Agradezco esta invitación y el honor que me confiere el Instituto de Derechos Humanos para tomar la palabra en este evento al celebrar sus primeros treinta años de vida y de intensa actividad.

Agradezco también la presencia del Presidente y de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de miembros del cuerpo diplomático y de tan distinguidos amigos, y sobre todo la presencia de quienes están participando en este curso Interdisciplinario de Derechos Humanos que se desarrolla en San José este mes.

Creo importante recordar de qué manera esta causa, siendo universal, ha tenido un papel fundamental en América Latina y ha ido ganando cada vez más adhesión en nuestros países. Al revisar la historia de nuestro Sistema de Derechos Humanos, con ocasión del cincuentenario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos ver cómo esta iniciativa surgió para promover un tema que preocupaba a la Organización, lo cual era lógico en una institucionalidad como la interamericana que había sido precursora de la Declaración Universal y de todos los otros grandes instrumentos en materia de derechos humanos.

Cuando se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959, nadie pensó que su tarea fundamental no sería la de promover esos derechos tal como estaba establecido en su norma original, sino la de proteger y defender a la enorme cantidad de ciudadanos de América Latina y el Caribe que serían víctimas de violaciones a los derechos humanos en los años que seguirían. En ese sentido, la creación de nuestro sistema está configurado a mi juicio por tres pilares fundamentales: la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La creación de esta institucionalidad tiene el gran mérito de no ser creada en el aire, como una entelequia abstracta o puramente intelectual, sino de ir respondiendo cada vez más a las necesidades, problemas y dramas vividos en nuestra región, encontrando además nuevas ideas, conceptos y pactos en la respuesta a esos dramas. Al respecto, la Corte publicó hace poco un compendio de los principales instrumentos en materia de derechos humanos aplicados a la región, y es de una riqueza que no tiene parangón.

Es por eso que estamos contentos de estar aquí; porque este Instituto cumple una función central, como es la de permitir ampliar la conciencia de hombres y mujeres en el continente acerca de cuáles son los derechos que tienen garantizados internacionalmente y cuáles son las obligaciones de los Estados a los que ellos pertenecen, cuáles son los compromisos que han asumido y cómo asegurar su plena implementación.

El tema del cual trata este curso es del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero más específicamente del Instituto Interamericano, que es una institución académica, independiente y autónoma, de la cual nos llena de orgullo hablar. Debo aclarar que, a diferencia del la Comisión que está en la Carta de la OEA, el Instituto es un ente autónomo. Sin embargo, siempre lo hemos percibido como una entidad del sistema interamericano, el cual queremos fortalecer. Por eso hemos estado conversando en los últimos días acerca de la manera en que podemos colaborar con la proyección del trabajo del Instituto hacia países de América del Sur y el Caribe, y por eso también le hemos dado una sede en Montevideo; porque es parte de nuestro trabajo y porque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no estaría completo si existieran sólo la Comisión y la Corte, sino que se requiere además una institución educadora y promotora como este Instituto.

Hace casi dos años tuve la oportunidad de inaugurar en Panamá un encuentro interamericano de Ministros de Educación que versó precisamente sobre la enseñanza en derechos humanos, iniciativa del entonces Presidente Martín Torrijos y de este Instituto. En ella surgió la idea de lograr un pacto interamericano por la educación en derechos humanos, y a diferencia de otras propuestas que se piensan un día y se instauran una década después, esta fue implementada con gran celeridad. La Asamblea General aprobó este pacto y reafirmó el principio que la educación en derechos humanos es en sí mismo un derecho y una tarea esencial para la democracia. Nosotros esperamos trabajar este tema con el Instituto, para lo cual hemos suscrito un convenio en materia de educación y derechos humanos en democracia.

Todo esto deriva de un concepto de democracia que se ha ido acuñando en el último período, y que está ciertamente en el corazón de la Carta Democrática Interamericana, aquel ambicioso documento que a veces, a mi juicio, es interpretado de manera muy estrecha. Me parce necesario afirmar que la Carta Democrática Interamericana no es simplemente un instrumento destinado a sancionar a algunos países que rompen las reglas de la democracia; por supuesto también tendría que hacer eso, pero la verdad es que para eso bastaría con la Carta de la OEA y las reformas que se le han introducido.

La Carta Democrática Interamericana, inspirada en el esfuerzo que hemos realizado en los últimos cincuenta años, y en cuyo corazón está el Sistema de Derechos Humanos, es lo que yo he llamado un programa o una declaración de principios de la república democrática; un concepto que va más allá de lo puramente electoral y de cómo se generan las instituciones democráticas, sino que también se preocupa de cómo actúan las instituciones democráticas. Se trata entonces de un programa político que incluye la generación del poder democrático, la gestión del poder democrático y, sobre todo, los derechos de los ciudadanos en toda democracia. La Carta Democrática Interamericana consagra a la democracia como un derecho de los ciudadanos de esta región, cuestión que ningún instrumento del mundo tenía antes. Ese derecho se refiere no solamente al derecho de elegir y ser elegido, sino también al de participar plenamente en la democracia y recibir cuentas por la forma que esa democracia se gestiona; es decir, todo aquello que dice relación con los aspectos generativos e institucionales de la democracia, la república entendida como un gobierno de leyes y de instituciones, y no un gobierno sólo de individuos.

Estas ambiciosas metas son resultado de las experiencias de nuestros países tras el período de las dictaduras, las llamadas dictaduras de seguridad nacional en América del Sur y de las guerras internas en Centroamérica, y que convencieron a la región de que debía encontrar otra manera de avanzar efectivamente en su desarrollo. Porque la Carta Democrática Interamericana también vincula sustantivamente democracia con desarrollo. La única forma de hacerlo era contar con un sistema institucional permanente y estable, y dentro de ese sistema, dentro de esa democracia entendida en un sentido mucho más amplio de lo habitual, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos juega un papel fundamental. Es decir, no estamos solamente en presencia de algunas instituciones; es todo un conjunto de ideas y conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo de los años. La democracia siempre puede ser perfeccionable, pero al firmar la Carta Democrática Interamericana todos nuestros países asumieron un conjunto de compromisos, y esos compromisos son los que nos dan la autoridad para trabajar dentro de la región, y no solamente cuando alguien rompe una norma democrática o se violen derechos fundamentales; el concepto de la Carta tiene una alcance mayor: se trata de promover la democracia como un valor para todos los ciudadanos de las Américas. Estamos recién empezando y nos queda mucho camino por recorrer.

Creo que en este plano es evidente que el respeto a los derechos humanos es un elemento esencial, porque cuando son violados estamos ante un síntoma inequívoco de que se está corrompiendo el estado de derecho y hay un deterioro de la democracia. En el pasado reciente esas situaciones eran muy evidentes, muy obvias; los regímenes dictatoriales de los años 60’, 70’ y 80’ se caracterizaron –a diferencia de los regímenes dictatoriales anteriores- por una violación sistemática de los derechos humanos. A veces cuesta mucho hacer esta distinción, pero en naciones como las nuestras donde se dieron tantos golpes de Estado y hubo tantas muertes de ciudadanos que fueron víctimas de atentados del Estado, es difícil concebir alguna diferencia. Pero reitero, las dictaduras de los años 60’, 70’ y 80’ incorporaron la violación de los derechos humanos como una práctica integral y no como un accidente, no como un recurso expedito sino como un régimen que en lo esencial hacía de la violación a los derechos humanos una característica fundamental, y por esa misma razón es que fue tan importante nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por eso es que fue tan importante el surgimiento en ese período de estas entidades: ellas salieron no solamente a defender los derechos de personas, sino que también a protegernos de aquellos que de alguna manera pretendían aniquilar esos derechos. Es precisamente este elemento de violación sistemática de los derechos humanos lo que caracterizó a las dictaduras que vivimos en las décadas anteriores, todo lo cual puede ser raro en el siglo de los derechos humanos y dictada ya la Declaración Universal, pero en nuestra región nunca se habían vivido esos crímenes y violaciones como ocurrió en la década de los 60’, 70’ y 80’; nunca antes los ciudadanos de la región habían tenido que acudir masivamente a la protección entregada por el sistema interamericano.

Hace días tuvimos un debate en la OEA al respecto, y la verdad es que la reacción de algunos representantes de algunos países fue muy emocionante, en el sentido de recordar con fechas, días, horas y nombres, la cantidad de personas que habían sido salvadas y rescatadas por la acción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual no solamente protegió personas sino que defendió nuestro derecho a vivir en democracia. Desde este punto de vista no podemos olvidar la forma en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuó en muchos de nuestros países. Algunos tenemos más experiencias que otros en esta materia; para nosotros la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se identifica con la sobrevivencia de la vida democrática, las organizaciones, las visitas de la Comisión y también de algunos relatores de Naciones Unidas. Los primeros fallos de la Corte son vistos como hitos en esta lucha que hoy en día tiene una envergadura mucho mayor.

Cómo olvidar el papel que jugó la Comisión Interamericana a fines de los años ’80 en los temas de incompatibilidad de las leyes de amnistía con las disposiciones de la misma Comisión y los fallos de la Corte que dieron paso a un cambio significativo en el sistema jurídico latinoamericano, con recomendaciones y transformaciones que se hacían eco del clamor de familiares y víctimas. No eran solamente cuestiones ideológicas promovidas por organizaciones de la sociedad civil que se resistían a aceptar que las dictaduras concluyeran en la impunidad. Cómo olvidar la declaración de las leyes de desacato, la adopción de leyes sobre acceso a la información pública, las leyes sobre debido proceso, las leyes que sancionan la violencia doméstica, la adopción de políticas públicas dirigidas a erradicar el trabajo forzado, las normas que condenan la violencia contra la mujer –se está celebrando hoy día una reunión en Costa Rica que habla sobre esto- las garantías de participación política de los pueblos indígenas. Estos son sólo algunos ejemplos del impacto real y concreto que ha tenido el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos en la consagración de la democracia en nuestra región.

Hoy día la gran mayoría de los Estados acata la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que sirve como elemento de orientación para muchos altos tribunales nacionales de la región. Sin embargo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es un sistema concluido, así como también a la democracia le faltan todavía muchos logros por alcanzar. Nuestro sistema interamericano no es aún un sistema universal, entendiendo por esto el universo americano, ya que no todos los países de la región son miembros del sistema, no todos los países de la región han firmado y ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no todos nuestros países han reconocido la jurisdicción de la Corte y en muchos casos no todos nuestros países acatan sus sentencias o decisiones. Tenemos un buen índice de cumplimiento, es cierto; es un sistema que funciona, no es un sistema en crisis, pero la universalización del sistema es absolutamente fundamental, en cuanto a la pertenencia y en cuanto al acatamiento.

Podremos estar satisfechos del desarrollo institucional de nuestro sistema de derechos humanos, especialmente de nuestra Comisión y Corte, cuando todos los países hayan firmado la Convención, cuando todos la hayan ratificado y todos acaten la jurisdicción de la Corte, y cuando el índice de cumplimiento sea cercano a la perfección; es decir que cuando se declare aceptada la jurisdicción de la Corte, ésta lo sea por todos los países. Tenemos todavía limitaciones en esta materia, aunque es importante decir que la mayoría de los países efectivamente ha suscrito y ratificado la convención, y también aceptado la jurisdicción de la Corte, si bien a veces aún cuesta bastante aceptar sus decisiones. No tenemos, entonces, un sistema completo.

Algunos de los grandes países del continente americano aún no son plenos miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por otra parte -algo que puede parecer meramente material, aunque lo material tiene mucha importancia en los países de nuestra región- está el hecho de no sustentar suficientemente un Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el que tenemos; las declaraciones a veces exceden los recursos que se ponen a disposición para que los órganos del sistema interamericano puedan cumplir con sus obligaciones. Todavía es un sistema incompleto y precario. Al respecto, lo primero que tendríamos que saber o entender es que constituye una lucha permanente la plena implementación del sistema. Y cuando hablo de plena implementación no me refiero solamente a los tres organismos de los que he hablado, sino que también a otras entidades del sistema interamericano que también tienen responsabilidades sustantivas en la defensa de algunos derechos, como es el caso de la Comisión Interamericana de Mujeres. El tema de la mujer no es solamente un tema de violencia; también es un tema de igualdad efectiva de género, como en el caso del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes, que está también realizando en estos días una reunión en Costa Rica y tiene a su cargo la defensa de estos grupos a veces tan poco resguardados, en un continente donde la triste estadística nos dice que uno de cada cuatro jóvenes ni estudia ni trabaja. También allí hay por lo tanto una tarea fundamental que cumplir.

La defensa de todo este sistema es un elemento esencial de la democracia y las amenazas provienen de dos fuentes, además de una cierta tendencia al incumplimiento. La primera fuente es la misma de la cual provienen los principales problemas de desarrollo insuficiente de nuestra democracia: falta de funcionamiento de las instituciones, falta de obediencia a la legalidad, enorme insuficiencia de nuestros sistemas judiciales, todos factores que hacen que mucho de los derechos estén configurados pero sin que sean accesibles a las personas. Nuestros estudios en materia de defensa de los derechos de la mujer muchas veces concluyen que no existe a quien denunciar el tema de la violencia intrafamiliar, o que no hay protección suficiente para la mujer y los niños, y que el sistema judicial en definitiva es muy insuficiente. Un primer gran problema en nuestro Sistema de Derechos Humanos es entonces la falta de una institucionalidad suficiente de los Estados para proteger esos derechos.

Pero también hay otros factores que no provienen del sistema político mismo, y uno de ellos es el problema de la pobreza y la discriminación. Algunos los tratan por separado, pero a mí me gusta tratarlos juntos por una razón muy simple: cuando nosotros decimos que existen en América Latina y el Caribe 190 millones de pobres, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que la mayor parte de ellos pertenecen a etnias originarias, y que la mayor parte de los ciudadanos afroamericanos son pobres también, y que un número desproporcionado de hogares monoparentales encabezados por una mujer son pobres; entonces hablar de la pobreza en América Latina es referirse a una pobreza que tiene género, raza y color, no es una pobreza cualquiera; es una pobreza claramente discriminatoria, y por eso los temas de pobreza y discriminación son temas que atentan de manera muy sustantiva contra el pleno ejercicio de los derechos humanos en la región latinoamericana.

Es muy raro encontrar algún problema grave de nuestra región que no sea extensible hacia estos fenómenos. Nuestro continente, lo dijo alguna vez Fernando Henrique Cardoso respecto de Brasil –y yo creo que se aplica para toda América Latina- no es un continente pobre, es un continente injusto. En América Latina hay demasiados pobres para el nivel de desarrollo que tenemos, y el problema de la injusticia, la discriminación y la pobreza es sin duda uno de los dos principales que enfrentamos hoy en día para hacer efectiva la realidad de los derechos humanos.

En esta región de la cual todos nosotros nos enorgullecemos, hace mucho tiempo que no hay guerras. En realidad la última guerra-guerra fue la “guerra del Chaco” en los años ’20, pero en contraste tenemos que en esta región se ubican al menos la mitad de los diez países con la mayor tasa de homicidios en el mundo. Esta es una de las regiones más violentas del planeta, y es paradójico; algunas compiten porque tienen guerras entre sí, pero sin embargo esta región no tiene guerras y compite en la tasa de muertes violentas que se cometen en el mundo. Hay varias ciudades de nuestra región en que la tasa de criminalidad ya no se mide, como en otras partes, en términos de muertos por cada cien mil habitantes, sino que se mide en muertos por miles: 1, 1.2, 1.3 por miles, hay ciudades en América Latina en que mueren mas de cien personas por cada 100 mil habitantes en el año.

Esta es una región en la cual se cometen hoy en día la mayor cantidad de secuestros del mundo. Para decirlo en términos simples, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud la tasa de criminalidad o por muerte violenta en el mundo es de 12 por cada 100 mil habitantes, en África es 22 por cada 100 mil habitantes, en América Latina es de 23 ó 24 por cada 100 mil habitantes, y existen por lo menos nueve países que superan los 50 por cada 100 mil habitantes. Es interesante que esta cifra las haga la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que la OMS considera que hay una epidemia cuando existen diez casos de una enfermedad entre 100 mil habitantes; si en una ciudad de un millón de habitantes se presentarán cien casos de hepatitis, entonces hay una epidemia para la OMS. Bueno, en nuestra región hay una cantidad importante de ciudades de un millón de habitantes en las que se cometen más de cien homicidios; es decir es una verdadera epidemia que tenemos que enfrentar, porque estamos en una situación en que, al centro de nuestra lucha por la democracia y los derechos humanos, se inserta una ola de criminalidad como nuestra región no había conocido antes.

Me preguntan: “¿Ha mejorado la situación de los derechos humanos en Honduras?”. Yo creo que en parte sí, pero el problema es que es un país donde hay 59 homicidios por cada 100 mil habitantes. A uno le cuesta decir cuál es el origen de esos homicidios, sobre todo cuando se producen en las dos principales ciudades y se tienen varias versiones; es decir, tenemos una situación que atenta contra la seguridad, contra la salud, contra la integridad física de nuestros ciudadanos, y que también corrompe nuestra democracia. Violencia interpersonal y delitos comunes son una parte del problema, pero todos sabemos que aquí está el crimen organizado vinculado al tráfico de drogas, el tráfico indiscriminado de armas, que hay un doble tránsito del sur hacia el norte y vuelta hacia el sur, armas que van a nutrir los ejércitos del narcotráfico que es cada vez más poderoso y compite con las policías y los ejércitos del continente. La violencia contra las personas relacionadas con el tráfico y consumo de drogas, el crimen organizado, la trata de personas y el lavado de dinero son temas relacionados.

Por lo tanto, creo que esta es una amenaza vinculada con los temas de la pobreza, la discriminación y la desigualdad. Pero estos dos fenómenos, junto con la falta de una institucionalidad donde exigir el respeto a los derechos de las personas, constituyen el sesgo de una dificultad, y por eso es importante que nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos también considere este tipo de problemas tal como lo ha hecho en los últimos años. El caso que he mencionado del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia contra la mujer, o el estudio recién realizado sobre derechos humanos y seguridad pública, muestran un sistema que es activo en preocuparse de las grandes lacras que afectan a nuestra sociedad. Por cierto, el pacto de derechos económicos y sociales es también una forma de enfrentar el problema. La Carta Democrática Interamericana señala que no existe democracia sin desarrollo y una mínima justicia social.

Son temas que están vinculados, claramente, aunque el tema de derechos humanos tiene límites y es mejor no extender demasiado un concepto que puede abarcarlo todo, porque entonces termina siendo irrelevante. El tema de derechos humanos tiene límites, pero sin duda está vinculado con todos estos problemas que he señalado y que hacen muy difícil hablar de sociedades democráticas plenamente regidas por el respeto al derecho de las personas cuando todavía existen las debilidades institucionales, la pobreza y la criminalidad que vemos en nuestra región.

En este sentido, la educación es clave para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el logro de mayor igualdad social, la generación de empleo y el combate a la violencia, poniendo este tema de la educación en el centro de cualquier estrategia de desarrollo. Cuando uno habla de la democracia no se trata de preguntar a quién hay que sancionar, a quién vamos a castigar, a quién vamos a destruir, a quién vamos a increpar, sino más bien cómo vamos a promover y cómo vamos a educar. Yo no creo en la acción de los organismos internacionales como acción represiva, sino como acción educativa, y creo que hay que terminar de una vez por todas con los conceptos de intervención y reemplazarlo por el de cooperación internacional.

Lo mismo ocurre en el plano de los derechos humanos y debería ocurrir en otros también; es decir, reemplazar la idea de sancionar al que hace determinadas cosas mal por la idea de promover determinados valores para que las cosas se hagan bien. Hay que denunciar la violación de los derechos humanos y defender a aquellos cuyos derechos están siendo transgredidos; hay que proteger a los débiles para que sus derechos no sean pisoteados, pero hay que tratar de educar a la sociedad para evitar que se cometan las violaciones, para que la denuncia, la defensa y la protección sean cada vez menos necesarias. No podemos tener un sistema puramente defensivo. Desde ese punto de vista, si bien las acciones de defensa tienden a examinar violaciones pasadas, actuales o inminentes, tenemos que fomentar una educación que se dedique a prevenir las violaciones futuras.

Los objetivos son los mismos, pero debemos prestarle mucha mayor atención a la educación. Educación que consiste primero en promover los valores de respeto a los derechos humanos en la sociedad, y segundo en enseñar a las personas de qué manera pueden reconocer y hacer valer sus derechos frente al Estado. Sin duda ya no estamos en la época clásica del pacto social en que, según Hobbes y Rousseau, el individuo negociaba una parte de su libertad a cambio de tener seguridad por parte del Estado y, por lo tanto, se convertía en súbdito de un poder político que le ofrecía protección. El trueque ya no es obediencia a cambio de seguridad. El ciudadano en la sociedad democrática le confiere al gobernante legitimidad; no sólo le promete obediencia sino que le confiere legitimidad. ¿A cambio de qué? A cambio de libertad y respeto de sus derechos. El pacto social ha cambiado fundamentalmente; a mí me llamaba siempre la atención, durante los años que viví el exilio en Europa, lo poco que se ocupaba la palabra “gobernante” y lo mucho que se ocupaba la palabra “mandatario”. Acabo de leer que ahora hay sistemas científicos con los cuales se pueden mirar los documentos de otra manera, e incluso estudiando el manuscrito original de la Constitución americana se ha descubierto que Thomas Jefferson borró la palabra “súbditos” y puso la palabra “ciudadanos”. En eso consiste precisamente el pacto democrático, es decir: “yo te doy legitimidad y tú me confieres ciudadanía y respetas mis derechos”. En nuestra sociedad hay muchos que creen aún que el gobierno consiste en subordinación y sumisión a cambio de protección, pero eso no es así y tenemos que educar a los ciudadanos, en el sentido de conferir legitimidad al gobernante a cambio de que el gobernante respete su ciudadanía en lo político, en lo social y en lo jurídico. Esto podría empezar desde muy temprano, pero tenemos un trabajo muy sustantivo que realizar porque en la ciudadanía persisten enormes atrasos, los ciudadanos de nuestra región no conocen suficientemente sus derechos y no conocen las formas de hacerlos efectivos; desconocen sus sistemas judiciales, desconocen sus sistemas previsionales, muchos de los pobres de nuestra región desconocen los subsidios y recursos que el Estado les proporciona.

El trabajo educativo en materia de derechos humanos tiene que abarcar esos temas; no es solamente un trabajo en relación al respeto de la libertad y la vida, sino que también a los derechos que los ciudadanos gozan en un Estado moderno; tiene que ver con la educación, la salud, el empleo, con todo aquello que una sociedad moderna está obligada a proveerle a sus ciudadanos.

En la OEA somos concientes de la importancia de la educación en derechos humanos. Hemos desarrollado un programa interamericano de valores y prácticas democráticas desde el año 2005, en alianzas con gobiernos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil para tratar de crear una cultura democrática por medio de la educación. Hemos formulado y desarrollado iniciativas hemisféricas complementando esfuerzos de gobierno y ejecutando proyectos técnicos. Trabajamos con los Estados miembros a nivel regional y subregional, y financiamos un conjunto de proyectos a través de nuestro sistema de fondo especial multilateral, trabajando con fundaciones como la UNICEF, UNESCO, el Banco Mundial, BID y otras fundaciones; sin embargo, todavía nos queda mucho por hacer en esta materia.

Alguien dijo que la gran riqueza de nuestra región es su enorme diversidad. Puede ser cierto; es un inmenso desafío también. Podemos interpretar dicha diversidad en el sentido de que cada miembro de esta gran sociedad no pierda su identidad cultural y, al mismo tiempo, progresar y asegurar el acceso a los bienes que le proporciona la cultura moderna. ¿Cómo podemos asegurar que todos los ciudadanos reciban al menos los mismos bienes y servicios básicos? ¿Cómo hacer que el Estado garantice, como parte de la ciudadanía, determinados derechos a las personas en materia de educación, salud y vivienda? ¿Cómo proveer formas de medir la calidad de los bienes y servicios? ¿Cómo atender, por ejemplo, el creciente derecho a la educación en la primera infancia?, una materia que se respeta tan poco en esta región, mientras los científicos nos dicen que la formación de los niños entre los cero y los cinco años es fundamental para su desarrollo futuro, en circunstancias que nuestra región no tiene ni el 10 por ciento de los niños recibiendo atención pre escolar. No tenemos respuestas a todas estas interrogantes, pero tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de responderlas, y en ese sentido ustedes pueden contar con la participación de nuestra Organización de lo Estados Americanos.

La democracia latinoamericana es joven. La idea democrática es antigua, la lucha por la democracia es también bastante antigua, pero en realidad gobiernos democráticos como los de hoy sólo existen desde hace treinta años. Tenemos estabilidad democrática desde comienzos desde los años ’90, con las salvedades y caídas que conocemos. Honduras fue un problema; hay otras partes donde se reclaman derechos como la libertad de expresión y existen otras dificultades como las amenazas internas, pero en lo fundamental estamos avanzando por un camino pedregoso y difícil de cruzar. Yo tengo una evaluación positiva de cómo avanza la democracia en la región. Nadie podrá negar que en materia de derechos humanos hemos progresado, aunque todavía es necesario un avance mucho mayor, que no es solamente –repito- en la forma en que se elige a los gobernantes, sino que tiene que ver básicamente con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, de las instituciones de derechos humanos y, sobre todo, con el fortalecimiento de la cultura, de respeto a los derechos de las personas sobre la base de una nueva concepción del pacto social.

Creo que en ese camino tenemos volcada nuestra actividad para las próximas décadas. Hay muchos jóvenes que recién se están iniciando en esto, y yo los invito a la enorme tarea que construir el sistema interamericano junto a su principal estrella: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Muchas gracias