Constituye para mi un honor intervenir en la apertura de esta Primera Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, más conocida como la Convención CIFTA.

Gracias, en nombre de la OEA y de todos los aquí presentes, a mi país, Colombia, al Gobierno del Presidente Uribe, por la acogida con que hoy nos reciben. Nuestro reconocimiento, en especial, para la Canciller Carolina Barco y todo el equipo de la Cancillería por la seriedad y profesionalismo con los que cumplen la difícil tarea de mantener informada a la opinión internacional de la muy compleja situación colombiana y por la manera como ha ganado para la política internacional de Colombia espacios, cooperación y solidaridad internacional. De ese equipo quiero realzar la labor desarrollada por el Embajador Horacio Serpa, quien como Secretario Pro-Témpore de la CIFTA, condujo con gran dedicación todas las negociaciones preparatorias de esta Conferencia. También ha logrado con su seriedad, sus convicciones sobre Colombia y su don de persuasión y tacto político el apoyo y la solidaridad de todos los gobiernos y la sociedad civil de las Américas.

No es entonces coincidencia que la Primera Conferencia después de firmada la Convención sea en Colombia. Es un homenaje a los miles de compatriotas colombianos que han muerto víctimas de la violencia. Es una demostración más de la solidaridad y el respaldo de los Estados de las Américas para con el pueblo de este país, con el Gobierno del Presidente Uribe, quien con valentía viene enfrentando a todas las fuerzas que intentan impedir su deber y su compromiso de devolverles la paz y la seguridad a sus compatriotas.

Este nuevo acto de solidaridad se suma a otro gran número de
expresiones de respaldo de la comunidad internacional y hemisférica, tales como la resolución de condena a los actos terroristas en Colombia; las declaraciones adoptadas por la Asamblea General y la Conferencia Especial sobre Seguridad de octubre del 2003. Merece especial mención la resolución aprobada hace un mes por nuestro Consejo Permanente, mediante la cual reitera su inequívoco apoyo a los esfuerzos del Gobierno del Presidente Uribe, en procura de una paz firme y duradera en este país, en el marco del estado de derecho y de la plena vigencia de los derechos humanos.

La Resolución manifiesta la voluntad de acompañamiento de estos esfuerzos por parte de la OEA y autoriza el establecimiento de una Misión para apoyar el Proceso de Paz en Colombia. El mandato de la misma está dirigido a apoyar la desmovilización de todos los grupos armados al margen de la ley, su reinserción, verificación del proceso y apoyo a las comunidades afectadas por la violencia.

También es un reconocimiento expreso a que la OEA puede y está en disponibilidad de asistir y prestar un servicio en el acompañamiento del proceso de paz en este país, dada su experiencia singular en la verificación y asesoría en procesos de desmovilización y reinserción de grupos ilegales armados,
particularmente de la adquirida en los años noventa en Centroamérica.

Hay que reconocer que los informes -oficiales y de organismos internacionales- arrojan datos alentadores sobre la política de seguridad democrática del gobierno de Colombia, especialmente referidos al descenso de los índices de homicidios, masacres y desplazamientos de ciudadanos colombianos.

Soy un convencido de que el cese al fuego y de hostilidades no se ha cumplido en su totalidad por que la no concentración en áreas determinadas de los grupos armados al margen de la ley no hace posible su verificación efectiva. Y el fortalecimiento de una mesa unificada con las autodefensas podría encauzar y facilitar acuerdos definitivos para la desactivación de estas estructuras ilegales. La OEA asume que el fortalecimiento del proceso de paz con la participación de la comunidad internacional puede contribuir a disminuir la violencia, el narcotráfico, los actos terroristas y las violaciones a los derechos humanos y restablecer la institucionalidad en amplias zonas del país, así haya factores inciertos que dejen muchos interrogantes por resolver.

Estos procesos, como todos lo sabemos, son muy complejos y difíciles. Siempre generan dudas, reservas o incertidumbres. Sin embargo, no por ello podemos eludir nuestras responsabilidades de cooperación con Colombia. Colombia es por lo demás un Estado de Derecho, con instituciones sólidas y democráticas; Y debemos confiar en el buen juicio del Gobierno, del Congreso y de la Corte Constitucional. Estoy seguro de que todas las reservas, dudas y temores que se tienen, incluidas las de la comunidad internacional, se van a tener en cuenta allí; y que se van a encontrar las salidas que permitan conciliar los distintos valores que en esta oportunidad hay que conciliar.

En el caso específico de Colombia, se trata de un problema que ha costado o destruido la vida de miles de personas, la mayoría de ellos niños y mujeres inocentes, en el enfrentamiento entre nuestras fuerzas castrenses y guerrillas y paramilitares, o la de los miles de Colombianos inocentes que siguen muriendo como resultado de las balas asesinas provenientes de las armas ligeras ilícitas que adquieren y utilizan los grupos de autodefensa, de la guerrilla y la criminalidad común. Pero es indudable que este es un problema que tenemos y sufrimos todos los Estados del Hemisferio y de otras regiones.

Uno de los principales problemas aquí es el del desvío de armas de los mercados legales a los ilegales. Según las Naciones Unidas, actualmente circulan en el mundo alrededor de 500 millones de armas ligeras y, de acuerdo con las estimaciones más conservadoras, por lo menos el 40% de las armas ligeras ilícitas han sido desviadas del comercio legal.

La Convención CIFTA y la Conferencia de hoy son emblemáticos de los cambios y las transformaciones de la agenda hemisférica durante los últimos años. La CIFTA fue un instrumento pionero en el mundo. Gracias al liderazgo de México, sólidamente secundado por los países del Grupo de Río, la OEA asumió el tema hasta llevarlo a un poderoso instrumento de cooperación. Por tratarse de la primera en su género, esta Convención fue un instrumento de referencia fundamental para el Protocolo, en esta misma materia, de la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, así como para el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.

La Convención CIFTA es un instrumento valioso, pertinente y novedoso. Primero, por su existencia misma, ya que aborda un tema prioritario y urgente. La producción, el flujo y el uso
ilegal de armas de fuego no sólo están vinculados con las grandes organizaciones criminales y terroristas nacionales e internacionales. Su impacto es igualmente claro en la cotidianidad de la violencia y el crimen de nuestras ciudades y campos.

Segundo, por sus aportes en materia de las definiciones conceptuales acerca de las armas de fuego cuya fabricación y tráfico ilícitos busca eliminar. En efecto, los Estados acordaron, por primera vez, una definición amplia del término. Gracias a esto, la Convención garantiza la máxima cobertura posible, permitiendo la más amplia asistencia y cooperación recíproca entre los Estados.

Tercero, la CIFTA dispuso la obligación de los Estados Parte de tipificar como delitos, en los casos en que no lo hubieran hecho, la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. Asimismo, incluyó dichos delitos entre los que dan lugar a extradición entre los Estados Parte. Estas dos provisiones legales son de particular importancia para la cooperación y asistencia jurídica y judicial mutua en este campo.

Cuarto, la CIFTA contiene previsiones de gran importancia para evitar que operaciones originalmente lícitas se desvíen hacia los mercados ilícitos. Esto se logra, entre otros, gracias a las normas que disponen el establecimiento de sistemas de licencias para la importación, la exportación y el tránsito de cualquier elemento cubierto por la Convención. De particular relevancia es la obligación de no autorizar el tránsito de armas sin una autorización por parte del Estado receptor. En este mismo sentido, los Estados Parte se han comprometido a fortalecer los controles en los puntos de exportación.

Como complemento de lo anterior, se estableció la obligación de marcar e identificar de manera adecuada tanto las armas de fuego producidas en cada país como las importadas y las confiscadas o decomisadas que se destinen para uso oficial. Al igual que en lo concerniente a la tipificación en los códigos penales, el establecimiento de normas de licencia, regulación y marcaje comunes son pre-requisitos esenciales para la cooperación en este tema.

Quinto, la cooperación es precisamente el elemento central de la Convención, lo cual concuerda con el espíritu que rige hoy en día en el Hemisferio de recurrir a enfoques cooperativos y
multilaterales para enfrentar problemas que por su definición misma, afectan a más de un país. La CIFTA incluye mecanismos de cooperación referidos a la capacitación y el intercambio de experiencias, la asistencia técnica y judicial cuando así se requiera, así como al intercambio de información relevante entre las autoridades competentes. Este intercambio es amplio y completo, pues va desde listados de productores y comerciantes legítimos, pasando por experiencias y medidas pertinente, hasta el seguimiento y rastreo de armas.

La cooperación cubre también aspectos operacionales, tales como las entregas vigiladas y la confiscación y el decomiso de armas que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos y la adopción de las medidas necesarias para evitar que tales armas lleguen a manos de particulares o del comercio por la vía de la subasta, venta u otros medios.

Sexto, y uno de los aspectos más importantes e innovadores, la CIFTA estableció un Comité Consultivo, integrado por los Estados Parte de la misma, con el propósito de hacer el seguimiento de la implementación de las medidas previstas en ella y de fortalecer la cooperación entre los estados parte.

El Comité Consultivo de la CIFTA comenzó a operar en marzo del año 2000 y se ha venido reuniendo periódicamente. Desde entonces, en el marco del mismo, se ha avanzado considerablemente en el conocimiento de los desarrollos dados por los Estados Parte en la implementación de la Convención y en el diagnóstico de los problemas o dificultades que aún tenemos en este campo, así como en el intercambio de información y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados Parte entre sí y con Estados no parte y organizaciones internacionales y de la sociedad civil con responsabilidades afines. Agradecemos la labor de los Embajadores ante la OEA de México, Brasil y Colombia, como Secretarios Pro-témpore durante estos primeros años de funcionamiento del Comité Consultivo.

Señoras y señores:

Estamos en Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en la propia Convención CIFTA, la cual previó que cinco años después de su entrada en vigor se realizara la primera conferencia de los Estados parte. El proyecto de declaración confirma la voluntad indiscutible de los Estados Parte para asegurar la efectiva implementación y aplicación de las medidas previstas en la Convención. Por eso, allí se prevén
compromisos precisos y concretos para avanzar en la cooperación y el intercambio de información y de experiencias; la implementación legislativa; los sistemas de autorizaciones o licencias de exportación, importación y tránsito; la asistencia jurídica y judicial mutua; las medidas de seguridad y cooperación en la determinación y destrucción de excedentes; la capacitación; la cooperación con organismos o instancias internacionales y con organizaciones de la sociedad civil; la cooperación en la solución de controversias; el seguimiento de las medidas adoptadas y la vigencia universal de la Convención.

Las personas que participan en la importación, exportación y tránsito de armas de fuego o como agentes o transportistas de armas, deben estar registrados ante los gobiernos nacionales para poder realizar negocios en cada país en el que tengan una oficina y en cada país en que se realice una transacción. Se sugiere igualmente que los Estados miembros no deben tener actividades comerciales con ningún agente no registrado.

El ejercicio de examinar las legislaciones nacionales y sus prácticas administrativas para la exportación de armas y establecer un régimen legal acorde que permita tener un control significativo sobre el inventario y la exportación de
armas de fuego, es también una tarea a acometer en nuestros países.

Otras sugerencias que menciona el Informe y que también son resaltadas en el proyecto de Declaración, son un llamado a los Estados miembros a utilizar certificados de importación armonizados; a elaborar formatos electrónicos de los certificados para facilitar el intercambio de información entre los países que participan en una transacción; a establecer documentos armonizados de exportación y tránsito; a dar un énfasis particular a las disposiciones que requieren prueba de la emisión previa de las licencias o autorizaciones de importación necesarias para la liberación de los embarques de armas destinados a la exportación.

Queremos llamar la atención sobre los reglamentos modelos CICAD para el control del tráfico internacional de armas de fuego y sobre corretaje de armas pequeñas, que han sido un importante aporte a las tareas de implementación de la convención.

No hay que olvidar que la lucha contra el tráfico de armas y su conexidad con otras amenazas debe mirarse también en el marco de los compromisos hemisféricos que han resultado de la Conferencia Especial de Seguridad realizada en México en
Octubre del año pasado, país que a su vez ha sido líder en impulsar las tareas de la Convención CIFTA.

Quiero además referirme a un hecho sin precedentes en la OEA, y del cual se vió también reflejada la total disposición de nuestros gobiernos de luchar contra todos los grupos criminales. Cuando Colombia, Nicaragua y Panamá fueron víctimas de la acción criminal de manos de traficantes de armas, ninguno de sus presidentes dudó de la gravedad de lo acontecido y en consenso solicitaron al Secretario General de la OEA una investigación sobre el desvío de armas de Nicaragua a los paramilitares colombianos. La forma decidida y abierta con que obraron el Presidente Bolaños, la Presidenta Moscoso y el Presidente Uribe así como sus cancilleres, fueron ejemplares para el éxito de la misión que se encomendó a la OEA.

La investigación, dirigida por el Embajador Morris Busby y cuyo resultado se presentó en Enero del año anterior, fue un avance definitivo en el ejercicio práctico del compromiso de la OEA y de nuestros estados miembros en el combate al delito del tráfico de armas luego de cinco años de la entrada en vigencia de la Convención.

Señoras y señores:

Cada persona de los países de las Américas tiene derecho a aspirar a que los compromisos adquiridos por los Estados Parte de la CIFTA sean una realidad integral y completa.

Estoy convencido de que esa es también la voluntad de todos los Estados signatarios de la Convención, para que los resultados de esta Conferencia nos permitan consolidar y fortalecer, a través de compromisos y acciones, nuestra cooperación y asistencia mutua para asegurar la plena y efectiva aplicación de este tratado, en el menor plazo posible, en todas las Américas.

Les deseo mucho éxito en sus deliberaciones.

Muchas gracias.