Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa R41/20
Relatoría Especial condena asesinato del periodista Leo Veras en Paraguay
y llama a adoptar acciones decididas para prevenir e investigar crímenes de
periodistas en la frontera
17
de febrero de 2020
Washington
D.C.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el brutal asesinato del
periodista brasilero Lourenço "Leo" Veras, encargado del sitio web informativo Porã
News y corresponsal de varios medios de comunicación brasileros quien
desarrollaba su trabajo en la región fronteriza en la ciudad de Pedro Juan
Caballero, capital del departamento de Amambay, Paraguay.
Esta Oficina llama al Estado paraguayo
a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen y otros que se
encuentran impunes; esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la
relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de
expresión. Asimismo, la Relatoría Especial de la CIDH recuerda que el problema
de la violencia contra periodistas en las Américas se ha agudizado vinculado, en
muchos casos, con la presencia del crimen organizado en vastas zonas del hemisferio
y la cooptación o debilidad del aparato estatal en estos lugares. En el informe
temático "Zonas Silenciadas", esta Oficina identificó como caso emblemático
ciudades ubicadas en la frontera de Paraguay con Brasil que ilustra la
vulnerabilidad de los periodistas quienes investigan actos de corrupción y
narcotráfico.
Según
información proporcionada por la Policía Nacional de Paraguay, el periodista
Leo Veras recibió aproximadamente 12 disparos por parte de presuntamente dos
personas quienes, junto a un tercero, manejaban una camioneta. El crimen
sucedió en el domicilio particular del periodista, ubicado en el barrio Jardín
Aurora. Veras se encontraba cenando con su familia y aunque intentó huir de los
disparos de sus atacantes, recibió un tiro en la cabeza para posteriormente
fallecer en el hospital Viva Vida de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
La
Fiscalía General del Estado de Paraguay adelantó que conformó un equipo de
trabajo para investigar el asesinato debido a las múltiples amenazas de muerte
que habría recibido el comunicador durante los últimos años. Veras trabajaba
durante más de 15 años en la región fronteriza que limita con la ciudad de
Ponta Porã, conocida como uno de los principales puertos de entrada de drogas y
armas en Brasil. El periodista era encargado del sitio web de noticias Porã
News que realizaba periodismo de investigación informando sobre la disputa del
narcotráfico en la frontera entre Paraguay y Brasil. El 19 de enero pasado, Pedro
Juan Caballero fue escenario de la fuga de 75 prisioneros, la mayoría de ellos
vinculados a la organización criminal brasilera Primer Comando de la Capital
(PCC), desde la penitenciaría regional. Fuentes cercanas a Veras informaron que
el periodista habría expresado temer por su vida a raíz de la situación.
En
una entrevista realizada a Veras por la cadena televisiva brasilera Record TV
en enero de este año, afirmó que recibió amenazas por mensajes de textos en su
celular donde le decían que "cerrara la boca". Otro antecedente no menor, es
que, en el 2017, durante una presentación hecha por Veras al programa Tim Lopes
de Abraji sobre crímenes contra periodistas (casos Paulo Rocaro y Luiz Henrique
Tulu), el periodista informó que tanto él como su familia dejaron de asistir
actos públicos y sociales debido a la inseguridad que sentía.
Según
información proporcionada por el sindicato de periodistas de Paraguay, desde el
retorno a la democracia en 1989,
sumado a Veras, se habrían asesinado a 19 periodistas en el país y en
específico en zonas fronterizas, donde el gremio periodístico fue marcado por
el crimen hacia el periodista Santiago Leguizamon, el cual continua en la
impunidad después de 29 años de su asesinato.
La Relatoría Especial ha identificado en su informe temático Zonas Silenciadas la grave situación que vive el ejercicio periodístico en la región fronteriza de Paraguay con Brasil o Argentina donde actúan grupos criminales. En los últimos años, Paraguay ha asistido al desarrollo de un fenómeno al que la prensa y otros actores, incluso estatales, denominan "narcopolítica", caracterizado por la existencia de narcotraficantes que se han vinculado a la actividad política y que incluso han llegado a obtener cargos electivos en el país. Con el avance de la denominada "narcopolítica", la libertad de expresión se ha visto afectada por cuanto los periodistas enfrentan serias dificultades cuando intentan informar sobre determinadas actividades ilícitas que se realizan en sus comunidades y las instituciones -según han denunciado los propios periodistas- no funcionan como deberían para protegerlos. El crimen organizado ha presionado sobre la prensa con el objetivo de que sus actividades, hasta las más evidentes, no sean informadas. Las amenazas, el hostigamiento, o incluso la muerte de algunos periodistas en este último tiempo han dejado una huella imborrable en los trabajadores de los medios de comunicación, pese a lo cual han mantenido el compromiso de informar a la sociedad de lo que pasa en las zonas de mayor riesgo.
La
CIDH y su Relatoría Especial han recomendado que los Estados deben adoptar una
política pública integral que permita la prevención, protección y procuración
de justicia en los casos de violencia contra periodistas. Estas políticas deben
tener en cuenta las necesidades propias de cada país y las necesidades de cada
región, en especial de aquellas zonas en donde los periodistas se ven
enfrentados a un mayor riesgo y en las cuales existen altos índices de
autocensura.
En
los países en los cuales se ha establecido un programa de protección especializado
para la protección de periodistas es fundamental que se trabaje en la generación
de confianza de los actuales y futuros beneficiarios. Las medidas que se
adopten como parte del programa de protección también deberán ser el resultado
de un proceso de acuerdo con el beneficiario, a fin de que las medidas de
protección que se adopten no resulten ineficaces para el contexto en el cual se
desenvuelve el beneficiario, ni que inhiban el ejercicio periodístico. Las
autoridades encargadas de brindar protección deben articularse y coordinarse
con las autoridades encargadas de investigar los actos de violencia contra periodistas
y trabajadores de medios. La forma más efectiva de protección es terminar con
la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas.
La Relatoría Especial insta al Gobierno paraguayo a intensificar las
iniciativas de alerta temprana y otras medidas preventivas, en consonancia con
sus obligaciones internacionales, tomando en cuenta la naturaleza específica de
los riesgos y sus contextos particulares.
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto
amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras
profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas
que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier
naturaleza.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación,
amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y
coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina
creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de
estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y
expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el
desarrollo del sistema democrático.
R41/20