La Relatoría Especial condena el asesinato de una periodista en México
11 de febrero de 2016
Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar, que había sido secuestrada en el Estado de Veracruz y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 9 de febrero en el Estado de Puebla, e insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables.
De acuerdo a la información disponible, Flores Salazar se desempañaba como reportera de hechos policiales para el periódico local El Sol de Orizaba y había sido reportada como desaparecida tras ser secuestrada en la madrugada del 8 de febrero en la localidad de Orizaba. Según la denuncia realizada por sus familiares, fue sustraída de su domicilio por hombres armados que llegaron directamente a buscarla hasta su domicilio en tres camionetas y, tras ubicarla en una de las habitaciones, la subieron por la fuerza a uno de los vehículos y huyeron.
El Estado Mexicano informó que la Comisión Estatal para la Atención de los Periodistas de Veracruz inició un procedimiento de medidas de protección para la localización de la periodista y brindó protección a sus familiares, luego de tomar conocimiento del secuestro. Por su parte la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Fiscalía del Estado de Veracruz anunciaron que se encuentran investigando los hechos. El Estado también informó que la periodista Anabel Flores Salazar no había solicitado su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La Relatoría manifiesta especial preocupación por la reiteración de este tipo de ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en México, donde uno de los lugares más peligrosos es el Estado de Veracruz. En 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados en el país presuntamente vinculado al ejercicio de su libertad de expresión y en 2015 se registraron seis casos. Este es el segundo asesinato de periodistas registrado en el país en este año.
El año pasado fueron asesinados en Veracruz los periodistas José Moisés Sánchez Cerezo y Juan Mendoza Delgado, y reporteros del estado han denunciado hostigamientos en numerosas ocasiones. El reportero gráfico Rubén Espinosa se trasladó a la Ciudad de México luego de recibir amenazas de muerte en la misma región, donde posteriormente fue asesinado.
En atención a la compleja situación de violencia que enfrenta el periodismo en Veracruz, en noviembre de 2015 la Secretaría de Gobernación (SEGOB) puso en marcha un Sistema de Alerta Temprana y Planes de Contingencia para la protección de los periodistas de Veracruz, consistente en un programa de políticas públicas que tiene como objetivo evitar potenciales agresiones a las y los periodistas de la región.
La situación de violencia contra los y las periodistas en México ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina. La Relatoría recuerda que la obligación de conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación reviste especial relevancia en casos de violencia contra periodistas; una investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto de la región, así como la actividad profesional del periodista, tendrá menos posibilidades de conseguir resultados. De la misma manera, la Relatoría Especial considera que es fundamental evaluar de forma urgente si deben activarse los mecanismos de atracción previstos en la ley y que este caso pueda ser investigado y judicializado de inmediato por las autoridades federales.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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