En este momento, los países de la región se encuentran en pleno proceso de transición de la televisión analógica hacia la digital, mientras otros recién lo están iniciando. Más allá de las cuestiones sobre el estándar técnico elegido por cada país, este proceso representa una oportunidad para garantizar la libertad de expresión en la región.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión elaboró un informe temático en el que presenta los principios generales de protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el marco de esta transición. A través de este documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pone a disposición de los Estados y de la sociedad civil herramientas y recomendaciones para garantizar la diversidad de medios, el pluralismo de informaciones y opiniones, y el acceso universal a ideas de toda índole.
Lea en el informeLa libertad de expresión es un derecho fundamental y un componente básico de cualquier sociedad democrática. La libertad de expresión es conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan hacerlo plenamente.
Uno de los objetivos del proceso de implementación de la televisión digital debería ser lograr un sistema de medios televisivo más diverso y plural que el existente con las tecnologías analógicas.
La libertad de expresión y la diversidad deben ser principios rectores de la regulación de la radiodifusión.
Una apertura a nuevos operadores permite disponer de mayor diversidad de voces desde el encendido digital, a la vez que significa un estímulo directo para un más rápido y eficiente despliegue de la nueva tecnología en todo el territorio.
La digitalización de la radiodifusión permitirá contar con más señales de televisión. Pero ello no se traduce necesariamente en mayor diversidad si producen más de lo mismo.
La televisión de servicio público debe contribuir a la pluralidad en los contenidos.
Su mandato incluye el fortalecimiento de la democracia, la construcción de ciudadanía, el fomento del pluralismo político y cultural, el suministro información confiable pluralista y equilibrada, y el suministro de programas educativos, culturales y de entretenimiento para todos los miembros de la sociedad.
Una de las medidas para promover la diversidad y el pluralismo en los medios es el reconocimiento expreso de tres sectores en la radiodifusión -comercial, público y comunitario- y la reserva de parte del espectro destinado a la televisión digital para las iniciativas comunitarias y otras sin fines de lucro.
Los diferentes tipos de medios de comunicación (comercial, público y comunitario), así como los que tienen diferente alcance (local, nacional, regional o internacional) contribuyen a la diversidad de voces.
Los Estados deben regular e intervenir activamente para evitar la concentración de propiedad en el sector de los medios de comunicación.
En países con altos niveles de concentración, habilitar la entrada de nuevos operadores no es suficiente para garantizar un entorno plural y diverso. Es necesario adoptar medidas que limiten y disminuyan la concentración de la propiedad de los medios.
Si los medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está creando una sociedad en donde un reducido número de personas, o sólo una, ejercen el control sobre la información, y, directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia.
El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad que los Estados tienen el deber de administrar de manera eficiente y equitativa, en tanto se trata de un recurso limitado y que sirve como soporte para el ejercicio de la libertad de expresión e información a través de medios de comunicación audiovisuales.
La CIDH y la Relatoría Especial han reconocido este rol regulador del Estado como administrador del espectro.
El derecho a la libertad de expresión exige que los Estados adopten medidas para garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad y no discriminación. Esto incluye el deber de remover los obstáculos que impiden que ciertos sectores sociales puedan acceder a los medios de comunicación y, al mismo tiempo, promover activamente la inserción de grupos desfavorecidos o actualmente marginados.
Como resultado de la digitalización de las emisiones analógicas de radiodifusión, éstas se comprimen y usan una menor cantidad de espectro o ancho de banda para transmitir la misma calidad de audio y video que una señal de televisión analógica actual y, por tanto, producen un significativo ahorro de espacio.
Las decisiones técnicas que toman los gobiernos y los organismos reguladores en estos temas tienen impacto en la libertad de expresión, en tanto limitan o potencian la diversidad en la televisión.
La reasignación general del espectro liberado por la desconexión analógica (el dividendo digital) debe tener en cuenta las siguientes consideraciones dirigidas a promover la diversidad en la radiodifusión:
Los Estados deberían considerar la necesidad y viabilidad de una red de transmisión de las señales de televisión digital abierta a nivel nacional.
Los diferentes tipos de medios de comunicación (comerciales, públicos y comunitarios) deben ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo a, todas las plataformas de transmisión disponibles.
El modelo conocido como must-carry debería considerarse como otro mecanismo para reducir posiciones dominantes. Este permite el transporte de señales y contenidos en favor de emisoras públicas, comunitarias o comerciales que no tienen acceso propio a equipos y redes de transmisión.
Los medios de radiodifusión comunitarios, incluida la televisión, cumplen en nuestra región una función fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y al acceso a la información.
Los Estados no solamente tienen la obligación de reconocer legalmente a la televisión comunitaria sino también la de adoptar medidas positivas para incluirla en los medios de comunicación, y asegurarle condiciones básicas de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo.
Los Estados podrían considerar la aprobación de fondos públicos para apoyar el acceso a la infraestructura necesaria para emitir señales digitales, estímulos fiscales o apertura de créditos accesibles y el establecimiento de reglas de must-carry para que operadores de televisión paga deban transportar las señales comunitarias, a precios accesibles y no discriminatorios.
Los Estados deben asegurar el rol fundamental de la televisión pública en el nuevo entorno digital.
La televisión de servicio público difiere en su propósito de la televisión puramente comercial o de fines propagandísticos, ya que opera independientemente de aquellos que manejan el poder económico o político. El rol de la televisión pública es promover los valores de una sociedad democrática y en particular el respeto por los derechos humanos, el pluralismo cultural y político y la protección de la dignidad humana y derechos de las minorías.
Para este fin, como ya lo ha reiterado la Relatoría Especial, la televisión pública debe tener acceso universal.
El mandato de la radio y la televisión de servicio público deben estar claramente establecidos en una ley, la cual debería asegurar (i) el carácter no gubernamental o independiente del sistema de medios públicos, (ii) los aspectos vinculados con la programación orientada al interés público, (iii) la gratuidad, (iv) la cobertura en todo el territorio del Estado, y (v) la forma de su financiamiento.
Para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función deben ser independientes del Poder Ejecutivo y verdaderamente pluralistas; universalmente accesibles; con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley; y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos.
La televisión abierta es un servicio esencial que debe ser universalizado y cuya recepción debe ser garantizada a toda la población, en particular a las personas con menos recursos económicos y de zonas alejadas de los centros urbanos.
Como principio general, la transición a la televisión digital debería permitir que continúe la prestación de los servicios de transmisión de radiodifusión que existen hasta este momento.
Las personas deben seguir teniendo acceso a los servicios de televisión analógica hasta la concreción del apagón mientras obtienen receptores de señales digitales.
Los Estados deben incluir medidas apropiadas como la creación de fondos públicos, estímulos fiscales, subsidios totales o parciales a familias de sectores vulnerables u otras medidas para promover el acceso a los receptores de televisión digital. Al menos el sistema de televisión pública debe tener alcance en todo el territorio del Estado a fin de garantizar los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación en función de las condiciones sociales, económicas o geográficas.
La nueva tecnología digital facilita el uso de dispositivos, servicios y aplicaciones que hacen accesibles los contenidos audiovisuales a las personas con discapacidades auditivas y visuales.
Los Estados deberían incluir regulaciones y estímulos para que la televisión pública digital pueda ser inclusiva y accesible para todas las personas a través de los diversos medios tecnológicos.
Durante el proceso de transición, los Estados deben crear y mantener un programa público y multidisciplinario de contacto educativo, a fin de asegurar que los usuarios están al tanto del proceso y cuenten con conocimientos técnicos básicos que les permitan estar preparados.
La digitalización de la televisión presenta desafíos normativos que no siempre están correctamente resueltos en los marcos legales de radiodifusión analógica y por eso puede ser necesaria una revisión de la legislación vigente.
La regulación estatal sobre radiodifusión en general, y sobre televisión digital en particular, debería tener como uno de sus objetivos garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como garantizar el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas.
Las normas y planes de transición digital deben elaborarse bajo el escrutinio público, con participación de la sociedad civil. De esta forma se garantiza el pluralismo en los servicios de televisión, el acceso público a una amplia variedad de programas, y la protección de los intereses de la población, en particular de las minorías y grupos vulnerables.
Según ha sido interpretado por la jurisprudencia interamericana, el artículo 13.2 de la Convención Americana exige el cumplimiento de las siguientes tres condiciones básicas para que una limitación al derecho a la libertad de expresión sea admisible.