Introducción

Situación de los derechos humanos en el continente y rol de la CIDH

Durante los 60 años de existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y sobre todo a partir de la recuperación de la democracia en buena parte del continente en la década de 1980, la Comisión, en tanto uno de los órganos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), ha contribuido a la obtención de relevantes logros en el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Al mismo tiempo, es necesario reconocer la permanencia de importantes retos en el contexto de la consolidación de las democracias y la búsqueda de la mejor distribución del ingreso en un continente en el que persisten notorias desigualdades económicas, sociales y culturales.

No obstante lo anterior, corresponde señalar que en los últimos 30 años, en varios países de la región se aprobaron reformas constitucionales y legales que incluyen disposiciones para salvaguardar la identidad de género, la implementación de mecanismos nacionales de prevención de la tortura y protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, progresivamente se ha ido dejando de lado el servicio militar obligatorio, se ha avanzado en el establecimiento de políticas en beneficio de solicitantes de asilo, se ha atendido la situación de la movilidad humana a través del establecimiento de mayores garantías del derecho de circulación y residencia, se ha procurado la modernización de los sistemas de justicia y se ha impulsado la incorporación del control de la convencionalidad en las jurisdicciones nacionales.

Más cercano en el tiempo, en los últimos 15 años en particular, se destacan los avances en la lucha contra la pobreza y la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. La CIDH también ha sido un pilar en la lucha contra la impunidad en diversos contextos, como por ejemplo la transición de las dictaduras del cono sur a la democracia, y de los conflictos armados a la paz interna y la democracia. Aunque no podemos decir que esta tarea se haya completado en todos los países de la región, estos avances deben inspirar el desmonte de cualquier remanente de impunidad sistémica en el continente, lo cual constituye una tarea todavía pendiente.

Temáticas específicas

Acceso a la Justicia

En el contexto de la región, la cuestión del acceso a la justicia es uno de los elementos esenciales para prevenir el abuso de poder por parte de los órganos del Estado. Se trata de un asunto critico para la consolidación de la democracia y la prevalencia del Estado de Derecho yello supone un funcionamiento adecuado e independiente del Poder Judicial y de los tribunales en general, en tanto responsables del control de la constitucionalidad de las leyes, de la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo y encargados de garantizar la efectividad de los derechos humanos.

El fortalecimiento de la independencia y autonomía de los sistemas de justicia en la región también tendrá efectos positivos para el sistema internacional de protección de derechos humanos y en la CIDH en particular. El inadecuado funcionamiento de los sistemas de justicia, con una demora considerable en la tramitación y resolución de demandas y las debilidades de la independencia judicial se encuentran en la raíz de la falta de aplicación a nivel local de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y las recomendaciones del SIDH. Esto notoriamente ha provocado una inflación de casos que, al no resolverse a nivel de la jurisdicción doméstica, llegan al SIDH y tensionan a un sistema de protección subsidiario distrayendo de la atención a las situaciones más graves.

Protección de defensoras y defensores de derechos humanos

Vinculado con la importancia del acceso a la justicia, hemos visto cómo en los últimos años se han incrementado las agresiones, la estigmatización, criminalización y en muchos casos, el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos. En un sector de la región la defensa de los derechos humanos se ha vuelto una actividad de alto riesgo.

En 2012 la Comisión publicó su segundo informe sobre la situación de estas personas y en 2016 otro sobre criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos. Como en el 2006, todos estos reportes constataron que este grupo es víctima de asesinatos, ejecuciones y desapariciones forzadas, agresiones, amenazas y hostigamientos, así como de criminalización e injerencias ilegales, arbitrarias y abusivas en sus actividades.

Entiendo que la CIDH debe priorizar en su agenda la protección de aquellas personas cuya actividad es la defensa de los derechos humanos, del ambiente, de los líderes indígenas, de las mujeres y de I@s periodistas, que se encuentran en riesgo por el ejercicio de una función fundamental y trascendente en cualquier sociedad democrática.

Política de drogas, sistemas penales y derechos humanos

La aplicación de la legislación de drogas ha contribuido significativamente al aumento del encarcelamiento en la región. Las extensas penas privativas de la libertad para sancionar todas las conductas relacionadas con drogas, desde el cultivo hasta la venta ya veces inclusive el consumo, ha impactado en el agravamiento de la crisis de los sistemas penitenciarios de la región, la sobrepoblación y el hacinamiento, en la medida que el uso del encarcelamiento en delitos de drogas es mayor que en el resto de los delitos. Sin perjuicio de la ineficacia del encarcelamiento en la reducción del consumo problemático de drogas o en el combate al crimen organizado, el abuso de la privación de libertad como respuesta privilegiada ha implicado enormes costos económicos, sociales e institucionales y ha impactado de manera desmedida en sectores específiCOS de la población como es el caso de las mujeres, los usuarios de drogas, los jóvenes, las personas trans, los afrodescendientes, los campesinos y la población más pobre. Las prácticas discriminatorias que, en general, sufren las personas pertenecientes a esos grupos, se agravan dentro de los sistemas carcelarios¹.

Los Estados en América Latina han aceptado los efectos negativos de las políticas de drogas basadas en respuestas punitivas. El informe sobre drogas en las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA, 2013) coincide en la necesidad de entender "el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, de reducir el consumo con campañas de prevención basadas en la evidencia y de alentar la experimentación con modelos de regulación legal de ciertas drogas". No obstante, las investigaciones académicas y de la sociedad civil acerca del tema muestran:

a) que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente punitivas y represivas, abordando el fenómeno de su consumo a través de las instituciones penales, por lo cual la cárcel se presenta como la principal herramienta en el control de drogas en la región;

b) que aún en los países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización de las personas usuarias de drogas ilícitas;

c) el uso extendido de la prisión preventiva;

d) la existencia de un gran número de personas encarceladas por delitos menores y no violentos vinculados con drogas;

e) la necesidad de abordar el problema de la estigmatización y las vulnerabilidades que la privación de libertad agrega, en especial, a determinadas poblaciones y sus familias de acuerdo a criterios de género, identidad sexua l, edad, condición étnica y situación socioeconómica.

Especial atención requiere la privación de libertad de mujeres, en particular por delitos de drogas, teniendo en cuenta el crecimiento de dicha población. En efecto, investigaciones realizadas en varios países de la región señalan que la privación de libertad tiene impactos significativos y desproporcionados sobre las mujeres, en la medida en que el encarcelamiento de mujeres madres y cuidadoras, en particular, puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y las comunidades a las que pertenecen².

En las cárceles de nuestro continente la situación de emergencia y graves violaciones a los derechos humanos continúa siendo extendida, tal y como se analiza en el informe temático impulsado por la Relatoría. La CIDH ha observado con grave preocupación que la violación de los derechos humanos de la población privada de libertad se tradujo en centenares de muertes violentas bajo la custodia del Estado en los últimos años.

La Comisión ha realizado urgentes llamados a la adopción de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para asegurar los derechos de las personas privadas de libertad, que contengan los siguientes cuatro elementos fundamentales, que se analizan en el informe impulsado por el actual relator: continuidad, marco jurídico adecuado, presupuesto suficiente e integración institucional.

Violencia contra los Mujeres

La CIDH reconoció en distintas oportunidades los avances de la región en la adopción de leyes y políticas públicas para la protección de los derechos de las mujeres, pero advirtió sobre la distancia significativa entre la legislación y su aplicación práctica. Seña ló también que persisten intolerables tasas de diferentes formas de violencia y discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo la política, la educación, el empleo, la salud, el ámbito doméstico y la justicia. En general, las mujeres son más afectadas por la pobreza que los hombres; tienen menos acceso a vivienda ya servicios de salud, y son sujetas a violencia física y sexual en mayor proporción que los hombres. La Comisión publicó seis informes temáticos en los cuales recogió diferentes dimensiones de esta problemática y formuló recomendaciones específicas para coadyuvar a los Estados a ajustar los compromisos internacionales con la práctica.

Orientación Sexual e Identidad de Género

La CIDH ha desarrollado un enfoque sistemático respecto de los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, lo cual incluyó el impulso de planes de acción para el desarrollo de estándares y mayor visibilidad de los graves niveles de violencia a que están sometidas estas personas. Durante 2015 la CIDH elaboró y publicó el primer informe sobre violencia contra personas LGBTI en las Américas como forma de denunciar y generar respuestas a los homicidios, ataques contra la integridad personal, situaciones de abuso policial, detenciones arbitrarias y actos graves de violencia de particulares contra personas bajo estas identidades.

El trabajo de la CIDH debe continuar reconociendo las acciones nacionales tomadas en pos de la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (Comunicado 28/17 de 10 marzo 2017) y sobre la ba se de la colaboración, cooperación y comprensión de las diversas realidades nacionales, apoyar el avance en las políticas contra la discriminación de todo tipo, incluyendo la dirigida a personas LGBTI. En el mismo sentido, es oportuno destacar la creación y desarrollo del Grupo de Apoyo LGBTI (Argentina, Brasil Canadá, Chile, Colombia, México, Estados Unidos y Uruguay) como canal difusor de buenas prácticas a ser compartidas en el Hemisferio.

Afrodescendientes

La ClDH también publicó un informe sobre la situación de las personas afrodescendientes de las Américas y constató en detalle que continúan siendo víctimas de exclusión, racismo y discriminación, habiendo sido invisibilizadas aun cuando son la mayoría poblacional de algunos Estados de la región. Como consecuencia de la discriminación estructural existente, estas personas habitan en general, en las zonas más pobres y con menor infraestructura, encontrándose más expuestas al crimen y la violencia. Asimismo, enfrentan serios obstáculos para acceder a los servicios de salud y educación, obtener una vivienda y conseguir empleo.

En este sentido, la adopción durante la Asamblea General en 2013 de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia así como de la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, demuestra la vigencia de la temática y la necesidad de que la CIDH continúe alentando a los Estados para su ratificación y pronta entrada en vigor.

Niños, niñas y adolescentes

Los derechos de las niñas, los niños y adolescentes del continente también constituyen una agenda pendiente de particular urgencia. La Comisión debe continuar atendiendo parti cularmente la situación de la niñez en situación de internamiento, los problemas que enfrentan las adolescentes cuando intentan acceder a la justicia en casos de violencia sexual, los altos índices de homicidios y desaparición forzada de adolescentes en contextos de violencia estructural en algunos países.

Migrantes

La Relatoría sobre Derechos de las Personas Migrantes es clave en la actual situación de los migrantes en el continente. Es oportuno reiterar la preocupación por la tendencia de algunas políticas a criminalizar la migración irregular. El cruce de una frontera sin la documentación requerida o exceder el período de permanencia del visado, no debería ser considerado más que una infracción administrativa.

Fortalecimiento del SIDH

El camino de avance y actualización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) debe realizarse a través de la cooperación entre los órganos del sistema y los Estados. El SIDH incluye a los dos órganos principales, así como a las Relatorías Especiales, la Comisión Interamericana de la Mujer y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes.

Aplaudo la coordinación que se está llevando adelante entre la CIDH y la CortelDH, así como las conversaciones entre la CIDH y los países a efectos de buscar soluciones a largo plazo para un funcionamiento adecuado del sistema de presentación de peticiones.

En este contexto es clave también la cooperación de la CIDH con el sistema universal y otros sistemas regionales de protección de derechos humanos. En temas y países complejos hay que profundizar la idea de tener diagnósticos conjuntos y posturas coordinadas entre los distintos sistemas. En este orden, se puede referir al trabajo a nivel de las Relatorías como defensores y libertad de expresión que han coordinado posturas en distintos asuntos regionales.

Finalmente, y siendo la independencia uno de los pilares del trabajo de la CIDH, coincido con lo acordado en la Declaración Omnibus adoptada en la Asamblea General 2016, en el sentido de que el pleno financiamiento de la CIDH debe realizarse a través del Fondo Regular de la OEA. La crisis financiera que tuvo su punto de quiebre en 2016, fue superada puntualmente gracias al esfuerzo de Estados y otros actores que respondieron de inmediato al llamado, sin embargo, para que no vuelva a suceder, es imprescindible la adopción de un presupuesto regular adecuado que permita el funcionamiento tanto de la Comisión, como de la Corte.

Confío en que con recursos humanos y financieros adecuados, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos podrá continuar su labor histórica de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas que habitan las Américas.

Montevideo, Uruguay, 17 de abril de 2017.

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1 Chaparro, S., Pérez Correa, C. y Youngers, C. (2017); Castigos Irracionales: Leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina, Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDO), Informe regional 2017, México.

2 WOLA, IDPe, Dejusticia & (1M (2016); Mujeres, política de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe, Washington O.e.