Es para mí un gran placer asistir a una reunión más de LASA. Esta asociación ha sido, durante muchos años, el principal foro para todos los interesados en América Latina; a él han asistido especialistas en ciencias sociales de todo el Hemisferio y amigos de todas partes del mundo. Deseo a todos ustedes una excelente estadía en la ciudad de Washington y un muy exitoso congreso. Agradezco además a los organizadores por permitirme hacer uso de la palabra en esta inauguración.

Es alentador que este acontecimiento tenga lugar en la Universidad de Georgetown, que entre sus muchas cualidades sobresalientes posee una larga historia de estudio de las Américas y de educación de futuros líderes de América Latina y el Caribe.

Nuestra Organización tiene una larga tradición de trabajar en conjunto con las universidades. Nuestro programa de becas tiene más de 50 años de existencia y ha dado a miles de estudiantes de las Américas la oportunidad de estudiar en el exterior y crear nuevas redes internacionales. Para incrementar nuestras capacidades en esa esfera recientemente celebramos acuerdos con muchas universidades de todas partes de la región, que ofrecen a nuestros postulantes más alternativas en diferentes países. También colaboramos con universidades con el fin de ampliar el compromiso con el Estado de derecho y con los derechos humanos, inclusive a través de programas conjuntos con facultades de Derecho y programas de capacitación de jueces. La Asamblea General modelo de la OEA permite a estudiantes de toda la región familiarizarse, en una atmósfera realista, con las controversias internacionales y les permite adquirir las destrezas necesarias para la negociación.

Muchos otros proyectos reúnen a universidades en esferas relacionadas con democracia, la gobernanza, el desarrollo social y la seguridad, que son aspectos medulares de nuestro mandato como organización hemisférica. Por ejemplo, al preparar nuestro informe que acabamos de dar a conocer sobre el problema de las drogas en las Américas, tuvimos la oportunidad de establecer contacto con unidades especializadas de varias universidades y estamos preparando una amplia campaña de debate sobre los temas que surgen del informe en ciudades universitarias de toda la región. Esperamos con interés y entusiasmo esa participación en actividades conjuntas a través de las reuniones de la LASA, así como un prolongado y fructífero intercambio con las universidades a ella afiliadas.

Se ha hablado de esta década como “la década de América Latina”. Aunque la afirmación puede ser algo prematura, no faltan razones para ello. En medio de una crisis global- generada en el mundo desarrollado - nuestros países se han desempeñado mucho mejor de lo esperado, han sobrellevado la recesión con éxito y la mayoría de ellos no han tardado en reanudar su crecimiento. Los resultados del primer decenio del siglo XXI han sido mejores que los de las dos décadas anteriores y permitieron reducir la pobreza de manera significativa.

En el período de 2002 a 2011, las economías de América Latina crecieron tanto como en las dos décadas anteriores a pesar de los efectos de la crisis en 2009. En ese mismo período, más de 70 millones de latinoamericanos dejaron atrás la pobreza y un número similar pasó a ser considerado en la clase media.

Aunque estos logros son aún insuficientes, sí generaron un nuevo optimismo y alentaron, una vez más, la esperanza de que, esta vez, el período de crecimiento sea más prolongado que en similares ocasiones anteriores.

Algunos analistas han tratado de empequeñecer los muchos logros alcanzados en la década pasada señalando los problemas que subsisten y atribuyendo todos los méritos al aumento en las exportaciones de productos básicos que ha beneficiado a varios países, en especial en América del Sur. Creo que esto es injusto, pues si bien es cierto que gran parte del crecimiento fue suscitado por un sustancial aumento en las exportaciónes de productos básicos, también es cierto que las economías latinoamericanas estaban mucho mejor preparadas que otras, aun del mundo desarrollado, para resistir los fuertes vientos de la recesión, e incluso aprovecharlos. La mayoría de esas economías eran sólidas, la deuda externa no era un problema en la mayoría de los países, los sistemas bancarios en general estaban menos expuestos a riesgos, no había déficit fiscales, e incluso se registraban superávit que permitieron a algunos gobiernos aplicar exitosas políticas anticíclicas. Todo ello da lugar a un juicio favorable sobre la mejora en las capacidades macroeconómicas de nuestros Gobiernos, algo que probablemente aprendimos de las experiencias negativas de anteriores crisis, en las que nuestros países fueron los principales protagonistas.

No ha sido fácil, por lo tanto, alcanzar un crecimiento positivo en estos años, y es razonable que nos sintamos orgullosos de nuestros logros. También es cierto, no obstante, que el futuro inmediato será más difícil, y la gran pregunta que tienen ante sí nuestros países es si se puede mantener e incrementar el crecimiento en un mundo que ha cambiado.

Los pronósticos más recientes sobre la economía mundial muestran que pese a signos recientes de recuperación en Estados Unidos, el crecimiento previsto en los países de la OCDE seguirá siendo átono durante algunos años, con tasas medias de 1% a 2%, debido principalmente a la continua recesión existente en Europa. Al mismo tiempo, si bien el crecimiento económico de China seguirá siendo vigoroso - levemente inferior al 8%, según estimaciones del FMI- la escala no es igual a la registrada una década atrás, cuando comenzó el auge de los productos básicos.

En general, podemos decir que la demanda de productos básicos de países latinoamericanos en el mejor de los casos se mantendrá estable y probablemente se asistirá a cierta disminución en los precios. En el futuro cercano el gran motor de la exportación que operó en el pasado reciente no estará presente con similar vigor.

Ello no constituye, en modo alguno, una tragedia, sino más bien un desafío: el de resolver muchos de los problemas estructurales que históricamente han dificultado el logro de un desarrollo más sostenible, aumentar la productividad, fortalecer los mercados internos, aumentar la inversión en infraestructura, fomentar la innovación, la ciencia y la tecnología, mejorar la calidad de la educación, proporcionar acceso a los mercados a todos nuestros ciudadanos a través de una más justa distribución del ingreso y realizar genuinos esfuerzos en pos de la integración económica regional.

El ahorro y la inversión siguen siendo inadecuados y repercuten negativamente sobre la creación de empleo. Aun cuando las exportaciones aumentaron enormemente en el período anterior, América Latina aún no se ha insertado plenamente en la economía mundial, y al mismo tiempo los procesos de integración económica regionales y subregionales parecen haberse estancado en los últimos diez años.

Nuestros países tienen mucho espacio para crecer sin necesidad de un mayor impulso exportador de materias primas, si se hacen cargo de estos problemas. Es interesante notar que, en el período de crecimiento reciente, aumentó también la demanda externa, lo cual significa que nuestra producción interna no abastece suficientemente nuestro propio crecimiento. Y para qué recordar los récords de inversión extranjera de estos últimos años que compensan las bajísimas tasas de ahorro e inversión interna.

El proceso de integración económica ha dado paso a una nueva tendencia a privilegiar la integración “política”. Ni la CELAC ni la UNASUR abordan temas económicos. El MERCOSUR enfrenta conocidas dificultades mientras las Comunidad Andina se debilita por el retiro de Venezuela y el probable paso de Ecuador al MERCOSUR.

A estas carencias de iniciativas económicas colectivas se debe el interés generado por el surgimiento, de la Alianza del Pacífico, que incluye a cuatro países de la región, los que a su vez albergan a un tercio de los habitantes de América Latina y detentan la mitad de su comercio. Creada con el fin explícito de coordinar la acción de países con intereses comerciales en el Pacífico (tres de ellos son miembros de APEC), la Alianza ha ido creciendo en propósito y capacidad de acuerdo, a tal grado que en junio del año pasado suscribieron un Acuerdo Marco que incluye la creación de una zona de libre comercio de mercancías, servicios, personas y capitales. Una alianza basada en estos acuerdos iniciales y en las visiones comunes de sus miembros puede crecer a medida que sus nuevos desarrollos abran paso a nuevos socios, dando así a este nuevo integrador un carácter más realista y progresivo.

Existe cierta correspondencia entre el optimismo con el que se percibe el futuro de las economías de América Latina y los sentimientos que inspira el proceso político, o sea, en otras palabras, el estado de nuestras democracias. Así como dijimos que en la esfera de la economía logramos importantes progresos en las últimas décadas, es prematuro afirmar que la democracia se haya consolidado definitivamente en toda la región.

Los procesos electorales han avanzado considerablemente. Los gobiernos surgen de elecciones limpias, secretas, universales, y el poder cambia de manos regularmente entre diferentes grupos políticos, sin que ello entrañe una perturbación significativa. A este respecto puedo hablar por propia experiencia, pues tan sólo en los últimos cinco años la OEA ha observado más de 50 procesos electorales de todo tipo en diferentes países de la región y cada uno de ellos ha cumplido con creces los requisitos de una elección democrática. No los hemos observado todos, y hay algunas excepciones importantes, en que los resultados aún son objeto de acaloradas impugnaciones, pero la tendencia principal en esa dirección es muy clara.

En los últimos años aumentó también la capacidad de permanencia de los gobiernos, en tanto que en los años noventa muchos de ellos terminaron antes de la conclusión de su mandato. En los quince años transcurridos entre 1990 y 2005 dieciocho gobiernos electos finalizaron sus mandatos prematuramente, debido a golpes de Estado, renuncias en medio de graves turbulencias o juicios políticos. Entre junio de 2005 y el día de hoy sólo dos de esos acontecimientos se han producido. Ciertamente esas dos situaciones, de diferente naturaleza, han sido lamentables, pero si comparamos lo sucedido en el período anterior y la situación en los últimos ocho años, resulta evidente que la gobernabilidad ha mejorado en gran medida en América Latina.

No obstante, esas democracias, generadas en elecciones legítimas y mucho más estables que nunca, siguen aún confrontadas con graves dificultades para hacer realmente efectivas las promesas de hace tres décadas. Permítame mencionar algunas de estas dificultades:

1. Pobreza y desigualdad. Pese a avances recientes, un tercio de los latinoamericanos siguen viviendo en la pobreza, lo cual no está en consonancia con una región con un nivel de desarrollo como el de la nuestra. El hecho de que el 10% de la población obtiene más del 50% del ingreso nacional no es congruente con nuestro discurso democrático. No se han reformado los sistemas tributarios ni la legislación laboral para lograr una mejor distribución de la riqueza, como lo demuestran recientes estudios de la OCDE. La pobreza se ve acompañada por discriminación; la pobreza tiene género y color. Los pobres que son indígenas, los pobres que son afroamericanos, las personas pobres con discapacidades, y las jefas de familia pobres son la auténtica realidad de nuestra pobreza.

La paradoja es que al mismo tiempo que se desarrolla la democracia política, las sociedades segmentadas y desiguales se definen, en lo social y en lo económico en un terreno común en el que unos contemplan el consumismo ostentoso de otros sin poder imitarlos. La minoría de mayores ingresos disfruta de los beneficios de una educación y atención médica de buena calidad y de seguridad privada, en tanto que el resto de la población no tiene acceso a esos bienes, pero sabe que existen.

2. La delincuencia, hoy día, es una amenaza a la democracia, y la inseguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los ciudadanos de nuestro Hemisferio. Los índices de delincuencia son muy dispares, pero en algunos países de América Latina y el Caribe son cuatro veces más altos que el promedio mundial.

La intensificación del narcotráfico, con sus delitos conexos de lavado de dinero y otras empresas delictivas sumamente lucrativas, como el tráfico de armas y la trata de personas, han dado lugar a verdaderas sociedades delictivas que pugnan entre sí por espacios de nuestro territorio y crean ejércitos de delincuentes que combaten por el monopolio de la fuerza de nuestra policía y nuestros ejércitos con armas importadas.

La delincuencia organizada no vacila en recurrir a cualquier medio para enfrentar a sus oponentes, o comprar a quienes se dejen seducir. Hoy es decisivo defender un proceso político limpio no sólo para asegurar la participación igualitaria de los ciudadanos, sino también, y especialmente en los países más vulnerables, para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada en el sector público.

En la última Cumbre de las Américas, en Cartagena, Colombia, en abril del año pasado, se encargó a la OEA un Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas, que acabamos de entregar. En este documento, que no resumiré aquí, se argumenta la necesidad de fortalecer las instituciones y buscar una mejor salida al tema de las adicciones, que supere la idea de la “guerra a las drogas”, priorizando el aspecto de salud pública, la reducción de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones, como componentes de un enfoque holístico.

3. Si bien las democracias son estables, las instituciones son aún muy frágiles, lo que constituye un problema crucial para la gobernanza democrática. Tenemos gobiernos débiles y con escasos recursos para hacer frente a tan graves problemas. Nuestros gobiernos, en respuesta a sus ciudadanos (y a promesas electorales exageradas) asumen responsabilidades en materia social y de seguridad que no están en condiciones de cumplir porque carecen de los recursos necesarios y de instituciones fuertes y confiables para gastarlos. La reforma del sector público debería comenzar con una reforma fiscal que incremente el ingreso público y que, al mismo tiempo, se convierta en un método legítimo de redistribución del ingreso, como sucede en todos los países del mundo desarrollado.

4. En el contexto de una lucha política legítima, ha ido ganando fuerza la falacia democrática de que la mayoría tiene derecho de cambiar el sistema según lo crea conveniente y, por lo tanto, a acumular poder y a dejar de lado la participación y los derechos de las minorías. La justificación de esa tentación es siempre la necesidad de “completar la tarea” o de hacer frente a urgentes crisis que se producen en la sociedad. Pero si por esa razón se cambian las instituciones y las leyes, se debilitan las instituciones y, en definitiva, la democracia que se dice estar defendiendo.

América Latina está en constante proceso de revisión de sus instituciones políticas, y preocupa el hecho de que en algunos países ello no ocurra por un legítimo deseo de ampliar el consenso y la estabilidad, sino con el fin de explotar ventajas electorales para preservar o aumentar el poder de un gobierno. Son especialmente preocupantes los intentos de controlar el Poder Judicial. Cuando un sector político controla la judicatura, deja inermes a sus oponentes y altera ilegítimamente el equilibrio político de la sociedad.

Aunque el éxito político guarda relación con los resultados, esos resultados no pueden ser la única justificación del cambio de las normas. En una democracia todo poder debe tener límites, pues de lo contrario los líderes ocuparían el lugar de las instituciones, dando lugar a nuevas formas de “caudillismo”, como el que ya hemos visto, con harta frecuencia, en nuestro Hemisferio. Y cuando se ha experimentado el “caudillismo”, se ha producido, en la mayoría de los países, el debilitamiento de los partidos políticos y la concentración de la atención en los individuos. Y aun cuando los líderes no sean democráticos, sus sucesivas reelecciones y copias no constituyen la senda óptima para una democracia estable a largo plazo.

El eminente autor Charles Tilly se refirió, en uno de sus últimos libros, a tres procesos en gran escala que dan forma a la democracia o que, por el contrario, pueden constituir reveses históricos destructivos de la democracia cuando son prolongados o reaparecen. Se trata de la supresión de los centros de poder ajenos al gobierno, la eliminación de desigualdades entre categorías, es decir divisiones rígidas entre sectores sociales y la generación de “redes de confianza” dentro de la sociedad. En nuestro propio léxico, podríamos hablar de supresión de poderes reales, de la eliminación de desigualdades entre categorías (conservo esta expresión) y la creación de un consenso básico que permita mantener un proceso de institucionalización.

No cabe duda de que nuestras sociedades han dado pasos importantes hacia la democratización. Muchas limitaciones pueden atribuirse al tiempo, aún breve, en que todos esos acontecimientos han venido desarrollándose; los gobiernos democráticos han tardado mucho en desarrollarse en otras regiones del mundo, y no hay motivo para esperar un éxito completo en las Américas en unas pocas décadas.

No obstante, los riesgos de una “des-construcción” (destrucción) son palpables. Es que las organizaciones delictivas son hoy la simiente de un poder independiente; controlan sus propios territorios y, naturalmente, obedecen sus propias leyes, que imponen a los demás al margen de la autoridad del Estado. Como los privilegios de que gozan algunos y la existencia de sistemas de servicios sociales (de salud, educación y seguridad) son diferenciados en cuanto a acceso y calidad, ellos conducen a la creación de categorías marcadamente distintas de ciudadanos. Y como en algunos países las necesarias medidas de consenso que deberían existir en toda sociedad democrática están dando paso a una extrema polarización política, ello no constituye un sólido fundamento para las urgentes reformas que aún se necesitan en América Latina.

Muchas gracias.