Palabras del Secretario Ejecutivo de la CIDH

Palabras del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, ante el Consejo Permanente de la OEA

Washington, D.C., 11 de julio de 2018

Buenas tardes,

Señora Embajadora Rita Hernández, Presidenta del Consejo Permanente;

Señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

Señor Nestor Mendez, Secretario General Adjunto de la OEA;

Señor Dennis Moncada Colindres, Canciller de la Republica de Nicaragua;

 Señor Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos;

Representantes Permanentes y Alternos de Estados Miembros y Observadores;

Representantes de la Sociedad Civil;

Señoras y Señores:

En el marco del párrafo operativo 6º de la “Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua”, aprobada por la Asamblea General el pasado 5 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la invitación de la Presidencia del Consejo Permanente para presentar una actualización del estado de los derechos humanos en Nicaragua: las actividades de la CIDH; la instalación del  Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Tal y como fuera anunciado por la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora de país para Nicaragua,  el pasado 22 de junio ante este Ilustre Consejo Permanente, en seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH en su Informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, el 24 de junio de 2018 se instauró en Managua el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). El MESENI cuenta con un equipo en terreno recientemente nombrado.

El MESENI tiene como una de sus funciones acompañar y asistir a la Comisión de Verificación y Seguridad (CVS) instituida en el marco del Acuerdo de la Mesa de Diálogo. El equipo del MESENI participó en las reuniones plenarias de la CVS y realizó reuniones con los miembros designados por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y con los miembros designados por el Gobierno. En este sentido, el 29 de junio el MESENI acompañó a la Coordinación Técnica de la CVS, en conjunto con el representante de la Comisión de Mediación y Testigo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en misión de observación a Jinotepe. Allí se tuvieron reuniones con diversos actores sociales, incluyendo los camioneros. Asimismo, el 30 de junio de 2018, el MESENI acompañó a la CVS, a solicitud de dicha comisión, a las instalaciones del Auxilio Judicial “El Chipote” en Managua, en el acto de liberación de 10 personas que habían sido detenidas en Nagarote.

Durante su segunda semana en el país, el MESENI acompañó cuatro misiones de liberación de personas detenidas por medio de a la Comisión de Verificación y Seguridad con la Conferencia Episcopal (CEN) como testigo. En total, 52 personas fueron liberadas en Managua, Estelí y León. En las dos misiones de Managua, la CIDH se entrevistó de manera individual y reservada con las personas liberadas del Auxilio Judicial el Chipote sobre las condiciones de su detención y trato recibido. Asimismo, el 6 de julio el MESENI participó en una Misión de Observación en Masaya, acompañando a la Coordinación Técnica de la CVS y la Conferencia Episcopal (CEN) como testigo para verificar la situación de los tranques y las amenazas constantes a la población de Monimbo. Una casa fue incendiada el 4 de julio por grupos parapoliciales en Masaya. En esta Misión a Masaya, también se realizó una reunión con dirigentes del Instituto Tecnológico Nacional de Masaya (INATEC) en las instalaciones de la Policía Nacional, que solicitaron apoyo para el reingresar a las instalaciones supuestamente tomadas por los líderes de los tranques y para retomar las clases.

Desde la primera semana, el MESENI tuvo reuniones con las más altas autoridades del Estado para abordar su cumplimiento. La CIDH valoró la  apertura de las autoridades nicaragüenses en las reuniones realizadas, y agradeció la información suministrada.

Por otra parte, la CIDH reconoció que el Estado de Nicaragua ha avanzado en el cumplimiento de su recomendación 3 con la creación del  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI - Nicaragua), la recomendación 14 de mantener la apertura al escrutinio internacional, facilitando la visita de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; así como el compromiso con el MESENI junto a la CIDH (recomendación 15).

En cuanto al GIEI, como fuera públicamente informado, el 3 de julio fue instalado en Nicaragua con el objetivo de coadyuvar y apoyar las investigaciones de los hechos violentos en el país desde el 18 de abril en el marco de las protestas sociales, con la participación de sus integrantes Amérigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti, personas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos. El GIEI ya sostuvo reuniones con las más altas autoridades del Estado y ha intercambiado un protocolo de actuación propuesto por el Estado que está pendiente de ser aprobado luego de una ronda de contrapropuestas.

Respecto al mandato de monitoreo de la situación de derechos humanos, el MESENI sostuvo reuniones con instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes. 

La CIDH observa que durante su estadía en el país, el MESENI ha recibido información relativa a 52 personas que habrían fallecido de manera violenta en el contexto de represión actual y de múltiples personas heridas. De conformidad con el registro de la CIDH desde el comienzo de la represión de las protestas sociales, hasta la fecha 264 personas habrían perdido la vida y más de 1800 habrían resultado heridas.

Al inicio de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril, la CIDH reportó un patrón de uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y detenciones masivas y arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas, en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes, así como ataques dirigidos a instalaciones universitarias, medios de comunicación y algunos recintos específicos.

El 2 de julio de 2018, el MESENI documentó actos de represión selectiva por medio de detenciones arbitrarias, por medio de allanamientos ilegales de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y tranques y opositores. Como consecuencia de estas acciones, un gran número de personas se vieron forzadas a huir de sus casas y esconderse, y desplazarse a otros lugares tanto dentro como fuera del país. La CIDH también refirió a una nueva modalidad de represión relacionada con la toma de tierras por parte de grupos organizados que ingresan a invadir propiedad privada como una forma de intimidación (comunicado de prensa Nro. 141).

Ese mismo día, la CIDH recibió información sobre numerosas personas detenidas de forma ilegal durante el fin de semana; razón por la cual realizó una visita de observación al Auxilio Judicial el Chipote, recorrió las instalaciones, realizó entrevistas con personas detenidas y se reunión con las autoridades del Centro. Desde la visita de la CIDH, las autoridades del Auxilio Judicial se comprometieron con la liberación de visitas de familiares.

En su segunda semana de funcionamiento, el MESENI observó con preocupación una profundización y diversificación de las formas de represión contra la población manifestante y opositora, así como contra quienes se encuentran en los tranques y/o barricadas en forma de protesta y contra quienes colaboran de cualquier forma con ésta, incluyendo familiares y vecinos. Asimismo, la CIDH condenó junto con la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, los hechos de violencia y agresiones contra integrantes de la iglesia católica.

Como hechos de especial preocupación, el MESENI recibió información sobre personas sitiadas, el 3 de julio, por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales en La Trinidad, Estelí, por lo que la CIDH instó al Estado a respetar y garantizar su derecho a la vida. El MESENI tomó conocimiento que los jóvenes que mantenían el tranque en la ciudad fueron atacados, resultando una persona muerta y, al menos tres personas heridas. Asimismo, se tuvo conocimiento que grupos paramilitares habrían retenido a sacerdotes que se dirigían a la ciudad para lograr una mediación.

La CIDH manifiesta su preocupación por que según la información recibida, el 5 de julio el Estado inició una “operación limpieza” para desmontar tranques en diferentes ciudades del país. De acuerdo con información de público conocimiento, el Gobierno, a través de la Policía Nacional en actuación conjunta con grupos parapoliciales, realizó operativos en Suitaba, León, Wiwilí, Jinotega, Masatepe, Ometepe y Matagalpa, dirigidos a reprimir a las personas que mantienen los tranques y barricadas, así como a las comunidades que los apoyaban como forma de protesta y/o como medio de protección frente a las acciones de grupos pro gubernamentales. Como producto de estos operativos, varias personas habrían fallecido y resultado heridas. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), habrían más de 160  personas detenidas, secuestradas y/o  desaparecidas en lo que va del mes de julio de 2018.

El 6 y 7 de julio se registraron ataques a jóvenes en Matagalpa y Sutiaba, registrándose una muerte y varios heridos. El MESENI también tomó conocimiento del ataque perpetrado el 8 de julio contra las ciudades de Jinotepe, Dolores y Diriamba, donde la población mantenía algunos de los principales tranques desde el inicio de las protestas. En esta localidad cerca de 200 camiones se encontraban retenidos hacía más de un mes. Según medios de comunicación e información recibida, existirían indicios del uso de armas de uso exclusivo del ejército, entre ellas lanzacohetes y granadas en el proceso de liberación de los tranques. De acuerdo con información disponible, como producto de los ataques, 20 personas fueron asesinadas. En el marco de estos operativos, la Policía Nacional informó sobre la muerte de dos agentes.
Asimismo durante esta semana, en el marco de cobertura de hechos de violencia, se registraron agresiones físicas a periodistas por parte de grupos parapoliciales, robo y rotura de equipos, lo que ha afectado la libertad de expresión.

Por otra parte, la CIDH fue informada sobre allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias diferentes ciudades del país, facilitadas por los Consejos de Poder Ciudadano (CPC). La información recibida indica que las personas detenidas habrían sido víctimas de violencia, malos tratos e incluso tortura antes de ser trasladadas al Auxilio Judicial de la Policía Nacional, conocido como Chipote. El MESENI recibió información recurrente que indica que las detenciones se realizan sin orden judicial, no se les informa a las personas detenidas sobre la causa de detención, no fueron puestos a disposición de juez y no tuvieron acceso a los familiares o defensa. Una vez la persona se encuentra detenida ilegalmente se imputarían cargos falsos, sin ser la familia y/o representante legal informada oportunamente de la audiencia preliminar.

En este sentido, el 4 de julio, la CIDH fue informada que al CENIDH y la CPDH no se les permitió representar a las personas que se encontraban en audiencia preliminar a pesar de encontrarse en el recinto, y en su lugar asignaron defensa pública. El Estado de Nicaragua tiene la obligación de informar inmediatamente a la persona detenida, sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones de la detención. También debe de informar el lugar de privación de libertad. La incomunicación de las personas detenidas y falta de control judicial constituye una violación al derecho de las personas detenidas a la integridad personal, y el incumplimiento del Estado de su deber reforzado de garante de las personas privadas de libertad. Además, la falta de acceso a la defensa y de supervisión judicial, constituye un incumplimiento de Nicaragua a su deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia de los detenidos de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El incumplimiento de estos deberes además refleja la arbitrariedad con la que se practican las detenciones realizadas a partir de los hechos ocurridos desde el 18 de abril, en una práctica generalizada de criminalización de la protesta social.

Preocupa especialmente a la CIDH la situación de adolescentes que se encontrarían privados de libertad. Sobre el particular, la CIDH ha indicado en ningún caso los adolescentes pueden ser detenidos o privados de libertad junto con adultos. La CIDH ha señalado que las medidas tendientes a responsabilizar a los adolescentes por sus actos deben considerar medidas socio-educativas en el marco de un modelo de justicia restaurativa que no implique la privación de la libertad, y que cuando sea necesario su privación de la libertad se realizará en centros adaptados, con personal especializado y programas socio-educativos que cumplan con esta finalidad rehabilitadora.

Por otra parte, en el periodo del 20 de junio al 8 de julio la CIDH recibió 35 comunicaciones y notas de prensa del Estado de Nicaragua resaltando ataques contra fuerzas policiales y ciudadanos simpatizantes al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) así como daños de propiedad de los mismos. Entre los hechos de violencia resaltan siete asesinatos, cuatro de miembros de las fuerzas policiales, y tres de miembros o simpatizantes del FSLN. Asimismo, el Estado informa sobre siete casos de secuestro de miembros de fuerzas policiales o simpatizantes del FSLN, entre los cuáles se encuentran el secuestro colectivo de once ciudadanos, los cuáles fueron liberados ese mismo día. De igual manera se informa del secuestro y presunta tortura de un miembro de la Juventud Sandinista. La CIDH también fue notificada de la participación de agrupaciones portando armas en tranques, las cuales han atacado y lesionado a ciudadanos y funcionarios públicos en los departamentos de Carazo, Matagalpa y Managua. En relación a los daños de propiedad, la CIDH toma nota del Reporte de Bomberos Unificados sobre 37 incendios provocados por grupos vandálicos en un tiempo no determinado. Asimismo, la destrucción de propiedad en distintas ocasiones fue seguida de amenazas e intimidaciones a ciudadanos tanto en su casa habitación como en la vía pública. La Comisión también advierte de dos comunicados informando sobre tomas de tierras y ocupaciones ilegales entre los meses de mayo y junio.

Asimismo, en comunicado de prensa del 9 de julio, el Estado de Nicaragua informó que desde el 18 de abril de este año, la población ha padecido “la violencia de terroristas que han asesinado, torturado y secuestrado a centenares de ciudadanos, los mismos que han incendiado destruido y saqueado viviendas familiares, edificios públicos, pequeños y medianos comercios.” El Estado anunció que la Policía y todas las instituciones  actuarán conforme a Ley para garantizar el derecho de las y los ciudadanos a vivir en paz, con seguridad y en respeto a los derechos humanos. El Estado asimismo reiteró su “plena disposición de escuchar todas las propuestas e iniciativas, dentro del marco constitucional, institucional y las leyes que rigen a nuestro país, a fin de que se puedan consensuar para su aprobación, incluyendo previamente los puntos que tienen que ver con la paz, la seguridad, la tranquilidad de todas las familias nicaragüenses; el cese del terrorismo, el libre tránsito de las personas y del transporte público y privado que es vital para la sobrevivencia de todas las familias nicaragüenses”. Al respecto, frente a los operativos que viene realizando el Estado a través de la “operación limpieza”,  el MESENI llama la atención que el mismo se viene efectuando de forma unilateral fuera del marco del Dialogo Nacional y de la Comisión de Verificación y Seguridad, en particular.

La CIDH recuerda que el uso de la fuerza debe ajustase a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por otro lado, la Comisión subraya que los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos. La Comisión ha indicado que la repetición de declaraciones estigmatizantes puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que pudiera acarrear una afectación a la vida e integridad personal del defensor o defensora, aumentando su vulnerabilidad. Lo anterior, debido a que autoridades públicas o sectores de la sociedad podrían interpretarlas como instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos contra su vida, seguridad personal, u otros derechos. Las agresiones sufridas por varios integrantes de la Iglesia Católica en Diriamba el 9 de julio, donde un número de sacerdotes – incluyendo el Nuncio Apostólico, el Cardenal y el Obispo Auxiliar de Managua – fueron agredidos por al menos 100 personas, quienes le profirieron insultos, amenazas y golpes,   evidencia los efectos latentes y estigmatizantes de una campaña en su contra por proteger la integridad física de las personas manifestantes y por su fundamental rol en la mediación del Diálogo Nacional.

Asimismo, de acuerdo a lo expresado en el comunicado conjunto de la CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado condenando nuevos hechos de violencia en Nicaragua y agresiones a integrantes de la Iglesia Católica publicado ayer, 10 de julio (comunicado de prensa Nro. 147), consideramos fundamental que el Estado de Nicaragua ofrezca el listado de todas las personas fallecidas y heridas en los mencionados operativos y realizar de forma inmediata, expedita y debida una investigación de los responsables por estos hechos. Reiteramos aún que estamos a la espera de la información solicitada sobre las personas detenidas y el acceso a los centros de detención para verificar su integridad personal y las garantías de acceso a la justicia.

En consideración a la profundización de la grave crisis de derechos humanos que tiene lugar en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y le exija al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando.
Desde la visita de trabajo a Nicaragua realizada del 17 al 21 de mayo, la CIDH ha adoptado 12 resoluciones solicitando a Nicaragua la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de 69 personas y sus núcleos familiares en varios asuntos. 

Más allá de lo anterior, la CIDH reitera a Nicaragua su obligación de garantizar la integridad de todas las personas y la protección a cualquier forma de represalia. Asimismo, cualquier acto de violencia debe ser investigado por el Estado con debida diligencia conforme a los estándares interamericanos. 

Para cerrar, quisiera confirmar que en cumplimiento de sus mandatos convencionales y reglamentarios,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguirá monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua, en especial con el fin de velar por la protección a la vida y la integridad física de las personas, defensa de las víctimas y la libertad de expresión del pueblo nicaragüense.