Palabras de la Comisionada Antonia Urrejola

Palabras de la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Consejo Permanente de la OEA

Washington, D.C., 22 de junio de 2018

 

Señor Embajador Andrés González Díaz, Presidente del Consejo Permanente;

Señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

Señor Dennis Moncada Colindres, Canciller de la Republica de Nicaragua

Señor Gonzalo Koncke, Jefe de Gabinete del Secretario General;

Representantes Permanentes y Alternos de Estados Miembros y Observadores;

Representantes de la Sociedad Civil;

Señoras y señores:

 

El informe que hoy presento aborda la situación de derechos humanos en Nicaragua observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita de trabajo realizada al país del 17 al 21 de mayo de 2018, en relación con los actos de violencia ocurridos a partir de la represión a las protestas que se iniciaron el 18 de abril de 2018 y nuevos hechos monitoreados durante las semanas siguientes. Según cifras relevadas por la CIDH, en el contexto de las protestas sociales hasta el 19 de junio pasado, al menos, 212 personas han perdido la vida. Por otra parte, hasta el 6 de junio, de conformidad con los datos suministrados por el Estado, 1.337 personas resultaron heridas y 507 personas estuvieron privadas de la libertad. Asimismo, cientos de personas han estado en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación.

En relación con los hechos que dieron origen a las protestas, en el informe se identifica el incendio en la reserva natural de Indio-Maíz como un antecedente; y como catalizador de la situación, el hecho de que el 16 de abril el gobierno publicara en el Diario Oficial una reforma a la seguridad social que incrementó los aportes de trabajadores y empleadores y que también estableció una detracción del 5% de los pensionados. Lo anterior, sumado a la dispersión de una manifestación de personas adultas mayores, produjo protestas generalizadas lideradas por grupos de estudiantes y jóvenes, así como también sectores de trabajadores, campesinos, ambientalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y ciudadanos en general. Sin perjuicio de que cinco días después el gobierno retiró la reforma al sistema de seguridad social, las protestas continuaron y se extendieron debido al descontento de amplios sectores de la sociedad con el gobierno. Posteriormente, la falta de reconocimiento y condena del gobierno en relación con la represión desatada también produjo una mayor indignación. Los incidentes se registraron en la ciudad de Managua, León, Estelí, Matagalpa, Masaya, Sébaco y Jinotega, entre otros.

La respuesta represiva también incluyó medidas de censura contra la prensa, el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en Internet, como represalia por su cobertura de las protestas, que nunca pueden ser justificadas y constituyen una forma de censura inadmisible en un sistema democrático. Según información recibida, el 18 de abril, se suspendieron las transmisiones de Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte y Canal 51, este último de la Conferencia Episcopal. El canal 100% Noticias estuvo 6 días sin transmisión; y el 23 de abril, la edición digital del semanario Confidencial sufrió un bloqueo durante siete horas. El periodista Ángel Gahona fue asesinado el 21 de abril en Bluefields mientras cubría los disturbios.

Asimismo, el 20 de abril se desató en Managua una represión encabezada por fuerzas policiales y grupos motorizados que abrieron fuego e incendiaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Otro grupo de testimonios apuntan a que cientos de estudiantes habrían sido atacados en la explanada de la Catedral por decenas de agentes antimotines que habrían actuado en forma coordinada con grupos violentos irregulares. Estudiantes, familiares, personas que colaboraban y periodistas habrían sido agredidos, por lo que decidieron refugiarse en el interior de la Catedral. De acuerdo a decenas de relatos, un número de aproximadamente 600 personas ingresaron a este recinto en el cual permanecieron toda la noche rodeados, y en donde encontraron la protección de sacerdotes de la Iglesia Católica.

Por otra parte, se tiene información de que en algunos casos los manifestantes hicieron uso de morteros caseros con pólvora, piedras y hondas.

En sus observaciones al informe de la CIDH, el gobierno afirma que existen grupos vandálicos y criminales que operan en el marco de las protestas y tomas de universidades, y que han ocasionado daños a bienes públicos y privados. Así por ejemplo, en la ciudad de León los estudios de Radio Darío, que transmitía las protestas fueron incendiados por completo y dos de los atacantes perdieron la vida al tomar fuego el combustible que transportaban. En la misma ciudad también fue incendiado el Centro Universitario (CUUN), en los hechos perdió la vida una persona. También se recibió información sobre ataques de terceros armados a parroquias de la Iglesia Católica, como por ejemplo las parroquias de Matiguás y Sébaco.

La CIDH también documentó un patrón de detenciones masivas y arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas, en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes. Según datos aportados por el Estado, 438 personas fueron aprehendidas mediante el uso de la fuerza y llevadas a unidades de policía, como El Chipote, de las cuales 209 fueron trasladadas a la Cárcel Modelo de Tipitapa, tras dos días de incomunicación y las restantes puestos en libertad. En muchos de los casos, los detenidos habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención. Dentro de las denuncias recibidas se destacan aquellas de víctimas que alegan haber sido objeto de golpes, insultos o bien no haber recibido alimentos y una escasa provisión de agua. Las personas que se acercaron a la CIDH también presentaron quejas respecto al trato en el centro La Modelo, por haber sido rasurados, esposados y sometidos a golpes y llaves asfixiantes. En algunos de los casos, denunciaron haber perdido todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos celulares que quedaron en manos de los agentes estatales. Durante tres días de detención no fueron puestos a disposición de un juez, ni se comunicaron con los familiares.

Durante la visita, la Comisión pudo apreciar que los manifestantes, incluyendo los estudiantes universitarios que se refugiaron en las universidades, las personas que resguardan los llamados tranques en diferentes partes del país, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas y religiosos, constituyen los grupos más afectados por las diversas formas de represión a las que ha recurrido el Estado.

Las autoridades nicaragüenses han invocado el mantenimiento del orden público y la paz social como justificación de su actuación. Sin embargo, la CIDH advierte que la magnitud de la violencia estatal y el tipo de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio público y reprimir los reclamos sociales y no de meros actos ilegales de algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad. En efecto, la información recibida da cuenta de un patrón a través del cual agentes estatales, principalmente agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y de sus fuerzas antimotines, grupos parapoliciales y terceros armados actuando en aquiescencia con la policía, han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social de los manifestantes.

En el informe, la Comisión observa que este patrón se ha desarrollado a través del uso excesivo y arbitrario de la fuerza, incluyendo el uso de la fuerza letal, el cual se ha realizado de manera deliberada por parte de los actores antes mencionados. La CIDH advierte que la respuesta del Estado a las manifestaciones habría atravesado diferentes etapas y niveles de intensidad. De acuerdo con la información recabada por la CIDH, el 18 de abril de 2018, el primer día de las protestas, la respuesta del Estado empezó a caracterizarse por el uso excesivo de la fuerza, principalmente, a través del empleo de armas menos letales, tales como gases lacrimógenos, balas de goma y perdigones por parte de la Policía Nacional y fuerzas antimotines para disolver protestas y manifestaciones en diferentes lugares del país. Ante la continuidad de las protestas, entre el 19 y 22 de abril, el Estado habría activado una estrategia represiva más agresiva en contra de los manifestantes e incluso en contra de personas que no participaban en las protestas.

En particular, la CIDH observa en el informe el alto grado de represión ejercido por agentes antimotines contra las manifestaciones de estudiantes ubicadas en las universidades, entre ellas, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad Centroamericana y la Universidad Politécnica (UPOLI). Por ejemplo, en ataques a la UPOLI llevados a cabo el 10 y 16 de mayo, la CIDH fue informada que la Policía Nacional habría utilizado balas de goma y armas de fuego, mientras que en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, los líderes estudiantiles denunciaron ataques contra los estudiantes por parte de tropas antimotines de la Policía y que grupos parapoliciales mantenían sitiada la sede de dicha universidad. Durante la visita la CIDH observó directamente los resultados de un ataque a los estudiantes de la UNA.

Varios testimonios hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional y en Matagalpa, como otro medio de represión de las protestas. La CIDH visitó distintos hospitales en Managua, León y Matagalpa, así como el Instituto de Medicina Legal; asimismo entrevistó a varios médicos voluntarios quienes informaron acerca de un patrón de heridos por armas de fuego la mayoría de los cuales presentaron impactos de bala específicamente en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax. Asimismo, la CIDH recibió información acerca de personas gravemente heridas por la espalda con armas de fuego. La mecánica y trayectoria de los disparos indicarían usos arbitrarios de la fuerza letal o la existencia de ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con las autopsias analizadas por la CIDH, los orificios de entrada de los proyectiles, en múltiples casos, estaban localizados en zonas vitales del cuerpo, lo cual señalaría la intencionalidad fatal de los disparos. La Comisión considera que derivado de los principios generales de necesidad y proporcionalidad, no existen supuestos que habiliten el uso de la fuerza letal para disolver una protesta o manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud.

La CIDH llama la atención de que de las 212 personas asesinadas, en su mayoría de trata de jóvenes. La CIDH recibió con consternación el testimonio de los familiares de algunos de los 16 niños y adolescentes que murieron de forma violenta en el contexto de la represión a las manifestaciones, 5 de los cuales habrían presentado impactos de bala en la cabeza, cuello y tórax. En el informe, la Comisión subrayó que es deber del Estado nicaragüense poner en práctica todas las medidas necesarias para evitar cualquier abuso o exceso contra los derechos de los niños y niñas por parte de sus agentes o terceros. Asimismo, identificó que 66 de las personas fallecidas en el marco de las protestas tenían entre 18 y 25 años de edad.

La CIDH considera que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público. Sólo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza. Nicaragua debe implementar en forma inmediata mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas. La Comisión ha considerado que la prohibición de portar armas de fuego y munición de plomo por parte de funcionarios que pudieran entrar en contacto con manifestantes se ha probado como la mejor medida de prevención de la violencia letal y la ocurrencia de muertes en contextos de protestas sociales. La CIDH reitera que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas en los operativos de control de las protestas sociales y de todo funcionario policial que pudiera entrar en contacto con la manifestación.

Grupos parapoliciales y de terceros armados

El análisis de los testimonios, diversas fuentes de información, así como fotografías recibidas por la Comisión, evidencian que desde el inicio de las protestas ha existido participación de grupos de terceros armados, también conocidos como grupos parapoliciales, quienes han realizado acciones violentas para amedrentar, vigilar y reprimir. De la información que dispone la Comisión se desprende que en muchos de estos casos dichos grupos actúan por instrucciones, o coordinación o con aquiescencia o bajo la tolerancia de la misma Policía Nacional, o incluso que son organizados, armados y accionan por instrucciones de alcaldes locales o de secretarios políticos barriales. En el informe la CIDH reitera que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de no permitir la existencia de grupos de terceros represivos, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras estatales y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho.

Atención médica y derecho a la salud de personas heridas y lesionadas

Por otra parte, la CIDH recibió con preocupación extensa información y denuncias sobre irregularidades y denegación de atención médica y obstaculización de la labor humanitaria para asistir a las personas heridas y lesionadas en el marco de los actos de violencia acaecidos en el país desde el 18 de abril de 2018. Las restricciones denunciadas para la atención de salud durante las protestas abarcaron no solo obstáculos dentro de los hospitales. Además, se recibió información sobre órdenes de restringir la salida y el tránsito de ambulancias y el trabajo de personal de asistencia humanitaria como bomberos, personal de la Cruz Roja, así como de personal médico, paramédico, estudiantes de medicina y personas voluntarias.

También se identificaron numerosos casos en los que las personas no acudieron a los centros de salud estatales por desconfianza o temor a sufrir represalias, quedando sin asistencia médica o recurriendo a hospitales privados, centros de salud improvisados o a través de médicos voluntarios, bomberos y estudiantes de medicina, entre otros. Según testimonios recibidos e información pública, incluso escuelas, casas particulares y parroquias fueron acondicionadas para recibir personas heridas.

Detenciones arbitrarias

Asimismo, la CIDH documentó la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas– en perjuicio principalmente de personas que se manifestaban pacíficamente, o transitaban en vías públicas en la zona de los incidentes. Según datos obtenidos, hasta la fecha del presente informe han sido detenidas al menos 507 personas, de las cuales 421 corresponde a detenciones de jóvenes y adolescentes. En su mayoría, estas detenciones se habrían realizado mediante el uso arbitrario y desproporcional de la fuerza, y no se basaron en los motivos previstos en la ley ni cumplieron las formalidades previstas en la misma.

La CIDH también recibió múltiples testimonios que muestran que la mayoría de las personas detenidas en el marco de las protestas iniciadas desde el 18 de abril, habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, llegando en algunos casos dichos tratos a alcanzar el umbral de tortura, durante el momento de su aprehensión y mientras se encontraban privadas de libertad. En particular, información al alcance de la Comisión indica que durante la privación de libertad en los respectivos centros de detención –principalmente, “El Chipote” y “La Modelo”– así como en sus traslados, las personas detenidas fueron objeto de golpes y amenazas. Según revelan los testimonios, los agentes de seguridad amenazaban a las personas detenidas de muerte, así como de agredirlos a ellos y a sus familias. La CIDH recibió denuncias sobre la situación de incomunicación en que se encontraban las personas detenidas, al no permitírseles tener contacto con sus familiares ni representación legal.

Protección de defensoras y defensores de derechos humanos

Decenas de testimonios recolectados por la CIDH dan cuenta de ataques, actos de intimidación, amenazas, incluidas amenazas de muerte, y campañas de desprestigio en contra de jóvenes manifestantes, líderes estudiantiles, personas defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas y religiosos en el país. En este sentido, la Comisión observa que varias personas defensoras de derechos humanos han sido identificadas y agredidas en el marco de las protestas, además de señaladas e individualizadas por apoyar las manifestaciones. Todo esto ha llevado a la Comisión a concluir que en Nicaragua las personas defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos se encuentran en una situación de grave riesgo. En razón de ello, la CIDH ha solicitado al Estado nicaragüense adoptar de forma inmediata medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de a lo menos 30 personas hasta la fecha.

La CIDH reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las personas defensoras, no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra su papel fundamental en la sociedad. La Comisión recuerda al Estado de Nicaragua, que debe garantizar en todas las circunstancias, que defensoras y defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de defensa de los derechos humanos, libres de cualquier restricción y sin temor a sufrir represalias. El Estado debe diseñar e implementar una política de protección integral para defensores de derechos humanos, que atienda los factores de riesgo específicos del país.

La Comisión además recibió testimonios sobre trabajadores estatales de diferentes instituciones que denuncian haber sido coaccionados a participar en actos a favor del gobierno bajo amenaza de ser despedidos o que han sido despedidos bajo “órdenes superiores” por haber apoyado las protestas. Algunos trabajadores indicaron que el gobierno ha ordenado el monitoreo de sus perfiles de redes sociales con el objeto de reportar a quienes difunden mensajes o información percibida como contraria a los intereses gubernamentales.

La CIDH advirtió que la respuesta estatal también incluyó la difusión de propaganda y campañas de estigmatización. Desde el inicio de las protestas, se han difundido informaciones en la que se desconoce las reivindicaciones de las protestas, se excluye cualquier información sobre la represión policial y se acusa a quienes protestan, especialmente a jóvenes que organizan cortes de ruta, de “delincuentes” o “vándalos” que cometen “actos terroristas y de crimen organizado” y causar “caos, dolor y muerte” en el país y violar el derecho al trabajo de las familias nicaragüenses.

De igual forma, durante la visita y con posterioridad a la misma, la CIDH ha observado que el Estado ha adoptado medidas de censura directa e indirecta que restringen el acceso integral a la información sobre lo que está sucediendo en el país. Algunos medios de comunicación o sus periodistas enfrentan obstáculos para realizar sus labores, especialmente los medios de comunicación independientes. Durante las manifestaciones algunos medios fueron sacados del aire, un periodista fue asesinado y otros fueron heridos.

En el contexto de esta crisis, la CIDH también recibió testimonios e información relativa a daños a bienes muebles e inmuebles de personas individuales, quema de propiedades, robos, saqueos, usurpación de vivienda, hostigamientos y amenazas de daños a propiedades, entre otros.

Acceso a la Justicia

Existe un reclamo de víctimas, familiares y la sociedad civil respecto a la falta de una intervención oportuna, independiente y no revictimizante del Ministerio Público para esclarecer los graves hechos de violencia registrados. Por otro lado, algunas de las investigaciones adelantadas, como la referida al asesinato del periodista Ángel Gahona en la que se imputaron a dos presuntos autores materiales, han sido cuestionadas por los familiares de las víctimas. En tanto, tres madres se presentaron ante la CIDH para denunciar que sus hijos habrían sido imputados por el asesinato de una persona durante un saqueo, sin pruebas suficientes y que habrían sido víctimas de tratos crueles.

La Comisión recibió documentación sobre los heridos atendidos en hospitales y los cadáveres recibidos en el Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, observó casos en donde el registro careció de estándares forenses que permitan esclarecer los hechos de violencia de manera completa y eficaz. En el ámbito del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y en hospitales públicos, la CIDH identificó como patrón que no se documentaron fehacientemente las circunstancias en las que se produjeron las causas de las muertes y lesiones producidas a manifestantes. La CIDH recibió denuncias de que en más de una decena de casos los hospitales públicos que recibieron personas muertas en estos contextos no realizaron autopsias, tampoco fueron trasladados los cuerpos al Instituto de Medicina Legal una vez constatada la muerte para que se practicara la debida autopsia. Por otra parte, el Estado informó que en muchos casos los familiares se opusieron a que se realizara la autopsia. De acuerdo a los documentos a los que accedió la Comisión, en algunos casos se le requirió a los familiares firmar un texto en el que solicitaban la entrega del cuerpo sin realizar estas diligencias indispensables para alcanzar la justicia. La Comisión nota que el Estado tiene la obligación de realizar los estudios y autopsias necesarios para la investigación completa de estos hechos de violencia que además pueden suponer graves violaciones a los derechos humanos.

En el informe la Comisión registró con preocupación que decenas de víctimas, familiares y representantes de la sociedad civil expresaran profunda desconfianza en las instituciones encargadas de llevar a cabo la investigación y sanción por estos crímenes. La Comisión advierte que los familiares de las víctimas tenían temor a presentar denuncias ante la Policía Nacional puesto que se sentían intimidadas a sufrir represalias por esta institución.

Violencia social

La CIDH identifica que hay una creciente violencia social en el país. La tensión y la reacción al ambiente de injusticia y desprotección por parte de los actores estatales están generando acciones que exceden los límites de las protestas pacíficas. Sectores sociales afines al gobierno y agentes estatales a su vez también han sido objeto de represalias y hostigamientos. De acuerdo con los datos suministrados por el Estado, entre el 18 de abril y 6 de junio de 2018, al menos 5 policías han perdido la vida y 65 han resultado lesionados en el contexto de las protestas. La Comisión igualmente reprueba estas acciones que atentan contra la vida y la integridad de las personas, las cuales deben ser investigadas y sancionadas. Adicionalmente, en el informe se hace referencia a un centenar hechos de violencia reportados por el Estado, se encuentran 40 sucesos de quema o daño de instalaciones a propiedades gubernamentales; 29 secuestros, en su mayoría de miembros de las fuerzas policiales o personal trabajando para entidades gubernamentales locales; 33 robos a propiedades gubernamentales, principalmente de vehículos como camionetas y motocicletas; 17 asesinatos o muertes violentas a individuos ligados al gobierno y al FSLN, siendo la mayor parte de estos causado por heridas de armas de fuego; y 13 ataques a funcionarios públicos.

La CIDH condena el recrudecimiento de la violencia observado en las últimas semanas y reitera su llamado al cese inmediato de la represión. Asimismo, urge al Estado de Nicaragua a alcanzar una solución constitucional, democrática y pacífica a esta crisis de derechos humanos. Los actos de violencia deben ser investigados de manera inmediata, con autonomía, independencia e imparcialidad, y en estricto apego a las normas y los estándares internacionales sobre seriedad, minuciosidad y debida diligencia, para asegurar el derecho a la verdad y a la justicia. En este contexto, la CIDH reitera al Estado las recomendaciones establecidas en sus Observaciones Preliminares a la visita de trabajo realizada y establece una serie de recomendaciones adicionales.

Recomendaciones

En ejercicio de su mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos en el hemisferio, la Comisión reiteró en su informe final las 15 recomendaciones formuladas en sus observaciones preliminares al Estado nicaragüense. Entre las recomendaciones formuladas, el Estado de Nicaragua a la fecha ha acogido las siguientes:

a. la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos conocido como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, (GIEI). El GIEI estará instalándose en el Estado de Nicaragua el próximo 3 de julio; b. la apertura al escrutinio internacional, facilitando la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas. Tenemos información que Naciones Unidas visitará el Estado la próxima semana; c. y finalmente, acogió la creación de un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones. Este domingo llegará un equipo de avanzada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión al País.

Valoramos la disposición del Estado en esta materia. Al mismo tiempo, la CIDH reitera su llamado al cese inmediato de la represión. Asimismo, urge que todos los actos de violencia sean investigados de manera inmediata, con autonomía e independencia, y en estricto apego a las normas y los estándares internacionales sobre la materia para asegurar el derecho a la verdad. De igual forma, tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar una reparación adecuada a las víctimas y sus familiares, de conformidad con los estándares internacionales.

En circunstancias de crisis política y conflictividad social como la que vive Nicaragua, es indispensable generar las condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto a los derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política. Esto implica asegurar que la respuesta estatal a las manifestaciones y expresiones de disenso, incluida los cortes de ruta y tomas de edificios universitarios, se realice bajo un enfoque de gestión que privilegie la comunicación, la cooperación y el intercambio de información por encima de la intensificación del uso de la fuerza policial y otras medidas coercitivas. Al tiempo que la CIDH condena el uso de medios violentos y vejatorios por parte de un grupo de manifestantes hacia sectores afines al gobierno, la Comisión urge al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar que la actuación de sus autoridades se realice con arreglo a las normas y estándares internacionales en esta materia y esté siempre dirigida a reducir la conflictividad social y facilitar el diálogo. En esa medida, la CIDH llama a continuar con las negociaciones en el marco de la Mesa Nacional de Diálogo con el fin de alcanzar una solución pacífica a esta grave crisis de derechos humanos.

Por último, la CIDH reitera que el presente informe representa un punto de partida del trabajo del GIEI, enfocando en la determinación técnica de las principales líneas de investigación así como en el establecimiento de las recomendaciones de acciones particulares que deben ser realizadas en los distintos niveles de responsabilidad jurídica. Asimismo, recuerda que este informe sirve de base para la instalación del MESENI, mecanismo que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones derivadas de informes y a las medidas cautelares otorgadas en este contexto, y que permitirá mantener el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Para cerrar, reitero el agradecimiento de la CIDH al Estado de Nicaragua la invitación a realizar esta visita, así como el apoyo de la sociedad civil para concretarla. La Comisión agradece toda la información suministrada por las autoridades estatales y las facilidades logísticas que le fueron brindadas.

La Comisión quiere agradecer especialmente a centenas de víctimas, testigos, familiares, colectivos y organizaciones que rindieron sus testimonios, denuncias, y brindaron información detalladas sobre los hechos en un ambiente complejo que exigió de su parte actos de coraje y compromiso con la justicia. En memoria de las 212 víctimas fallecidas, nuestro Informe va acompañado de un anexo con el nombre de cada una de ellas.

Quisiera también agradecer el apoyo que el Secretario General de la OEA, Don Luís Almagro, le ha dado a la Comisión para poder ejercer su labor en Nicaragua y también el apoyo que el Presidente del Consejo Permanente, Embajador Andrés Gonzáles, nos ha dado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera una vez más su compromiso de dar cumplimiento integral a su mandato de protección a las víctimas y sus familiares; así como de observar la situación de los derechos humanos en las Américas.

Teniendo en cuenta el doloroso pasado que afectó a la sociedad nicaragüense y el compromiso histórico con su no repetición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confía en la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional para la grave crisis política y de Derechos Humanos que vive el país; y toma nota de la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo. La condición imprescindible para cualquier solución pasa por el compromiso con la verdad, garantías para las investigaciones y justicia efectiva, así como la debida reparación para todas las víctimas y sus familiares. La CIDH reitera su absoluta disponibilidad para continuar aportando en este proceso.

Muchas gracias.