Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa R125/18
La Relatoría Especial condena el asesinato de periodistas en México y observa con preocupación la situación de violencia contra comunicadores
1 de junio de 2018
Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena dos nuevos asesinatos de periodistas en México que podrían estar vinculados con el ejercicio de su profesión, con lo cual lleva a 6 la cantidad de periodistas asesinados en el país.
La Relatoría Especial recibió información sobre el asesinato de la periodista Alicia Díaz González, asesinada el 23 de mayo, en su domicilio en un fraccionamiento residencial de la ciudad de Monterrey (Nuevo León) y el periodista Héctor González Antonio, cuyo cuerpo fue encontrado en un paraje de la colonia Estrella en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 29 de mayo.
Díaz González trabajó en el periódico "El Norte", durante 20 años, y era colaboradora del diario nacional "El Financiero", desde enero de 2018. De acuerdo con las primeras investigaciones, el robo estaría descartado como móvil del crimen, debido a que en el domicilio de la periodista no faltaba ningún objeto. Asimismo, la Fiscalía de Nuevo León informó en un comunicado de fecha 24 de mayo que la víctima presentó "heridas punzocortantes en el cuello (nuca)". En el comunicado además menciona que se encuentran abiertas todas las líneas de investigación y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones siguen recabando evidencias científicas para determinar los hechos que llevan a la captura de los implicados. El vicefiscal Luis Enrique Orozco Suarez señaló que no hay indicios precisos que relacionen el asesinato con la profesión periodística; sin embargo esta línea de investigación no ha sido descartada aún.
González Antonio era corresponsal de "Excélsior" en Victoria y dirigía el portal periodístico "Todo Noticias". Sus reportajes recientes reflejan la violencia y la corrupción presente en el estado de Tamaulipas. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas confirmó la muerte del periodista y aseguró que ya trabajaba en las primeras líneas de investigación. De acuerdo con las primeras investigaciones, el periodista murió a causa de golpes, sin que hasta se haya podido determinar cómo fueron provocados.
La Relatoría Especial observa con grave preocupación la situación de violencia contra periodistas en México. En lo que va del año 2018, la Relatoría recibió información sobre 6 casos de periodistas asesinados, lo que confirma la situación de riesgo y vulnerabilidad de los trabajadores de medios de comunicación en México. La Relatoría especial llama al Estado a agotar las líneas de investigación vinculadas al ejercicio del periodismo en cada uno de estos casos.
En 2017 se registraron 12 periodistas asesinados y al menos 20 debieron desplazarse de sus regiones debido a las amenazas recibidas, así como ataques a su vida e integridad personal.
La Relatoría Especial ha observado en su visita reciente al país que México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos y, particularmente, la seguridad de los periodistas. Los ataques endémicos en contra de periodistas, así como de las personas defensoras de derechos humanos, sin duda representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en México.
Asimismo, tras la realización de la mencionada visita, junto al Relator
de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, también subrayó que
las "[l]as mujeres periodistas enfrentan contextos amenazantes
particulares. Según informes de la sociedad civil, ha habido un aumento del
200% en ataques contra periodistas mujeres. (…) Asimismo existe una falta de
perspectiva de género en la investigación, persecución del delito y en la
protección de la situación de las periodistas mujeres".
En este contexto, los expertos de Naciones Unidas y CIDH recomendaron
"[i]ncorporar un punto focal o unidad sobre género o especialistas en
violencia contra las mujeres periodistas y establecer un programa de
capacitación dentro de la FEADLE que se enfoque en particular en los ataques
contra las mujeres periodistas".
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado mexicano investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad mexicana, esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con su actividad como comunicadores. En este sentido, es fundamental que las autoridades investiguen estos hechos sin descartar la hipótesis del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión.
Asimismo, recordamos que la obligación de conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación reviste especial relevancia en casos de violencia contra periodistas; una investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto de la región, así como la actividad profesional del periodista, tendrá menos posibilidades de conseguir resultados.
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solamente podrá evitarse, de acuerdo con la Comisión, "mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno".
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
La Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho
a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en
la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
R125/18