Washington D.C.,  29 de diciembre de 2010. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el asesinato del periodista Henry Suazo, ocurrido el martes 28 de diciembre en la localidad de La Masica, Honduras. La Relatoría Especial manifiesta su profunda preocupación por la grave situación de los periodistas en Honduras e insta al Estado a impulsar las investigaciones de éste y los otros casos de periodistas asesinados, que hoy se encuentran en total  impunidad.

De acuerdo con la información recibida, dos personas dispararon contra Henry Suazo cuando salía de su casa. El periodista era corresponsal de la radio HRN y trabajaba para una televisora local. Días atrás el comunicador habría denunciado  en la radio que había sido amenazado de muerte mediante un mensaje de texto en su teléfono.

 En 2010 fueron asesinados en Honduras, entre otros comunicadores y defensores de derechos humanos, los periodistas Israel Zelaya, muerto en San Pedro Sula el 24 de agosto; Joseph Hernández,  asesinado el 1 de marzo en Tegucigalpa; David Meza Montesinos, asesinado en La Ceiba el 11 de marzo; Nahúm Palacios, muerto en Tocoa el 14 de marzo; Bayardo Mairena y Manuel Juárez, asesinados en Juticalpa el 26 de marzo; Jorge Alberto (Georgino) Orellana, muerto el 20 de abril en San Pedro Sula; y  Luis Arturo Mondragón asesinado el 14 de junio en El Paraíso. Todos los crímenes se mantienen en la impunidad. En ninguna de las investigaciones las autoridades hondureñas han reportado algún progreso significativo.

 La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

 La Relatoría Especial insiste al Estado en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística. Como ya lo ha reiterado esta oficina, resulta urgente que el Estado hondureño investigue de forma completa, efectiva e imparcial los crímenes cometidos contra los periodistas e identifique, procese y sancione adecuadamente a los responsables.