuicios hacia las personas por su nacionalidad o condición socioeconómica. La delegación de la Relatoría Especial pudo percibir un clima de tensión entre el Gobierno, el Congreso y los medios de comunicación, diversas formas de violencia y hostigamiento contra periodistas, así como un profundo desconocimiento sobre cómo tramitar controversias a través de las instancias de auto regulación de la prensa en el Perú. La sumatoria de estos elementos estaría alimentando dinámicas que obstaculizan la creación y difusión de información; el libre y plural debate de ideas; y el escrutinio de la acción pública, todo ello necesario para lograr una democracia sólida y garantista de los derechos fundamentales.

 

De su observación sobre el estado de la libertad de expresión en Perú, esta Oficina advierte un grave deterioro del debate público, serias limitaciones cotidianas al trabajo de la prensa, un clima de violencia y hostilidad contra periodistas y medios de comunicación, así como intentos constantes de exclusión de los pensamientos distintos, incluso por medio de violencia física. Todo ello, según fue informado, se habría agravado tras la campaña presidencial del año 2021, particularmente por la tensión acumulada entre la primera y la segunda vuelta del proceso electoral. Muestra de ello ha sido el hostigamiento contra los miembros del Jurado Nacional Electoral (JNE), y en particular contra su Presidente, Jorge Luis Salas Arenas. Objeto de campañas públicas destinadas a estigmatizar, desprestigiar y descalificarle, el Presidente del JNE también ha sido víctima de numerosas intimidaciones y amenazas, lo que motivó a la CIDH a otorgarle medidas cautelares a él y a su núcleo familiar.    

 

A casi un año de gobierno del Presidente Pedro Castillo, y en un contexto marcado por una profunda polarización política alentada por acusaciones no probadas de fraude electoral, se advierten en el país una serie de patrones relacionados con serias amenazas a la libertad de expresión y a otros derechos conexos. Respecto de lo anterior, la Relatoría Especial fue informada que la campaña electoral favoreció un escenario de hostigamiento, amenazas, agresiones, declaraciones estigmatizantes contra la prensa, aunado a un patrón de intimidación judicial que buscaría limitar el trabajo de la prensa y de las y los periodistas. De forma particular, la Relatoría observa con preocupación el uso excesivo y sistemático de la judicialización criminal y civil sobre discursos de alto interés público, incluyendo importantes sanciones económicas impuestas a periodistas y comunicadores.

 

Asimismo, los primeros meses del gobierno y de la legislatura se han visto marcados por declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación, inclusive por parte de funcionarios del más alto rango del Estado. En opinión de la Relatoría, tales declaraciones contribuyen a generar un clima de desprecio a la labor de la prensa y de permisividad ante la violencia contra los y las periodistas.

 

Otro elemento recurrente observado durante la visita al país se relaciona con la opacidad, la falta de acceso a la información y el incremento de obstáculos para acceder a fuentes públicas por parte de periodistas, incluyendo el acceso a espacios físicos, a documentación oficial y a los mismos funcionarios. Ejemplo de lo anterior es la escasa comparecencia ante los medios por parte del Presidente, así como la prohibición de ingreso al Congreso de la República a periodistas y comunicadores. En ambas instancias, la Relatoría advierte la carga simbólica que estos impedimentos significan para el periodismo en el país y para la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, así como las consecuencias prácticas que ello conlleva para la correcta labor del periodismo independiente, diverso y de calidad.

 

A lo anterior se suman reportes recibidos dando cuenta de presiones sobre líneas editoriales para el cubrimiento del proceso electoral y de sus resultados; alegadas actividades oficiales de perfilamiento y cíber patrullaje en contra de periodistas y de medios que informan sobre asuntos de interés público o que podrían ser percibidos como opositores; la instrumentalización de la pauta oficial y sus impactos indirectos a la libertad de expresión tanto en la capital  como en las regiones; la casi inexistencia de licencias para medios comunitarios, particularmente para medios  de pueblos indígenas y afroperuanos; restricciones excesivas a la protesta y a las manifestaciones, incluyendo en el marco de los de estados de emergencia impuestos en diversas regiones. Se suman a lo anterior informaciones sobre diversos proyectos de ley con disposiciones contrarias a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.

 

Durante la visita, fueron reiterados los planteamientos sobre lo que podría ser una situación de concentración de medios de comunicación, y de sus eventuales impactos en materia de libertad de expresión, particularmente, en la difusión de puntos de vista plurales para la ciudadanía, situación a la que la Relatoría Especial ha venido dando seguimiento por medio de sus diversos mecanismos.

 

Además al Relator le fue reportado el aumento, tras el período electoral, de la difusión de mensajes estigmatizantes por parte de liderazgos públicos; de campañas de acoso y hostigamiento que acudirían a expresiones de discriminación y violencia por origen étnico-racial, situación socioeconómica, identidad política y por origen regional; y de discusiones públicas que incorporan mensajes señalados como discriminatorios, racistas, xenófobos y machistas, incluyendo amenazas de violencia sexual. De igual forma, la Relatoría fue informada acerca de la situación de particular riesgo y vulnerabilidad de periodistas mujeres, de aquéllos fuera de la capital o en zonas rurales, y de quienes desempeñan su labor en contextos de conflictividad social.

 

La Relatoría subraya que quienes protagonizan debates de interés general participan de un espacio público que también están llamados a cuidar. Mientras el cruce de argumentos y la exposición pública de los desacuerdos enriquecen el debate, la violencia y los discursos que alientan a la discriminación erosionan la institucionalidad democrática y tienen el potencial de generar violencia contra grupos en situación de vulnerabilidad. Durante su visita, el Relator recibió reportes sobre la impunidad que persiste frente a actos de hostigamiento y violencia entre particulares, particularmente multiplicados en las redes sociales. Asimismo, la Relatoría recibió información relativa a amenazas e intimidaciones contra intervinientes en procesos de investigación y sanción de crímenes contra la prensa, así como falencias en el cumplimiento en el deber estatal de actuar con debida diligencia a la hora de investigar y sancionar a los responsables de esta violencia. Tales ataques buscan silenciar a quienes son considerados como adversarios políticos o de ideas, y representan una clara vulneración a la libertad de expresión.

 

En relación con todo lo anterior y tras su visita al país, esta Oficinal advierte que en Perú, el regreso a la democracia trajo consigo indudables avances en materia de libertad de expresión, tras décadas marcadas por gobiernos militares y civil autoritarios. Sin embargo, el Relator pudo constatar que actualmente el país enfrenta importantes desafíos para la plena garantía del derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones. Estos desafíos han de ser abordados conforme al derecho internacional de los derechos humanos y en particular, conforme a los estándares interamericanos en la materia. Ello incluye la obligación del Estado peruano de actuar con debida diligencia y de emplear sus máximos esfuerzos hacia la investigación; el esclarecimiento de los hechos, recientes y del pasado; la impartición de justicia; así como de reparación integral a las víctimas de violencia frente a la violencia por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

 

La Relatoría llama al Estado peruano, a sus instituciones y representantes, a tomar medidas urgentes y decisivas para poner fin a la creciente tensión con los medios de comunicación y con los periodistas, promoviendo un ambiente propicio para el debate de ideas y el ejercicio del periodismo. La obligación estatal de favorecer y garantizar la libertad de expresión, en todas sus aristas, significa también garantizar las condiciones para un debate público robusto, diverso e incluyente, presupuesto esencial de cualquier democracia de nuestro hemisferio. 

 

En el marco de lo anterior, esta Oficina presenta una serie de conclusiones y observaciones dando cuenta de los principales hallazgos de su visita al país. Igualmente, se presentan recomendaciones preliminares al Estado, dirigidas a la adecuación del ordenamiento jurídico peruano, de prácticas y de políticas nacionales a las normas y estándares internacionales e interamericanos en materia de libertad de expresión. Las observaciones preliminares aquí presentadas serán desarrolladas posteriormente, y con mayor detalle, en un informe especial de país publicado por la Relatoría Especial.

 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

 

 

R124/22