Discursos

JOSÉ MIGUEL INSULZA, SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
CUMBRE REGIONAL SOBRE DROGAS, SEGURIDAD Y COOPERACION SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA

16 de marzo de 2007 - Washington, DC


Permítanme, en primer lugar, agradecer al Presidente Leonel Fernández por su iniciativa de llevar adelante esta tan necesaria Cumbre Sobre Drogas, Seguridad y Cooperación y reconocer tambien la voluntad de los Presidentes Uribe y Preval y del Primer Ministro Manning, en representación del CARICOM, de concurrir a este importante esfuerzo.

Todos los indicadores nos revelan que los años recientes han sido, para las Américas, de bonanza económica y de fortalecimiento y expansión de la democracia. Tenemos tambien la fundada esperanza de que este nuevo periodo vaya redundando en una disminución sustantiva de la pobreza que afecta a importantes sectores de la población del hemisferio.

Sin embargo y no obstante el legítimo orgullo que podemos sentir por estos logros, tenemos la obligación de enfrentar el momento con prudencia pues existen situaciones que pueden desafiar y aún atentar en contra de la bonanza económica y la estabilidad democrática. Y entre esos desafíos figura, en un lamentable destacado lugar, la amenaza a la seguridad.

Nuestra región, debemos reconocerlo, es una de las más castigadas en este terreno. En ella existen vastos sectores enormemente vulnerables, cuya inseguridad radica en que no tienen la capacidad para enfrentar el narcotráfico, la delincuencia urbana, las pandillas, el crimen trasnacional organizado, además de las catástrofes naturales y las pandemias. Todo ello configura una nueva situación de seguridad pública para el hemisferio: ahora se enfrentan problemas y desafíos de carácter multidimensional. Se trata de un conjunto de viejas y nuevas amenazas que no conocen fronteras y que es necesario derrotar para alcanzar la seguridad humana que permita a mujeres y hombres desarrollarse plenamente. La producción y tráfico de drogas se encuentra en el centro del asunto de la actividad delictual en nuestro continente.

La Organización de los Estados Americanos ha comprendido que es necesario un esfuerzo colectivo y coordinado para avanzar decididamente en la superación de esas amenazas. De ahí que haya hecho esfuerzos por generar iniciativas e instrumentos preventivos para el conjunto del hemisferio, con especial atención a los países más vulnerables. En materia del combate a la droga, un momento sobresaliente tuvo lugar en 1986,cuando la Primera Conferencia Interamericana Especializada sobre Narcotráfico, que se celebró en Río de Janeiro aprobó el Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro contra el Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y recomendó la creación de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), que en noviembre del mismo año pasó a ser organismo técnico de la Organización.

La CICAD, que inicialmente estuvo compuesta por once Estados, desde 1998 está integrada por los treinta y cuatro países miembros de la OEA. A partir de ese momento se ha constituido en el principal referente de la accion cooperativa del hemisferio, hasta el punto que su sistema de evaluacion multilateral (MEM) ha sustituido los procesos de certificación que antes provocaban fricciones entre nuestros paises. Para alcanzar sus fines la CICAD está constituida en torno a una Secretaría Ejecutiva radicada en la sede de nuestra Organización e integrada por funcionarios especializados, cuya abnegación y entrega a esta causa quiero destacar y agradecer hoy día.

Señores Presidentes, distinguidas delegaciones participantes en esta Cumbre:

Cuando el problema de la droga se agrava, ya sea por su magnitud o por el cambio de patrones que hacen más difícil su contención, es imprescindible que la sociedad internacional actue y se coordine para controlar su impacto nocivo.

Es esa la motivación y esa la preocupación con que concurrimos a esta Cumbre. Porque no sólo se trata de combatir un delito y un daño a la salud de nuestros conciudadanos: combatimos también una amenaza a la democracia y a nuestra plena realización como naciones y Estados.

Una situación que es particularmente apremiante para los dos países de esta hermosa isla. Para ser completamente franco: el tráfico de drogas supone nuestros países, para los presentes aquí y los de todas las Américas, un obstáculo grave para la vigencia plena del Estado de Derecho, para su seguridad, su democracia y su desarrollo.

Aún más: las consecuencias desestabilizadoras en los ámbitos social, económico, administrativo, sanitario y de buen gobierno no quedan limitadas a los dos países, porque las drogas y los problemas que ellas traen consigo no sólo se importan hacia aquí: también se exportan desde aquí.

Sabemos además, y lo lamentamos profundamente pues es un efecto social directo del delito que queremos combatir, que los países de tránsito sufren también una escalada en el consumo. Es una desgracia que afecta a todos los países que son parte de la cadena del tráfico de drogas, pero que duele especialmente cuando se trata de la República Dominicana, que está haciendo un gran esfuerzo por modernizar su sistema de administración de Justicia y otras instituciones del Estado, y de Haití que, a todos sus conocidos problemas, debe agregar este flagelo.

En ese mismo espíritu, la Organización de los Estados Americanos expresa también su inconmovible voluntad política de respaldar acciones concretas para atenuar la situación.

Somos perfectamente conscientes de la magnitud del problema. Sabemos que en estas tierras se descargan embarques aéreos o marítimos de drogas; sabemos que las rutas empleadas provienen de Colombia, más recientemente de Venezuela y de otros países del Caribe; y sabemos que no solamente Estados Unidos es el punto final de ese tráfico, sino que hasta el 50 por ciento de la droga en tránsito en la isla parte rumbo a Europa.

Nuestros esfuerzos como Organización para enfrentar estos problemas han sido múltiples. Con relación a la República Dominicana debo mencionar nuestra asistencia técnica en la redacción del Plan Estratégico Antidrogas, en el que se da prioridad a metas y se elaboran programas para reducir la demanda y controlar la oferta, fortaleciendo sus entes ejecutores y contribuyendo a la actualización de la legislación nacional correspondiente. En otro plano, hemos contribuido también al perfeccionamiento de la calidad de la justicia, preparando a jueces y a fiscales en las teorías y la práctica del combate a los nuevos procedimientos criminales.

Sabemos de sobra que la realidad de los países no es idéntica y que las acciones que debemos realizar no son siempre repetibles. Sin embargo, queremos apelar a la experiencia para proponer nuevos rumbos, pues mucho de lo que hemos hecho en Colombia, en Jamaica, en República Dominicana, en otros países de América nos puede orientar con relación a Haití. Permítanme referirme a algunas de las acciones en que podemos cooperar con Haití, para las cuales estoy en condiciones de comprometer la acción de la Secretaría General de la Organización y de CICAD.

En primer término, la asistencia técnica necesaria para establecer el marco jurídico que permita la creación y efectivo funcionamiento de las unidades de elite en la administración de justicia, la fiscalía y la policía, necesarias para el combate al tráfico ilícito de drogas en todas sus manifestaciones.

En segundo término la selección de un personal calificado para la función policial, de persecución judicial y de administración de justicia, con arreglo a controles estrictos que permitan certificar la idoneidad profesional y ética de los seleccionados. Dichos cuerpos deberían recibir una amplia capacitación en programas sobre derechos humanos, combate a la corrupción, y nuevas formas de control del fenómeno de las drogas y del lavado de activos. Nada de esto nos es nuevo ni ajeno en la OEA. Diversas subsecretarías y departamentos de nuestra Organización tienen una importante experiencia en esta materia y ya han ejecutado programas que bien podrían ser la base de estas acciones.

Finalmente, debemos preocuparnos del equipamiento de estas unidades, a objeto de que puedan cumplir con sus cometidos legales según los estándares más altos de eficiencia y mejores prácticas internacionales. Con tal propósito, desde ya solicito la colaboración de países miembros y de países Observadores ante nuestra Organización que, felizmente, tienen avanzados desarrollos en la materia.

En efecto, cualquier proceso de fortalecimiento institucional representa un reto enorme y eso es algo de lo que están conscientes, en primer lugar los dominicanos y los haitianos. Sin embargo, para poder coronar el esfuerzo con éxito, requerimos de los demás países e instituciones presentes un esfuerzo mucho mayor, al menos en tres áreas:

- La cooperación en la inteligencia, para detectar las rutas de la droga, donde los países de origen, los puntos de partida, las rutas a través del Caribe, dentro de esta isla y hacia los países consumidores. Sólo esa información intercambiada a tiempo y de manera completa, permitirá adecuar la acción común de nuestros organismos de interdicción.

- Segundo, la cooperación en la interdicción. En esta materia, cada cual debe actuar en su propio territorio, pero debe existir la generosidad para proveer de recursos a los más débiles y compartir las tecnologías necesarias para contar con los recursos humanos y los instrumentos más idóneos para la interdicción.

- Tercero, los recursos necesarios para poner en marcha los programas antidrogas en los países del área. Los gobiernos de estos países están dispuestos a hacer su parte en este esfuerzo. Pero su tamaño y situación económica no les permite acometer por si solos los enormes esfuerzos de custodiar sus fronteras, perseguir el crimen organizado, prevenir la diseminación del consumo, perseguir el lavado de dinero, proteger a la juventud y rehabilitar a los caídos por sí solos. La comunidad internacional debe concurrir a este esfuerzo de manera creciente y efectiva.

Enfrentamos a un adversario transnacional rico, moderno y poderoso. Controlarlo y derrotarlo no es tarea de países pequeños que han tenido la desgracia de ser utilizados como lugar de tránsito. Los grandes mercados, donde va la droga con su acción destructora, deben realizar también un aporte mayor.

Nuevamente muchas gracias al presidente Fernández y a todos los participantes en esta Cumbre.