Quiero comenzar agradeciendo a usted señor Presidente, al gobierno y al pueblo de El Salvador, por la excelente acogida que han dado a esta XLI Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Este esfuerzo de ustedes revela claramente el compromiso hemisférico de los salvadoreños, que se refleja además en su disposición a organizar, también este año, nuestras reuniones de Ministros de Turismo y de Trabajo del hemisferio. Todo ello compromete nuestra gratitud.

Nos complace mucho, además, encontrarnos en su país en un período tan relevante de su historia, cuando su gobierno se esfuerza por fortalecer la democracia y realizar los cambios necesarios para lograr un mayor desarrollo y una sociedad más justa; valoramos igualmente, la disposición que muestra a participar en el proceso de integración de Centroamérica.

Esta Asamblea General tiene lugar en un período auspicioso para nuestra organización. En las últimas semanas han concluido exitosamente dos asuntos pendientes que motivaban nuestras preocupaciones: la elección e instalación de un nuevo Gobierno en Haití y el retorno de Honduras al pleno ejercicio de sus derechos como miembro de la Organización de los Estados Americanos.

Concluyen así dos crisis que nos habían preocupado durante el pasado año. Al mismo tiempo, la tranquilidad con que trascurren nuestros procesos electorales –está concluyendo el proceso electoral en el Perú, nuestra Misión de Observación esta allá en estos días-- nos muestra un hemisferio en que la generación transparente y democrática de autoridades es ya un hábito, y debemos esforzarnos para que se mantenga así.

Por eso valoramos las decisiones adoptadas por la Cumbre Iberoamericana y por la UNASUR, así como la discusión en marcha en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, respecto a incorporar cláusulas democráticas que aseguren la defensa colectiva de los gobiernos democráticos.

La democracia ciertamente no está hecha solamente de elecciones limpias y gobiernos estables, sino que supone un conjunto de otros atributos. Pero la importancia de tener, como tenemos ahora, elecciones democráticas, y de defender nuestras instituciones, como lo hemos hecho en el caso de Honduras y también, hace algunos meses, con Ecuador, no puede ser disminuida.

Sobre Haití, me parece importante recalcar que nuestra Misión Electoral Conjunta con CARICOM, jugó un papel fundamental en la conclusión exitosa del difícil proceso electoral, lo cual es ciertamente un motivo de satisfacción.

Todos estos logros crean el marco adecuado para la celebración, el próximo mes de septiembre, del décimo aniversario de nuestra Carta Democrática Interamericana.

Dicha Carta es una propuesta integral y es precisamente a través de la legitimidad de origen alcanzada por medio de elecciones limpias y participativas, que debemos redoblar nuestros esfuerzos para hacer realidad todos sus preceptos, que se refieren a temas tan cruciales como los derechos humanos, la libertad de expresión, la separación e independencia de los poderes del Estado, la transparencia y rendición de cuentas (accountability) en el ejercicio del gobierno, el respeto por el estado de derecho y las instituciones, la participación ciudadana efectiva, el respeto de los derechos de la mujer, de los trabajadores y de las minorías y el pleno reconocimiento del pluralismo político en la sociedad.

No tenemos que tener acuerdo absoluto en cuanto a la mejor institucionalidad para implantar estos principios. Somos cuidadosos en respetar las distintas opciones que en materia de organización política y social adopten nuestros pueblos y en tal sentido, nuestra política colectiva debe siempre respetar el principio de no intervención. Pero al mismo tiempo tenemos el mandato, libremente aceptado por los signatarios de la Carta Democrática, de velar por el cumplimiento de los principios antes enumerados.

El debate que está en marcha en este momento no pretende modificar sus contenidos programáticos, sino cumplir con el propósito proclamado en la Asamblea General anterior, de mejorar la eficacia de la Carta Democrática. He entregado para ello mis propuestas al Consejo Permanente, complementando los Informes ya presentados en 2007 y 2010. De acuerdo a las decisiones adoptadas, esas propuestas quieren hacer más eficaz la Carta Democrática, definiendo mejor los actos que constituyen violaciones graves de la institucionalidad, proponiendo mecanismos para permitir la acción preventiva que evite las crisis y ofreciendo alternativas no invasivas para evaluar los progresos en cada uno de los aspectos que la Carta considera. Valoramos también, señor Presidente, las declaraciones que usted ha hecho a este respecto.

Espero que estas propuestas y las que los países miembros propongan, sean evaluadas con buena disposición. Estoy convencido que en el marco de nuestros recientes logros, podamos llevar adelante un buen diálogo acerca del fortalecimiento de nuestra democracia, respetando escrupulosamente las peculiaridades del proceso político de cada país. Un continente en paz y apegado a las reglas democráticas constituye la condición básica que posibilitará su desarrollo económico y social.

América Latina y el Caribe viven también una situación alentadora en estos aspectos. La crisis económica internacional -la más grande después de la gran depresión- que aún no se puede dar por terminada, impactó a la región de manera distinta a crisis anteriores. Los niveles de inflación se mantuvieron en general bajo control y se siguió observando una mejor disciplina fiscal. La mayor apertura de las economías nos ha permitido beneficiarnos en mayor medida del crecimiento de la demanda en otras regiones del mundo. Con diferencias entre las distintas subregiones, que tienen un distinto perfil exportador y también mayor o menor cercanía con los centros más afectados por la crisis, se puede decir que esta vez los países de América Latina y el Caribe no han sido golpeados como en otras ocasiones. Los esfuerzos realizados en la década anterior por estabilizar las economías demostraron estar en el camino correcto. Estamos saliendo de esta crisis fortalecidos, con mejores indicadores de riesgo, una mejor calificación crediticia y una menor prima que pagar por riesgo.

De persistir las condiciones actuales podemos aventurar un progreso sostenido. Tenemos condiciones para insertarnos mejor en la economía global y aprovechar la presencia de una mayor demanda para nuestros productos. Pero esa oportunidad hay que saber aprovecharla. Hoy el Fondo Monetario Internacional nos advierte acerca de un posible sobrecalentamiento y efectivamente, hay brotes de inflación y el ahorro interno es aun escaso. En economías como las nuestras, donde existe lamentablemente una tradición de gasto excesivo en momentos de abundancia, y donde la inflación ha sido un problema endémico, estas variables no deben ser descuidadas.

Si vamos a aumentar nuestra competitividad y a la vez mejorar la condición de vida de nuestra población, debemos buscar la forma de que esas personas obtengan un trabajo decente y productivo. También debemos continuar con los esfuerzos para incorporar muchas más mujeres a la fuerza de trabajo. Para ello es necesario mejorar significativamente nuestra educación de manera que cuando nuestra población, más joven que las de otras regiones del mundo, se incorpore al trabajo, lo haga con las herramientas que el mundo moderno requiere. Un mundo más intensivo en capital y nuevas tecnologías.

Nuestros países siguen siendo todavía muy injustos. La actual crisis no significó, como siempre sucedió en las crisis pasadas, un gran retroceso en nuestra lucha contra la pobreza, pero no hemos logrado disminuir de manera significativa la desigualdad.

Dar un salto hacia el desarrollo, mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, y construir un continente más justo, no será posible sin un mayor esfuerzo solidario. La carga tributaria de América Latina en relación a las otras regiones, sigue siendo muy baja y fuertemente concentrada en los impuestos indirectos. No es posible responder a los desafíos futuros sin una modificación de esa carga tributaria y por cierto disminuir la evasión. Como muestra de ello, basta comparar la distribución del ingreso de nuestra región con los países desarrollados de la OCDE antes y después de impuestos: mientras que en estos últimos esta mejora significativamente una vez que se aplica la carga fiscal, en nuestra región la desigualdad casi no registra variación después de impuestos.

La pregunta no es si la década que hoy empieza será o no la “década de América Latina”. La pregunta es: ¿Qué tenemos que hacer para que sea la década de América Latina?. Hay motivos para ser razonablemente optimistas. El foco del crecimiento mundial se está desplazando hacia los países emergentes, con patrones de consumo diferentes a los de los países ricos. Estos nuevos consumidores requieren desarrollo de infraestructuras, alimentos y otras cosas que revalorizarán las materias primas. Y esta región está en mejores condiciones que ninguna, de abastecerlos no sólo de materias primas sino también de otros bienes de consumo como ya sucede de manera incipiente. Si utilizamos esos recursos en mejorar nuestros sistemas de protección social, en educación, en salud, en infraestructura, en eliminar la pobreza extrema y en reducir la brecha entre los pocos y los muchos en nuestras sociedades, si mejoramos la calidad de nuestra acción pública y forjamos verdaderos acuerdos nacionales para avanzar, sin perder tiempo en polémicas inútiles, la respuesta puede ser positiva.

Nuestra Organización seguirá bregando por la consecución de esos objetivos de desarrollo a través de nuestros programas de cooperación que buscan fortalecer las instituciones del estado y de la sociedad, necesarias para impulsar el desarrollo; volver más eficaz la acción del gobierno, fortaleciendo sus estructuras de toma de decisiones y de implementación de políticas públicas; capacitar sus recursos humanos tanto en el uso de las técnicas más modernas de administración pública como en la capacitación de los jóvenes más destacados de la región. Buscamos también apoyar a los sectores de la sociedad civil más excluidos y estimular la responsabilidad social empresarial para generar alianzas entre la iniciativa pública y la privada que hagan más eficaz el esfuerzo común del desarrollo integral.

Pero la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida no son posibles si no se supera un obstáculo fundamental. Es el tema que Ud., Sr. Presidente ha elegido para esta Asamblea General.

En 2003, en la Conferencia Especial Sobre Seguridad, realizada en Ciudad de México, los Estados Miembros de la OEA adoptaron la “Declaración Sobre Seguridad en las Américas”, que estableció su alcance multidimensional incluyendo otras amenazas nuevas y tradicionales, entre las cuales por primera vez se identificó como una amenaza directa a la seguridad de las personas, los desastres naturales que suelen asolar a muchos de nuestros países, y los desastres provocados por los propios seres humanos, que crecientemente ponen en severo riesgo al medio ambiente en nuestra región.

Respondemos a ese creciente desafió buscando coordinar los esfuerzos de mitigación y reconstrucción con las demás organizaciones internacionales, canalizando ayuda de manera directa o a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y promoviendo la acción voluntaria a través del programa de Cascos Blancos que ha liderado la República Argentina.

Igualmente, la Conferencia de México recordó la amenaza que reviste la persistencia de factores como la pobreza, la indigencia, la desigualdad, la exclusión social, la inestabilidad económica y el desempleo, en cuya presencia las amenazas criminales se incuban y extienden. Hemos repetido todos muchas veces que, en nuestra región, uno de cada cuatro jóvenes ni estudia ni trabaja, lo que convierte a millones de ellos en objetivos vulnerables del crimen, en sujetos de inseguridad, sea porque son reclutados para las bandas organizadas, o porque son víctimas de su acción criminal.

Pero la Conferencia de México también puso un énfasis especial en la amenaza del crimen, que ocho años después se presenta con una gravedad mucho mayor. Reconocer los orígenes del fenómeno criminal no nos exime de enfrentarlo de lleno. El crimen, el narcotráfico y la violencia constituyen una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático, al estado de derecho y al desarrollo económico en las Américas.

No podemos ignorar ya la importancia crítica que tiene para nuestro futuro el aumento de la criminalidad y en particular el crimen organizado transnacional.

Nos enfrentamos a organizaciones criminales que actúan hacia y desde nuestras fronteras nacionales y son responsables del tráfico de drogas, del lavado de activos, del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, del tráfico de armas, de la extorsión, la piratería intelectual y el secuestro.

Sin embargo, la violencia afecta a la población de manera desigual. Sus víctimas principales son los adolescentes y los niños. Los jóvenes de los estratos más pobres de la sociedad, en especial los varones, son los principales protagonistas de las actividades de pandillas, pero también son las víctimas principales de la violencia. La tasa de muertes causadas por lesiones en la región, que alcanza a 14,94 por cada 100 mil habitantes, es la primera causa de muerte en los jóvenes de entre 15 y 29 años, en donde llega a 83,2; y es aún más alta entre los jóvenes de los estratos medios y bajos entre los cuales se eleva a más de 100 casos por cada 100 mil habitantes.

Las mujeres son también una víctima preferente de la violencia: un diagnóstico realizado por el BID muestra que las agresiones sexuales y la violencia doméstica afectan a entre el 25 y el 50 por ciento de todas las mujeres en América Latina. Y todos conocemos la alarmante realidad que han comenzado a mostrar las estadísticas sobre femicidio en nuestros países.

La falta de seguridad afecta directamente a la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de las personas, y constituye también una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático, al Estado de Derecho y al desarrollo de todos los países de las Américas. Estudios del BID indican que la violencia criminal reduce en más de un 12% el PIB latinoamericano. El gasto en seguridad privada, que se acerca a los 7 billones de dólares en América Latina, supera largamente el gasto público en seguridad y justicia en la mayoría de los países de nuestra región.

Superar los problemas de desigualdad, extrema pobreza, insuficiencias de servicios públicos y falta de empleo decente, es un proceso que tomará muchos años de esfuerzo con lo cual no respondemos a la demanda urgente de seguridad pública que viene de la sociedad. La última encuesta de Latinobarómetro muestra una mayor adhesión a la democracia; pero muestra también en todos los países, un aumento sustantivo de la preocupación por el crimen, aun en países que muestran tasa de criminalidad relativamente bajas.

Al hecho objetivo del aumento de la criminalidad y del crimen organizado, se agrega entonces el factor subjetivo del temor y la demanda ciudadana. El crimen constituye un desafío político para nuestra democracia y exige respuestas claras de nuestra parte. La respuesta debe ser de toda la sociedad, de las organizaciones sociales y políticas y de la ciudadanía activa, y requiere políticas públicas claras y decisiones políticas y presupuestarias que las implementen.

Ciertamente, el crimen interactúa con las políticas de desarrollo económico y social, y supone eliminar factores de frustración y discriminación, dar oportunidad de trabajo y/o educación a todos los jóvenes y corregir las enormes desigualdades de nuestra sociedad. Debe ser compatible, una sociedad democrática, con la defensa de los derechos humanos y las libertades por las cuales tanto hemos luchado. Pero incluye fortalecer la capacidad de nuestros cuerpos policiales de vigilancia, protección e investigación del delito; con existencia de fiscalías y jueces capaces de aplicar la ley de manera justa y severa; la existencia de sistemas penitenciarios que promuevan la reeducación de los delincuentes, especialmente los jóvenes, y aíslen a los criminales más peligrosos y a los jefes de bandas que ocupan las cárceles como verdaderas oficinas para dirigir su actividad delictual; y también supone el desarrollo de mecanismos de acción y participación comunitaria que actúen en la prevención del delito.

Nada reemplaza la acción del Estado en el desarrollo de estos recursos, en interacción con la comunidad organizada. Pero algunos de nuestros países enfrentan desafíos mayores que otros; y también algunos disponen de recursos insuficientes para construir sus sistemas de seguridad modernos y democráticos. Las ofertas de apoyo que llegan a los países más débiles, de manera bilateral o multilateral, no deben limitarse a una acción puramente complementaria o periférica, sino que deben comprometerse activamente con apoyar las políticas poblacionales en la construcción de sistemas de seguridad en las áreas señaladas.

El fenómeno criminal tiene una clara connotación transnacional: el narcotráfico lleva la droga a través de las fronteras; el contrabando de armas desde el norte hacia el sur alimenta crecientemente a los clanes de la droga y hace inútiles los esfuerzos de los gobiernos para combatirlos; el tráfico de personas atraviesa fronteras; el lavado de dinero utiliza las ventajas que le proporcionan los sistemas financieros globales; las bandas criminales operan en varios escenarios y van de un país a otro con facilidad. Esta realidad hace del crimen una actividad transnacional por naturaleza, que sólo podremos combatir colectivamente, con una cooperación muy superior a la que hasta ahora hemos alcanzado.

Por ello, desde mi llegada a la Secretaría General de la OEA, en 2005, he señalado repetidamente que, de acuerdo a las demandas que provienen de los ciudadanos de las Américas, debemos dar a la seguridad pública una primera prioridad en esta área de trabajo.

Ya en 1986 habíamos creado la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas que es el foro político del Hemisferio, para todos los asuntos relacionados con el problema mundial de las drogas; y en 1999 creamos el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Pero estos dos Comités trabajaban sin una concepción integral de la seguridad pública y otras amenazas graves quedaban sin ser tratadas en la Organización.

En 2005, como un desarrollo institucional derivado de la Declaración de México de 2003, creamos la Secretaría de Seguridad Multidimensional, a la que se integraron la Comisión y el Comité antes mencionados, además de un Departamento de Seguridad Pública que se concentra en aquellas nuevas amenazas a la seguridad que no son gestionadas por las anteriores instancias y que incluyen el crimen organizado y el fenómeno de las pandillas delictivas, la fabricación y el trafico ilícitos de armas de fuego, la acción integral contra las minas antipersonal, y la trata de seres humanos.

Las reuniones de los Ministros de Justicia de la región han ido enfatizando cada vez más los aspectos ligados con la coordinación de la justicia criminal, en plena conciencia de que agregamos capacidad de prevención e interdicción si trabajamos juntos. Mención especial merecen dos reuniones de Ministros de Seguridad Pública, en México en 2007 y en la República Dominicana en 2009, esta última precedida de una importante reunión de expertos en Montevideo el mismo año. La tercera Reunión que se realizará en Trinidad y Tobago el próximo mes de Noviembre, constituye mecanismos e indicadores concretos que pueden permitan a nuestros países implementar los resultados de esta Asamblea General y elevar la calidad de nuestra acción internacional.

Estas instancias permanentes de discusión y acuerdos permiten a las más altas autoridades responsables de la aplicación de la ley y de la gestión de la seguridad pública, identificar las raíces más profundas del fenómeno del crimen y la violencia en el Hemisferio y generar consensos y acciones coordinadas para enfrentarlo.

Desde la Secretaría General de la OEA, además, coordinamos o actuamos como Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción; del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará sobre la Violencia Contra la Mujer; de la Convención Interamericana contra la Fabricación Ilícita y Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados; del Plan Hemisférico Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas; del Comité Interamericano contra el Terrorismo; del Grupo de Trabajo encargado de Elaborar la Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación Interamericana para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas; del Grupo técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional; de la Reunión de Autoridades nacionales en materia de trata de personas; de la Reunión de Autoridades responsables de las políticas penitenciarias y carcelarias; de la Reunión de Especialistas Forenses; y de los Grupos de Expertos en Reducción de la Demanda de Drogas, Lavado de Activos, Tráfico Marítimo y Precursores Químicos.

Podemos usarlas para enfrentar mejor esta tarea, pero las decisiones esperan la existencia de un plan claro de acción para llevar adelante nuestras políticas.

No puedo dejar de referirme aquí a la reciente Reunión de nuestra Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en Surinam, en la cual se aprobó de manera definitiva la nueva estrategia de combate a las drogas para el periodo 2011 – 2015, elaborado por un Grupo de Trabajo de Alto Nivel que lideró el Gobierno de México. Este Plan identifica objetivos y políticas concretas en torno a cinco áreas de trabajo: fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta, medidas de control y cooperación internacional, acordando medidas concretas para cada una de ellas. Por primera vez, en esa estrategia se presta una atención equilibrada a los distintos componentes del combate a la droga, con propuestas muy claras para controlar la oferta, combatir el lavado de dinero y reducir el tráfico de armas hacia los narcotraficantes.

Resalto esta nueva Estrategia por dos razones:

Primero, porque esta Estrategia muestra hasta qué punto tenemos claras las debilidades reales de la actual política.

Cuando hablamos de la actual guerra a la droga, no podemos decir que fracasa porque no confiscamos drogas o porque no detenemos personas vinculadas al tráfico. En el año 2010 se requisaron en nuestro hemisferio más de 500 toneladas de cocaína, que se estima significan casi una mitad de lo que se produce; y de los tres y medio millones de personas presas en nuestro hemisferio, un tercio lo está por delitos ligados al narcotráfico. Claro que podemos aún mejorar nuestra eficacia en esa dirección: pero mientras no disminuya la demanda y el tráfico siga siendo un buen negocio; mientras no disminuya el flujo de dinero, siempre va a haber financiamiento para ese tráfico; y mientras exista la abundancia de armas desde el Norte hacia el Sur, la guerra seguirá y la enfrentaremos en condiciones cada vez peores.

No es casual que la nueva Estrategia, adoptada de manera unánime, se refiera a la necesidad de reducir la demanda, atacar mejor el lavado de dinero y reducir el tráfico de armas.

Segundo, la adopción de la nueva Estrategia de drogas, muestra que somos capaces de formular un Plan de Acción consensuado que contenga medidas concretas respecto de un tema tan central como el combate al narcotráfico. No veo razón para que no podamos hacer lo mismo, y en breve plazo, respecto de un Plan de Acción más general. Espero que esta Asamblea adopte las decisiones conducentes a ese fin. También lo esperan los integrantes de la Asociación de Policías de las Américas, reunidos ahora a pocos kilómetros de aquí. Ayer hemos suscrito un convenio de cooperación con esa asociación, que incluye a las policías de todos nuestros países, y que esperan directivas claras para poder actuar en la dirección que nosotros les indiquemos.

Muchos de los contenidos de esa estrategia fueron ya avanzados por El Salvador en el debate previo a esta Asamblea. Espero que aquí tomemos en consideración éstas y otras acciones concretas para cooperar en la lucha por la seguridad ciudadana y adoptemos las decisiones necesarias para convertirlas en un Plan de Acción.

Señor Presidente,

Gracias a la iniciativa de su gobierno, e inspirados en el proyecto presentado por su Cancillería, los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas tendrán la oportunidad, durante este período de sesiones, de adoptar medidas relativas al fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de lucha contra el crimen. También será materia de las deliberaciones de esta reunión la obligación del Estado de proveer de seguridad a sus ciudadanos en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de Derecho y de respeto a los Derechos Humanos; una obligación que busca expresarse en políticas de seguridad pública de largo plazo, integrales y con una perspectiva de género. La interacción entre los distintos niveles del Estado con la sociedad civil organizada, la comunidad, los medios de comunicación, el sector privado y la academia, para responder de manera participativa, articulada e integral a las complejas amenazas a la seguridad en nuestros países debe también estar presente en las deliberaciones y conclusiones de esta Asamblea General.

La Organización de Estados Americanos ha orientado sus políticas de seguridad para servir fundamentalmente a estos fines. Como he mostrado aquí, tenemos en marcha los programas y recursos institucionales para ser útiles en esta importante tarea y los ponemos a disposición de todos nuestros países miembros. En lo inmediato concurriremos con entusiasmo a la próxima reunión sobre seguridad en Guatemala el próximo 22 de Junio para sumir las tareas que ahí se nos indiquen.

Señor Presidente, Señoras y Señores Ministros,

Estamos atravesando tiempos de cambio en el hemisferio. Existen hoy condiciones económicas que hablan de la posibilidad cierta de un despegue. Existen hoy también condiciones políticas favorables, con procesos eleccionarios consolidados y avances significativos en la institucionalidad en todos los países. Pero esos mismos cambios, de índole positiva, pueden ser nuevamente debilitados por amenazas que no han perdido terreno. No tenemos guerras en la región, pero si dos enemigos comunes e interrelacionados, y cuál de los dos más violento: el crimen organizado y la desigualdad.

Desde la OEA estamos preparados para enfrentar esos desafíos. Solo esperamos decisiones claras que estoy seguro de que en esta Asamblea y en los meses sucesivos Uds. adoptarán. Si lo hacemos, creo que ya no tendremos dudas y podremos contestar con toda seguridad que sí, que la que se ha iniciado será la década de América Latina y del Caribe, en el marco de un hemisferio que vive en progreso, seguridad y paz.