Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R138/22
La RELE condena los asesinatos de los beneficiarios de medidas cautelares, el periodista Dom Phillips y el experto en pueblos indígenas Bruno Araújo Pereira en Brasil
18 de junio de 2022
Washington, D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los asesinatos del periodista Dom Phillips y del defensor y experto en pueblos indígenas Bruno Araújo Pereira en Brasil, ambos beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, y quienes fueron reportados como desaparecidos desde el 5 de junio de 2022 en el estado de Amazonas. La Relatoría Especial llama al Estado a continuar la investigación del caso de forma completa, efectiva e imparcial; a enjuiciar y sancionar a quienes resulten responsables, tomando en consideración la labor periodística y de defensa de derechos humanos como un posible móvil del crimen.
El 6 de junio de 2022, la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle del Javari (UNIVAJA) en el estado de Amazonas emitió una alerta sobre la desaparición de Dom Philips y de Bruno Araújo Pereira. De acuerdo con la información disponible, ambos se encontraban en un viaje de trabajo e investigación periodística relacionada con presuntas actividades ilegales de pesca y caza en dicha región. Asimismo, según información recibida, Dom Philips y Bruno habrían sido vistos por última vez el 5 de junio de 2022 en la comunidad São Rafael, mientras se encontraban en un barco rumbo al municipio de Atalaia do Norte para visitar al equipo de Vigilancia Indígena y realizar entrevistas. Al respecto, la RELE tomó conocimiento sobre reportes de organizaciones de la sociedad civil que advirtieron acerca de la demora de las autoridades estatales en el inicio de la búsqueda de Dom Philips y Bruno Pereira durante los primeros días de su desaparición, y urgió al Estado a tomar acciones inmediatas y coordinadas entre autoridades estatales y federales para dar con su paradero.
Dom Phillips era reconocido por su labor especializada en el cubrimiento de temas ambientales, de conflictos de tierra y de la situación de los pueblos indígenas en Brasil. Bruno Araújo Pereira era un reconocido experto en pueblos indígenas y acompañaba a Dom Phillips como guía y facilitador debido a su amplio conocimiento de la región. Bruno trabajaba como consultor jurídico de la União de los Pueblos Indígenas del Vale del Javari y según la información pública disponible, habría sido objeto de constantes amenazas por su trabajo.
La Relatoría Especial tomó conocimiento acerca de las algunas medidas impulsadas por el Estado a fin de dar con su paradero. entre las que se destacan la emisión de una orden de tutela el 8 de junio de 2022 por el 1º Juzgado Federal Civil de la Sección Judiciaria del Amazonas y el otorgamiento de medidas cautelares el 10 de junio de 2022, por parte del Ministro del Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. Por su parte, el 11 de junio la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor, tras considerar que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
La Relatoría también saluda la información aportada por el Estado referente a los esfuerzos realizados a fin de garantizar el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas y sigue avanzando en las investigaciones, bajo las debidas garantías procesales, para responsabilizar penalmente a todas las personas implicadas en la desaparición y asesinato de Dom Phillips y Bruno Pereira. Ahora bien, esta Oficina resalta que no recibió información o detalles concretos que ilustraran cuantitativa o cualitativamente respecto del aparato institucional desplegado en las búsquedas.
Respecto a las investigaciones iniciadas, el 16 de junio, la Policía Federal informó sobre el hallazgo de vestigios humanos en el área indicada por una de las personas considerada como posible autor material del crimen. El 17 y el 18 de junio la entidad confirmó, tras la realización de pericia biológica, que los cuerpos encontrados pertenecieran a los de Dom Phillips y Bruno Araújo Pereira.
No obstante, la RELE fue informada por organizaciones de la sociedad civil respecto a la presunta falta de transparencia en el despliegue institucional en el caso y la divulgación de información inconsistente y carente de claridad por parte de autoridades brasileñas en el marco de las búsquedas. En este sentido, la Relatoría Especial recuerda el especial deber de cuidado y la responsabilidad reforzada que tienen las y los funcionarios públicos al referirse a asuntos de elevada sensibilidad como el asesinato de personas que contribuyen a la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión.
Asimismo, la Relatoría Especial conoció sobre la detención de tres presuntos responsables, el 5 de junio, el 14 de junio y el 17 de junio en Atalaia do Norte. Al menos dos de ellos habría confesado su participación en el desaparecimiento de Dom Phillips y Bruno Pereira. Al respecto, esta Oficina reitera que el asesinato de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es la forma más extrema de censura. La CIDH y su RELE instan al Estado brasileño a implementar los esfuerzos necesarios para investigar de manera rápida, efectiva y exhaustiva los hechos, tomando en consideración la labor que ejercían Dom Phillips y Bruno Pereira como móviles del crimen, y garantizar la sanción de todas las personas responsables, así como a reparar integralmente a las víctimas y familiares.
Por otro lado, la RELE recibió con preocupación la información sobre pronunciamientos públicos emitidos por parte de altas autoridades del Estado, calificando las activades legitimas de las victimas como una aventura no recomendable en una región salvaje, pese a que el Estado brasileño haya consignado que reconoce y valora el rol desempeñado por las y los defensores derechos humanos, la Relatoría nota que los tipos de manifestaciones señaladas y provenientes de representantes estatales, en particular de las más altas autoridades del Estado, puede enviar un mensaje revictimizante, lo que no resulta pertinente en una situación tan compleja como la del presente caso. Ello en razón que las más altas autoridades, en situaciones como estas, están llamadas a centrar sus esfuerzos en la garantía de los derechos humanos involucrados y liderar e informar sobre los avances de investigaciones y en el combate a la impunidad. Sus voces son trascendentales para rechazar la violencia contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos.
Los asesinatos de Dom Phillips y Bruno Pereira se enmarcan en un contexto de violencia agudizada en contra de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales en la región amazónica, tal como se reconoció en el informe de país de 2021 sobre la Situación de derechos humanos en Brasil. En este sentido, la RELE reafirma su preocupación ante el efecto silenciador y de autocensura que genera el clima de violencia e impunidad en contra personas periodistas, defensoras y comunicadoras. Por ello, instan al Estado a reforzar las medidas para la implementación efectiva e integral de las medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, así como de personas periodistas que reportan sobre el tema. Según la información brindada por el Estado, actualmente más de 540 personas defensoras de derechos humanos en todo el país son beneficiarias de medidas de protección, siendo parte considerable de ellas actúan junto de comunidades indígenas y tradicionales en Amazonia. La RELE destaca la importancia particular de garantizarse que las medidas de protección incluían quienes se encuentren en las áreas rurales y alejadas de los centros urbanos, y de adoptar medidas positivas que fomenten una cultura de derechos humanos y un ambiente libre de violencia y amenazas.
Finalmente, esta Oficina reitera el llamado de la Relatoría Especial para Derechos Económicos, Sociales y Ambientales y urge al Brasil que avance en la ratificación el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Ello se sumaría a otros esfuerzos de políticas públicas ya existentes en la materia, como el actual reconocimiento formal del rol de defesa de los derechos humanos por personas que actúan para la defensa del medio ambiente, en el marco del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (Decreto 9.937 de 2019).
La CIDH y su RELE continuarán monitoreando los avances de las investigaciones y tomando en cuenta con especial consideración, el llamado de la MC 449-22 a que el Estado informe acerca de las acciones adoptadas a fin de investigar con la debida diligencia los presuntos hechos que dieron lugar a la medida cautelar y así evitar su repetición.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
R138/22