Amigos, esta es una conferencia anual; por lo tanto corresponde que nos refiramos a lo que ha ocurrido en los últimos doce meses y que de ello saquemos conclusiones que puedan orientar nuestro trabajo. Creo que este año han ocurrido muchas cosas que abren caminos para reforzar las relaciones interamericanas, pero también es posible advertir la dificultad que ellas tienen. Por eso me voy a permitir hacer una reflexión sobre lo que creo fundamental de lo ocurrido durante este año y sobre lo cual se deben sacar conclusiones para el futuro.

Lo primero, por cierto, es la crisis global y su impacto en América Latina. No voy a sacar conclusiones sobre esto, ha habido paneles de excelentes economistas y yo no tengo la pretensión de serlo, de modo que me limitaré a repetir lo que dijimos el primer día: cuidado con sacar conclusiones ligeras, porque es posible que no sólo no haya pasado lo peor sino que puede ocurrir también que haya malas sorpresas en el futuro. Además hay que considerar el hecho que seguiremos viviendo las consecuencias de la crisis por mucho tiempo más.

Desde el punto de vista político, desde el que yo quisiera hablar, diría que han existido algunos hechos que han marcado el rumbo. El primero de ellos es la Cumbre de las Américas, y vamos a hablar de ella en el tono que corresponde: un tono de futuro. No cabe duda que la Cumbre superó, en todo los aspectos, nuestras expectativas. Fue, primero, una Cumbre de buena voluntad, “a new beginning”, un nuevo comienzo como se dijo. Creo que ciertamente se manifestó una voluntad distinta de entendimiento por parte del Presidente Barack Obama. Y pienso en el significado de su frase de “No hacer política para ustedes” (para los países de la región), sino “Hacer política con ustedes”. Un mensaje que fue recogido y discutido. Además, hubo un clima muy interesante, de carácter constructivo, en que los presidentes estuvieron dispuestos a resolver todos los problemas que habían existido en los preparativos. No se debe olvidar que habíamos llegado a la Cumbre con una seria dificultad respecto del documento que se iba a aprobar en ella y, sin embargo, los Jefes de Estado y de Gobierno, incluido el presidente Obama, trabajaron para resolverlo y fueron capaces de hacerlo.

Y de la Cumbre salió no solamente una Declaración -porque a las declaraciones muchas veces se las lleva el viento- sino que una agenda interamericana que incluye los temas que realmente son comunes a todos, incluido por cierto el tema fundamental. Tal vez éramos más optimistas cuando hicimos la agenda original de la reunión, que estaba basado en el tema “human prosperity”, prosperidad humana, pero finalmente el tema de la Cumbre fue la crisis económica mundial, con énfasis en los problemas sociales. Y sobre ese tema han ocurrido cosas. Los temores que teníamos todavía siguen allí: temores al proteccionismo, al desfinanciamiento; pero se ha avanzado y esperamos seguir avanzando.

Con relación a temas de responsabilidad social, de protección social, estamos inaugurando nuestra Red de Protección Social en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, dentro de los próximos diez días. En materia energética hemos iniciado el camino en un primer encuentro en Lima, desarrollando la idea del “partnership”, que ya está a la vista; y podemos seguir desarrollando un conjunto de iniciativas en ese campo. En materia de drogas creo que tenemos una discusión importante. Con relación al tema del crimen, lo principal es que es la primera vez que se habla en una Cumbre de este tema como una cuestión central. Un tema que es fundamental en nuestra agenda. Y no solamente el tema de drogas, sino también el de sus delitos conexos: lavado de dinero, secuestro, tráfico de personas, son parte de nuestra realidad en un continente que tiene altas cifras de criminalidad. Y para atenderlos tendremos la Segunda Conferencia de Ministros sobre Seguridad Pública, a comienzos de Noviembre en la República Dominicana. Con relación al tema del medio ambiente, lo importante es que a partir de Trinidad y Tobago estamos todos en el mismo barco, a diferencia de lo que ocurría hasta pocos meses antes. También fue importante el tema del comercio. Yo espero que algunas de las cosas que se decían ayer se puedan cumplir para obtener la aprobación de los acuerdos comerciales de Estados Unidos con Colombia y con Panamá, y para aprobar las preferencias para los países que las necesitan. Y todo lo anterior se trató dentro de un marco político central: el de la gobernabilidad.

Ahora voy a ir a los temas que importan más a este auditorio. Probablemente sirvió mucho a la Cumbre de las Américas el hecho que el tema de Cuba no fuese tratado allí. Algunos presidentes lo mencionaron en sus discursos inaugurales, reclamaron la presencia de Cuba, pero no se pasó mas allá, ni para discutir la presencia de Cuba ni para discutir en el fondo los problemas con Cuba. El Presidente Obama había hecho ya unos anuncios muy importantes en los días anteriores a la Cumbre, que también fueron fundamentales para desarticular tensiones. Pero, puntualmente, llegada la Asamblea General de la OEA cuarenta días después, el tema debía ser tratado y lo fue. Y yo creo que lo fue de manera exitosa.

Nos sacudimos de encima, como dije entonces, una chatarra vieja que derivaba de la Guerra Fría; una resolución que ya no tenía ninguna razón de ser. Pero al mismo tiempo dejamos en claro que para pertenecer y actuar en la OEA es necesario atenerse a determinados principios, y que Cuba podrá pedir su participación en la OEA nuevamente en la medida en que esté dispuesta a entrar en un diálogo en el Consejo Permanente con respecto a los principios que guían a la institución. Estos están incluidos en la Carta Democrática Interamericana, en la Declaración de los Derechos Humanos y en otros instrumentos. Luego ha continuado lo que tenía que continuar, que eran las posibilidades de diálogo entre Cuba y Estados Unidos, pero creo interesante señalar que ese problema que parecía tan candente, fue bien superado.

Lamentablemente, apenas un mes después de realizada la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, en Honduras, se produjo el golpe de Estado en ese país. Y quiero referirme a ese punto porque creo que ha sido motivo de mucho debate.

Lo primero que es necesario decir es que, antes de discutir lo que va a pasar con Honduras o cómo salir adelante con el problema de ese país, es necesario hablar de lo que se podría haber prevenido. Lo planteó el senador Richard Lugar esta mañana, cuando señaló que no tenemos los instrumentos suficientes para poder actuar de manera que estas cosas no ocurran.

Si miramos los problemas y los debates que ha habido en la región en los últimos cinco años -el tiempo que yo llevo en la Organización- la verdad es que la gran mayoría de ellos o han sido resueltos sobre la base de la Carta o podrían haberlo sido si la Carta hubiera tenido algunos instrumentos que no tiene. Dos de los que hemos conseguido encausar en base a la Carta Interamericana son el problema de Nicaragua, a mediados de 2005, y los asuntos relativos a Bolivia a lo largo de estos cuatro años. En el primer país se logró evitar algo que podría haber ocurrido, una especie de golpe parlamentario, es decir la decisión del Parlamento de remover al Presidente por razones estrictamente políticas, y acortarle así su período. El Gobierno de Nicaragua, conciente de que no tenía una mayoría en el Parlamento, decidió recurrir a la Organización de los Estados Americanos. En virtud del Artículo 18 –si no me equivoco- de la Carta Democrática Interamericana, el Gobierno del Presidente Bolaños de Nicaragua pidió una misión especial de la OEA para ver ese asunto. Esa misión duró varios meses, la crisis estuvo a punto de producirse en cualquier momento porque nosotros no tenemos muchos instrumentos para evitar que se produzcan, pero finalmente tuvimos éxito: el gobierno concluyó su período y la elección en Nicaragua se realizó, con observación de la OEA.

Una cosa similar ocurrió en Bolivia, donde se ha llegado varias veces al borde de una confrontación en un país que ciertamente ha enfrentado dificultades económicas, sociales y políticas por el profundo cambio que ha tenido lugar allí. Pero el gobierno ha tenido el buen juicio de recurrir a la Carta Democrática Interamericana. Poca gente lo sabe, pero las misiones de la OEA que han ido a Bolivia lo han hecho en virtud de la petición del gobierno, que ha actuado a su vez en el marco de la Carta Democrática Interamericana que establece que, si un gobierno considera que la democracia está bajo grave amenaza, puede pedir una misión especial de la OEA. En función de eso fuimos a observar la discusión con los prefectos, y que derivó en la aprobación del texto constitucional.

Ahora en Bolivia estamos en vísperas de una elección; esperamos arroje un resultado incontrovertible respecto de las nuevas autoridades que van a dirigir al país en el marco de una nueva Constitución que, en parte al menos, fue producto de una discusión política y no solamente de la imposición de una mayoría.

No ocurrió lo mismo sin embargo en Ecuador -no estoy hablando del Ecuador de ahora, sino del de antes que yo llegara a la OEA- cuando el Presidente Gutiérrez decidió disolver la Corte Suprema de Justicia y nombrar otra en su reemplazo. Esto condujo finalmente a la caída del Gobierno y a la participación de la OEA en el nombramiento de una nueva Corte de Justicia. ¿Por qué, en este caso, la OEA no intervino antes de que se produjeran los hechos? Porque la única forma en la que se puede llegar al Consejo de la Organización de los Estados Americanos para adoptar alguna actividad preventiva es cuando lo pide el gobierno. En suma, la Corte Suprema de Ecuador no podría haber protestado diciendo: “Nos están disolviendo”. Simplemente no estaba facultada para llegar a la OEA.

Voy a confesar algo: durante el primer día de mi llegada a la OEA me preguntaron si yo podría recibir a una delegación del Parlamento de Nicaragua, que venía a hablar conmigo sobre algunas cosas graves que ocurrían en ese país. En ese momento recibí el consejo de que no los recibiera porque no le iba a gustar al gobierno, y estoy hablando de 2005. Después he recibido, como ustedes saben, a gente de otros países; de Venezuela hace poco, y antes a los prefectos bolivianos, pero siempre fue con conocimiento de los gobiernos.

Un segundo tema importante en relación a las limitaciones de acción preventiva de la OEA es que no existe claridad respecto de cuándo o en qué condiciones se produce o puede producirse una grave ruptura de la democracia.

Estos temas los planteé en un informe al Consejo Permanente de la OEA, si no me equivoco, en el mes de marzo de 2007. Recuerdo que era un informe que había que presentar con ocasión de los cinco años de la Carta Democrática Interamericana, en septiembre de 2006, pero finalmente fue entregado en los primeros meses de 2007. Se trata de un problema que incide en algo que afecta muy profundamente a las relaciones interamericanas, tal como lo planteó el senador Lugar esta mañana: cómo usar esta Organización para promover los principios democráticos y, al mismo tiempo, mantener en alto el principio de no intervención. Naturalmente las dos cosas son muy válidas, pero la compatibilización de ambas es profundamente complicada.

Yo quiero decirles a ustedes que antes de Honduras había un buen número de países que señalaban que cualquier intervención de la OEA en este tipo de asuntos violaba el principio de la no injerencia establecido en la Carta fundacional de la OEA. Por lo tanto, este entusiasmo repentino que ha provocado la Carta Democrática Interamericana debería servirnos para revisarla.

Esta revisión no se haría con la pretensión que tienen algunos de crear un sistema supranacional de control de la democracia como el que tenemos en materias de derechos humanos con la Comisión y la Corte; alguna especie de gran comisión o de consejo de la OEA que determine qué país es democrático y qué país no lo es. Mi propuesta en esta materia es la misma de 2007 que, entiendo, se discutirá pronto nuevamente en la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos de la OEA: complementar la Carta con dos temas, con tres si se pudiera, porque ampliar la facultad del Secretario General para enviar misiones sería perfecto. Pero los otros dos temas son: que puedan acudir a la Carta Democrática Interamericana todos los poderes del gobierno (gobierno, en la definición más estricta del término, son todos los poderes del Estado: el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial); es decir la posibilidad de que otros poderes del Estado también puedan recurrir a la Carta Democrática ante la Organización. Y el segundo tema es definir con más claridad qué es una “grave ruptura” del orden democrático.

Me voy a referir en particular al segundo. En el debate sobre qué es democracia y qué no lo es, la Carta Democrática Interamericana toma el camino más amplio; no solamente define como democracia el gobierno generado por el pueblo, no solamente se refiere por lo tanto a la generación del gobierno, sino que se refiere también a la ciudadanía y al desarrollo de instituciones republicanas. Pero si ustedes revisan los artículos en la Carta Democrática Interamericana que se refieren a la posibilidad de acción del Consejo, ellos sólo dicen relación con la ruptura constitucional, es decir asuntos graves de ruptura del orden constitucional, y eso siempre se ha entendido en relación a golpes de Estado o intentos de golpe.

Una definición más amplia y más ajustada a doctrinas modernas de lo que son graves violaciones del orden constitucional, fue propuesta por el Presidente Carter en la Cátedra de las Américas –durante la primera versión de nuestra Cátedra de las Américas, de la que ya llevamos cerca de cuarenta sesiones- siguiendo la tipología de Robert Dahl en su obra Poliarquía. El señaló en esa oportunidad cuáles serían, a su juicio, rupturas graves del orden constitucional que autorizarían la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que, repito, en sus artículos 17 a 21 sólo habla de amenazas o rupturas del orden constitucional. Creo sinceramente que una aplicación de esos criterios habría permitido una solución al tema de Honduras antes de que el conflicto llegase a los extremos que finalmente arribó.

Para mi resultaría muy fácil decir: “Íbamos a ir a Honduras el lunes en la mañana pero el golpe se produjo el domingo”. Es verdad, pero íbamos a ir porque el gobierno del Presidente Zelaya había pedido que fuéramos. De otra manera no teníamos un instrumento para llegar. Además ustedes deben saber que había una discusión sobre cuán grave eran los hechos que estaban ocurriendo, si en realidad amenazaban o no el orden constitucional en ese país. Honduras nos ha demostrado, en consecuencia, que nuestros instrumentos de prevención son insuficientes. Y no es que no se sepa lo que está ocurriendo, sino que -más grave aún- no se puede actuar.

Lo de Honduras ciertamente es un buen paradigma, porque no existe ningún país del mundo que haya reconocido al régimen de facto de Honduras; ninguno, y eso a mucha gente se le olvida. Hay un debate sobre Honduras, es un debate en cierto modo académico y de gente del mundo de la política. No cabe duda que en este mismo país, en los Estados Unidos, se ha convertido a Honduras en un tema muy emblemático. Algunos personajes que son ya parte de la historia han reaparecido para hablar sobre el tema, pero la realidad es que no hay ningún país en el mundo, ni tampoco ningún organismo internacional, que haya estado dispuesto a reconocer al régimen de Micheletti.

Tampoco es bueno olvidar que estamos tratando con un golpe de Estado. Es difícil tipificar mejor un golpe de Estado que un evento en el cual al Presidente es sacado en pijama de su casa a las seis de la mañana por soldados con pasamontañas y armados. ¿Cómo se dan los golpes de Estado? Pues así mismo. Eso se llama golpe de Estado, no tiene otro nombre, y la reacción de los países de América Latina fue tan fuerte porque reconocemos allí un patrón de conducta, y ya no queremos que esas situaciones vuelvan a ocurrir nunca más.

Hoy muchos miran lo que está pasando y preguntan: “¿Por qué no hacemos elecciones y así solucionamos el problema?” La respuesta es que en Honduras el problema no son las elecciones; las elecciones ya estaban convocadas. El problema es la destitución o la salida forzada de un Presidente democráticamente elegido. Y eso no se corrige sobre la base de una elección, porque entonces sería muy simple sacar a un Presidente a empujones cuando no se está de acuerdo con su gobierno, tirarlo fuera del país y después decir: “No se preocupen; vamos a hacer una elección”.

Que hay otros problemas en la región, ciertamente que sí. Creo que existe en algunos países una suerte de cesarismo; una suerte de personalización del poder sobre la base de las instituciones. Ese problema también tenemos que enfrentarlo. Pero en Honduras el problema fue a la antigua: fue un golpe de Estado y un golpe de Estado no puede volver a pasar en la región. Tenemos los instrumentos para evitarlo.

Algunos también se hacen la pregunta de si no podríamos haber ido más paso a paso, de manera menos drástica. Pero no tenemos otro método. Si ustedes miran la Carta Democrática Interamericana, lo único que existe es la suspensión y la opción es clara: se suspende o no se suspende.

El Presidente Zelaya no ha hecho todo lo que podría hacer para mejorar su situación, pero al mismo tiempo es el Presidente legítimo de Honduras; cómo resolvemos ese asunto es lo que estamos tratando de ver. Alguien hablaba hoy de elecciones organizadas por algún organismo internacional; no lo sé, pero unas elecciones organizadas por ejemplo por la OEA y apoyada por Naciones Unidas, no resuelve el problema de fondo: la remoción ilegítima del Presidente constitucional. Eso es lo que se tiene que resolver y eso es lo que estamos intentando hacer.

Después de nuestro viaje a Honduras con un grupo de ministros de Relaciones Exteriores, yo pensé que iba a haber alguna apertura. Durante esa misión, al menos se propusieron cosas interesantes, algunas podrán no ser aceptables pero eran interesantes de discutir. Hace algunos días, sin embargo, la discusión se paralizó y ahora estamos intentando retomarla. ¿Por qué lo estamos haciendo? La respuesta es, repito, porque la OEA no tiene otro instrumento. Ayer nos preguntaron directamente por qué el tema de Honduras seguía en discusión. La razón es porque las sanciones económicas no funcionan: lo único que hacen es dañar a la gente que las sufre de manera directa, y en Honduras ya se vive una situación económica bastante difícil. Por eso yo he descartado una solución que sólo haría daño al pueblo hondureño y también al sistema subregional de comercio. La otra alternativa es la diplomacia de las cañoneras: vamos y los botamos. También se ha probado en muchas partes y nunca ha funcionado. Quiero aclarar enfáticamente: nosotros nunca seremos partidarios de una intervención en ningún país bajo circunstancia alguna, a menos que se trate de situaciones que realmente pongan en peligro la vida de una gran mayoría o parte importante de la población.

Por otra parte, se debe reconocer que se ha comenzado a reinstalar una atmósfera ideológica propia de la Guerra Fría. Hace unos días escuché al señor Micheletti hablar de cómo Honduras se constituía en una barrera contra el marxismo en el continente, y tuve el recuerdo bastante escalofriante de mi país hace unos 35 años atrás. Esto, ciertamente, nos acarrea una dificultad adicional.

Por todo lo anterior es importante plantear la cuestión de cuándo se producen las rupturas reales del orden constitucional democrático, qué significa en términos explícitos romper con la democracia. Eso nos permite darnos garantías explícitas entre nosotros. En política también se pueden dar garantías explícitas. Se podría llegar a decir: “Quienes formamos el sistema interamericano nos comprometemos a no hacer tales y cuales cosas”. O bien: “Estas son las cosas que garantizamos para la democracia”. Se podría decir todo ello de manera más detallada, más precisa que en la Carta Democrática Interamericana. Plantearlo de manera que se entienda que se ha roto el orden democrático si, por ejemplo, ha habido fraude masivo en las elecciones o se ha impedido participar a todo el mundo; o si hay indicios de violaciones masivas a los derechos humanos que han afectado a grupos importantes de la población; o si ha habido fraude generalizado en la administración del Estado. Sería un gran avance y deberíamos tratar de alcanzarlo en la Carta Democrática Interamericana, definiendo mucho más explícitamente cuáles son rupturas, haciéndonos cargo de ellas y ampliando el acceso a los recursos multilaterales de la OEA a todos los poderes del Estado que consideren que la Constitución de su país está siendo violada.

Muchas gracias