Libertad de Expresión

Comunicado de Prensa R66/10

COMUNICADO DE PRENSA

Nº R66/10

RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA PROFUNDA PREOCUPACIÓN

POR ASESINATO DE DOS PERIODISTAS EN MEXICO

 

Washington D.C., 2 de julio de 2010 - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su profunda preocupación por el asesinato de los periodistas Juan Francisco Rodríguez Ríos y María Elvira Hernández Galeana en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, México. La Relatoría Especial llama al Estado mexicano a realizar todos los esfuerzos necesarios para esclarecer de forma pronta y efectiva estos crímenes, de modo que los responsables sean juzgados y debidamente sancionados. Asimismo la Relatoria insta una vez más al Estado a la adopción de mecanismos de protección de los periodistas en riesgo y a la implementación de medidas eficaces de lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra los comunicadores.

Según la información recibida, Rodríguez Ríos, corresponsal del periódico El Sol de Acapulco en Coyuca de Benítez y  Elvira Hernández Galeana, editora del semanario Nueva Línea, fueron abaleados el pasado lunes 28 de junio en horas de la noche. El crimen se produjo en un local de Internet propiedad de los reporteros asesinados. Rodríguez Ríos era además dirigente local del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa. Unas horas antes de su asesinato, Rodríguez Ríos había cubierto el quince aniversario de la Masacre de Aguas Blancas, un hecho ocurrido en 1995 en el que murieron 17 campesinos en manos de la policía del estado de Guerrero.

Durante el 2009, al menos diez periodistas fueron asesinados en México. El Estado de Guerrero, donde el año pasado fueron asesinados tres periodistas, se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para la práctica del periodismo en toda la región. En los primeros meses de 2010 se han reportado seis periodistas asesinados en México y, al menos, cinco periodistas secuestrados.

La Relatoría Especial exhorta al Estado mexicano a que conduzca de manera eficaz las investigaciones existentes sobre los crímenes contra los comunicadores y a que adopte, cuanto antes, medidas indispensables para proteger el libre ejercicio del periodismo, tales como el fortalecimiento de la Fiscalía Especial, la federalización de los delitos cometidos en contra de periodistas y la implementación de mecanismos permanentes de protección especializados para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo.

La Relatoría Especial recuerda que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".