Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R 48/15
COMUNICADO DE PRENSA
R 48/15
LA RELATORÍA ESPECIAL CONDENA EL ASESINATO DE UN PERIODISTA Y EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE OTRO EN MÉXICO
Washington, D.C., 11 de mayo de 2015. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Armando Saldaña Morales, cuyo cuerpo fuera hallado sin vida el 4 de mayo cerca de la localidad de Acatlán de Pérez Figueroa, en el estado de Oaxaca, 350 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Además, expresa su preocupación por la desaparición del periodista Bernardo Javier Cano Torres en la localidad de Iguala, Guerrero, e informada el 7 de mayo por la Fiscalía de ese estado.
La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para encontrar con vida al periodista secuestrado y esclarecer los motivos del asesinato ocurrido, además de poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables.
De acuerdo a la información disponible, Saldaña Morales trabajaba en la radio "La Ke Buena 100.9 FM" de la localidad de Tierra Blanca, estado de Veracruz, a unos 30 kilómetros del lugar donde fue hallado muerto con varios disparos y signos de tortura. El reportero cubría noticias locales de política y conflictos en la región.
El procurador general de Justicia del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, dijo a periodistas que iniciaron una investigación "para poder establecer (…) si fue secuestrado en un inicio (…) o solamente fue asesinado en territorio de Veracruz y dejado en este lugar de Acatlán de Pérez Figueroa".
Según la información aportada por el Estado mexicano, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión está investigando el caso, la Policía Federal Ministerial fue instruida para investigar los hechos y a la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal se le ordenó investigar la línea editorial del periodista asesinado. Los investigadores solicitaron además los posibles registros de cámaras de vigilancia que pudieran existir.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México condenó el ataque en un comunicado emitido el 7 de mayo e informó que "inició de oficio un expediente de queja y atrajo el caso", "contactó a los familiares de la víctima con objeto de expresarles su solidaridad y desplazó visitadores a la zona".
El Estado de Veracruz, donde vivía Saldaña Morales, es uno de los más peligrosos en México para ejercer el periodismo. A comienzos de este año fue asesinado en ese mismo estado el periodista y activista José Moisés Sánchez Cerezo, y reporteros de esa zona han denunciado amenazas en numerosas ocasiones.
En cuanto al periodista secuestrado en Guerrero, habría desaparecido junto con otras tres personas que viajaban con él en una camioneta, y los autores del crimen habrían pedido un rescate por ellos. Cano trabajaba en ABC Radio de Iguala, en el programa "Hora Cero". La localidad de Iguala ha registrado hechos de significativa violencia en los últimos meses y el estado de Guerrero es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en ese país.
La Fiscalía de Guerrero informó que está investigando el caso.
La situación de violencia contra los y las periodistas en México ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual estos ataques estarían asociados con el ejercicio de la profesión de los periodistas y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado esclarezca la causa de estos crímenes y adopte medidas de reparación justas para los familiares del periodista asesinado.
Además, la Relatoría Especial considera que es fundamental evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que este caso pueda ser investigado y judicializado de inmediato por las autoridades federales. Asimismo, considera esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.