En la resolución del presupuesto para el ejercicio fiscal 2005, aprobada en junio pasado por la Asamblea General, los Estados Miembros encomendaron al Secretario General que reorganizara la Secretaría y presentara el presupuesto revisado necesario para poner en vigor dicha reorganización.

Desde que asumí las funciones de Secretario General, el 16 de octubre de 2004, me he empeñado en lograr una evolución viable del cambio estructural y la eficiencia fiscal que procuran los Estados Miembros. Les informé, el mes pasado, en el documento CP/doc.3970/04, que está entre los documentos que tienen hoy ante ustedes, que los cambios introducidos por el ex Secretario General Rodríguez y confirmados por mí reducían sustancialmente el impacto de los gastos de personal en el Fondo Regular. El número total de cargos financiados con el Fondo Regular fue reducido de 528 a 522. Ya no hay cargos de Subsecretario y los 11 cargos de Director Principal D-2 fueron eliminados. Los directores de departamento son todos de nivel D-1 –algunos, dos grados por debajo de sus niveles anteriores. De los 23 cargos D-1 que existían antes de la reorganización, la mayoría fueron reclasificados a nivel P-5 y el resto fue eliminado.

Se prevé que este esfuerzo genere unos US$1,8 millones este año. Estas economías debieran permitir la continuación ininterrumpida de las sesiones del Consejo Permanente hasta fin de año y que la Secretaría General absorba los aumentos por costo de vida previstos para 2005.

La Orden Ejecutiva 05-03, “Reorganización de la Secretaría General”, está ahora antes ustedes en el documento CP/INF.5126/05. En mi calidad de Secretario del Consejo, pido disculpas por no distribuirlo en todos los idiomas oficiales y por infringir la norma conforme a la cual los documentos deben ser presentados 72 horas antes de ser debatidos. No obstante, como Secretario General Interino, pasé por encima de mis propias objeciones como Secretario General Adjunto en aras de dar cumplimiento al mandato de la Asamblea General de “presentar un plan de reestructuración al Consejo Permanente antes del 31 de enero de 2005” y de que el Consejo recibiera el plan en forma oportuna, en esta última sesión de enero, inclusive pese a que, naturalmente, después habrá de dársele plena consideración, como lo señaló el Presidente del Consejo al darme la palabra.

En la preparación de la nueva Orden Ejecutiva que tienen a la vista, recurrí a la confianza de ustedes, que mucho agradezco, y a los elementos expresados en los “considerandos” de la orden. Mi Gabinete, mi Jefe de Gabinete y mis asesores me han dado gran estímulo y han sido fuente de recomendaciones. Asimismo, me reuní periódicamente con representantes de la Asociación de Personal en torno a materias que afectan al personal. Muchos de los representantes del personal están aquí presentes hoy, al igual que mis asesores y mi Jefe de Gabinete.

Quería identificar específicamente ante ustedes a los miembros del Gabinete que desempeñan, y creo que desempeñarán, un papel cada vez más preponderante en lo que espero sea una administración más efectiva y colegiada de la Secretaría General al servicio de ustedes. Una de las normas que traté de establecer es –y lo verán en la Orden Ejecutiva– que la asistencia a las reuniones del Gabinete, que deben celebrarse por lo menos dos veces por mes, y que se han celebrado con más frecuencia que esa, sea obligatoria.
Algunos de los miembros del Gabinete no están hoy presentes. Brian Stevenson, a quien conocerán en una reunión posterior, es el Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral. Alfonso Quiñónez ocupa hoy su lugar. Jim Mack, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), está presente en sustitución de Steven Monblatt, que es el Director Interino del Departamento de Seguridad Multidimensional. Bill Berenson, un asesor absolutamente vital para mí en materia jurídica, es el Director del Departamento de Asuntos y Servicios Jurídicos. Deseo agradecer la presencia de John Biehl, Director del Departamento de Asuntos Democráticos y Políticos. Está con nosotros el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón. Irene Klinger, Directora del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Externas también está presente. El Departamento de Administración y Finanzas sigue a esta altura encabezado por Jim Harding, que tan buenos servicios ha prestado a la Organización durante muchos años. Y hay dos miembros ex officio del Gabinete. Uno es la Inspectora General, Linda Fealing, quien es y debe ser bien y gratamente conocida de todos ustedes. Y el otro es Luis Alberto Rodríguez, Director de la Secretaría de Cumbres de las Américas.

Las decisiones que he adoptado y que están reflejadas en esta Orden Ejecutiva procuran combinar lo que creo eran las brillantes ideas gerenciales de la Orden Ejecutiva 04-01 con las realidades operativas e históricas del sistema interamericano. Al tomar estas decisiones, procuré aprovechar mi propio carácter interino para darles a ustedes y a los Estados Miembros el resultado que creo les servirá mejor a largo plazo, independientemente de los intereses especiales.

Permítaseme detenerme un momento para describir las principales características del plan. La estructura establecida por la Orden Ejecutiva 04-01 representaba una fuerte oscilación del péndulo, alejándose de la estructura altamente descentralizada que había evolucionado en las últimas décadas. Según diversos conteos, hubo en un momento nada menos que 39 oficinas diferentes bajo la supervisión directa del Secretario General, situación que para todos los observadores no era administrativamente coherente. Por supuesto que existieron razones –muchas de ellas, buenas razones– para esa evolución, como la dificultad de establecer prioridades en una organización con una integración tan diversa como la nuestra. Cuando el Secretario General Rodríguez trató de revertir la tendencia, tenía, por supuesto, dos objetivos en mente. Uno era mejorar la administración y, el otro era, con ello, obligar a los Estados Miembros a comprender que era necesario fortalecer la base financiera de la Organización. Yo acepté los objetivos de Rodríguez que, entre otras cosas, tenían la legitimación de su elección por aclamación como Secretario General, en tanto, al mismo tiempo, procuré atender principios y realidades que no se habían tenido en cuenta plenamente en el primer intento de reforma.

De los cambios más importantes que he introducido –y está ante ustedes la Orden Ejecutiva, así como un resumen– quiero referirme a seis que son particularmente dignos de mención.

El primero es la sección dispositiva de la propia Orden, que contiene una disposición que preserva el estatuto de las organizaciones y entidades especializadas, al igual que sus acuerdos con la Secretaría General. Nuestro sistema ha crecido de tal forma que muchas comisiones y otras entidades responden a sus propios órganos y a sus propias normas y reglamentos, como también a las de la Secretaría General. Entendí que era importante preservar eso.

En segundo lugar, la Secretaría de Cumbres de las Américas fue devuelta a la Oficina del Secretario General y su director ha pasado a ser miembro ex officio del Gabinete. Coloqué de nuevo a la Secretaría de Cumbres en la Oficina del Secretario General porque me parece inconcebible que una función tan importante como esa para los países y esencial para la Organización no esté directamente vinculada al propio Secretario General.

El Departamento de Derechos Humanos ha sido sustituido por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que con ello se restituye a la Comisión al lugar que entiendo merece, por razones de principio e históricas, sin niveles intermedios con el Secretario General. La Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Oficina del Instituto Interamericano del Niño (IIN) han sido restituidas a la Oficina del Secretario General Adjunto.

El Departamento de Desarrollo Integral ha pasado a ser la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, volviendo a una tradición orgánica e institucional anterior.

La Oficina de Amenazas Internacionales a la Sociedad Civil ha pasado a ser la Oficina de Amenazas Internacionales, con un mandato que aclara más su papel.

Y, por último, dada la importancia de la fragilidad del Fondo Regular, que determina que la obtención de recursos sea un elemento esencial para la supervivencia de las actividades de esta Organización, he procurado dejar claro que, si bien es inevitable que las distintas oficinas se empeñen en alguna medida en esa tarea, también es esencial contar con cierta coordinación y coherencia. De manera que el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Externas y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral colaborarán en la obtención de recursos externos.

Confío en que estos cambios brinden a la Secretaría General una estructura sólida que sirva de base firme para el cumplimiento de los mandatos que le imponen los diversos órganos políticos y a los que debe responder. Obviamente, quienquiera que sea elegido Secretario General hará lo que entienda adecuado en términos de su mandato. Hice lo mejor que pude y no me propongo efectuar ningún otro cambio sustancial.

Si se me permite detenerme un minuto más, quiero decir que la verdadera dificultad es que lo logrado hasta ahora no corrige el desequilibrio entre los mandatos fundamentales y los crecientes aumentos de precios del mercado, por una parte, y, por otra, una asignación presupuestaria congelada. Esta diferencia entre las asignaciones presupuestarias aprobadas y el costo de las tareas que se espera desempeñar con ellas ha venido profundizándose en forma creciente en los últimos nueve años. Hemos quedado incapacitados para emprender nuevos mandatos y ya no tenemos en el Fondo Regular flexibilidad financiera para reaccionar ni siquiera ante emergencias de los Estados Miembros, para lo cual tenemos que procurar contribuciones especiales.

Es muy perturbador –muy perturbador– que las economías obtenidas hasta ahora con el proceso de reestructuración no basten para hacer frente a las mayores necesidades operativas de las diversas áreas de la Organización. Y hablo del presente, pero también del futuro. Todos somos conscientes de que el sistema de derechos humanos está subfinanciado desde hace años. La triste realidad es que hoy, prácticamente todos los departamentos, incluidos los de seguridad, democracia, las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros, al igual que derechos humanos, carecen de recursos suficientes. Si bien los directores de estas importantes áreas pueden lograr adoptar algunas medidas para adaptarse a las nuevas necesidades, sólo pueden hacerlo recurriendo a los montos que ya se les han asignado, los cuales, en su mayoría, solventan los costos de personal, que no se pueden modificar de un momento para otro.

Los recursos líquidos a disposición de los directores –los fondos para programas de los objetos 2 a 9– han venido reduciéndose sistemáticamente a lo largo de los años, al punto que en algunas áreas no es posible hacer llamadas internacionales, comprar suministros de oficina, viajar a reuniones, financiar estudios o servicios especializados a corto plazo.

He recibido pedidos de financiamiento adicional de casi todas las áreas de la Secretaría General. El monto, como lo señalé en el mensaje de presupuesto, sin haberlo solicitado oficialmente, supera los US$17,2 millones, y es lo que los directores entienden necesario para desempeñar sus funciones, no con un lujo exagerado o con lujo a secas, sino simplemente con un nivel modesto y efectivo. Permítaseme puntualizar algo que es realmente sorprendente. Aunque los Estados Miembros asignaran a la Organización ese monto, ello llevaría el presupuesto del Fondo Regular a US$92,9 millones, en lugar de los actuales US$76,2 millones y, aún así, se estaría devolviendo a la Organización el poder adquisitivo de 1996-97: anterior a la Segunda Cumbre de las Américas, la Cumbre de la ciudad de Québec, el impacto que tuvieron para la Organización los hechos del 11 de septiembre, la necesidad de la Carta Interamericana –que, dicho sea de paso, creo que está todavía paralizada porque se la asocia con medidas punitivas y no con medidas de respaldo y preventivas, y la razón de que nadie piense en medidas preventivas es que todos saben que la Organización está prácticamente en quiebra. Y permítaseme señalar también que este año, sólo desde el punto de vista operativo, enfrentamos los costos adicionales derivados de la elección de un nuevo Secretario General y un nuevo Secretario General Adjunto.

Estamos ahora empeñados en la preparación del programa-presupuesto para 2006. De acuerdo con el cronograma establecido en las Normas Generales, debemos presentarles dicho proyecto a comienzos de marzo. Al día de hoy, el déficit estimado es de unos US$2 millones a US$3 millones para 2006. Ello implica que la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General enfrentará una serie de problemas archiconocidos: reducir más el gasto del Fondo Regular de la Secretaría no destinado a personal –que, como indiqué, ya fue reducido al mínimo–, reducir la nómina de sueldos y reducir el personal, o aumentar las cuotas.

Ahora bien, hay quien sugiere que el porcentaje de costos de personal del programa-presupuesto y la remuneración del personal de la Secretaría son excesivos y deben ser reducidos aún más. Ya expresé, con el debido respeto, mi discrepancia.

Mi política, desde que asumí las responsabilidades de Secretario General, ha sido racionalizar las prácticas de contratación, estabilizar la dotación de personal de la Secretaría General y economizar en lo posible, sin sacrificar la capacidad de la Secretaría para responder adecuadamente a las necesidades de los Estados Miembros. Ello exigió la reasignación del personal actual. También tendremos que examinar ese aspecto en la preparación del presupuesto de 2006. Y permítaseme señalar algo importante para asegurarnos de tomar las debidas providencias para cuando sea elegido el nuevo Secretario General. He dado instrucciones para que todos los cargos que pertenecen estrictamente a la Oficina del Secretario General pero que puedan haber sido –y en la mayoría de los casos lo fueron– asignados a otras dependencias de la Secretaría, vuelvan a aquella oficina, para que el nuevo Secretario General tenga efectivamente la opción de contar con su propio personal. Lo que hice fue destacar a los titulares de los cargos en las áreas en que prestaban servicios. Pero esto es, en sí, una advertencia, una señal de que ya estamos desviando los recursos normales, disponibles, sencillamente para poder seguir funcionando.

He logrado proveer tres cargos de confianza –dos a nivel de director– en el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Externas, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y la Oficina de Prevención y Solución de Conflictos, del Departamento de Asuntos Democráticos y Políticos. Envié una circular a todas las misiones con la historia personal de las personas designadas, pero quiero aclarar que ya no procuro proveer nuevos cargos de liderazgo antes de la elección del nuevo Secretario General. Las vacantes en la Secretaría son sumamente limitadas y me siento muy renuente a autorizar contrataciones externas.

Para resumir este penoso relato: hemos llegado al límite. Sin contrataciones, ya estamos con la dotación o por debajo de la dotación de personal que necesitamos. Las razones de ello son varias.

Primero, el trabajo de la Secretaría insume, por su naturaleza, mucha mano de obra; lo explico en el mensaje de presupuesto, por lo cual no creo necesario reiterarlo ahora.

Segundo, como deja bien en claro el estudio de Deloitte & Touche, el personal de la Secretaría no está remunerado en exceso. Por tanto, básicamente, me parece que debemos hacer frente al hecho de que esta Organización no puede seguir funcionando con una política de crecimiento presupuestario cero, sumada a una persistente pérdida de poder adquisitivo causada por las cambiantes condiciones del mercado. No habrá solución fácil. La solución más sencilla a corto plazo sería incrementar el tope del presupuesto para 2006 de los US$76 millones impuestos por la Asamblea General a, digamos, unos US$79,5 millones, o algo así. No estoy recomendando esto ahora, porque no hemos concluido el proyecto de presupuesto para 2006 y porque no estoy seguro de que lo que necesitemos sean soluciones a corto plazo. Como ya señalé, inclusive un aumento del 25% apenas nos colocaría a los niveles de financiamiento de 1996-97.

Existen por lo menos tres alternativas, que definí en el mensaje de presupuesto –y no tengo que reiterar ahora–, que se apartan bastante del problema diferente de cómo resolver las desigualdades en el sistema de cuotas.

Diré simplemente lo siguiente. Ayer, la mayoría de ustedes estuvieron presentes cuando el ex Presidente Jimmy Carter se dirigió a nosotros en la Cátedra de las Américas. Una de sus características es ser amigo de la Organización de los Estados Americanos, y lo ha sido durante mucho tiempo. El día que almorzamos juntos, me preguntó: “¿Cómo andan las cosas en la OEA? ¿Qué es lo que ocupa su tiempo?” Le conté algo sobre Haití. (Creo que tal vez yo sea la única persona que ha viajado más a Haití que él.) Hablamos un poco de los problemas de la Carta y de nuestras respectivas prioridades, y le conté algo de mi decisión sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su ubicación orgánica. Y luego le dije: “¿Sabe? He pasado la mitad de mi tiempo preocupándome por la estructura y el financiamiento de la OEA”. Y me preguntó: “¿Qué quiere decir?” Y le contesté: “Que no hemos cambiado nada. Hemos estado viviendo con un ingreso fijo durante 10 años”. No lo creyó. No lo podía creer.

Me parece que es hora de que todos nos convenzamos de que estamos realmente enfrentando un problema muy grave.

Y creo que terminaré con eso. Muchas gracias.