Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa R28-10
COMUNICADO DE PRENSA
R28/10
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA ENÉRGICAMENTE ASESINATO Y SECUESTRO DE PERIODISTAS EN MÉXICO
Washington, D.C., 15 de marzo de 2010 - La Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifiesta su enorme preocupación por la gravísima escalada de violencia contra la prensa en la ciudad de Reynosa en el Estado de Tamaulipas, México, y condena enérgicamente los secuestros recientes de varios periodistas y el posible asesinato de un comunicador en circunstancias aun no determinadas. La Relatoría Especial exhorta de manera urgente al Estado mexicano a que adopte todas las medidas necesarias para dar con el paradero de las personas secuestradas, determinar las causas de la muerte del periodista Jorge Rábago Valdez y sancionar a los responsables, y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.
Según la información recibida, al menos ocho periodistas habrían sido secuestrados en distintos hechos durante las últimas semanas en la ciudad de Reynosa. Cinco de ellos permanecerían desaparecidos, dos habrían sido liberados luego de ser golpeados y obligados a regresar a la ciudad de México D.F., mientras que Jorge Rábago Valdez, periodista de las emisoras Radio Rey y Reporteros en la Red, y el diario "La Prensa" de Reynosa, habría fallecido el 2 de marzo, en circunstancias que aun no han sido aclaradas. A este respecto, mientras algunas autoridades locales habrían indicado que la muerte se produjo naturalmente por causa de un coma diabético, distintas fuentes en terreno han informado a importantes organizaciones no gubernamentales, como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que el comunicador habría sido encontrado en estado de coma y con señales de tortura, pocos días antes de su muerte.
Fuentes consultadas por la Relatoría Especial señalaron que las actuaciones de los grupos de narcotráfico en la zona y la omisión de las autoridades locales en la prevención de los crímenes contra los periodistas y en el impulso a las investigaciones y sanciones posteriores, han provocado un efecto de silenciamiento tal que los medios de comunicación del Estado de Tamaulipas no se atreven a publicar investigaciones o denuncias sobre crimen organizado o corrupción. A este respecto, resulta preocupante que los graves crímenes mencionados se hubieran dado a conocer días después de ocurridos por diarios extranjeros y organizaciones no gubernamentales y no por la prensa y las autoridades locales.
La capacidad criminal y el potencial corruptor del crimen organizado es una de las más graves amenazas a la libertad de expresión en la región. Por esta razón, la lucha contra el narcotráfico y las otras formas de criminalidad organizada debe necesariamente contemplar un componente reforzado para proteger la libertad de expresión. En particular, es urgente que el Estado adopte mecanismos permanentes de protección para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo, que federalice lo antes posible la competencia para investigar y juzgar estos crímenes y que fortalezca a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas. Asimismo, la cooperación bilateral y multilateral de todos los Estados concernidos debe enfocar parte importante de sus esfuerzos a la defensa de periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo recursos financieros para garantizar su protección, asistencia técnica para impulsar las investigaciones y solidaridad internacional en la acogida de los comunicadores o defensores que han debido desplazarse solos o con sus familias por causa de sus opiniones, denuncias o investigaciones.
La violencia del narcotráfico ha convertido a México en el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo. Al menos diez periodistas fueron asesinados en el 2009, mientras que este año cuatro periodistas habrían sido asesinados.
La Relatoría Especial recuerda que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".