Quiero comenzar por reconocer y agradecer la iniciativa del Presidente Juan Orlando Hernández de convocar a esta Conferencia Internacional sobre Migración, Niñez y Familia.

Se trata de un tema que no es nuevo en nuestra región, que ha estado con nosotros por décadas y siempre ha sido tratado de manera unilateral, sin dialogo ni acuerdo alguno entre los países de origen y destino. El problema migratorio y la falta de una política común ante él no es nuevo. Pero la preocupación se ha visto agudizada en el período reciente, por la situación humanitaria que viven hoy decenas de miles de niños, niñas y adolescentes no acompañados que cruzan la frontera sur de los Estados Unidos.

La crisis ha ascendido tan rápidamente, que ha sorprendido a todos: En 2011, aproximadamente 4.059 niños de países de Centro América entraron en los Estados Unidos desacompañados. Para el año 2013, esta cifra se elevó a 21.537 niños. Y hace pocos días el gobierno de Estados Unidos reporta que 47.017 niños no acompañados, de todos los países, fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza en lo que va del año de 2014, es decir los seis primeros meses. En otros términos, las detenciones de niños, niñas y adolescentes desacompañados han incrementado un 92% en relación a la misma fecha el año pasado. Lo más inusitado es que este aumento explosivo no es coherente con la disminución de las detenciones producidas en general en la frontera, que son menos de la mitad de las ocurridas hace menos de una década.

Muchos de esos niños son migrantes mexicanos que son rechazados directamente en la frontera, pero la gran mayoría procede ahora de Centroamérica y permanecen en Estados Unidos, siguiendo lo establecido en la legislación vigente, que determina que los menores de edad que no son mexicanos deben ser llevados en custodia, entrevistados y entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

La crisis actual es, entonces, producto de un incremento marcado en el éxodo de niños no acompañados de países de América Central. Por primera vez, la mayoría de los niños detenidos en la frontera provienen de Centroamérica. El número de niños provenientes de Honduras ha sido superior a los provenientes de México, y el número de guatemaltecos es similar al de mexicanos. Los niños provenientes de Honduras representan el 29%, de Guatemala el 24%, de México el 23% y de El Salvador el 22%.

De acuerdo a de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina para Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos, la mayoría de estos menores tienen entre 14 y 17 años de edad y el 40% son niñas. Recientemente, se ha observado un descenso en el promedio de edad de los menores y un incremento en el número de niñas, a pesar de los abusos reiterados de que son víctimas.

Estas cifras nos permiten dimensionar la crisis de la región como una crisis propiamente humanitaria. Con la información disponible del fenómeno, averiguar la razón de la inmigración se hace extraordinariamente complejo. Por ejemplo, según el análisis realizado por ACNUR sobre las regiones y comunidades de origen de los niños detenidos en la frontera, y las razones para emprender la migración solos varían: la mayor parte de los niños guatemaltecos provienen de áreas rurales, con altos índices de pobreza, y declaran que migran en búsqueda de mejores condiciones de vida, mientras que los jóvenes, los adolescentes, los niños y niñas salvadoreños y hondureños provienen de regiones extremadamente violentas, y perciben que el riesgo de quedarse es mayor que el de migrar.

El tema de la reunificación familiar, si bien no está en el estudio de ACNUR, es común a la mayor parte de estos jóvenes. Lo que queda claro es la necesidad urgente de atención inmediata a los niños que se encuentran en la frontera estadounidense, reconociendo la dimensión humanitaria del fenómeno y su alcance regional. Es necesario establecer procesos que garanticen su protección integral, a través de los cuales, con base al principio de interés superior, se les brinden las condiciones idóneas para su edad, en el marco del respeto y protección de sus derechos humanos.
Debemos tomar en cuenta que también de acuerdo a los resultados de encuestas de ACNUR , sería probable que más del 50% de estos niños califiquen como refugiados. Además, los datos también muestran que la mayoría tiene al menos un padre o familiar cercano en los Estados Unidos, lo que obliga a reconsiderar la reunificación familiar como una opción. Más de dos décadas de migración masiva han llevado a la formación de familias transnacionales, esta es una realidad ineludible. Si todas estas condiciones se evalúan de manera justa, muchos de estos menores deberían poder optar por permanecer en.

Sin embargo, tenemos importantes puntos de preocupación con relación a las acciones emprendidas hoy con respecto de estos menores. Estas preocupaciones dicen relación con: 1) el abordaje general de la crisis; 2) las garantías del debido proceso para los niños en el marco de procedimientos expeditos ante las cortes de inmigración; 3) el énfasis en el endurecimiento de las políticas migratorias, a través de más medidas tendientes a la criminalización de la migración, la securitización fronteriza y la externalización del control fronterizo; y 4) la tendencia en tratar este tema como un problema de seguridad nacional.

El abordaje de lo que el Presidente Obama denominó como una “situación humanitaria urgente” ha sido problemático desde el comienzo. Si bien muchos de estos niños se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad, múltiples medios de comunicación y otros sectores se refieren a ellos como “migrantes ilegales”, “indocumentados” e incluso, en algunos periódicos, como “cazafortunas”. En múltiples publicaciones se ha criticado a estos niños y sus padres, diciendo que buscan únicamente sacar provecho de los recursos y los beneficios sociales que se les proveerían en Estados Unidos. La manera en que la situación ha sido abordada por distintos actores,ha impactado de manera negativa el debate y puesto a la defensiva a los que levantan, a nuestro juicio de la única forma en que debe levantarse, el carácter humanitario de esta crisis.

De manera reiterada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que a ningún ser humano se le puede aplicar el término “ilegal” y que todas las personas tienen derecho a movilizarse, a moverse a solicitar y recibir asilo. En este orden de ideas, para la CIDH y otros organismos internacionales como ACNUR, resulta sumamente preocupante que la “grave situación humanitaria” no se esté abordando desde un enfoque de derechos humanos y de protección de la niñez. Esto implicaría que la consideración inicial fuera garantizar el acceso a estos niños a procedimientos que determinen su real condición de refugiados, en vez de verlos de antemano como migrantes “ilegales”, respecto de los cuales las principales medidas que se prevén son la detención migratoria y la defensión sumaria y la deportación a sus países de origen. Es esencial que la discusión y sobre todo la terminología cambie para evitar que estos niños sean víctimas de agresiones y acciones xenofóbicas y discriminatorias y puedan acceder a mecanismos de protección.

Otra de las grandes preocupaciones tiene que ver con las garantías del debido proceso en los procedimientos que involucran a estos niños ante las cortes de inmigración. En primer lugar, para acceder a un juez de inmigración, los niños deben pasar por un screening (un filtro), que consiste en una breve entrevista realizada por un agente de las Patrullas Fronterizas. Los agentes deberían preguntar a cada persona si tiene el temor de regresar a su país y por qué; pero en la práctica, hay poca supervisión de esto, la información disponible públicamente indica que los agentes ejercen esta responsabilidad con un amplio margen de discrecionalidad y muchas veces ni siquiera preguntan por las condiciones que motivaron al menor a intentar cruzar la frontera. No existe ninguna forma de apelar el Informe que se rinde por el agente.

Pero si la persona logra pasar el filtro, tendrá derecho a un proceso individual ante un juez de inmigración para determinar si califica para la protección que solicita. Pero en la ley norteamericana no se suministra asistencia legal pública en procedimientos migratorios. El acceso a los centros de detención para abogados y representantes de ONG tiene múltiples obstáculos, así lo ha evidenciado la CIDH en su “Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso”. Los niños que no cuenten con la asistencia de un abogado u otro representante, tendrán que enfrentar el sistema judicial por sí mismos, lo cual disminuye enormemente la probabilidad de que se les reconozca la protección que necesitan.

Por otro parte, muchas organizaciones de derechos humanos han manifestados sus preocupaciones respecto a que los procedimientos que involucran niños no acompañados no se desarrollen a manera de “fast-track”. Aumentar la discrecionalidad de las autoridades migratorias y utilizar este tipo de procedimientos en los casos de los niños para que sus procesos sean realizados rápidamente sin mayores garantías procesales y sin asistencia legal, puede conllevar a que sean devueltos a sus países, sin verificar si su vida e integridad se encuentran en peligro como lo manda además la ley norteamericana.

Por último, otro aspecto de preocupación tiene que ver con la forma en que esta “grave situación humanitaria” se ha abordado como un tema de seguridad nacional. A la fecha no hay información empírica que justifique el abordaje de este tema de seguridad nacional. No creo que nadie piense que alguno de estos niños se pueda constituirse en amenaza a nadie. este tipo de abordaje lo que promueve y facilita es la adopción de medidas represivas y que no responden a las necesidades especiales de protección que las normas internacionales garantizan a los niños y niñas, y que deberían por lo tanto ser reconocidas claramente en estos casos.

El endurecimiento de las políticas migratorias, a través de más medidas tendientes a la criminalización de la migración, la securitización de la frontera y la externalización del control fronterizo solamente servirían para agudizar la crisis aún más.

Es indispensable que los Estados de la región trabajen de manera conjunta para abordar los factores de expulsión que conllevan a la migración forzada de personas. También es fundamental que los gobiernos de los países de origen asuman su responsabilidad de informar a su población de los riesgos que se corren con la migración irregular, como ha hecho ayer el señor Presidente en un acto en el que tuve la fortuna de estar presente. Pero también debe siempre tenerse en cuenta que todas las personas tienen derechos como el derecho a migrar, el derecho a solicitar y recibir asilo y el principio de no devolución, reconocidos en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.

Valoramos por ello profundamente la declaración emitida ayer por los Gobiernos de México y la Santa Sede, en presencia de los Cancilleres de El Salvador, Guatemala y Honduras, en el marco del Coloquio sobre Migración Internacional y Desarrollo, que junto con reconocer las causas múltiples de este fenómeno y comprometerse a enfrentar en conjunto los problemas de fondo que subyacen al tema, llama a anteponer por sobre cualquier otra consideración el respeto a los derechos y la seguridad de los jóvenes y niños, afectados por una situación que no han creado y cuyas consecuencias soportan hoy en medio del sufrimiento y la privación.

Todos los países que generan migración y los países que reciben migración en las Américas, deben concurrir juntos a la búsqueda de soluciones para los problemas que están en el origen o en el destino del fenómeno migratorio. Deben comprometerse a enfrentar los flujos migratorios con respeto a todas las normas internacionales de derechos humanos que rigen estos procesos. Porque si bien en su origen se pueden sitúar los problemas económicos y de seguridad, en el destino también existen importantes problemas de irregularidad de los inmigrantes, que limitan severamente su capacidad de acceder a todo aquello que cualquier ciudadano normalmente obtiene en pleno ejercicio de sus derechos: se les hace objetos de distintas formas de discriminación, tienen dificultades para utilizar o disponer de los servicios públicos, y pueden tener dificultad para realizar actividades económicas regulares. Y lo más grave: pueden experimentar, como ya lo hemos dicho, severas dificultades para acceder a la justicia.


Por ello es de vital importancia que los Gobiernos generen e implementen mecanismos de fácil acceso a la regularidad migratoria, para que todos los derechos de todos los ciudadanos sean respetados a vivir, trabajar y estudiar en los territorios en que se encuentren. Igualmente importante es que los gobiernos cooperen en procesos tendientes a frustrar los negocios de traficantes inescrupulosos que solo acrecientan sus ganancias con políticas migratorias restrictivas.

Señor Presidente, señores Ministros, quiero terminar mis palabras haciendo un llamado particular para que a todos los niños centroamericanos que hoy están protagonizando el drama humanitario que a todos nos preocupa, se les brinden las condiciones de protección que corresponde de acuerdo con su edad y género, junto con la búsqueda de soluciones integrales al problema que generó su actual condición. Y subrayo la urgencia de abordar de manera conjunta – por todos los Estados involucrados, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil de sector privado – en búsqueda de estrategias para superar las condiciones que agudizan este proceso. Todos esperamos que como resultado de ese esfuerzo se pueda generar algún Plan de Acción Regional que permita comunicación y coordinación de acciones entre todos los países que son protagonistas del fenómeno migratorio en nuestro continente. La asistencia que se ha señalado al comienzo a esta conferencia permite albergar esperanza que eso pueda producirse. La Secretaria General de la OEA pone a disposición de los Estados de la región los mecanismos de protección de que dispone y su espacio de diálogo para la búsqueda conjunta de soluciones integrales a la actual crisis, así como para abordar acciones preventivas a medio y largo plazo.

Felicito y agradezco nuevamente al Presidente Juan Orlando Hernández y a su señora esposa Ana García de Hernández, Primera Dama de Honduras, quien ha buscado desde un principio llevar consuelo y apoyo a los niños y niñas desamparados en los lugares de detención, por su particular preocupación por este problema y por habernos dado la oportunidad de iniciar esta búsqueda de una solución conjunta a los problemas que puede generar un fenómeno que siempre deberían ser siempre positivo, como es el de la migración.

Muchas gracias