Quiero comenzar reconociendo de manera clara y enfática la importancia y gravedad de la situación que preocupa a esta Comisión. En mi opinión los temas atingentes a la seguridad han terminado por constituirse en la principal amenaza para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y las posibilidades de desarrollo de nuestra región. Debemos, en consecuencia, actuar rápida y enérgicamente para contrarrestar ese riesgo.

Según el Informe Mundial de Violencia de la Organización Mundial de la Salud, América Latina y el Caribe es la segunda región más violenta del planeta -superada sólo por el África Subsahariana- con una tasa de homicidios de 22,9 por cada 100 mil habitantes, lo que duplica el promedio mundial. Y algunos de nuestros países presentan algunas de las tasas más altas del mundo.

La violencia y la inseguridad en general afectan al conjunto de nuestra sociedad y deterioran severamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que se sienten atemorizados y acosados por la amenaza permanente de victimización. El fenómeno, sin embargo, encuentra a sus víctimas principalmente entre los más pobres, los socialmente excluidos y quienes están en desventaja social.

Un diagnóstico realizado por el BID muestra que, dependiendo de la forma como sean definidas, las violaciones y la violencia doméstica afectan a entre el 25 y el 50 por ciento de las mujeres en América Latina.

Los jóvenes de los estratos más pobres de la sociedad, en especial los varones, son los principales protagonistas de las actividades de pandillas y maras. Pero también, y esto es algo mucho menos conocido, son las víctimas principales de la violencia. La alta tasa de homicidios en nuestra región es superada y llega hasta un número de 83,2 por 100,000 habitantes entre los jóvenes de entre 15 y 29 años. La tasa es aún más alta entre los jóvenes de los estratos medios y bajos entre los cuales alcanza a más de 100 casos cada 100 mil habitantes.

La inseguridad está presente en los hogares en forma de violencia intrafamiliar, afectando a mujeres y a niños, y en las escuelas, afectando a jóvenes y a educadores. Un estudio realizado en un país miembro de Sudamérica ha mostrado que el 45% de los estudiantes son incapaces de concentrarse debido a la violencia que los rodea y un 31% ha perdido interés en asistir a la escuela por ese mismo motivo. La mitad de los alumnos considerados en un estudio realizado en otro país miembro en 2003 declaró haber sido víctima de un robo en su colegio durante los12 meses previos; y la mitad de los niños y niñas entrevistadas en un país caribeño mencionó vivir violencia, agresión y castigo en el colegio.

Además de la violencia interpersonal y los delitos comunes, ahora la mayoría de los países de la región enfrenta también el crimen organizado, vinculado con el tráfico de drogas, de armas y de la trata de personas. El impacto de este tipo de delito ha alcanzado ya tal magnitud que en algunos países han llegado a establecerse zonas consideradas “reductos de impunidad” para su ejercicio.

Señores delegados: debemos admitir que estamos frente a un problema crítico y en pleno desarrollo, cuyas dimensiones y formas de expresión son aún incalculables e imprevisibles.

Existen varias razones (falta de recursos, inequidad de ingresos, fragilidad de las fuerzas policiales) que contribuyen a que la seguridad se deteriore. Un resultado indeseable de esto es la creciente tendencia a privatizar la seguridad. El principio jurídico de que el monopolio del uso legítimo de la fuerza lo tienen las instituciones militares y policiales está siendo cuestionado en algunos de nuestros países. La dotación de la seguridad privada es superior yen algunos casos duplica aquella de la seguridad pública en varios países.

Esta situación está afectando directamente a los fundamentos del desarrollo económico regional. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el costo de la delincuencia, incluyendo el valor de propiedad robada, se eleva aproximadamente a 16.8 billones de dólares, equivalente al 15% del PIB de América Latina. Esta estimación incluye el impacto de la delincuencia no sólo en la seguridad de las personas y propiedades sino también en la productividad, las inversiones, el empleo y el consumo. Y ese no es su único efecto económico pues ya los inversionistas nacionales y extranjeros comienzan a reaccionar negativamente debido al clima de inseguridad que perciben para sus activos físicos y para su seguridad personal y la de sus empleados.

Y no sólo la economía se ve afectada. Todos sabemos y ya no podemos seguir eludiendo el hecho que la integridad misma del Estado y de las instituciones democráticas de nuestra región se están viendo severamente amenazadas por la extensión, el poder y la influencia del fenómeno delictual. No podemos negarlo: ya existen zonas dentro de ciudades y regiones completas dentro de países en América Latina y el Caribe en los que la institucionalidad del Estado está siendo substituida por el poder de hecho de grupos delictuales.

Esto no puede continuar. Debemos hacer algo y comenzar a hacerlo hoy, antes de que sea demasiado tarde y el fenómeno nos haya sobrepasado definitivamente. Enfrentar el aumento de la violencia y la criminalidad es nuestro desafío y tenemos la obligación de hacerlo con políticas públicas adecuadas, eficientes y coordinadas entre todos nuestros países porque todos, sin excepción, están sufriendo o comenzando a sufrir las consecuencias de esta lacra.

Tenemos ante nosotros la oportunidad de probar nuestros mecanismos de solidaridad y nuestra fuerza colectiva ante amenazas que compartimos.

Para alcanzar ese objetivo, sin embargo, lo primero que debemos hacer es reconocer que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Que en la mayoría de nuestros países la característica central de la respuesta institucional frente al fenómeno es la falta de coordinación, la inexistencia de registros comunes compatibles y relacionados e incluso la competencia entre diversas agencias. También se puede constatar una carencia de sistemas de información que vinculen la labor policial con aquella de la Justicia y la de los sistemas penitenciaros, y no se visualiza una estrategia común en torno a la priorización y focalización de las acciones vinculadas con aquellas amenazas consideradas de mayor preocupación.

También debemos reconocer que, a pesar de los logros alcanzados hasta el momento, el Sistema Interamericano tampoco cuenta en el ámbito de la seguridad pública con instrumentos efectivamente adecuados para hacer frente, coordinadamente, al fenómeno multidimensional que nos amenaza.

Desde luego no puedo sino sentirme satisfecho de la obra realizada por las instancias hemisféricas de coordinación en áreas específicas y focalizadas y felicito a la Convención Interamericana contra la Fabricación Ilícita y Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), al Plan Hemisférico Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas (REMJA); y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).

Sin embargo estos foros o instrumentos, por su naturaleza, deben limitarse a analizar temas parciales. No son mecanismos de discusión de las políticas globales de seguridad pública que hoy tenemos la obligación de desarrollar y coordinar. Nuestras urgentes necesidades en este campo nos están exigiendo un espacio permanente de discusión y acuerdos hemisféricos que nos permitan identificar las raíces más profundas del fenómeno global y nos lleven a consensos y acciones coordinadas para enfrentarlo.

La Coalición Interamericana de Prevención de la Violencia, cuya Secretaría es ahora ejercida por la OEA, puede y debe cumplir un papel importante en este sentido. Me comprometo, desde la Secretaría General, a impulsar la coordinación de los esfuerzos que ya realizan en este campo el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Banco Mundial y nosotros mismos, así como a buscar la ampliación formal de esta coordinación a otras agencias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos(HABITAT) y la Organización de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito.

Juntos, desde la Coalición, con toda seguridad podremos alcanzar mayor eficiencia, agilidad y coordinación en el diseño y ejecución de programas destinados a enfrentar los problemas de seguridad y de salud pública derivados de la violencia y el delito en nuestro hemisferio.

Pero debemos ir aún más lejos en la coordinación de nuestros esfuerzos. La complejidad, gravedad y urgencia de la situación hacen imprescindible la coordinación permanente, al más alto nivel, de los esfuerzos de quienes son responsables de hacer aplicar la ley en nuestra región. Por ello propongo a la consideración de los Estados Americanos la realización de una reunión periódica de Ministros de Seguridad Pública de las Américas o Ministerios equivalentes, cuya primera versión debería tener lugar no más allá del segundo semestre del próximo año.

Esa Reunión, de una periodicidad bianual, debería constituirse en el referente técnico y político para el Hemisferio sobre la totalidad de los temas concernientes a la seguridad publica y coordinar las acciones en los campos de la información, la comunicación, la tecnología y en todos aquellos que sean necesarios para alcanzar el éxito en la tarea de combatir colectivamente el delito y la violencia en nuestra región.

La Reunión de Ministros de Seguridad Pública o equivalentes debería, asimismo, ser el instrumento para la transferencia horizontal de experiencias exitosas; promover el mejoramiento de la calidad de la información en materia de seguridad, definiendo un conjunto común de indicadores; desarrollar estrategias de comunicación que permitan una visión real de la situación que vivimos en esta materia y promover la actualización de la legislación, la actualización de las estructuras organizativas y la participación en todos estos esfuerzos de la sociedad civil y la empresa privada.

Para la primera versión de esta Reunión deberíamos proponernos como objetivo mínimo lograrlos acuerdos que nos lleven a la elaboración de un Plan de largo plazo que comprometa a las instituciones y a los Estados del Sistema Interamericano en un proceso de actualización legislativa, de desarrollo de políticas públicas y de sistemas de información.

Creo, por otra parte, que la gravedad del tema y la necesidad de arribar a esa Primera Reunión con proposiciones concretas que orienten la discusión y faciliten acuerdos y decisiones prácticas, nos obligará a realizar reuniones preparatorias de carácter temático, con participación de especialistas en los temas de interés principal. Desde ya comprometo las capacidades de la Secretaría General para organizar esas reuniones que, en mi opinión, deberían comenzar a realizarse a la brevedad y en el curso del presente año.

Me comprometo igualmente a presentar a la primera Reunión Ministerial un Informe Sobre la Situación de la Seguridad Pública en la Región que aborde, sin reservas, los temas que más nos preocupan como Estados y como ciudadanos. Entre ellos y sólo para mencionar algunos, la violencia en la calle, la violencia doméstica, las pandillas, violencia y medios y otros que resultan igualmente acuciantes en este momento. Asimismo y para garantizar la calidad y efectividad del encuentro, me comprometo a lograr la participación en él de especialistas del más alto nivel mundial, así como una intervención activa de la sociedad civil.

Apelo a la solidaridad y al reconocido compromiso de nuestros Estados y de sus distinguidos representantes en esta Comisión para que las complejidades propias de una Reunión de esta importancia y relevancia sean superadas y ésta pueda tener lugar en el período propuesto.

Estoy seguro que, si ello ocurre, contaremos con el instrumento necesario para avanzar decisivamente en la superación de la crisis que ahora nos aqueja y procurar la seguridad, tranquilidad y bienestar que todos los ciudadanos de las Américas necesitan y merecen.