El tema de moda en América Latina en estos días tiene un tono mucho más positivo de lo que ha sido habitual en la región en las últimas tres décadas. En Septiembre del año pasado, un número de revista The Economist proclamaba (ilustrado con un mapa de América al revés, con el sur arriba y el norte abajo): “No más patio trasero. El alza de América Latina”. El despliegue interno del artículo era algo más cuidadoso, preguntándose: “¿La Década de América Latina?”. Varios anuncios similares, en los mismos días, algunos del mismísimo Banco Mundial, pusieron de moda la pregunta que ha seguido transformando el debate en la región.

Viniendo de una depresión mundial de proporciones, en la que se habían pronosticado consecuencias graves que incluían una gran pérdida de empleos y un retorno bajo la línea de la pobreza de hasta nueve millones de personas, el cambio de tono es más que bienvenido. Y aunque muchos han manifestado al respecto dudas o abierto pesimismo (véase por ejemplo el artículo de Andrés Oppenheimer, Latin American Decade or Wishful Thinking, en el Miami Herald del 7 de Febrero pasado), la verdad es que existen numerosas razones para manifestar cuidadoso optimismo.

La mayoría de las economías de la región ha comenzado a crecer vigorosamente, comenzando por Brasil y Argentina, pero alcanzando también a Colombia, Chile, México, Uruguay, Paraguay (la tasa más alta de crecimiento de 2010) y otras, con tasas incluso superiores a las que precedieron a la crisis. No es sólo un año de crecimiento y recuperación el que se celebra: en la década del 2000 la economía de América Latina y el Caribe creció más que en las dos décadas anteriores sumadas. Todavía, como lo recuerda Oppenheimer, es un crecimiento bastante menor que el de China o la India. Pero comparado, por otra parte, con la propia región, es un éxito esperanzador, más aún cuando él se debe, en parte, a mayores destrezas en el manejo de la economía, la presencia de sistemas financieros sólidos, un mayor orden en las finanzas públicas y mayores reservas de divisas en nuestros países. Por cierto, ello se acompaña del importante papel que han jugado dos factores que todos mencionan: el alto precio de las materias primas y la mayor disponibilidad de fondos en los organismos financieros internacionales. Pero también el buen enfrentamiento de la crisis por parte de nuestra región está en la calidad de las políticas macroeconómicas desarrolladas por nuestros gobiernos antes de y durante la recesión. Con algunas excepciones, hasta países que proclaman su aversión a las políticas del pasado mantuvieron la prudencia fiscal necesaria y acumularon las reservas necesarias para poder aplicar políticas anticíclicas que paliaron los efectos de la lentitud económica y la pérdida de empleos. La banca latinoamericana mostró estar muchos menos expuesta que la de los Estados Unidos y la europea y, por consiguiente, no fueron necesarias grandes operaciones de rescate que impusieran gastos excesivos a los gobiernos.

En otras palabras, como nunca antes, las causas de la crisis vinieron desde fuera y las políticas públicas de adentro tuvieron un papel positivo en paliarla. Además de que esto genera en parte el optimismo reinante, muestra que, con todas las debilidades de nuestros Estados, su acción no es sólo indispensable sino que también puede ser eficaz para enfrentar los desafíos que se avecinan. El gobierno puede, esta vez, ser parte de la solución.

Además, en la década que acaba de terminar se han visto caer los índices de pobreza como no ocurría desde antes de los ‘80; más de treinta millones de latinoamericanos han dejado la pobreza y se ha creado un número importante de empleos, junto con el surgimiento de una clase media pujante, lo cual es siempre un factor fundamental de progreso. La reciente revisión de los Objetivos del Milenio realizada por un conjunto de agencias de Naciones Unidas coordinadas por CEPAL, revela que en la mayor parte de los indicadores ha existido un progreso importante, aunque algunos países parecen ir quedándose atrás.

Por cierto que los obstáculos que quedan por superar son aún inmensos para poder decir que América Latina y el Caribe han emprendido un camino cierto hacia el desarrollo. Como decíamos, parte importante del crecimiento ha sido provocado por un aumento sustantivo en la exportación de materias primas, mientras aún son insuficientes los avances en materia educativa y en el desarrollo científico tecnológico. Tampoco se ha incrementado el ahorro, y la inversión y la creación de empleos es todavía insuficiente. Aun cuando las exportaciones han crecido enormemente en el último período, la inserción de América Latina en la economía mundial es todavía menor de lo esperado, y los procesos de integración económica subregional parecen haberse estancado en la última década.

También en el plano social los avances pueden contrastarse con las muchas carencias. Todavía un número muy grande de los habitantes de América Latina y el Caribe sigue siendo pobre, en cantidades mayores de las que cabe esperar en un continente con nuestro nivel de crecimiento.Todavía falta trabajo y educación para muchos jóvenes, los “ni-ni”, llamados así porque ni estudian ni trabajan, y se mantiene así nuestro enorme flujo migratorio hacia Estados Unidos y Europa, y también en cantidades importantes desde los países más pobres hacia los más ricos de una misma subregión. Todavía subsiste la discriminación hacia los indígenas y afroamericanos; aún existe un número desproporcionado de hogares pobres encabezados por mujeres.

Estos y otros males van además de la mano con un alarmante incremento de la violencia y la criminalidad. El narcotráfico, el crimen organizado, los secuestros, el tráfico de personas, el tráfico de armas, las pandillas juveniles, son parte integral del panorama de la región.

En suma, los desafíos siguen siendo inmensos. Pero la oportunidad de superarlos está ahí, y también el optimismo que muchos muestran ante la actual situación. Los próximos años dirán si esta fue efectivamente la década de América Latina y el Caribe o si el ímpetu del crecimiento se hará efímero una vez más y, en cambio, se harán más fuertes los conflictos sociales producto de la pobreza, el desempleo, el crimen y la desigualdad.

El tema del crecimiento económico es clave en este aspecto. No es la primera vez que la región experimenta un crecimiento importante marcado por el auge de sus exportaciones de materias primas y alimentos. Se dice, por ejemplo, que algunos países de la región fueron otrora mucho más ricos de lo que son ahora, al menos en términos relativos, comparados con países europeos que hoy los superan largamente en sus niveles de desarrollo. Se dice, por ejemplo, que Argentina llegó a ocupar un lugar entre las diez naciones más ricas del mundo, o que Chile, hacia fines del Siglo XIX, tenía un PGB equivalente al 80 por ciento de aquel de los países nórdicos. Lo que se omite recordar son las circunstancias en que se produjo esa cercanía entre algunos países hoy desarrollados y los nuestros. Ello ocurrió cuando, como producto del desarrollo industrial, se desató una demanda incontenible de materias primas, alimentos, fertilizantes, combustibles y productos naturales de todo tipo. En los años “dorados”, que abarcan las últimas décadas del Siglo XIX y los primeros años del XX hasta la Primera Guerra Mundial, América Latina vivió una enorme bonanza que, sin embargo, no consiguió desencadenar un proceso efectivo de desarrollo, sino solamente generar algunos sectores medios y, sobre todo, aumentar sustantivamente el consumo ostentoso y la acumulación de propiedad en los sectores dominantes, sin producir la industrialización que tuvo lugar, en cambio, en toda Europa. En suma, los latinoamericanos se gastaron esa riqueza sin invertir en mejorar su producción y, sobre todo, en mejorar la capacidad de sus trabajadores, condenados por lo general a generaciones sucesivas de explotación agrícola o extractiva.

La pregunta es por qué ahora debería ocurrir algo distinto. De hecho, el fenómeno aún incipiente de inflación que se viene produciendo en algunos de los países más exitosos, revela un desequilibrio en el flujo de dinero y el incremento de la producción. Esto tiene que ver, sin embargo, con las bajas tasas de interés en los países desarrollados, que impulsa a muchos inversionistas de esos países hacia los mercados emergentes. A lo que aquí me refiero es más bien al ahorro y la inversión dentro de nuestros países, que necesariamente deben ser mayores y de una calidad distinta a la que se ha producido en otros períodos de bonanza provocados por el aumento en la demanda y precios de nuestros productos. Si una vez más los sectores más ricos de nuestra sociedad se orientan a inversiones “rentistas” y al consumo ostentoso en lugar de invertir en áreas que agreguen valor a nuestros productos -especialmente a través de la educación, la innovación y la generación de empleos productivos- la distribución de la riqueza se hará aún más desigual que hoy.

Parte importante de estos desafíos tienen también que ver con la política. Tomar las decisiones que modifiquen las políticas de desarrollo, generen educación de calidad, aumenten la generación de empleos productivos y reduzcan los costos de la energía, no es algo que pueda dejarse exclusivamente al mercado. Hace más de 80 años, John Maynard Keynes escribía algo parecido en “El fin del laissez-faire”, a sólo meses de la Gran Depresión: “Creo que se requiere algún acto coordinado de juicio inteligente acerca del monto en que es deseable que ahorre la comunidad en su conjunto, el monto en el cual tales ahorros deban salir al exterior en forma de inversión extranjera y acerca de si la actual organización del mercado de inversiones distribuye (asigna) los ahorros hacia los canales más productivos nacionalmente. No creo que tales materias deban dejarse enteramente al arbitrio del juicio privado o la ganancia privada, como ocurre actualmente”.

En términos más modernos, ni el mejoramiento del acceso y la calidad de la educación, ni la innovación productiva, ni la asignación de recursos a los sectores productivos de manera de ampliar las posibilidades de empleo, se producirán de manera mágica por el funcionamiento del mercado. La pregunta es, en realidad, si decidirán los que, en razón de su riqueza y su control del proceso, tendrán más información para hacerlo, o si se hará por vía democrática, a través del Estado democrático.

Esta oportunidad se presenta en un período en que la democracia ha crecido en nuestro continente pero aún está lejos de generar suficiente confianza en los ciudadanos para hacerse cargo de esos procesos con total legitimidad.

El primer requisito indispensable de la democracia, sin el cual los demás carecen de sentido, es que los gobiernos tengan su origen y deriven su legitimidad de la voluntad popular. La democracia es elecciones y ejercicio democrático por parte de autoridades electas. Y en estos últimos años, a pesar de la crisis vivida en Honduras, que esperamos superar pronto, ese requisito esencial se ha cumplido. Puedo decirlo con conocimiento de causa: en los últimos seis años la OEA ha observado más de 60 procesos electorales de todo tipo en distintos países de la región, y todos ellos han reunido con creces los requisitos de una elección democrática. Por cierto han tenido defectos importantes, pero han sido procesos limpios, con voto secreto y masivo y con resultados ajustados a la realidad del voto.

Si la idea de democracia se reduce a la generación del poder, podemos afirmar que América es, junto a Europa, el otro continente democrático del mundo, lo cual constituye en sí el mayor logro histórico de las últimas décadas. Sin embargo, la propia extensión del ideal democrático ha dado al concepto un contenido más amplio que incluye también un conjunto de valores que abarcan la organización del Estado, los derechos del ciudadano y distinguen entre la democracia de origen y la democracia de ejercicio. Tal ha sido la tendencia en el continente americano desde la adopción, en 1991, de la Declaración de Santiago de Chile por parte de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, hasta la firma de la Carta Democrática Interamericana por parte de todos los Países Miembros, en Lima, Perú, el 11 de Septiembre de 2001. La democracia es tanto de origen como de ejercicio y, para llamarse democrático, un gobierno no debe solamente ser elegido democráticamente, sino gobernar democráticamente.

Los problemas y preguntas sobre la democracia en la región empiezan desde esta sólida realidad. Hay una generación democrática del poder; pero también existen rasgos que caracterizan la existencia de una verdadera democracia (no sólo definidas por el informe del Economist, sino sobre todo por nuestra Carta Democrática Interamericana de 2001). La democracia en las Américas tiene una definición mucho más exigente que lo puramente electoral.

Al aprobar la Carta Democrática Interamericana, nuestros Estados, a través de sus gobiernos, dijeron claramente que lo que se llama la democracia de origen es solamente un aspecto de la democracia. Existe también aquello que se llama la democracia de ejercicio o ejercicio democrático. Desde ese punto de vista, yo creo que las democracias de América Latina siguen enfrentando un conjunto de problemas, algunos de los cuales van en un tren de mejoría y otros van retrocediendo. Los más graves, que de no ser resueltos pueden hacer retroceder la democracia y la confianza de los ciudadanos, son basicamente tres.

Un primer problema, como lo ha señalado Charles Tilly, es hablar de democracia cuando en ella el lugar de los individuos está relativamente predeterminado, como en la sociedad de castas: la democracia no es compatible con un sistema en que el lugar de los individuos en la sociedad está predeterminado desde su nacimiento. Por lo tanto, en América Latina tenemos un primer gran factor des-democratizador, que está conformado por la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Por cierto, siempre podrá haber una cierta movilidad, pero en nuestra región esa movilidad es escasa: se es pobre o rico desde el nacimiento. Y no podemos cerrar los ojos: en este continente las poblaciones afroamericanas son mucho más pobres que el conjunto de la población, las poblaciones indígenas también lo son, y hay una mayoría de hogares pobres que son monoparentales y encabezados por una mujer. Cuando uno trata de separar pobreza y desigualdad, o pobreza y discriminación, la realidad nos da en la cara: la pobreza tiene raza y tiene género.

En todo caso, se podría argumentar que hemos avanzado en la última década respecto a este primer problema. Tal vez por haber sido una década de crecimiento económico mayor que las dos anteriores juntas, y a pesar de la crisis, el resultado fue una disminución de la pobreza en ocho puntos: en el año 2002 hubo un peak que fue de más de 40 por ciento, y hoy día debe andar en 32 por ciento. Sin embargo, todavía un tercio de los ciudadanos de América Latina son pobres. Con el crecimiento económico y el desarrollo que este continente muestra, no deberíamos tener un tercio de pobres; es demasiado.

A veces estas comparaciones son malas, porque así como no me gustan las comparaciones de crecimiento económico entre Chile y la India, tampoco en este caso las cifras serían buenas considerando que hasta hace poco, un 40 o 45 por ciento de la extrema pobreza en el mundo se concentraba en la India. Entonces no podemos comparar una cosa con la otra. Pero, en nuestra región –donde el ingreso per capita se corresponde más o menos con el promedio mundial- no tenemos por qué tener una situación de discriminación y de pobreza tan numerosa como la actual. Hemos progresado pero tenemos mucho que avanzar todavía.

El segundo problema es de orden estructural y dice relación con las democracias latinoamericanas. Cuando hablamos del crimen en América Latina y el Caribe no hablamos solamente del número de crímenes que se cometen: lo que es un peligro para la democracia es el crimen organizado que tiene su corazón, su núcleo básico, en el narcotráfico, aunque también se exprese en el tráfico de personas, en el lavado de dinero, en el tráfico de armas, en la piratería, en el tráfico de órganos, y para que seguir. Toda empresa, por criminal que sea, tiende finalmente a expandirse y convertirse en un conglomerado cuando tiene éxito. En este problema, a diferencia del anterior, hemos ido para atrás, no para adelante. Este problema es hoy día un factor de des-democratización mayor de lo que era hace veinte años atrás, y en esto coincido con la conclusión del panel anterior.

Por desgracia, no se conocen éxitos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en las últimas décadas. Por el contrario, el fenómeno constituye una amenaza creciente a la democracia. No hay democracia cuando existen algunos individuos que se ponen claramente al margen de la legalidad, no aceptan las normas comunes que rigen a toda la sociedad y se rigen por sus propias reglas. Pero además, el crimen organizado tiende a meterse dentro de los temas políticos.

Lo dijo alguien hace algunos años atrás: antes, en muchos de nuestros países se compraba o se amenazaba a los gobernantes; ahora ni se compran ni se amenazan, simplemente se ponen ellos mismos a gobernar. Eso está ocurriendo en nuestra región; el crimen organizado se va metiendo en la política de nuestros países y va creando una necesidad fundamental de transparencia en nuestros sistemas políticos para evitar que, sobre todo en los países más pequeños, llegue a dominar prácticamente al conjunto de la sociedad.

El tercer problema es el tema de la gobernabilidad democrática, que es lo que hace que el Economist Intelligence Unit, en un reciente informe, califique a la mayor parte de nuestras democracias como imperfectas, flawed democracies.

No quiero entrar en todos los temas asociados a este problema, pero creo indispensable ilustrar algunos de ellos:

(1) La existencia de una debilidad de las instituciones es muy fuerte y está marcada por crecientes tendencias a lo que se denomina “el cesarismo”. En nuestros países se tiende a cambiar todavía demasiado el gobierno de repúblicas, el gobierno de las leyes, el gobierno colectivo, por gobiernos individuales. Tenemos en nuestra región una conocida inclinación hacia las reelecciones sucesivas.

(2) También vemos una tendencia a debilitar las instituciones que ejercen el control dentro de la sociedad. Los poderes judiciales en muchas partes no son independientes, y cuando se habla de separación y equilibrio de poderes –existe, sobre todo en los sistemas presidenciales, un equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo que en verdad nunca es tal- el tema clave de la sociedad democrática es la independencia y autonomía del poder judicial y su fortaleza. Y creo que ahí tenemos una dificultad grande, tanto en los poderes judiciales como en los poderes fiscalizadores y los poderes constitucionales, para que realmente rijan de manera independiente el imperio de la ley y el estado de derecho.

(3) En tercer lugar tenemos algunas dificultades en el ejercicio de la soberanía civil y el derecho de las personas. Creo que no hay democracia sin plena libertad de expresión; en realidad no hay política sin libertad de expresión, porque la libertad de expresión en las dictaduras no es necesaria, en la medida que una dictadura parte de la base de que todos piensan igual. El dictador parte de la base que todos piensan igual que él y no se necesita por tanto que los demás se expresen. Y no solamente la democracia, la política, sino que también la democracia imperfecta requiere libertad de expresión. Sin embargo, tenemos distintos tipos de amenazas a la libertad de expresión; siempre he condenado que en la búsqueda de limitar la libertad de expresión por la vía burocrática, de normas estatales, de represión, se recurra a intentos legislativos en esta materia. Pero también hay una excesiva concentración de los medios de comunicación en pocas manos en nuestra región, y también tenemos una cosa mucho más brutal que es la violencia que se ejerce sobre la libertad de expresión por parte de los mismos grupos criminales de los cuales hablábamos con anterioridad. Creo, por tanto, que los temas de los derechos de las personas, de la libertad de asociación y de expresión, no están plenamente garantizados todavía.

En suma, la institucionalidad democrática en la mayor parte de nuestros países es aún frágil para aprovechar plenamente las oportunidades que la nueva realidad internacional les ofrece, para alcanzar un crecimiento económico sostenido y sustentable, proporcionar seguridad a sus ciudadanos y desarrollar sociedades más justas e igualitarias. Pero estos desafíos no esperan; del fortalecimiento efectivo de la gobernanza democrática depende que ésta sea realmente la década de América Latina.

Muchas Gracias