Libertad de Expresión
8 - Capítulo VII - Consideraciones y Recomendaciones Finales
1. La libertad de expresión y el acceso a la información son fundamentales para las democracias del Hemisferio. Mediante el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, la sociedad en general puede evitar y prevenir el comportamiento impropio oficial.
2. La importancia de la libertad de expresión en nuestro Hemisferio fue reafirmada nuevamente en el año 2003. La Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana, aprobada por aclamación por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la OEA, reconoce que la democracia se fortalece mediante el respeto pleno de la libertad de expresión, el acceso a la información y la libre difusión de ideas, y que todos los sectores de la sociedad, incluidos los medios a través de la información que suministran a los ciudadanos, pueden contribuir a un ambiente de tolerancia de todas las opiniones, la promoción de una cultura de paz, y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Esta declaración sigue el derrotero adoptado desde su inicio en el proceso de Cumbres de las Américas y, en particular, el de la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en 2001.
3. El Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas estableció la necesidad de que los Estados aseguren que los periodistas y los líderes de opinión tengan la libertad de investigar y publicar sin miedo a represalias, acoso o acciones vengativas, incluyendo el mal uso de leyes contra la difamación.
4. No obstante, a pesar de la referencia constante a la necesidad de respetar y garantizar la libertad de expresión en el ámbito del Hemisferio, esta libertad no puede caracterizarse como plena y libre de trabas. Como resulta evidente en este informe, los actos de agresión y represalia por el ejercicio de esta libertad, incluidos los asesinatos y el uso indebido de las leyes contra la difamación para silenciar las críticas, continuaron durante el año 2003.
5. Diferentes estados actualmente estudian la posibilidad de promulgar leyes sobre libertad de información. Sin embargo, en forma contraria al año 2002, este año, ningún país promulgó leyes sobre este tema. Es pertinente observar que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su último período ordinario de sesiones aprobó la resolución AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03), la cual estipula que “los Estados tienen la obligación de respetar y hacer respetar el acceso a la información pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva”.
6. La mayoría de los países del Hemisferio aún tienen leyes de desacato (ofensas a funcionarios públicos). Sin embargo, a pesar de reiteradas recomendaciones al respecto, en 2003 solamente un estado derogó estas leyes. En numerosos países del Hemisferio hay una intención evidente de intimidar a los periodistas demandándolos ante los tribunales. Muchos funcionarios de gobierno o jerarcas públicos invocan las leyes penales sobre la calumnia, la injuria y la difamación de la misma forma que las leyes de desacato, con la misma intención de silenciar a los periodistas cuyos artículos periodísticos critican asuntos de interés público.
7. Como las áreas problemáticas contenidas en este informe – la seguridad de los periodistas, la existencia e invocación de leyes restrictivas, la carencia de procedimientos eficaces para obtener acceso a la información y la falta de canales efectivos para la participación de sectores socialmente excluidos o vulnerables – han sido causas de preocupación de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión desde su propio inicio, con el objeto de salvaguardar y fortalecer la libertad de expresión en el Hemisferio, el Relator para la Libertad de Expresión reitera las recomendaciones formuladas en informes anteriores:
a. Realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas de los asesinatos, secuestros, amenazas e intimidaciones a periodistas y demás trabajadores de medios de comunicación social.
b. Juzgar por tribunales independientes e imparciales a todos los responsables de los asesinatos y agresiones hacia los comunicadores sociales.
c. Condenar públicamente estos hechos en función de prevenir acciones que fomenten estos crímenes.
d. Promover la derogación de las leyes que consagran la figura de desacato ya que restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático y además son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
e. Promover la modificación de las leyes sobre difamación y calumnia criminal para que ellas no sean aplicadas en la misma forma que las leyes de desacato.
f. Promulgar leyes que permitan el acceso a la información y normas complementarias que regulen su ejercicio contemplando los estándares internacionales en dicha materia.
g. Promover políticas y prácticas efectivas que permitan la expresión y el acceso a la información y la participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño y en la toma de decisiones sobre políticas públicas.
h. Finalmente, el Relator Especial recomienda a los Estados Miembros que adecuen su legislación interna conforme a los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se de pleno cumplimiento a lo dispuesto por el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.
8. La Relatoría agradece a los diferentes Estados que han colaborado durante este año con la Oficina, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva por su constante apoyo. Por último, la Relatoría agradece a todos aquellos periodistas independientes y trabajadores de los medios de comunicación social que todos los días cumplen con la valiosa tarea de informar a la sociedad.