Los Partidos

La revolución de las comunicaciones y la democracia de educación e información, son realidades que plantean el debate entre democracia participativa y representativa en un marco bastante diferente al de estadios anteriores de la historia.

Ahora que todos nos podemos comunicar, que la información carece de privilegios y que es menos difícil el acceso a la educación, parecería ser el tiempo de la democracia participativa, y a fe que lo es, pero no de modo exclusivo o con prescindencia de la representativa.

La democracia representativa y sus agentes, que son los partidos y movimientos políticos, se requieren para definir a través de la agrupación popular, los lineamientos filosóficos, políticos y programáticos del Estado, de los gobiernos, y de las propuestas alternativas.

La democracia participativa tiene que ser el método de relación de los ciudadanos con los partidos y movimientos a los que pertenezcan o habrán de pertenecer. De relación de los ciudadanos con la institución parlamentaria representativa, también con los gobiernos y de manera más puntual con los procesos descentralizadores.

Signada nuestra época por el ideal de hegemonía democrática, los partidos y movimientos tienen que ser ampliamente participativos y deliberantes en su interior. Partidos cerrados a las personas y, mediante dogmas, cerrados también al debate de las ideas, parecerían carecer de espacio en la prevalente tendencia pluralista. Los pueblos, en determinadas circunstancias, pueden vivir sin los partidos. Los partidos, en ninguna circunstancia pueden vivir sin el pueblo, sin el contacto diario con él, sin pulsar sus anhelos y esperanzas, sin oír sus críticas y reclamos.

En Colombia, la unidad y duración de los partidos ha sido el resultado en buena parte de la existencia de tendencias, que indistintamente han resuelto sus discrepancias por procedimientos internos a con apelación directa al electorado. La solución al interior se ha dado por acuerdos o votaciones. La apelación al pueblo ha producido que los partidos se dividan, pierdan elecciones, pero también, aunque parezca paradójico, ha garantizado su duración histórica.

Por eso no he estado de acuerdo con las listas únicas, recientemente aprobadas. Se da la impresión de querer enriquecer el debate interno, pero finalmente se atenta contra el partido o movimiento, porque al impedir que se acuda al electorado universal, no necesariamente al partidista, la contradicción se resuelve con mayor homogeneidad a favor del triunfador circunstancial, con búsqueda forzada de otros partidos por parte de las tendencias diferentes, con separación irreconciliable, distinta de la “división creadora”.

Las crisis han existido, existen y existirán siempre y de ellas han nacido las grandes ideas, las soluciones, las transformaciones sociales. Hay crisis aparentes y reales.

Los que sólo ven las apariencias, creen que la crisis es un presunto desentendimiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Que el gobierno debiera construir unas mayorías artificiales. Que no es necesario, por ejemplo, demostrar con argumentos la utilidad de unos impuestos o la inconveniencia de otros, sino que el Ejecutivo debe comprar las conciencias, recurrir al contratismo, a los auxilios y los puestos, para que los congresistas voten por cuidar las prebendas a pesar de que lo hagan en contra de sus convicciones.

Los gobernantes demócratas van armados al Congreso a ganar su opinión con razones. Muestran las cifras, analizan las normas, debaten con espíritu democrático sobre lo que conviene o no a la nación. Un Congreso independiente, deliberante, cuyas bancadas voten los proyectos porque están persuadidas, no porque están compradas, es lo que merecen las democracias. Los partidos no necesitan que el Ejecutivo los fortalezca y consolide con sobornos burocráticos que los apaciguan y destruyen.

La unión interna de los partidos no se estimula con halagos de los gobiernos sino con el trabajo cotidiano, persistente, inteligente y leal de su liderazgo, que se desvela pensando en el bienestar del pueblo. Así se construyen los partidos, se conserva su unidad y se mantiene la vocación de triunfo.

En la relación con el Congreso y los partidos, el Gobierno tiene que respetar la independencia del uno como órgano y de los otros como referentes políticos, no obstante que alguno o algunos de estos constituyan el respaldo parlamentario del Gobierno. Dicha independencia demanda cooperación armónica, que obliga a identificar propósitos nacionales y a descubrir soluciones. Estas deben surgir del debate de los argumentos, de la capacidad de persuadir o de dejarse persuadir. También del buen juicio para establecer la línea entre lo que admite y no admite transacción. Lo transigible impone que cada uno reflexione para ceder parte de su desacuerdo.

En Colombia avanzamos en el bello trance de recobrar la independencia de los partidos y la causa de las ideas como motivo esencial del Congreso. Ello genera debate que con patriotismo y razón debe conducir al mejor resultado para el bien público. La deliberación destapa la crisis y encuentra las soluciones. La crisis proviene de todo lo opuesto: de la apariencia de paz política cuando los congresistas y el ejecutivo acuerdan sobre prebendas y arrasan con el interés popular. En estos casos la institución Congreso y la institución del Ejecutivo terminan de cómplices y desacreditadas ante el pueblo.

La democracia participativa no se agota al interior de los partidos pues tiene un espacio necesario enfrente del Ejecutivo, del Congreso y de la descentralización.

La relación del Ejecutivo no se puede limitar al Congreso y a los partidos. El Ejecutivo requiere un trabajo permanente y directo con el pueblo. Esto contribuye a verificar los mensajes que transmiten el Congreso y los partidos. También a recibir la presión de la ciudadanía que sacude al Ejecutivo de la negligencia en que incurre cuando se siente en el ficticio paraíso de pensar que todo anda bien.



El contacto directo con la ciudadanía muestra una y otra vez que las realizaciones oficiales, que con vanidad exhiben todos los gobiernos, son infinitamente menores que las dolencias populares desatendidas.

Uno de los imperativos de nuestro tiempo radica en reconocer el carácter de co-legislador del pueblo. Esto es, la intervención de la democracia participativa para garantizar el mejor producto en la actividad de las instituciones representativas. De ahí que hoy no se requiera tanto el tamaño del Congreso como su integración con la ciudadanía.

Y la ciudadanía, sujeto de la democracia participativa, requiere escenarios de expresión directa para la toma de decisiones oficiales, para ejecutarlas y vigilarlas.

La participación ciudadana directa es lo único que garantiza que los recursos lleguen directamente a la gente, que construyan equidad, que haya transparencia y que se pueda asignar la responsabilidad política a quienes fallen en el proceso de conducción de los asuntos públicos, por ejemplo, en la ejecución de las tareas de la descentralización.

La participación ciudadana directa puede darse por intermedio de los partidos y a través de todas las formas posibles y legítimas de organización como gremios, sindicatos, agrupaciones religiosas, ongs y asociaciones y en general.

La diferencia entre los partidos y las demás organizaciones ciudadanas radica en que sobre los primeros recae la mayor responsabilidad de la orientación política del Estado y los gobiernos.

Dos párrafos de Radbruch, traen muy bien la justificación plena del equilibrio entre democracia representativa y participativa.

La formación de mayorías y minorías operativas políticamente, pasa, inevitablemente, por la estructuración de las mismas en partidos o coaliciones. Lo advirtió el filósofo y jurista en 1930 al señalar que en una concepción sociológica (y no simplemente ideológica) de la democracia el pueblo no se compone de hombres libres e iguales sino de grupos o partidos de distinta magnitud. O sea, según su texto:

“…mayorías y minorías no son el resultado de votos libres e iguales sino expresiones predeterminadas del mayor o menor influjo de cada partido; los electores no son libres, no son personalidades individuales, sino miembros o seguidores de un partido….el diputado no es una personalidad solamente vinculada a su conciencia y sometida al mandato imperativo, sino que es un ejemplar del género partido…”

Para evitar dicho abuso, los partidos requieren estar integrados por seres humanos, pero que sean libres. Y para garantizar esa libertad el individuo debe disponer de la posibilidad de la militancia partidista o de la participación directa en las tareas públicas, de manera combinada o excluyente.

Los partidos son los órganos originarios de la formación del Estado; por ellos empieza a construirse el edificio estatal. Son los protoórganos estatales, como que ellos insertan al pueblo orgánico (no a la masa amorfa e inorgánica) en las instancias de decisión del Estado. Huelga citar a RADBRUCH en este sentido:

“… los partidos como último órgano de creación de todos los demás órganos, ya que sin su mediación, la masa amorfa no podría derivar de sí misma los órganos del poder del Estado”

En síntesis para que los individuos no integren una masa amorfa, circunstancial e impredecible, se requieren los partidos y movimientos, esto es, la base de la democracia representativa. Pero para que los individuos no enajenen su libertad, se necesita un gran espacio de democracia participativa.

Países europeos que han sufrido el terrorismo -como Inglaterra y España-, por convicción moral y por definición legal establecieron que es terrorismo la sola amenaza del uso de la fuerza para obtener un resultado político. El Gobierno, consecuente con ese avance político y jurídico, define como terroristas a las organizaciones armadas que ejercen actividades violentas en Colombia. Esa violencia se expresa en agresiones a las comunidades más pobres, a los indígenas, a las aldeas pequeñas y alejadas, a los colonos establecidos en las selvas. Sus actividades sólo tienen que ver con la política porque publican discursos amenazantes o lo propagan por intermedio de unos pocos activistas encubiertos en actividades legales, o por otros simplemente engañados. No son partidos políticos: su realidad es el narcotráfico, el secuestro, la destrucción de infraestructura, el asesinato y el reclutamiento forzado, particularmente de niños.

Ninguno de los aquí presentes ignora mi decisión frente a los grupos armados. He convocado a mis compatriotas a adelantar un ejercicio de eliminación de la violencia para liberar a la Nación de la pesadilla del terrorismo. Ese ejercicio está contenido en nuestra política de Seguridad Democrática.

Seguridad democrática por su causa y por su objeto.

La causa de nuestra seguridad democrática está en el ideal del pluralismo democrático pleno, en nuestro respeto sin reservas a las libertades públicas.

El objeto de nuestra seguridad democrática lo configura el universo de los colombianos, que sin distingos ideológicos o por grado de afinidad o de actitud crítica frente al Gobierno, constituyen los destinatarios de nuestra decisión de protección frente a la violencia, cualquiera sea su origen o su actor.

Para que el País no continuara su desagregación en pequeños feudos armados de fusiles y explosivos adoptamos la política de seguridad para recuperar el orden que indica la ley y la libertad emanada de la Constitución. La libertad que venía en abolición por obra de los terroristas y de la debilidad institucional.

La tarea toma tiempo. En España e Irlanda del Norte los terroristas se han contado por docenas y aquí llegaron al colosal número de 30.000.

A medida que se ha afirmado la voluntad de seguridad democrática se ha reverdecido la democracia. A las últimas elecciones concurrieron más de 76.000 candidatos cuando en las anteriores comparables fueron 40.000 aproximadamente. La fuerza pública protegió el 95% de los lugares de votación, lo cual representa el porcentaje histórico más elevado.

Reconozco que siempre los diferentes candidatos habían gozado de voluntad formal de protección por parte de las autoridades. Sin embargo, debo decir, que nunca antes los candidatos de grupos alternativos, de oposición, de izquierda, llámense como se quieran llamar, habían tenido la protección efectiva de que ahora gozaron.

La fuerza pública atendió nuestro llamado de proteger a estos candidatos totalmente, de impedir que se les causara siquiera un rasguño.

El Gobierno propuso un Referendo contra la corrupción y la politiquería que incluyó temas fiscales de ardua controversia. Se sometió a todas las instancias sin considerar mayorías o minorías en el Congreso, simpatías o antipatías en las cortes o la independencia o mayor presencia de la oposición en los órganos del poder electoral.

Los medios de comunicación pudieron ofrecer a los opositores al tema todos los espacios, y el Gobierno utilizó los suyos para defender sus tesis con exclusivo apoyo en los argumentos y la confesa intención de agitar la pedagogía democrática sin causar heridas personales.

Que la historia señale los resultados y también el valor pedagógico del proceso.

Los terroristas han pretendido justificar sus acciones en falta de democracia. Imposible encontrar un país con semejante desafío terrorista y la infinita voluntad democrática del Estado y los ciudadanos.

Los terroristas han pretendido justificar sus acciones alegando permisividad oficial con la violencia paramilitar. Vamos por el buen camino del desmonte del paramilitarismo con la acción de las Fuerzas Armadas y el diálogo para la desmovilización.

Guerrilleros y paramilitares saben que tenemos tanta firmeza para combatirlos como determinación para albergarlos en la rectificación de su camino. Casi 2.800 integrantes de grupos violentos, el 70% de ellos provenientes de las FARC, se han desmovilizado y gozan del trato oficial propio de la reconciliación.

No aceptamos el terrorismo pero preferimos a nuestros compatriotas con las armas depuestas, abrazados a la Constitución, reconciliados con el respeto a la vida, en lugar de que los tenga que dar de baja la fuerza pública o llevarlos a la cárcel para acicatear su odio.

Cuando no hay terrorismo de Estado nadie puede alegar validez de las razones de los terroristas que en contra o por fuera del Estado acribillan a la comunidad.

Llegan ustedes a un país que quiere recuperar plenamente la confianza. Que lucha contra el terrorismo, contra la politiquería, contra la corrupción.

Que el Gobierno pierda todas las elecciones pero que Colombia gane la batalla contra el terrorismo y contra la corrupción. Que Colombia fortalezca su democracia para que la economía crezca con justicia social que buscamos en nuestras 7 herramientas de equidad.

Sin equidad no hay partidos capaces de sostener la legitimidad democrática. Para construir esa equidad trabajados 7 temas: la revolución educativa, la protección social en salud y alimentación, el impulso a la economía solidaria, el manejo social del campo, de los servicios públicos, la construcción del país de propietarios y la lucha por la calidad de la vida urbana.

Al saludarlos efusivamente debo concluir con las evidencias de mi propio corazón: odio el terrorismo, tengo toda la decisión de derrotarlo a las buenas o a las malas, y amo más a la democracia.