Constituye un alto honor para mi saludarlos como Secretario General de la Organización de Estados Americanos, la institución política hemisférica que agrupa a todos los países que concurren a esta VII Reunión de Ministros de Defensa de las Américas.

En los últimos años nuestra región ha vivido una etapa política nueva y positiva en su historia. Todos los países aquí representados tienen una forma común de gobierno: la democracia. Uds. representan aquí a las democracias de nuestro continente, que van creciendo y fortaleciéndose día a día.

En el período que va de Diciembre del 2005 a Diciembre del 2006 habrá en la región trece elecciones presidenciales, el mayor número que registra la historia del continente en un período de doce meses. En el mismo lapso habrán ocurrido además elecciones generales de Congreso en un número similar de países, junto a numerosas elecciones municipales y locales y varios plebiscitos ciudadanos de alcance nacional. En los últimos diez meses, la OEA ha observado dieciséis procesos electorales en países miembros y tiene aún por delante la observación de varias más, incluidas las tres presidenciales que restan en el año

En suma, el continente americano ha alcanzado plenamente la forma democrática de gobierno y su práctica se va afianzando cada día más. Nuestra preocupación está centrada más en la capacidad de los gobiernos democráticos para enfrentar mejor los grandes desafíos de la gobernabilidad. Los pueblos de América esperan hoy de sus democracias aquello que hasta ahora les ha sido negado: un crecimiento económico sostenido y sustentable, una distribución mucho más justa de la riqueza, la eliminación de la pobreza y la discriminación, un mejor acceso a la justicia y un pleno respeto a los derechos humanos, mejores servicios sociales para todos y una mayor seguridad para ellos y sus hijos. América Latina y el Caribe han crecido en los últimos tres años a un ritmo superior a los veinticinco años anteriores. La gente espera que eso se refleje en sus vidas a través de la acción transparente de gobiernos honestos y eficaces. No somos un continente pobre, pero si el más injusto de la tierra. Y la estabilidad de nuestras democracias dependerá de que seamos capaces de corregir esta condición.

Los temas de seguridad forman parte integral de la agenda de las Américas. Como lo reconoció nuestra Conferencia de Seguridad Hemisférica en México en 2003, las fuentes de inseguridad de nuestras naciones son múltiples y de diverso origen. Ellas no incluyen solamente los eventuales conflictos que puedan surgir – cada vez menos probables – entre países, o la grave amenaza contemporánea del terrorismo, sino también y de manera muy principal, los riesgos que derivan del incremento de la criminalidad en nuestras ciudades, del narcotráfico y el crimen organizado, de la proliferación de la actividad de pandillas; así como de otros fenómenos, como las catástrofes naturales recurrentes, que año a año amenazan a nuestras naciones. El concepto de “seguridad multidimensional” surgió de esa conferencia como una forma de identificar estos factores múltiples.

Debemos utilizar este concepto para enfrentar nuestra acción hemisférica en materias de seguridad; pero debemos hacerlo cuidando de no incurrir en dos errores comunes que pueden ser peligrosos para nuestra estabilidad democrática.

El primero de ellos consiste en identificar todos los problemas de nuestra región bajo el concepto de inseguridad. Ciertamente, debemos dar prioridad a los problemas sociales y económicos que afectan a nuestros pueblos, que están en la base de muchos problemas de seguridad. Pero, decir que estas materias amenazan nuestra seguridad es un uso que además de amplio e indebido, arriesga llevarnos a reediciones de la Doctrina de Seguridad Nacional que tantos daños causó a la democracia en las últimas décadas del siglo pasado, sirviendo para justificar las peores dictaduras que recuerda nuestra historia.

Debemos pues, ser prudentes en restringir nuestras concepciones de seguridad multidimensional a lo que constituyen efectivamente amenazas militares o de seguridad pública y darles a éstas el tratamiento que corresponde, sin pretender extender el concepto de seguridad a todos los ámbitos de nuestros problemas políticos y sociales, que tienen otras formas de ser enfrentados por parte de la autoridad civil democrática.

Del mismo modo, debemos ser claros en el uso distinto de los conceptos de seguridad pública y defensa, que han dado lugar a veces a discusiones entre nosotros. Esas divergencias son sólo aparentes si entendemos que ellas reflejan las distintas realidades que en materia de seguridad enfrentan nuestros países y la diversa estructura de sus fuerzas armadas y de seguridad. En esta misma reunión coinciden representantes de Ministerios de Defensa Nacional con representantes de Ministerios de Seguridad Pública, algunos de ellos provenientes de países que no tienen Fuerzas Armadas o que cumplen ambas funciones, la de defensa y la de seguridad a través de los mismos servicios.

La forma en que cada país enfrenta los temas de su seguridad y los vincula o no con el quehacer de sus instituciones armadas es un asunto de estricta competencia interna. Tengamos, sin embargo, claro entre nosotros que defensa y seguridad pública son funciones estatales distintas, que deben ser ejercidas profesionalmente con preparaciones y competencias también diversas. A partir de la aceptación común de esta diversidad conceptual, cada cual enfrentará sus necesidades en materia de seguridad y defensa de la manera que estime más conveniente a los intereses de su país y, al mismo tiempo, podremos diseñar las políticas de cooperación hemisférica que correspondan a cada uno de estos ámbitos.


Nuestros pueblos esperan también que la región progrese en un clima de paz, armonía interna e integración regional y subregional. Hemos enfrentado y seguimos enfrentando graves problemas, pero la paz entre nosotros no ha sido uno de ellos. Este es un logro no menor, si tomamos en cuenta las condiciones de conflictividad en que se desenvuelve hoy la realidad internacional, que en los próximos años podría tornarse aún mayor. Evitar los conflictos entre nosotros, resolver nuestros problemas por la vía del diálogo y la conciliación, recurriendo siempre a formas jurídicas de solución de controversias y ampliar nuestros procesos de integración es una tarea prioritaria que hoy enfrentan nuestras naciones.
Ello supone definir de conjunto algunas tareas en el plano de la defensa regional.

Debemos seguir trabajando para generar instancias cada vez mayores de confianza recíproca entre nuestras naciones, e informarnos mutuamente de manera total y transparente sobre la renovación, para evitar susceptibilidades que generen, aunque sea involuntariamente, una carrera armamentista. El hacer explícitas las políticas nacionales de defensa a través de la publicación por parte de muchos de nuestros países de Libros de la Defensa, constituye también un factor de transparencia que debemos fortalecer.

Hay otros procesos en marcha en materia de confianza recíproca. La eliminación de minas antipersonales emprendida en varios de nuestros países con la cooperación de la OEA, ha servido tanto para dar mayor seguridad a las poblaciones civiles amenazadas por estos artefactos, como también para hacer de nuestras fronteras verdaderas áreas de paz e integración y no obstáculos en la vida común de nuestros pueblos. Insto desde esta tribuna a todos los países del hemisferio a cumplir con las obligaciones que hemos asumido en esta materia y eliminar de nuestro continente las minas antipersonales en los plazos acordados.

En un cuadro global en que resurgen las amenazas de proliferación nuclear, es también importante renovar con claridad los compromisos de Tlatelolco y del Tratado de No Proliferación, que proclaman a América Latina y el Caribe como Zona Libre de Armas Nucleares.

La cooperación de nuestras naciones en los esfuerzos de paz multilaterales que se realizan en distintas regiones del planeta ha aumentado sustantivamente en los últimos años. Especial relevancia tiene la inédita participación conjunta de siete países de este hemisferio – Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay – en Haití. Ese trabajo ha sido pieza fundamental en la preservación de la paz y la recuperación de la democracia en ese país hermano y, al mismo tiempo, ha servido para demostrar las enormes capacidades que tiene la cooperación militar regional para enfrentar en conjunto y de manera multilateral y participativa los problemas que puedan surgir en nuestro hemisferio.

Las operaciones de paz son oportunidades únicas, donde no sólo se aporta a la paz y a la seguridad internacionales, que ya sería una razón suficiente, sino que además suministran a las respectivas fuerzas armadas la posibilidad de modernizarse y ejercitarse en la cooperación internacional con fuerzas armadas más desarrolladas profesionalmente.

También constituye una oportunidad efectiva de cooperación la acción conjunta en contra del terrorismo internacional. Hemos tenido esa cooperación de manera fructífera en los últimos años, especialmente después de los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Creo que estamos todos dispuestos a fortalecer esa actividad, en un marco de efectivo multilateralismo, contribuyendo con la información y acciones que nuestras Fuerzas Armadas y servicios de seguridad puedan aportar, con criterios de cooperación y reciprocidad que son fundamentales.


Sras. y Sres. Ministros

La vigencia de los principios republicanos, y del estado de derecho democrático incide profundamente en la evolución del concepto de la defensa nacional, y como algo necesariamente derivado del concepto de la defensa regional, y debemos aceptar que éstos han evolucionado durante estos últimos 20 años con una intensidad única.

El poder soberano de los pueblos es ejercido por gobiernos democráticamente electos, y estas autoridades legítimas son las que diseñan el plan estratégico de cada uno de sus países, determinan cuál es el interés nacional a preservar, definen eventualmente, si las hubiera, las hipótesis de conflictos, y ante una situación de mayor gravedad, son quienes podrían determinar si deben constituirse en hipótesis de guerra.

La reinstalación de la democracia en aquellos países que sufrieron largas dictaduras tuvo otras consecuencias importantísimas, tanto en lo que hace al mejoramiento de la calidad de las Fuerzas Armadas como instrumento militar y a la construcción de una verdadera integración regional como refuerzo de la independencia nacional.

La subordinación al poder político democrático y la clara disposición de nuestras Fuerzas Armadas en tal sentido también ha implicado una mayor legitimación de su rol en una sociedad democrática. En nuestro Sistema Interamericano hemos reflejado también esta nueva realidad. Hace pocos meses, nuestros gobiernos, reunidos en Asamblea General Extraordinaria, acordaron que en el futuro la Junta Interamericana de Defensa deje de ser un organismo independiente y pase a depender de la Organización de Estados Americanos. La presencia en esta reunión del Mayor General Jorge Armando de Almeida Ribeiro, general del Ejército de Brasil, el primer Jefe de la JID elegido en votación por todos los gobiernos del continente, refleja también a nivel hemisférico la doctrina de subordinación democrática que hoy rige las relaciones de los militares con nuestros gobiernos.

Nuestras Fuerzas Armadas han regresado a su función específica, y ahora están en condiciones de mejorar su preparación profesional, abandonando un papel de confrontación que atentaba contra la naturaleza misma de la función de defensa nacional. Las fuerzas armadas deben ser el brazo armado de la nación, que defiende la independencia y la libertad del conjunto de su pueblo.

El desafío que tenemos en el sistema interamericano es cómo respondemos eficazmente a los peligros que nos acechan en un mundo cada vez más complejo, preservando al mismo tiempo, la libertad, la independencia y el estado de derecho que tanto nos ha costado conquistar.