El flagelo del terrorismo no es algo nuevo, sin embargo, será en la segunda mitad del siglo XX cuando los Estados comienzan a plantear su preocupación por él en los foros internacionales.

A partir de la década de los 70, se sucede la aprobación de una serie de instrumentos internacionales que buscan prevenir y reprimir distintas manifestaciones de este fenómeno, ya que existe creciente conciencia de que su complejidad, magnitud y conexiones con otras modalidades criminales sobrepasan las posibilidades nacionales requiriendo necesariamente de un marco jurídico que asegure la cooperación internacional .

En el ámbito interamericano la preocupación por la lucha contra el terrorismo se manifestó en la aprobación de la Convención de Washington de 1971 referida a la prevención y sanción de actos de terrorismo contra personas y extorsión conexa cuando tengan trascendencia internacional, de la cual el Uruguay es parte.

Con posterioridad la Declaración de Lima para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo fue adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo que tuvo lugar en abril de 1996. Ella menciona aspectos que mantienen plena vigencia y que presiden el pensamiento político americano en la materia como lo es la vigencia del derecho internacional, el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto a la soberanía de los Estados, al principio de no intervención y al estricto cumplimiento de los derechos y deberes de los Estados consagrados en la Carta de la OEA.

A ella se sumo el “Compromiso de Mar del Plata” adoptado durante la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo de noviembre de 1998. En él se reitera la preocupación de los Estados del continente por el tema, se crea el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y se establecieron los lineamientos para la cooperación interamericana. Uruguay, comprometido en el combate al terrorismo, ofreció se sede del IV CICTE en 2004 asumiendo la Presidencia por un año, y continua apoyando a la Secretaría a través de la persona de su Secretario Adjunto.

Pero el hecho quizás mas significativo lo constituye el haber aprobado esta Convención Interamericana contra el Terrorismo, elaborada y adoptada con gran celeridad a menos de un año después de la Asamblea de Barbados, dejando de lado la definición de terrorismo, el instrumento reafirma el compromiso de los Estados miembros de la OEA de cooperar, redoblando las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Se introducen elementos tendientes a facilitar la asistencia jurídica mutua a la vez que se establece la inaplicabilidad de la excepción de delito político dentro del estricto marco de protección y defensa de los derechos humanos y del principio de no intervención. De allí que el deposito de este instrumento de ratificación cobra particular importancia por considerarlo un paso muy importante de reafirmación y compromiso del Estado y Gobierno uruguayo en el combate contra este flagelo.