Muchas gracias Señor Presidente.
Deseo, en primer lugar, agradecer la acogida calurosa del Gobierno y del pueblo del Ecuador para la realización de esta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Ha sido ciertamente un acierto adicional del gobierno del Ecuador el haber propuesto como tema central de este diálogo el relativo al esfuerzo conjunto de las Américas en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

LA DEMOCRACIA ES EL REGIMEN MAS APTO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Es evidente, Señor Presidente, que la democracia es el régimen más apto para la lucha contra la corrupción. La división de poderes, la autonomía del órgano judicial, el acceso de la población a la información pública, la rendición de cuentas, la transparencia de los actos de los funcionarios del estado y el acceso a la información son componentes esenciales del estado de derecho y por ende de la institucionalidad democrática. No significa esta aptitud de la democracia para combatir la corrupción que todas las sociedades democráticas tengan el mismo grado de eficacia en la lucha contra la corrupción, ello en realidad depende de la eficacia funcional de las instituciones democráticas. Pero, en cualquier caso, la tiranía, la dictadura, el abuso del poder o la alteración de las instituciones democráticas, especialmente cuando se orientan a concentrar los poderes en el ejecutivo, constituyen los medios en los que la corrupción crece y se multiplica.

EL PODER ABSOLUTO CORROMPE ABSOLUTAMENTE

Es preciso recordar siempre que el poder absoluto corrompe absolutamente. La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social, y, preserva las redes de complicidad del poder político y económico. Al mismo tiempo, la desigualdad económica y política se refuerza al producir una distribución socialmente injusta de los bienes y servicios provistos por el Estado cuando éstos son afectados por la corrupción.

En la conferencia de México, que sirvió de marco para la suscripción de la convención mundial de lucha contra la corrupción, se señaló que la malversación de fondos en el mundo podría llegar a la cifra de 1500 billones de dólares al año. Este indicador muestra, simbólicamente, cuál puede ser el costo de la corrupción, para el estado y para la sociedad. En las Américas, Señor Presidente, hemos hecho avances importantes en la lucha contra la corrupción, tanto a nivel multilateral como a nivel nacional. Creo que hay un proceso sincero y firme de introducir criterios de transparencia y responsabilidad en la gestión gubernamental. Cada vez más, son los instrumentos, y la eficacia de los mismos, que al interior de nuestros países regulan la transparencia de las compras estatales, de los lobbies y de un conjunto de mecanismos que permiten a la sociedad ejercer un nivel bastante amplio de supervisión sobre los actos de la administración.




ES INDISPENSABLE COOPERAR PARA OBTENER LA EXTRADICION DE LAS PERSONAS PROCESADAS POR CORRUPCION

Hay en las Américas un movimiento sólido Contra la corrupción. En el ámbito multilateral, la convención interamericana constituye el instrumento jurídico más importante que hayamos podido suscribir para obtener la extradición de personas procesadas por delitos de corrupción, la cooperación y asistencia entre los estados a los fines de la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios para facilitar los procesos y actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de corrupción, así como para la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de delitos de corrupción, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.

La convención también permite la cooperación de nuestros estados en la investigación o suministro de información por parte de entidades bancarias o financieras, representando así un importante avance dentro del propósito común, de evitar que el secreto bancario pueda ser usado para encubrir o proteger a los corruptos.

LA DEMOCRACIA PERUANA SE RESTITUYO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Señor presidente, en la década pasada el Perú vivió un proceso de alteración de su régimen democrático. Este proceso afectó gravemente la vida democrática peruana. Eliminó la división de poderes. Se inspiró, no solo en el abuso del poder, si no en una red de corrupción, que prácticamente tomó el control del aparto estatal.

La reacción de las conciencias democráticas frente a estos hechos, a partir de la instauración del gobierno de transición presidido por el Presidente Valentín Paniagua y, con el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, ha sido firme y siempre sujeta a la convicción que la lucha contra la corrupción debe sustentarse en el principio de la legalidad.

Quiero señalar, con claridad, Señor Presidente, que en el Perú el esfuerzo anticorrupción ha llevado a que más de 1200 funcionarios del estado, altos funcionarios, entre los que se encuentran congresistas, miembros de la Corte Suprema de Justicia, miembros de las Cortes Superiores, ex comandantes generales de las Fuerzas Armadas, ex miembros de la Fiscalía de la Nación, han sido detenidos o encausados por actos de corrupción. Este enorme esfuerzo por reivindicar la ética pública y la esencia de la democracia, como un régimen que debe, necesariamente, sancionar a los infractores a la ley, ha sido ciertamente producto tesonero de la acción del Gobierno y del pueblo del Perú. Sin embargo, la lucha contra la corrupción continua y enfrenta, como es usual, siempre a renovadas dificultades.

Pero, sería injusto, Señor Presidente, si no hiciese mención a un hecho al cual le adjudico la mayor importancia, y es la sinergia, la articulación que tanto en los procesos de recuperación democrática, como de lucha contra la corrupción puede existir entre los factores internos y aquellos que corresponden a la cooperación internacional. Y me estoy refiriendo al papel que tuvo la Organización de Estados Americanos y la comunidad internacional en el proceso de recuperación de la democracia en el Perú y que constituyó, al mismo tiempo, un esfuerzo de solidaridad para aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

QUE EL CASO PERUANO SIRVA DE EJEMPLO

Creo que el caso peruano da un ejemplo, de cómo el esfuerzo interno, la dinámica y la responsabilidad de los actores nacionales, puede articularse con compromisos jurídicos y políticos en el ámbito de la Organización de Estados Americanos para producir una sinergia y una cooperación que creo dado importantes resultados.

No voy a referirme, Señor Presidente, a una serie de aspectos de la etiología de la corrupción, ni de la necesidad de combatirla a partir del proceso de socialización en cada una de las sociedades democráticas. Quiero simplemente, poner énfasis en que el fondo del problema estriba en la reacción del estado y la sociedad frente a la realización del hecho o del acto corrupto. Y, en ese sentido, adquiere una importancia excepcional, el problema de evitar la impunidad, o, en sentido contrario, de asegurar el juzgamiento y la sanción a quienes hayan incurrido en actos de corrupción, independientemente del nivel del cargo político o funcional que hayan desempeñado o desempeñen en el aparato del estado.

LA IMPUNIDAD ES EL REPRODUCTOR DE LA CORRUPCION

La impunidad es el factor reproductor de la corrupción. La identificación, la detención, el juzgamiento y la sanción de los corruptos es la vía más efectiva de luchar contra la corrupción. Es, en realidad, además la única vía en que el estado de derecho y la democracia se afirman frente al hecho corrupto. Por esa razón, señor Presidente, la delegación del Perú en esta Asamblea General presenta las siguientes iniciativas concretas.

En primer lugar, creo que si contrastamos las declaraciones, los compromisos anticorrupción, con la realidad del procesamiento de los pedidos de extradición para sancionar a funcionarios que están acusados de actos de corrupción, no encontramos una simetría adecuada. Y esto no tiene que ver con la voluntad de los gobiernos, tampoco con la celeridad de los procesos en la administración de justicia. Tiene que ver, esencialmente, con el hecho de no contar con instrumentos jurídicos vinculantes que nos permitan tener una regulación de la institución de la extradición adecuada, específicamente, a los casos de corrupción.

EL PERU PROPONE UN TRATADO DE EXTRADICION ESPECIFICO PARA LOS CASOS DE CORRUPCION

Ni el refugio en un tercer país, ni el asilo desnaturalizado, pueden convertirse en las barreras al acceso a la justicia y en medios para consagrar la impunidad. Por esa razón, la delegación del Perú propone que, en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, se negocie y apruebe un convenio vinculante de extradición referido, específicamente, a los casos de corrupción, con la finalidad de poder aplicar, en primer lugar, de manera más eficaz las propias normas sobre extradición de la convención y, en segundo lugar, para evitar que la impunidad siga corroyendo nuestra propia voluntad de combatir la corrupción.

En segundo lugar, Señor Presidente, la delegación del Peru ha presentado a la Asamblea General a través del Consejo Permanente un proyecto de resolución titulado “El Esfuerzo Conjunto de las Américas en la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”, el mismo que ha recibido el apoyo unánime de todas las delegaciones presentes. En este proyecto de resolución se hace un llamado a la comunidad interamericana y a la comunidad internacional para que, de acuerdo con los tratados y leyes aplicables, los estados se abstengan de dar santuarios ni aceptar justificaciones basadas en el fraude a la ley o el abuso del derecho y que al mismo tiempo asuman con eficacia la obligación de cooperación con el propósito de asegurar que aquellos funcionarios que han ejercido el poder político, aún en las funciones de jefes de estado o de gobierno, y que hayan cometido actos de corrupción, sean puestos a disposición de las autoridades correspondientes de los países donde se cometieron estos delitos, para ser juzgados por sus tribunales nacionales.

NO AL FRAUDE A LA LEY Y A LA DOBLE NACIONALIDAD COMO RECURSO DE LA IMPUNIDAD

Al mismo tiempo, en este proyecto de resolución, Señor Presidente, se solicita al Comité Jurídico Interamericano que elabore dos estudios: sobre los efectos jurídicos de otorgar santuarios en países de la región o fuera de la región a los funcionarios públicos y personas acusadas de delitos de corrupción, incluidos los ex jefes de Estado, y, sobre los casos en los que pueda considerarse la figura del fraude a la ley o el abuso del derecho con relación al principio de la doble nacionalidad, como medios para consagrar la impunidad.

Señor presidente, es indispensable combatir la corrupción, pero es más indispensable tener resultados en el combate a la corrupción. Muchas gracias.