Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa R74/12
Comunicado de prensa
R74/12
Relatores Especiales para la Libertad de Expresión presentan Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión
Washington D.C., 25 de junio de 2012 — Los cuatro Relatores Especiales para la Libertad de Expresión denunciaron la necesidad de poner freno al alarmante incremento de la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación a través de una declaración conjunta suscrita el 25 de junio durante un encuentro extraordinario celebrado en Puerto España, Trinidad y Tobago.
El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Catalina Botero Marino; la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Dunja Mijatović; y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Faith Pansy Tlakula, emitieron una declaración conjunta en la cual manifiestan su repudio ante los inaceptables índices de delitos contra la libertad de expresión, como asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones, acciones judiciales y encarcelamiento, que afectan específicamente a medios de comunicación y personas que desempeñan un rol fundamental en la difusión de información.
En su Declaración Conjunta, los cuatro relatores señalan que los crímenes contra periodistas y otros comunicadores no sólo representan ataques contra las víctimas sino que afectan a la libertad de expresión en sí misma, puesto que tienen un efecto disuasivo para el libre intercambio de información e ideas y atentan contra los derechos de la sociedad en general. Los relatores destacan además que la situación generalizada de impunidad agrava la incidencia de estos delitos. Por consiguiente, la Declaración presenta una serie de medidas que los Estados deberían adoptar en consonancia con su obligación de asegurar que se juzguen y castiguen los delitos contra la libertad de expresión y que las víctimas tengan acceso a recursos adecuados. Los cuatro relatores instan a los Estados a investigar estos delitos con independencia, celeridad y efectividad, y a promover una mayor transparencia de las investigaciones. Los relatores asimismo consideraron que los periodistas independientes que cubren situaciones de conflicto armado, pese a exponerse a riesgos derivados del conflicto, no pierden por ello su condición de civiles, y por lo mismo continúan amparados por las garantías aplicables del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Según la Declaración, cuando los delitos contra la libertad de expresión representan un problema recurrente, las autoridades de los Estados deberían adoptar medidas específicas para impedir que este tipo de hechos se produzcan, por ejemplo, estableciendo sanciones más rigurosas para estos delitos o ampliando los plazos de prescripción aplicables. En algunas circunstancias, sería pertinente crear unidades de investigación especializadas. Asimismo, la declaración destaca la valiosa contribución que realizan a la sociedad las personas que investigan violaciones de derechos humanos y casos de corrupción, y advierte que con frecuencia son objeto de graves represalias. Por ende, los relatores instan a los Estados a crear programas de protección especializados cuando exista un riesgo constante y grave de que se cometan atentados contra la libertad de expresión, y a adecuar las medidas de protección a las necesidades de la persona en riesgo, teniendo en cuenta factores como el género.
Al respecto, Catalina Botero manifestó: "El incremento de la violencia contra periodistas en la región es alarmante. Ante esta realidad, los Estados deben asumir de manera urgente la responsabilidad de adoptar mas y mejores medidas de prevención, protección y juzgamiento, a fin de impedir la repetición de estos delitos, sancionar a los responsables y garantizar el derecho de la sociedad a mantenerse informada".
Según declaraciones de Frank La Rue, "cualquier medida efectiva que adopte el Estado para proteger a periodistas, comunicadores sociales, y medios de comunicación debe comenzar con una investigación diligente de los delitos sufridos y la identificación, el juzgamiento y castigo de los responsables, además del resarcimiento a las víctimas".
Dunja Mijatović indicó, "Los periodistas en la región de la OSCE y en otras partes del mundo, son perseguidos por su cobertura crítica de la política, la economía, y los asuntos sociales, y por investigar el crimen y la corrupción. Esta Declaración comprensiva se enfoca en presentar soluciones universales para este problema y busca que los gobiernos y otros actores interesados ayuden a combatir los asesinatos de periodistas, así como las amenazas y agresiones físicas que enfrentan de manera sistemática."
Por su parte, Pansy Tlakula destacó, "La Declaración es oportuna porque la hemos adoptado en un momento en que los crímenes contra la libertad de expresión se están incrementando en África. Esta Declaración apoyará la erradicación del fenómeno, cada vez más común, de impunidad por parte de los que cometen delitos contra la libertad de expresión, y esperamos que dé a los Estados la capacidad de actuar contra actores no estatales."
El texto de la Declaración Conjunta está disponible en: Declaración conjunta 2012-2 ES