Una vez más los Cancilleres de América se reúnen para examinar la marcha de los asuntos políticos, de desarrollo y de seguridad en la región, así como para trazar líneas de futura cooperación. Agradecemos al Presidente Martín Torrijos, a su gobierno y al pueblo de Panamá por la afectuosa acogida que nos han brindado y por el esmero y eficiencia demostrados en la preparación de esta Trigésimo Séptima Asamblea. Al cumplirse en el mes de Septiembre, Sr. Presidente, treinta años de la firma de los Tratados Torrijos – Carter, que entregaron a Panamá la soberanía sobre el Canal, queremos manifestarle una vez más nuestra admiración por el progreso económico, político y social de su país en esta nueva etapa de su historia.

Al entregar mi cuenta anual puedo afirmar, con gran satisfacción, que hoy las Américas crecen en democracia.

La Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas CEPAL informa que durante 2006 el Producto Interno Bruto regional creció un 5,3%. El cuarto año consecutivo de alza y del tercero por sobre 4%. El período 2003 – 2007, concluirá con un alza acumulada cercana al 15%. Este buen rendimiento comienza a sentirse en un área de principal preocupación para nuestra Organización: la pobreza. Según la misma CEPAL, durante 2006 el número de pobres ha disminuido a 205 millones y el de indigentes a 79, lo que se compara favorablemente con las cifras de 2002, cuando los pobres se elevaban a 221 millones y los indigentes a 97. En consecuencia, se han reducido en 16 millones los pobres y en 18 millones los indigentes, lo que nos permite concluir que los últimos cuatro años han sido también de un buen desempeño social regional.

También la democracia se desarrolla y consolida en nuestra región. Entre noviembre de 2005 y diciembre de 2006 se verificaron treinta y seis elecciones en 21 Estados miembros de la OEA, todas ellas pacíficas, con participación masiva y resultados aceptados por todos.

Esta práctica de la democracia tiene efectos en la opinión pública de nuestra región. La encuesta regional anual Informe Latinobarómetro muestra, en su versión 2006, que el porcentaje de la población de América Latina que opina que “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”, se elevó a 74% en promedio durante el año, lo que contrasta con lo que ocurría hace cinco años, cuando sólo un 68% pensaba de esa manera. Comienza a quedar atrás la imagen de inestabilidad política y debilidad económica que nos caracterizara durante décadas.

Podemos expresar con orgullo que la OEA no ha sido ajena a la construcción de esta nueva situación, ni en lo económico ni en lo político. Por el contrario, nuestra Organización ha estado presente y activa en todos los campos en que ha sido requerida para apoyar la estabilidad democrática y contribuir a impulsar el desarrollo económico.

Personalmente me comprometí en el apoyo a los esfuerzos que realizan Panamá, Colombia y Perú por la firma y luego la aprobación de sus Acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos, reuniéndome con numerosos miembros del Congreso norteamericano para transmitirles la importancia de tales acuerdos y las consecuencias negativas que podría llegar a tener su no aprobación. Del mismo modo hice los mayores esfuerzos para enfatizar la importancia que reviste para Bolivia y Ecuador la renovación del Andean Trade Partnership and Drug Eradication Agreement, no sólo por los efectos sobre sus economías, sino también para su estabilidad política. Seguiremos trabajando junto a los gobiernos de la región por la aprobación de estos Tratados y Preferencias.

Debo señalar, sin embargo, que con la aprobación y renovación de estos tratados probablemente habrá concluido una fase de nuestro proceso de integración regional. Se han suscrito acuerdos bilaterales y regionales bajo distintos esquemas, y este es un enorme progreso. Pero al mismo tiempo hace casi un lustro que no se observan avances en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, (ALCA) y es difícil esperar que, incluso si la negociación de la Ronda Doha se desbloquea, sea posible superar el estancamiento hemisférico. Se trata de una situación que no debe alarmar a nadie y mucho menos significar una interrupción del proceso integrador. Por el contrario, sin caer en el error de buscar imponer a los demás cada uno sus propios modelos, aquellos países que forman parte de los esquemas subregionales de integración deberían acentuar sus procesos de unidad.

Por ello miramos con especial atención la próxima Conferencia sobre el Caribe que se reunirá en Washington en el mes de Junio, seguida de la Reunión de Jefes de Gobierno de CARICOM en Barbados el 1 de Julio. Esperamos que, junto con alcanzar avances sustantivos en la construcción de su economía única, el CARICOM pueda entregar indicaciones acerca de los próximos pasos a seguir en la integración regional. Al mismo tiempo, deberíamos examinar la posibilidad de convocar a una Reunión de Ministros de Comercio en el marco de la OEA para examinar alternativas viables de fortalecimiento de la integración hemisférica.

Si bien las amenazas de conflicto e inestabilidad política y económica que se cernían sobre la región, hace dos años cuando inicié mi mandato como Secretario General se han reducido sustantivamente, aún no nos hemos ganado el derecho de ser optimistas. Nos lo impide el recuerdo de otros momentos en que creímos haber comenzado el camino del desarrollo sólo para despeñarnos luego en la crisis. Debemos pues actuar con prudencia y acentuar nuestra atención a los desafíos que seguimos enfrentando.

Quiero destacar de esos desafíos cuatro que considero principales: el desafío de la desigualdad y la pobreza, el desafío del delito, el desafío de la gobernabilidad y el desafío de un crecimiento sustentable.

América Latina no es, de manera alguna, el continente más pobre de la tierra. Su ingreso promedio se acerca al promedio del ingreso mundial y posee recursos para dar una mejor existencia a todos sus hijos. Sin embargo alrededor de 80 millones de latinoamericanos dormirán esta noche sin haberse alimentado suficientemente.

A pesar de los progresos que he comentado antes, aproximadamente un 40% de la población de América Latina aún es pobre y un buen número continúa siendo indigente. Esta situación se agrava hasta niveles inaceptables cuando se consideran las desigualdades, pues, como he dicho, nuestra región no es la más pobre del planeta, pero es sin duda la más desigual. La desigualdad tiene también implicancias de discriminación. Una gran mayoría de los indígenas son pobres, como lo es también un número importante de afro americanos. Un número significativo de hogares pobres en la región es encabezado por una mujer. La pobreza, en consecuencia, tiene color y tiene género en América Latina y el Caribe.

Por ello el combate a la pobreza sigue siendo primera prioridad en la agenda de desarrollo de las instituciones hemisféricas. Esa política de cooperación se centra en nuestro caso en la formación de recursos humanos y el fortalecimiento institucional, que atiende principalmente a los países más pobres y a los más pequeños e insulares, que son los más vulnerables a los vaivenes de la economía internacional.

Son innumerables los esfuerzos que tanto nuestra Organización como sus Estados miembros realizan en el terreno de la cooperación y no es posible mencionarlos todos. Creo importante recordar, sin embargo, que en el marco de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití, diez países mantienen fuerzas que colaboran con la mantención de la paz y la seguridad en ese país hermano. La Organización de Estados Americanos mantiene un Grupo de Trabajo preocupado del seguimiento y apoyo a la reconstrucción institucional de Haití y, como parte de ese esfuerzo, ha reconstituido el Grupo de Amigos de Haití en Washington.

Un segundo desafío grave que debemos enfrentar es el de un crecimiento sin precedentes de la actividad delictual: el narcotráfico, el tráfico de personas, las pandillas, el crimen organizado, el lavado de dinero y otras muchas formas que adopta hoy en día. En algunos países de nuestra región las muertes anuales por homicidio son las más altas del mundo y las víctimas de la violencia no se cuentan por cientos ni por miles, sino por decenas de miles. En los años noventa, más del 70% de la población urbana de América Latina declara haber sufrido algún tipo de delito y aunque la subregión representa sólo el 8% de la población mundial, responde por el 75% de todos los secuestros ocurridos en el mundo en 2003.

Y se trata de una lacra que no sólo degrada y daña física y moralmente a las personas sino que trae consigo un alto costo económico y político. El BID estima que su costo se eleva a 16.8 billones de dólares, equivalente al 15% del PIB de América Latina. Y también desafía instituciones, porque existen zonas dentro de ciudades y regiones dentro de países de nuestro continente en los que la institucionalidad del Estado es desafiada por el poder de hecho de los grupos delictuales.

La expansión del crimen organizado y el narcotráfico puede alcanzar la esfera de lo político. Debemos prestar atención al financiamiento de la política no sólo para evitar desigualdades en la participación electoral de nuestros ciudadanos, sino para asegurar que el delito y la política no formen una asociación letal para nuestras democracias.

Y de allí también la preocupación por custodiar efectivamente la defensa de las libertades ante el crimen. El asesinato de periodistas en el último tiempo en nuestra región debe llamarnos la atención sobre el ataque del crimen organizado en contra de los que tienen el coraje de denunciarlo.

El tercer desafío a vencer es hacer gobernable nuestra democracia. Para ello, sin embargo, debemos todavía satisfacer algunos requisitos y condiciones. En primer lugar debemos ser conscientes de que la ampliación de la democracia y sus instituciones son las primeras obligaciones de un gobierno democrático y que, por el contrario, la exclusión, o el silenciamiento del adversario son un seguro camino para el debilitamiento de la democracia.

Una democracia plena supone la creación de un clima de plena tolerancia, en cada país y en el plano hemisférico. Es claro que, así como en cada uno de nuestros países existen y deben existir diversas corrientes de opinión que deben expresarse libremente, así también nuestros países miembros pueden elegir soberanamente su camino hacia el desarrollo. Sólo están comprometidos, en el marco de nuestra Organización, a hacerlo en pleno respeto a las normas del juego democrático. Para que esta diversidad sea compatible con la búsqueda de la integración y la cooperación regional, debemos ser capaces de respetar las decisiones de cada país y no intentar imponer los esquemas económicos, sociales o políticos de cada cual como la única verdad

En los últimos años la OEA prestó gran atención a los procesos electorales, porque éstos no existían o no podían ser considerados efectivamente democráticos. Ahora que ellos imperan en todos los países debemos dedicar más esfuerzos a la construcción efectiva de repúblicas democráticas, en las que exista un real estado de derecho e instituciones públicas permanentes que sean realmente respetadas. El desarrollo requiere a veces de decisiones enérgicas. En un sistema presidencial, por otra parte, la política estatal requiere de adecuados liderazgos. No obstante, debemos cuidar que esos liderazgos no sustituyan lo que es esencial de la democracia: una república de leyes e instituciones.

Las bases de un Estado democrático fueron consagradas en nuestra Carta Democrática Interamericana. Incluyen el respeto de los derechos humanos; la libertad de expresión, prensa y asociación; el pluralismo político; la transparencia; la separación y balance de poderes; la participación ciudadana y la obligación de los gobiernos de regirse por sus normas constitucionales y el estado de derecho. Por ello la Carta habla de la democracia como un derecho y por eso hemos dicho que confiere una ciudadanía política y civil, que el gobierno siempre debe respetar.

También confiere la Carta, a mi juicio, una soberanía social, al vincular los temas del desarrollo económico y social a la estabilidad de la democracia. Por ello estamos discutiendo y espero que aprobemos pronto, una Carta Social Interamericana, que no pretende “igualar” a la Carta Democrática, sino complementar efectivamente los derechos que ella confiere.

Para ser eficaces en su cometido, por otra parte, los gobiernos deben estar dotados de los instrumentos necesarios. Muchos de los problemas que nos afectan, especialmente la reducción de la desigualdad, la provisión de mejores servicios de educación, salud, agua potable y oportunidades de empleo, dependen de la formulación de políticas públicas que sólo son realizables si los Estados tienen las capacidades materiales para implementarlas.

Algunos aún creen que es posible construir Estados eficientes con la escasez de recursos que hoy tienen nuestros países. Se equivocan: si queremos modelos de desarrollo social como los de algunos países desarrollados que a veces citamos como modelos, debemos ser capaces de distribuir el ingreso y recaudar fondos fiscales como ellos.

La gobernabilidad también dice relación con la eficiencia. La política y el gobierno requieren crecientemente del apoyo de conocimientos y técnicas necesarias para llevar adelante eficientemente la administración estatal y que deben ser enseñados y adquiridos por quienes están llamados a conducir gobiernos.

Ninguno de los desafíos que he descrito podrá ser superado; sin embargo, si no damos cuenta de un cuarto desafío, que es el desafío del crecimiento. Si nuestras economías no crecen, y ello ocurrió durante las tres décadas anteriores al período que enfrentamos hoy, los graves problemas sociales que nos afectan serán enfrentados sólo de manera retórica. No obstante los logros recientes, nuestra región sigue creciendo a un ritmo inferior al de otras regiones del mundo. Existen numerosas razones que lo explican: la persistencia de sectores financieros débiles que limitan las oportunidades de inversión lucrativas; la ausencia de un sistema energético regional bien definido, que elimine las inseguridades sobre el abastecimiento de energía en muchos de nuestros países; un nivel muy insuficiente de comercio intraregional, agravado por tendencias a elevar el proteccionismo; bajos niveles de ahorro e inversión; la ausencia de sistemas tributarios eficientes que permitan a nuestros países incrementar sus niveles de recaudación; la baja competitividad.

Sabemos qué hacer para superar esos problemas, pero no ayuda a la tarea el clima de incertidumbre que a veces se genera en nuestros países. El capital no es atraído exclusivamente por la perspectiva de la ganancia, sino también por la estabilidad política, la seguridad y la certeza de las reglas del juego. Si quienes pueden invertir en nuestra región se sienten amenazados por cambios en esas reglas o por fenómenos como la corrupción o la delincuencia, ciertamente no lo harán. Buscamos captar inversiones de largo plazo debemos ofrecer la seguridad de que nuestras economías son estables porque nuestras políticas básicas también lo son.

Y no hablamos de cualquier crecimiento: debe ser crecimiento sustentable. Hemos sido favorecidos por una de las más ricas dotaciones de recursos naturales y diversidad biológica del planeta, pero la estamos destruyendo. Pero, según la FAO, casi 40 millones de hectáreas de bosque nativo fueron despejadas en América Latina en 2005: la tasa más alta de todo el planeta. Y el 30% de los arrecifes de coral –que albergan la mayor biodiversidad marina– está severamente dañado y en riesgo de colapsar. Sólo dos dramáticos ejemplos de la degradación que nos amenaza.

Y los efectos se experimentan no sólo en el plano material: la degradación ambiental puede terminar por afectar también la fortaleza de las instituciones democráticas. Es difícil sostener una democracia cuando 140 millones de personas carecen de acceso adecuado a servicios sanitarios, cuando 75 millones no cuentan con agua potable limpia o cuando 80 millones respiran contaminantes más allá de lo considerado aceptable por la Organización Mundial de la Salud.

Señor Presidente, señores ministros:

Inspirados por la necesidad urgente de generar formas sustentables de crecimiento, esta Asamblea General busca encontrar respuestas al tema de la energía para el desarrollo sostenible. Estoy seguro que, como resultado de sus deliberaciones, las delegaciones presentes arribarán a importantes conclusiones que orientarán nuestro quehacer regional en este campo durante el período próximo. Por ello me permitiré sólo algunas reflexiones generales que pueden ayudar a esa discusión.

En primer lugar, para enfrentar el desafío contamos con abundantes recursos. Estados Unidos y Brasil son líderes mundiales en la producción y uso de etanol. México lo es en el uso de la geotermia y Barbados tiene una de las penetraciones más altas de calefacción de agua con energía solar. En cuanto a fuentes convencionales, poseemos el 12,2% del total mundial de reservas de probadas de petróleo, y México y Venezuela se encuentran entre los mayores productores mundiales. Canadá es el quinto mayor productor de gas natural del mundo y Estados Unidos es el país con mayores reservas de carbón. Trinidad y Tobago, por su parte, es el principal abastecedor externo de gas natural de Estados Unidos. Sin embargo buena parte de los países de la región enfrentan problemas, ya sea con su suministro de fuentes energéticas ya con el de energía.

Hoy día alrededor de 50 millones de personas en nuestra región no tienen acceso a la energía eléctrica. Esta carencia se hace aún más apremiante si se considera que, según datos del BID, la demanda de energía en América Latina habrá aumentado un 75% el año 2030 y la capacidad de generación necesitará aumentar un 144% para satisfacerla.

La situación más alarmante es la inseguridad sobre la provisión misma de recursos. En particular de petróleo pues varios de nuestros países, siendo grandes productores, presentan amenazas graves sobre la eficiencia de sus industrias. En el campo del gas natural las reservas latinoamericanas representan aún sólo un 4,1% del total probado a nivel mundial, en circunstancias que su consumo ya alcanza un 6,8% del total mundial.

Al buscar soluciones deberemos tener en consideración su impacto ambiental. En particular, como lo ha señalado el Secretario General de Naciones Unidas, el cambio climático, cuya relación con el sector energético es directa. Un cuarto de las emisiones mundiales de gases invernadero proviene de la generación de energía y calor y su crecimiento ha sido el mayor entre todas las fuentes de emisión entre 1990 y 2002. Las naciones isleñas del Caribe y las de Centroamérica se encuentran entre las más afectadas por el cambio climático debido a su exposición a huracanes y tormentas tropicales; una cruel paradoja porque son las que menor responsabilidad tienen en él.

Considerando todos estos elementos, en mi opinión la agenda energética de la región debería contemplar por lo menos tres aspectos:

Primero: promoción de un uso racional y eficiente de las fuentes energéticas convencionales, principalmente hidrocarburos. Segundo: aprovechamiento de los mecanismos de transacción de emisiones, contemplados en el protocolo de Kyoto, para atraer inversión y tecnología que permita la producción industrial “limpia”. Debo anotar aquí que el transporte es una de las mayores fuentes de emisión de carbono y que, en consecuencia, nuestros desplazamientos para asistir a esta reunión han dejado su vestigio. Por ello nuestra Organización se ha comprometido a adquirir los bonos de carbono necesarios para neutralizar las emisiones generadas por nuestros viajes hasta acá. De este modo esperamos que la única huella indeleble que deje esta reunión sean las políticas encaminadas al desarrollo sostenible y no nuestro rastro de carbono,

El tercer elemento que, en mi opinión, debería contemplar nuestra agenda es el incentivo al uso de fuentes energéticas alternativas y renovables. La nuestra es una región favorecida por una gran diversidad de recursos renovables. Su uso no es nuevo y diversificar nuestra matriz energética apoyándonos en ellos no nos debe significar ni un gran riesgo ni una gran aventura. La energía hidráulica, por ejemplo, es parte importante de la matriz energética de la región y abastece el 90 por ciento de todas las necesidades de un país de tan importante demanda energética como Brasil, que ha realizado un esfuerzo pionero y de alcance mundial en esta materia.

Debo referirme en particular a la energía nuclear. Ya he reivindicado anteriormente el derecho de nuestros pueblos a investigar, desarrollar y producir energía nuclear con fines pacíficos. La electricidad generada por plantas nucleares no produce emisiones sulfurosas ni de mercurio y no emite gases que provoquen el efecto invernadero. Considerando los actuales precios por otra parte, podría llegar a ser más barata que la producida por petróleo, gas natural e incluso que la solar, la eólica o la producida por biomasa. Ciertamente, existen problemas en el ámbito político que es necesario tener presente. Lo importante, sin embargo, es que iniciemos un esfuerzo por diversificar nuestras fuentes de energía sin descartar ninguna.

No puedo concluir sin expresar lo alentador que en este campo resultan los esfuerzos asociativos desplegados por nuestros países, con el resultado de diversas formas de integración energética. Podemos mejorar nuestra seguridad energética integrando nuestras infraestructuras. Soluciones como el Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central y gasoductos como los que unen a Bolivia, Brasil, y otros países de América del Sur, ayudan a diversificar nuestras fuentes de energía y fortalecen nuestras economías. En ese marco deseo saludar la iniciativa de Petro-Caribe, encabezados por Venezuela, y el acuerdo bilateral entre Brasil y Estados Unidos para ampliar su sociedad relativa a la producción de etanol y extender su inversión hacia otros países de Latinoamérica.

Señor Presidente, señores ministros y delegados, ilustres invitados:

Los problemas son muy grandes y no tienen precedentes. Esta Asamblea General, por ello, difícilmente podrá resolverlos todos. Sin embargo es un signo altamente esperanzador que los ministros y más altas autoridades de nuestro continente se hagan cargo de ellos y establezcan un compromiso de avanzar en su solución.

Al terminar esta presentación deseo agradecer a los señores delegados ante el Consejo Permanente por su constante preocupación y contribución a la buena marcha política y administrativa de nuestra Organización. De igual modo deseo agradecer a todo el personal de la Secretaría General por su abnegada y leal colaboración. Y a ustedes, señores ministros y jefes de delegación, mis sinceros deseos de unas fructíferas jornadas de trabajo, en la esperanza de que en esta Trigésimo Séptima Asamblea General lograremos los avances políticos necesarios para consolidar el momento de crecimiento en democracia que vive nuestra región.

Qué mejor lugar para realizar y enfrentar ese desafío que Panamá. Hace alrededor de 100 años hombres intrépidos enfrentaron la tarea titánica de unir ambos océanos, transformando así a Panamá en un verdadero centro de la humanidad. El Canal de Panamá, sin embargo, se construyó y se inauguró sin ser panameño. Hace treinta años, Omar Torrijos puso de nuevo a Panamá en la escena mundial al negociar y firmar los tratados Torrijos Carter, cuyo recuerdo celebramos dentro de pocos días.

Estamos, señor Presidente, felices de estar aquí, cuando Panamá se apresta a iniciar, cien años después, una nueva gran aventura con la ampliación de su canal. Estamos seguros que en esta colosal tarea que usted emprende, en nombre de su país, contará, como ocurrió hace treinta años al firmar los tratados, con el apoyo de toda nuestra América. Le expresamos nuestra admiración, nuestro entusiasmo y le deseamos el mayor de los éxitos por su deseo de colocar a Panamá, de nuevo, en el centro del mundo.

Muchas gracias.