Como Presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Secretario Pro Témpore del CIFTA, y Embajador, Representante Permanente de Costa Rica es un honor para mí estar en Chile: en este país que cada día renueva su compromiso con la democracia y los derechos humanos; en este país progresista que ejemplifica el camino de paz y convivencia que queremos para toda América.

Agradezco al Departamento de Seguridad Pública de la OEA y a FLACSO, en la figura de su Secretario General, don Francisco Rojas, por su gentil invitación para participar en este evento en el que convergen tanto la academia como organizaciones multilaterales como la OEA y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UN-LiREC), así como representantes y expertos de los gobiernos de la región. Trabajando juntos, en estos tres ámbitos, estoy seguro de que podremos avanzar aún más en esta y muchas tareas en pro del bienestar de nuestros pueblos.

Para la Organización de los Estados Americanos, los temas de seguridad se han convertido en parte integral de la Agenda Interamericana. Como bien lo manifestado en múltiples ocasiones su Secretario General, don José Miguel Inzulsa, a la seguridad se ha dado un enfoque multidimensional pues son múltiples y de diverso origen las fuentes de inseguridad que abaten a nuestros países y a la región.

Estas fuentes no sólo incluyen las amenazas tradicionales a la seguridad o el desafío contemporáneo del terrorismo, sino también los riesgos que se derivan del incremento de la criminalidad en nuestras ciudades, del narcotráfico y el crimen organizado, de la difusión incontrolada y el uso indebido de armas pequeñas y ligeras, de la proliferación de la actividad de las pandillas; así como otros fenómenos, como los desastres naturales recurrentes que amenazan a nuestras naciones.

Sin embargo, el carácter multidimensional de la seguridad reside en la variedad, complejidad y yuxtaposición de estos factores, como lo expresara el Secretario General durante la VII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en el mes de octubre pasado en Managua, Nicaragua. No por ello, nos advierte el Secretario General, podemos etiquetar a todos nuestros problemas, especialmente a los políticos y sociales, con el calificativo de “amenaza a la seguridad”.

Caer en esa tentación sería una falacia y representaría un grave error que nos llevaría a retornar a un esquema superado ya en el hemisferio. Por el contrario, nuestro reto está en continuar resolviendo nuestros desafíos, especialmente aquellos en materia de seguridad, en democracia y con democracia; sobre la base del multilateralismo y la cooperación internacional, la transparencia y la creación de medidas de confianza recíproca.

Dicho esto, quiero destacar que tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Carta de la OEA reconocen expresamente el derecho de legítima defensa de los Estados y, como consecuencia, el derecho de adquirir armas -para sus fuerzas policiales y armadas- a fin de proteger la soberanía nacional y la integridad de su territorio.

El problema surge cuando vastas cantidades de esas armas y municiones que se encuentran resguardadas por las fuerzas armadas, la policía y otras entidades del Estado, no cumplen con los requisitos indispensables de seguridad ni de control que requieren.

En este sentido, la OEA ha detectado serios problemas relacionados con las armas y municiones sobrantes u obsoletas, que constituyen un inventario significativo en varios países. En algunos casos las reservas se consideran sobrantes debido a la adopción de acuerdos de paz y la subsiguiente reestructuración o revisión de las necesidades de seguridad.

Además del riesgo de que las armas mal protegidas puedan caer en manos de criminales, la existencia de almacenamientos de municiones convencionales y explosivos puede constituir un peligro para las comunidades vecinas. De hecho, en algunos países, han sucedido explosiones debido a incidentes como incendios, fenómenos naturales, error humano o la inestabilidad de los explosivos o productos químicos relacionados.

De ahí que la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante la Asamblea General de 2005 reconociera los problemas vinculados a las reservas de armas pequeñas e hiciera un llamado para el establecimiento de un fondo específico dirigido a recaudar y canalizar recursos de los Estados miembros para la recolección y destrucción de dichas armas y para programas de capacitación en esta materia.

Con el establecimiento de este fondo también se espera contribuir a la eliminación de municiones excesivas y obsoletas, así como la restauración de las áreas que han sido afectadas a causa de accidentes en los almacenamientos.

A estas acciones subregionales, se le unen las recomendaciones que la OEA ha hecho a todos los países miembros para fortalecer los almacenes que guardan armas secuestradas para hacerlos más seguros; lo que incluiría la ampliación física de los mismos y la creación de un banco de datos computarizados para el registro de armas, como también fomentar la coordinación entre diversas agencias nacionales tales como policías, inteligencia y las fuerzas armadas para interrumpir el tráfico ilícito de armas, entre otras posibles acciones.

Y esto lo hacemos, porque entendemos que la magnitud de este problema así como el del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras trasciende las posibilidades de cualquier esfuerzo individual y, por ello, la OEA ha exhortado a todos los Estados Miembros para que se involucren en la lucha contra este flagelo, cuya dimensión debe impulsarnos a emprender acciones concertadas dando plena aplicación al principio de responsabilidad compartida

Bajo ese principio, la OEA ha insistido e insistirá en que todos los gobiernos del hemisferio, fabricantes o no, asuman su responsabilidad en el control del flujo de armas. Como indiqué al principio de mi intervención, el derecho de los Estados a adquirir armas para hacer cumplir la ley y proteger el interés común de manera responsable es innegable, pero a la par de este derecho, los Estados tienen responsabilidades y obligaciones legales más amplias en lo relativo a garantizar que las armas transferidas no desempeñan un papel decisivo en la violación del derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, ni dificulten su desarrollo.

Así lo ha establecido el Comité Internacional de la Cruz Roja, para quien los Estados también tienen la responsabilidad moral y jurídica de “respetar y hacer respetar” el derecho internacional humanitario, en virtud del artículo 1 común a los Convenios de Ginebra de 1949.

Para esta organización no gubernamental, “el suministro deliberado de armas en situaciones en las que se pueden cometer o efectivamente se cometan graves violaciones del derecho internacional humanitario debe considerarse como un asunto particularmente grave.” “Grave”, porque la transferencia irresponsable de armas alimenta los abusos contra los derechos humanos y es el catalizador demostrado de los conflictos, además de generar altos costos humanos y económicos y estar asociada con múltiples formas de criminalidad y violencia.

Por ello, hemos insistido en que los Estados y las empresas productoras y exportadoras de armas asuman la responsabilidad ante la comunidad internacional por el empleo que se hace de sus armas, y recomendamos a los Estados mejorar su legislación nacional para que el registro de todas las armas en manos de civiles sea obligatorio; así como crear un órgano o sistema de información accesible a todos los Estados para intercambiar esta información.

Sobre esta premisa, se han realizado ya dos reuniones, una en febrero y otra en octubre de este año, del Grupo de Expertos CIFTA-CICAD, cuya formación se basa en las recomendaciones de la Declaración de Bogotá; el cual ha sido concebido como mecanismo para promover y adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar la aplicación de la CIFTA y el cumplimiento de su propósito.

La Propuesta de Costa Rica

Permítanme unos minutos para comentar brevemente la propuesta de Costa Rica en esta materia. Como bien lo hemos discutido, en la actualidad la seguridad de los países y de la región no depende de amenazas externas o tradicionales, sino de las condiciones propicias para el desarrollo humano.

Por ende, para Costa Rica, los países más pobres y aquellos en los que la violencia y el conflicto armado han mermado las oportunidades de sus ciudadanos para alcanzar mayores niveles de bienestar, deben hacer un esfuerzo para reducir el gasto militar de manera tal que se permita readecuar los presupuestos públicos a las necesidades más apremiantes de la sociedad y en fomentar la transparencia y la honestidad en la administración de los recursos del Estado.

Con esta propuesta, denominada el “Consenso de Costa Rica,” se insta a las naciones desarrolladas y a los organismos internacionales a perdonar la deuda de un país no sólo por ser pobre, sino también porque haya escogido reorientar sus recursos, destinados a las armas y soldados, a la educación y la salud. Con ella, esperamos que la comunidad financiera internacional no solo recompense a quienes utilicen los recursos prudentemente, como ha sido hasta ahora, sino también a quienes los utilicen moralmente.

El Consenso de Costa Rica, como bien lo expusiera el Presidente Arias Sánchez en la recién pasada XVI Cumbre Iberoamericana, en Uruguay, es un incentivo para la paz, para la seguridad y para promover el desarrollo humano.

Señoras y señores:

La Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA) califica a América Latina como la región del mundo con la mayor violencia armada; y donde el impacto del costo de este fenómeno en la economía, según la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (CLAVE), se estima en más del 10% de la riqueza que produce cada año, o bien, un 14% del PIB de toda la región, según estimados del Banco Interamericano para el Desarrollo. No obstante, América Latina es la única región en el mundo donde las recomendaciones del Programa de Acción de las Naciones Unidas fueron implementadas y donde más avanzaron las políticas de control de armas.

En efecto, nuestra región ha sido la primera en adoptar, en 1997, una definición de qué es un arma de fuego y en aprobar instrumentos regionales de control de armas como la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIFTA).

Entre las tareas de CIFTA se destacan en particular la necesidad de avanzar hacia el marcaje de armas; la confiscación de armas; autorizaciones o licencias de exportación, importación y tránsito; y el fortalecimiento de los controles en los puntos de exportación. Asimismo, la Convención aspira a promover y a facilitar la cooperación e intercambio de información y experiencias entre los Estados. A la fecha, 26 de los 34 Estados miembros de la OEA lo han ratificado; por lo que aprovecho esta ocasión para invitar a los Estados miembros que aún no lo han hecho, a su oportuna ratificación.

A pesar de los importantes avances que el CIFTA ha realizado, sabemos que falta mucho por hacer; pero eso no debe desmotivarnos, sino, por el contrario, debe alentarnos. Este Seminario sobre el manejo de armas en custodia y destrucción de arsenales es un eslabón más en la cadena de esfuerzos por revertir esos indicadores y convertir a las Américas en un continente más seguro, más democrático, pacífico y libre para beneficio de nuestras familias.

Por nuestras familias, “la única forma de violencia que hemos de permitirnos es la del golpe que destroza las armas. La destrucción de los medios que generan la muerte, es nuestra manera de abrirnos camino hacia la vida.“ Con estas palabras del señor Presidente de la República de Costa Rica, don Oscar Arias-Sánchez, es un honor para mí darle a todos ustedes la más cordial bienvenida a este importante evento.

Muchas gracias.