Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa R188/18
Relatoría Especial concluye su visita a Ecuador y presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares sobre libertad de expresión en el país
24 de agosto de 2018
Quito - El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, realizó una visita oficial a Ecuador para evaluar la situación de la libertad de expresión en el país. El Relator Especial visitó el país del 20 al 24 de agosto y presentó sus observaciones preliminares y recomendaciones en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el último día. La visita es parte de una serie de acciones especiales de la Relatoría Especial para promover el derecho a la libertad de expresión en Ecuador.
Durante la misión,
el Relator Especial estuvo en las ciudades de Quito y Guayaquil, donde
participó de reuniones y visitas. Edison Lanza se reunió con periodistas y directores
de medios de comunicación, representantes de la sociedad civil, víctimas de
violaciones a la libertad de expresión durante el anterior período de gobierno,
con los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio, así como visitó el diario El Universo en Guayaquil. Asimismo, se reunió con el Presidente
Lenin Moreno, el Canciller José Valencia y otros representantes de los poderes
Ejecutivo y Judicial, como la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, el
Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, el Procurador General
del Estado, la Defensora del Pueblo encargada, el Viceministro de Tecnologías de
la Información y Comunicación, el Ministro del Interior, la Ministra de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Secretario Nacional de Comunicación Andrés Michelena y el Subsecretario
Nacional de Comunicación, la Presidenta de la Asamblea Nacional, la Gerente
General de Medios Públicos, la Directora General del Centro Internacional de
Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), el Consejo de
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), con el
Superintendente de Información y Comunicación, y con la Fiscal General del
Estado subrogante.
Adicionalmente, en
el marco de su visita oficial el Relator se reunió con representantes de las
embajadas de Canadá, EE. UU., Reino Unido, Chile, Perú, Colombia, Unión Europea,
Brasil y Suiza.
La Relatoría Especial agradece la colaboración del gobierno del Ecuador en la facilitación y organización de la visita y la extraordinaria participación y aporte de la sociedad civil, la academia, los periodistas y medios de comunicación. Igualmente, reconoce el apoyo de la Oficina de la Unesco en Quito y de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) en Ecuador durante la visita; así como agradece la información ofrecida por la Asesora de Derechos Humanos del ACNUDH en Ecuador.
Las observaciones y recomendaciones preliminares presentadas por el Relator Especial en la conferencia serán desarrolladas con mayor detalle en un informe especial del país que será publicado posteriormente.
De la visita se desprende que Ecuador atraviesa un
proceso de transición de las instituciones públicas que busca
superar las consecuencias del autoritarismo implantado por el anterior régimen
presidencial y desmontar las prácticas represivas dirigidas a cerrar el espacio
democrático.
Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión documentó que el gobierno de Ecuador encabezado por el
Presidente Rafael Correa diseñó e implementó una política sistemática para
desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho
penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de
derechos humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución
por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que
investigaban y difundían información que el gobierno entendía falsa o contraria
a sus intereses, líderes sociales, defensores de derechos humanos, opositores
que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó
la "revolución ciudadana", así como las organizaciones sindicales, de
defensa de la tierra o los pueblos indígenas. Estas acciones estuvieron
acompañadas de la aprobación de leyes dirigidas a poner bajo el control oficial
a la prensa y a las organizaciones sociales también, tales como la Ley Orgánica
de Comunicación, el Decreto Ejecutivo No. 016 y el Código Orgánico Penal
Integrado. Estas acciones legales fueron precedidas de campanas de
estigmatizaciones en contra de la prensa y críticos políticos. Las cadenas
nacionales y los actos o eventos encabezados por el Presidente de la República
denominados "sabatinas" fueron el escenario para desacreditar o
someter a escarnio a periodistas, líderes sociales o disidentes. Las
instituciones de justicia y control que debían proteger los derechos humanos
fueron sometidas a la injerencia y control indebido del Poder Ejecutivo.
La Relatoría Especial reconoce como un avance
significativo las medidas adoptadas por el actual gobierno del Presidente Lenín
Moreno para hacer cesar estas violaciones del derecho a la libertad de
expresión y revertir sus efectos. Esta oficina saluda las medidas adoptadas
para garantizar el reconocimiento público de la importancia de la labor de la
prensa y la defensa de derechos humanos en la sociedad democrática través de
declaraciones de autoridades estatales, actos públicos y el diálogo iniciado
con estos sectores de la sociedad. Asimismo, se observa como positivo que el
Estado haya iniciado un proceso de reforma del marco jurídico e institucional,
así como la política de comunicación del Estado, con el fin de ajustarlo a las
normas y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. El
Relator Especial saluda especialmente el envío a la Asamblea Nacional de un
proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Comunicación. También recibe
con satisfacción información sobre indultos, rectificaciones y otras medidas
impulsadas para restituir en sus derechos a quienes fueron sancionados y
perseguidos por el ejercicio de derecho a la libertad de expresión.
El proceso de transición hacia una democracia
que garantice la libertad de expresión de periodistas, medios, organizaciones
sociales y oposición, debe continuar y consolidarse. Casi una década de
persecución y asedio legal y político ha tenido serias consecuencias en la
democracia ecuatoriana y afectada a los medios de comunicación privados y
comunitarios, así como en las organizaciones sociales y su rol en la sociedad.
El periodismo como profesión e institución fundamental de la democracia se ha
visto debilitada y desprestigiada. Periodistas valiosos se han visto obligados
a dejar la profesión o abandonar el país por miedo a sufrir represalias, falta
de perspectivas, o han sufrido el efecto inhibitorio de las políticas
mencionadas. Persiste el temor y la desconfianza entre los defensores de
derechos humanos.
Asimismo, el reciente secuestro y asesinato de los
periodistas Javier Ortiz, Paul Rivas y Efraín Segarra, integrantes del
diario El Comercio, por parte de un grupo del crimen organizado que
opera en la frontera de Ecuador y Colombia - un crimen abominable que la
Relatoría Especial ha condenado -, constituyó un recordatorio trágico de la
debilidad del Estado en materia de prevención y protección de la violencia
contra la prensa. La Relatoría Especial espera que el Equipo Especial de
Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo los
auspicios del Estado, actualmente en funcionamiento, pueda contribuir al
alcance de la verdad y justicia en este caso.
Debido a lo anterior, esta oficina presenta una serie
de recomendaciones preliminares al Estado dirigidas la adecuación del
ordenamiento jurídico ecuatoriano, prácticas y políticas a las normas y
estándares internacionales en materia de libertad de expresión y la reparación
integral tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, así
como medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es
una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a
fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de
pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación
y el desarrollo del sistema democrático.
R188/18