Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R218/22
Frente
a las graves denuncias sobre el cierre de espacios cívicos en Nicaragua, relatores de ONU y CIDH exhortan a
las autoridades a cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y
garantía de las libertades fundamentales
28 de
septiembre de 2022
Ginebra /
Washington D.C. - Frente al cierre y la
cooptación gubernamental de los espacios cívicos y de participación democrática
en Nicaragua, el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos a
la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
urgen al Estado a restablecer y hacer efectivo el pleno goce de los derechos
civiles y políticos, en especial la libertad de expresión, reunión pacífica y
asociación. Asimismo, llaman a la comunidad internacional a elevar su
compromiso para brindar respuestas de respaldo a las víctimas de la crisis de
derechos humanos.
Las
restricciones a las libertades fundamentales han llegado a un punto crítico en
Nicaragua. Las denuncias recibidas por los Relatores Especiales en el
transcurso de este año dan cuenta de que ya no existe espacio para las voces
críticas, en tanto la estrategia de censura del Gobierno se ha desplegado sostenidamente
sobre cualquier persona que intente cuestionarlo y sobre todos los ámbitos de
participación democrática disponibles. Desde abril de 2018, se han cancelado
más de 2.000 personerías jurídicas de entidades de la sociedad civil
–vinculadas a partidos políticos, espacios académicos y religiosos–.
El pasado mes de julio, expertas
y expertos de la ONU manifestaron su preocupación frente al cierre arbitrario de cientos de
organizaciones de la sociedad civil y advirtieron que representa "un claro
patrón de represión del espacio cívico". Asimismo, los atentados e
intromisiones ilegítimas a la libertad de los medios de comunicación es una
tendencia grave que ha escalado en los últimos cuatro años. Desde entonces, se han cerrado al menos 54 medios
de comunicación nacionales, y se mantiene la ocupación y confiscación de las
instalaciones de los medios 100% Noticias,
Confidencial y La Prensa. La estrategia de censura también se ha extendido a la
prensa internacional, creando un cerco que dificulta y evita que circule
información relevante sobre lo que sucede en el país: en los últimos años, el
Gobierno impidió el ingreso de periodistas de medios extranjeros en al menos
siete ocasiones, y sacó recientemente del aire la señal de CNN en Español, sin hacer públicas las razones de la decisión. En
su arremetida contra todas las formas de expresión independientes, las
autoridades también han prohibido procesiones religiosas; han impedido el ingreso
a territorio de académicos e investigadores; han presionado para censurar y
vetar a escritores; han expulsado del país a músicos; y han arrestado de forma
violenta a sacerdotes y otros líderes religiosos críticos.
Los
ataques, la persecución judicial y la activación de mecanismos de control y
vigilancia en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, actores de
la sociedad civil, académicos, estudiantes, integrantes de la Iglesia Católica,
partidos políticos y personas opositoras al gobierno no sólo representa una
violación manifiesta de los derechos humanos y los principios de un Estado de
Derecho, sino que además tiene un impacto humanitario. Actualmente, según la información
documentada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la
CIDH, la cifra de personas presas políticas se eleva a más de 200, muchas de
las cuales se encuentran en condiciones de insalubridad, sin acceso a atención
médica adecuada, sometidas a regímenes de confinamiento solitario e impedidos
de recibir visitas de sus familiares, entre otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes.
En
atención a los hechos relevados, los Relatores manifiestan su enérgico rechazo
y recuerdan lo siguiente:
Primero, el
Estado de Nicaragua debe cesar inmediatamente la persecución judicial a todas
las voces críticas, liberar a las personas presas por motivos políticos y garantizar una investigación rápida,
imparcial y exhaustiva sobre las denuncias de violaciones de los derechos
humanos, que asegure la rendición de cuentas de las personas responsables y la reparación
efectiva de las víctimas.
Las acciones perpetradas por las autoridades violan de forma directa los
derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y han
generado un notable efecto de autocensura en la ciudadanía nicaragüense, que
decide en muchos casos silenciarse por temor a ser blanco de represalias y para
proteger su integridad personal y la de sus familiares.
Segundo, las
autoridades deben abstenerse de utilizar la ley de forma arbitraria y
selectiva, y de aplicar prácticas gubernamentales abusivas, con el fin de
obstaculizar o restringir la participación ciudadana y la libertad de expresión,
reunión pacífica y asociación. El cierre y la cancelación masiva de
organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación pone en evidencia
la cooptación gubernamental del espacio cívico y la intención de consolidar la
narrativa oficial como el único discurso permitido, que se profundiza con
estrategias de propaganda oficial y presiones para que ésta sea replicada.
Tercero, los
Relatores exhortan al Estado de Nicaragua a garantizar la vida e integridad de
las personas privadas de la libertad, en irrestricto respeto a la dignidad
humana. Asimismo, piden a la comunidad internacional incrementar la observancia
de la situación de las personas presas políticas y a promover el cumplimiento
de sus derechos y libertades fundamentales, y a tomar medidas de apoyo
humanitario, acordes a la gravedad de las denuncias recibidas.
Cuarto, los
Relatores llaman a los Estados a ofrecer protección y asistencia humanitaria a
los distintos actores de la sociedad civil nicaragüense que se ven forzados al
exilio en el contexto de la crisis social, política y de derechos humanos. En
virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los
refugiados y del derecho internacional humanitario, los Estados están llamados
a abrir sus fronteras y a garantizar la entrada de emergencia en su territorio
a los actores de la sociedad civil que busquen protección internacional o
demuestren necesidades humanitarias urgentes, incluyendo el reconocimiento del
estatus de refugiado.
En el
marco de sus mandatos y funciones, los Relatores enfatizan su compromiso de
continuar promoviendo y defendiendo el restablecimiento de los derechos a la
libertad de reunión, asociación y expresión de la sociedad nicaragüense. Asimismo, manifiestan su disposición a visitar
el país y ofrecer su asesoramiento técnico. Finalmente, reiteran los llamados y recomendaciones realizados
en la Declaración
conjunta sobre la protección y el apoyo a la sociedad civil en riesgo (2021) y
la Declaración
Conjunta sobre la protección del derecho a la reunión pacífica en situaciones
de emergencia (2022), y aspiran a que el conjunto de
instrumentos internacionales y mecanismos multilaterales de derechos humanos puedan
contribuir al restablecimiento del Estado de Derecho en Nicaragua.
*Los
expertos: Clément Voule, Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la
libertad de reunión pacífica y de asociación; Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial
de la CIDH para la Libertad de Expresión
R218/22