Quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento al Presidente del Consejo Permanente, Embajador Izben Williams, y al Señor Secretario General, Don José Miguel Insulza por la cordial acogida en el día de hoy.

Es para mí un honor dirigirme a ustedes en el Salón del Consejo Permanente, que lleva el nombre de nuestro Libertador Simón Bolívar. Su ideario sentó las bases de lo que es hoy nuestra Organización. Deseo hacer un reconocimiento a la importante labor de la OEA en el continente y, en particular, al acompañamiento que ha realizado la Organización a varias iniciativas del Estado colombiano. Este apoyo irrestricto ha contribuido al avance incuestionable de mi país en temas de tanta complejidad y sensibilidad como lo son el logro de la paz, el mejoramiento de la seguridad y la profundización de la democracia.

El gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, ha encontrado en la OEA un aliado en su propósito de superar los desafíos que enfrenta el país. Estos esfuerzos revelan el interés de la Organización por promover líneas de acción a nivel regional, que propendan por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

En el contexto regional, Colombia se caracteriza por ser uno de los sistemas democráticos de mayor tradición y estabilidad. Su apego a los valores y reglas de la democracia se ha revalidado en los procesos electorales que se llevaron a cabo en el país durante el último año, para la elección del Presidente y el Congreso de la República, así como en el que está en curso en 2007 para la elección a fin de año de las autoridades departamentales y municipales. La transparencia de estos eventos y el marco de garantías de participación a los actores políticos, han sido constatados por las Misiones de Observación de la OEA que nos han acompañado en estos procesos electorales.

Dentro de unos pocos meses tendremos elecciones de autoridades locales. Para ese proceso contaremos con la valiosa cooperación de la OEA, a través de la observación electoral, en las mismas condiciones en que se ha realizado en otras oportunidades.

Pero la democracia va mucho más allá de la celebración de elecciones libres y periódicas. En Colombia hemos dado pasos sustanciales en la consolidación del Estado de Derecho. Hoy más que nunca se ha evidenciado la independencia de los poderes públicos para ejercer su función de control, lo cual demuestra un importante nivel de maduración de nuestro sistema institucional. Sin perjuicio de lo anterior, debemos reconocer que aún nos falta un camino por recorrer.

Debemos profundizar los mecanismos que permitan a todos los ciudadanos de América ser actores fundamentales de la democracia. En ese sentido, valoramos el trabajo que viene desarrollando la Organización a través del Programa sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas, mediante el cual les estamos otorgando a los niños, niñas y jóvenes de nuestro continente herramientas para la convivencia democrática y respeto ejercicio efectivo y cotidiano de los derechos humanos.

Señor Presidente

El gobierno del Presidente Uribe se ha comprometido en propiciar las condiciones para la negociación política con los grupos armados al margen de la ley y sus actuaciones apuntan al fin último de la consecución de la paz. En este sentido, la participación de la OEA, a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, en la verificación de las iniciativas que adelanta el Gobierno para avanzar hacia una paz duradera, constituye una garantía para este proceso.

Deseo agradecer el respaldo y los aportes a este proceso por parte de los Estados Miembro y Observadores, así como al Grupo de Países Amigos de la Misión. También expreso mi especial gratitud al Secretario General, señor José Miguel Insulza, por el decisivo apoyo que le han prestado a Colombia en este importante proceso y, de manera particular, al señor Sergio Caramagna por su incansable y comprometida labor.

Además de la verificación del cese al fuego, hostilidades, desarme, desmovilización y reinserción, la Misión ha contribuido a garantizar la observancia del derecho internacional, incluyendo el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en cada una de las etapas que ha surtido el proceso. El papel jugado ha sido fundamental. Por ello el Gobierno de Colombia decidió ampliar por tres años del acuerdo firmado con la Secretaría General.

Gracias a los esfuerzos adelantados por las instituciones de nuestro país, articulados de forma mancomunada con aquellos provenientes de la comunidad internacional, y muy particularmente de la MAPP/OEA, hoy podemos registrar la desmovilización de 31.689 miembros de los grupos de Autodefensa y de 11.946 individuos pertenecientes a otros grupos armados ilegales.

Después de un largo debate en el que participó la sociedad colombiana y la comunidad internacional, contamos con una ley transicional de justicia y paz que estamos empezando a aplicar.

El Gobierno de Colombia ha demostrado su voluntad de buscar la paz con todos los actores armados. Para ello, se adelantan conversaciones exploratorias con el ELN desde 2002. Estamos trabajando para poder avanzar en la creación de un ambiente para la paz y participación de la sociedad civil dentro del proceso.

Colombia valora positivamente la existencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen pilares fundamentales del sistema, como también lo son los Estados y la sociedad civil. Estoy seguro de que las iniciativas dirigidas a fortalecer y a facilitar las labores de estas dos instituciones tienen el respaldo y de la Secretaría General y de los Estados miembros. En ese sentido, trabajaremos para que cuenten con los recursos financieros adecuados y que su trabajo sea compensado en forma justa.

Señor Presidente

Estamos convencidos de que los desafíos de Colombia en materia de superación de la pobreza y desarrollo económico y social, no son diferentes de los de otros países del continente. Creemos que debemos hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para tener sociedades más justas y equitativas. El alivio de la pobreza y la reducción de la desigualdad no sólo son una obligación ética del Estado, sino que constituyen condiciones fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia.

Frente a la crisis económica de finales de los noventa, en 2002 el Gobierno nacional se propuso como una de sus principales prioridades, adelantar una activa política de reactivación social. Para ello, formuló e implementó siete herramientas de equidad: revolución educativa, ampliación de la protección social de la seguridad social, impulso a la economía solidaria, manejo social del campo, manejo social de los servicios públicos, país de propietarios y calidad de vida urbana.

Entre 2002 y 2005 la línea de pobreza se redujo en 7,8 puntos porcentuales y la pobreza extrema disminuyó en 6 puntos porcentuales. Esto significó que salieran de la pobreza 2,3 millones de colombianos y de la pobreza extrema 2,2 millones.

Tenemos enormes retos para los próximos años. Colombia aspira a que en el 2010 tengamos una cobertura plena en educación básica y salud, con mayor calidad, más y mejores empleos: reducir tasa desempleo al 8.8%, reducir la pobreza entre el 39% y el 35% y la pobreza extrema al 8%. Para esa fecha 1,5 millones de familias deberán estar atendidas por la Red de Protección para la Superación de la Pobreza Extrema, más de 800.000 familias contarán con casa propia, y 8 millones de personas más, tendrán acceso al sistema de acueducto y alcantarillado. Con la cooperación de la Organización, fortaleceremos nuestros programas para asegurar a todos los niños de Colombia el derecho a la identidad y registro.

En Colombia, además de atacar los factores generadores de pobreza que se presentan en la mayoría de países en vías de desarrollo, hemos tenido que luchar contra flagelos como narcotráfico y el terrorismo, que han obligado al desvío de inmensas cantidades de recursos, que de otra forma, se hubieran podido destinar al desarrollo y reducción de la pobreza.

Es prioritario hacer un seguimiento puntual a los compromisos de crecimiento económico con equidad, de desarrollo social y de lucha contra la pobreza. Estos asuntos afectan el devenir de nuestros conciudadanos y les debemos prestar especial atención.

Colombia apoya los programas de la Organización dirigidos al desarrollo de los países del Caribe. Creemos que es necesario contar con estrategias que les permitan acceder a los recursos financieros internacionales. La mitigación de los efectos de los desastres naturales, la cooperación para incrementar la seguridad en sus instalaciones turísticas, que es un componente clave de su economía, la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico, son algunos de los ejemplos de la cooperación de la OEA hacia nuestros hermanos caribeños y mi país los apoya decididamente.

Esperamos seguir contribuyendo al Proyecto de tener una Carta Social que sea una guía para lograr nuestros objetivos de desarrollo con equidad y que se pueda concretar lo más pronto posible.

Señor Presidente

Coincidimos con la visión de seguridad que impulsa la OEA, al abordarla desde una perspectiva multidimensional que involucra, no sólo las amenazas tradicionales sino también las nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos. El combate a estos fenómenos debe darse en el marco del respeto por los Derechos Humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

En este sentido, el gobierno colombiano ha adelantado una política integral para atender los retos que se le presentan, a través de respuestas institucionales que se han traducido en una importante mejora de la seguridad y la convivencia ciudadana, en el compromiso hacia el respeto de los derechos humanos, en el progreso social y económico, y en la profundización de la democracia en el país. La Política de Seguridad Democrática constituye el marco dentro del cual el Estado colombiano ha fortalecido su aparato coercitivo, para superar los desafíos impuestos por la existencia de diversos actores armados ilegales y para restablecer el imperio de la ley. Pero también ha propiciado los espacios de diálogo y negociación que han contribuido a la construcción de la paz.

De esta manera, durante los últimos cuatro años se han registrado avances sustanciales en los indicadores de seguridad. Cabe destacar una reducción del 44% en la tasa de homicidios por cien mil habitantes.

Los logros en materia de seguridad han sido acompañados de acciones concretas para la protección de los Derechos Humanos. En tal sentido, vale la pena señalar la formulación e implementación de una política pública de lucha contra la impunidad en caso de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho internacional Humanitario.

De otra parte, el Gobierno concretó la creación del Observatorio de Minas y la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal. En esta materia la cooperación internacional es fundamental. Agradecemos la colaboración de la OEA y los aportes de los países donantes, que hacen posible que el Programa contra Minas de la Organización adelante en Colombia acciones de desminado humanitario, de destrucción de minas almacenadas, de apoyo a las áreas de educación preventiva y sensibilización, de rehabilitación de víctimas de minas y la instalación de un banco de datos.

En materia de desplazamiento forzado, durante el año 2006 se presentó una reducción del 24%, como resultado de la combinación de acciones en materia de seguridad, política social y reactivación económica. Con el fin de atender adecuadamente este problema, el Estado colombiano ha avanzado en la consolidación de una política integral de atención al desplazamiento en tres frentes de acción: prevención y protección, atención humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica.

Señor Presidente

A pesar de que el índice de secuestro en mi país ha disminuido en un 84%, no puedo dejar de referirme al dolor y el sufrimiento que significa el secuestro para las víctimas y sus familias. El Gobierno nacional realiza todos los esfuerzos, en el marco de la Constitución y las Leyes, para que estos compatriotas regresen a la libertad. No obstante, deseo expresarle al Consejo mis sentimientos y pensamientos sobre este drama que afecta a miles de colombianos.

Es preciso recordar que los grupos al margen de la ley son los responsables del cautiverio de miles de colombianos. Es a ellos, a la guerrilla, a quienes debemos exigirles la inmediata liberación de nuestros conciudadanos. También deseo expresar mi infinita solidaridad hacia todos los secuestrados y con todos sus familiares y amigos. Los acompañamos en el dolor y en la esperanza.

Estando en cautiverio meditaba sobre el acuerdo humanitario y trataba de visualizar el camino para hacerlo viable. Hoy, como Canciller, tengo la seguridad de que el Gobierno tiene la voluntad sincera de facilitarlo, en condiciones de dignidad para el país y sin poner en riesgo la seguridad de todos los colombianos.

Señor Presidente

Los problemas de seguridad son flagelos comunes. El terrorismo, las drogas ilícitas, la delincuencia común, la corrupción, no conocen fronteras. Por eso la responsabilidad compartida se convierte en el principio fundamental para abordar temas semejantes y enfrentar las amenazas conjuntas.

Resulta pertinente señalar la importancia que tienen para Colombia los diversos instrumentos que han sido desarrollados en el seno de la OEA, como instancias de acción conjunta para el tratamiento de dichos problemas. En materia de drogas, Colombia ha reconocido en esta problemática una fuente de inestabilidad que lesiona nuestra democracia y que genera complejas expresiones de violencia y corrupción, así como un impacto altamente negativo sobre el medio ambiente.

La lucha de Colombia contra el problema mundial de las drogas no va a cejar. Mi país asume su responsabilidad sobre el problema y espera que la comunidad internacional también haga lo suyo.

En tal sentido, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) ha jugado un papel fundamental en la profundización de los esfuerzos nacionales y ha servido de marco para el fortalecimiento de la cooperación regional para la lucha contra este flagelo y sus delitos correlacionados.

Hoy, diez años después de la adopción de la Estrategia Antidrogas del Hemisferio por parte de la Asamblea General, tenemos el reto de evaluar los resultados obtenidos hasta el momento y de plantear los lineamientos y nuevos desafíos para enfrentar el problema mundial de las drogas en los próximos años. Colombia ratifica su compromiso en esta materia y está preparada para asumir la Presidencia de la CICAD en 2007.

Los Estados del Hemisferio nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en todos sus aspectos. Y es en el marco multilateral y a través de la cooperación como podemos responder a la amenaza del terrorismo, asociado con otras actividades delictivas.

El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) se ha consolidado como el escenario natural de discusión hemisférica en materia de políticas antiterroristas. Colombia tuvo el honor de presidir sus sesiones entre marzo de 2006 y febrero de 2007, posición desde la cual se buscó privilegiar el papel del Comité como promotor de la cooperación y asistencia técnica en la lucha contra el terrorismo. Así mismo, hemos constatado la realización de programas de cooperación por parte del Comité, que benefician a los Estados Miembros de manera concreta y efectiva.

Para Colombia, la lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras es un asunto de alta prioridad. Es pertinente reiterar que este tipo de armamento se ha convertido en verdaderas armas de destrucción masiva. Se requiere, por lo tanto, el fortalecimiento de la asistencia y de la cooperación internacional para contrarrestar los efectos perversos de este crimen trasnacional organizado.

Deseo reiterar nuestro compromiso con esta lucha. Respaldamos decididamente los trabajos que se adelantan a nivel hemisférico por el Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), y alentamos a aquellos países que aún no lo hayan hecho, a que ratifiquen este importante instrumento.

Señores Miembros del Consejo Permanente

Colombia es una nación convencida de los beneficios del multilateralismo, de la acción conjunta de los países americanos para la superación de nuestros problemas más esenciales. La cooperación regional es fundamental para acertar en la definición de las estrategias que nos permitan caminar hacia mayores niveles de progreso, que se reflejen en una mejor calidad de vida de los ciudadanos de las Américas.

Hoy deseo renovar el compromiso de mi país con los valores y principios de la Organización. La consolidación de la democracia, el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, el desarrollo con equidad, la lucha contra la pobreza, contra la corrupción, los desafíos para lograr la seguridad hemisférica, son todos asuntos que hacen hoy parte de la agenda hemisférica y que Colombia comparte.

Así como en 1948 propiciamos en nuestra ciudad capital la promulgación de la Carta de Bogotá, la cual le dio origen a la OEA, nos alistamos para la conmemoración de los 60 años de su existencia a través de la celebración de la Asamblea General de 2008. Además de ser un honor, para mi país constituye una inmensa responsabilidad la organización de este encuentro, en el cual se renovarán los lazos de fraternidad que caracterizan las relaciones en nuestro continente.

Muchas gracias.