Señor Presidente,

En nombre del Gobierno y del pueblo de Colombia, quiero expresar, una vez más, nuestra gratitud el acompañamiento que ha ofrecido a mi país la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAAP/OEA) en su empeño por lograr superar la violencia y consolidar la seguridad y la convivencia.

La solidaridad y la buena disposición de la Secretaría General y de todos los países Miembros y países observadores de la OEA nos estimulan a continuar trabajando sin descanso en este propósito.

Destacamos la importancia de la Misión por sus tareas de verificación de cese al fuego, hostilidades, desarme, desmovilización y reinserción, y también por el papel desempeñado conjuntamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la observancia del respeto a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Expresamos nuestro respaldo al señor Sergio Caramagna, Jefe de Misión de la MAPP/OEA, por su permanente disposición y compromiso junto con todo su equipo de colaboradores.

Asimismo, queremos reconocer muy especialmente, el apoyo de los Estados Miembros y Países Observadores, así como las contribuciones de carácter financiero y de logística que han realizado los Gobiernos de Alemania, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Republica de Corea, España, Guatemala, Países Bajos, Irlanda, Noruega, Perú, Suecia y Tailandia.

En ese sentido, el Gobierno y el pueblo de Colombia quieren expresar su más profundo reconocimiento y agradecimiento.


El seguimiento sistemático que adelanta la MAPP-OEA y la presentación de informes periódicos ha permitido al Consejo Permanente estar actualizado del estado del proceso, de sus avances y de los desafíos que aún persisten.

Si bien en el transcurso de las próximas semanas el Secretario General hará conocer los resultados del XI Informe Trimestral, quisiera, señor Presidente, destacar algunos avances en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en los meses recientes:

1. Se reglamentaron, por parte de la Comisión Nacional de Reparaciones, las Comisiones regionales de restitución de bienes mediante el decreto 176 del 24 de enero del 2008;

2. Se expidió el Decreto 1290 de 22 de abril de 2008 “Por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía administrativa de las víctimas de grupos armados organizados al margen de la ley”.

Sobre este particular, es de destacar que el Gobierno Nacional tomó la decisión de crear un programa de reparaciones por vía administrativa para atender de manera pronta y efectiva a las víctimas de los grupos armados ilegales, sin detrimento de la reparación por vía judicial, a través de Justicia y Paz y de todas demás las acciones orientadas al logro de una reparación integral.

A efectos de lograr una adecuada divulgación, el Ministerio del Interior y Justicia, elaboró una Cartilla informativa del Programa de Reparación por Vía Administrativa para las facilitar el acceso de las víctimas.

3. Se fortaleció el Programa de protección a víctimas con un presupuesto de 9 millones de dólares en el 2007;

4. Se designaron 753 funcionarios provisionales nuevos en la Fiscalía para Justicia y Paz desde el 2008 y prácticamente se dobló su presupuesto;

5. Se utilizó el mecanismo legal de la extradición para aquellos líderes desmovilizados que reincidieron en la delincuencia en aras de seguir avanzando en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación, y el combate a la impunidad;

6. Se capturaron los máximos jefes de las Autodefensas que no se sometieron a la Ley de Justicia y Paz;

7. Se ha dado total transparencia al proceso generando un clima de credibilidad y esperanza para las víctimas. Es importante anotar que 126.000 víctimas se han presentado a reclamar sus derechos.

Quisiera, así mismo, referirme a la Política adoptada por el Gobierno frente al fenómeno que se ha denominado las bandas criminales dedicadas principalmente al narcotráfico. El Estado colombiano a través de su Fuerza Pública y en desarrollo de la Política de Seguridad Democrática, ha venido desplegando con toda decisión en el territorio nacional, importantes esfuerzos operacionales, dirigidos a neutralizar y desarticular las mismas.

En cumplimiento de esta política, el Gobierno Nacional ha dispuesto la implementación de dos mecanismos de coordinación, verificación y ejecución de resultados contra las bandas criminales, que buscan garantizar que el proceso de desmovilización, desarme y reintegración no se vea minado por la reincidencia de anteriores miembros de grupos de autodefensa en actividades delictivas.

1. El primer mecanismo se ha establecido en cabeza de la Vicepresidencia de la República. Es un comité de seguimiento de alto nivel del cual participa la MAPP/OEA y delegados de todas las agencias de seguridad, que se reúne bimensualmente y estudia los casos de denuncias que se hayan presentado.

2. El segundo, es el Mecanismo de Verificación Conjunto contra las Bandas Criminales MEVEC que lidera la Policía Nacional, sobre el cual se han definido 2 instancias de trabajo: Una de nivel central y otra de nivel regional. El MEVEC rinde informes públicos mensuales a la ciudadanía.

Es importante resaltar y reiterar que las bandas criminales tienen un perfil delictivo, que se encuentra estrechamente vinculado al narcotráfico. Es claro que estos grupos delincuenciales no tienen relación alguna con el accionar paramilitar, inclusive, en algunos casos, tienen relación y forman parte de grupos terroristas como las FARC y el ELN.

Colombia, al igual que otros países, realiza esfuerzos descomunales por consolidar el control de todo su territorio para beneficio de todos los ciudadanos y para prevenir que las acciones de los violentos afecten a los pueblos de los países hermanos.

Los indicadores dan cuenta del progreso alcanzado en los últimos años, tenemos la certeza que seguiremos evidenciando avances, como resultado de nuestro compromiso y del acompañamiento y solidaridad de la OEA y sus países miembros.

El Gobierno de Colombia espera que la cooperación generosa que ha recibido hasta el momento aliente otras formas de trabajo y colaboración conjunta para hacer de nuestra región un territorio libre de grupos violentos que atenten contra nuestras democracias.