Señor Presidente. Quiero agradecer esta oportunidad que se me brinda de dirigirme a esta reunión de países que tiene una larga historia y hablar a sus Representantes sobre temas vinculados a la realidad boliviana.

Quiero comenzar diciendo que voy a ser absolutamente franco y claro en lo que me parece que puede significar una visión de los temas más importantes y más preocupantes que estamos atravesando en esta circunstancia en nuestro país.

Antes que nada debo, a nombre del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a nombre del Gobierno de Bolivia, expresar el agradecimiento que tenemos por la acción tan importante, tan valiosa, de la Organización de los Estados Americanos tras los acontecimientos del 12 y 13 de febrero pasado. La participación de la OEA, el compromiso personal de su Secretario General, el informe que hicieron a propósito de los infortunados sucesos de esos dos días, muestran realmente que la OEA hace una causa de la Carta Democrática, que ha convertido en una acción muy clara su defensa del sistema democrático y de sus instituciones en todos nuestros países. Bolivia no ha sido el único país en el que la OEA ha tenido una significativa participación, participación que quiero, insisto, destacar y agradecer porque retrata una visión dinámica de lo que debe ser un compromiso objetivo por la democracia, cuando una nación atraviesa un momento difícil que pone en riesgo su propio sistema.

Es complicado para mí el hacer un desarrollo de varios temas que me parece que son importantes de consideración. Una primera parte la dedicaré a un escenario general de los temas más importantes de Bolivia y una segunda a aquellos aspectos que hacen al trabajo de fortalecimiento de instituciones y de lucha contra la corrupción, que tiene que ver con mi específica responsabilidad.

Bolivia atraviesa momentos difíciles en estos días, momentos difíciles por varias razones. La fundamental, la estructural, tiene que ver con una situación económica de crisis que venimos arrastrando desde hace varios años, una situación económica de crisis que está vinculada a un proceso recesivo de más de cinco años de duración que ha frenado los niveles de crecimiento de nuestro país, que habían llegado precisamente en la primera gestión del Presidente Sánchez de Lozada a un promedio del 4% aproximadamente. A partir de 1999 ese proceso de crecimiento se revirtió hasta acercarse a cero, y esto ha generado un problema muy importante de desempleo, un problema muy importante en el aparato productivo del país. A partir del proceso de capitalización que se realizó la segunda mitad de los años noventa vino una importante inversión internacional, y la presencia de esa inversión ha tenido un efecto significativo pero en sectores no necesariamente altamente importantes en generación de empleo. Pero, paradójicamente, el sistema y el aparato productivo de la empresa privada boliviana ha resentido de esta crisis a lo largo de los años, y el cierre de varias empresas ha generado, a su vez, un problema de aumento del desempleo.

Esta crisis tiene varios orígenes que están vinculados a efectos de la crisis internacional. Problemas que se produjeron en Rusia, la crisis asiática, los temas de crisis en Brasil, la situación dramática que vivió la Argentina a partir de 2001 marcaron un conjunto de elementos que presionaron sobre la realidad de una economía altamente dependiente y muy sensible a los países vecinos, como es la boliviana. Adicionalmente, y esto es muy importante subrayarlo, las reformas estructurales que llevó adelante Bolivia, precisamente en coincidencia con el proceso de varios cambios de carácter popular, como la participación popular, el proceso de descentralización administrativa, me refiero a temas como la capitalización y, sobre todo, la reforma de pensiones, generaron un efecto muy importante sobre el nivel fiscal del país.

Y la presión de la reforma de pensiones ha generado un nivel de déficit fiscal significativo. Bolivia cerró el año 2002 con un déficit fiscal por encima del 8%. Ese déficit fiscal tiene una explicación, un origen fundamental en la reforma de pensiones que representa entre el 4,8 y el 5,5 de la totalidad de ese déficit. Y esta presión es verdaderamente muy fuerte porque, si sacáramos el tema de la reforma de pensiones, si estableciéramos una distinción entre el déficit fiscal global y el déficit generado por la reforma de pensiones, nos estaríamos encontrando con que más del 60% de la totalidad de ese déficit se debe a la reforma de pensiones.

Adicionalmente, en el proceso de fortalecimiento institucional, la reforma de la aduana marcó un nivel más bajo del contrabando que había sido un instrumento de liquidez en la economía boliviana significativa. Esa acción de institucionalización y de mejor control del sistema de aduanas redujo también ingresos que estaban alimentando la economía boliviana.

Y finalmente un factor fundamental fue el proceso de erradicación de coca excedentaria que se dio en el gobierno del Presidente Banzer entre 1998 y 2001, que redujo prácticamente en alrededor de 23.000 hectáreas la producción de coca. Hoy día la producción de coca excedentaria está entre 7.000 y 9.000 hectáreas, lo que ha significado también una reducción muy importante de ingresos irregulares pero que alimentaban de manera muy significativa la economía boliviana, de entre $300 y $500 millones al año.

La suma de estos elementos: la crisis internacional, el proceso de reforma de pensiones, la institucionalización de la oficina de aduana y la erradicación, muy importante, de coca excedentaria, en un periodo de cinco a siete años, ha marcado una presión brutal sobre la economía boliviana, generando estos cinco años interrumpidos de recesión y este crecimiento monstruoso del déficit fiscal.

En otras palabras, no es que el manejo de nuestra economía haya sido irresponsable, no es que se hayan hecho gastos corrientes desmesurados; es que este conjunto de elementos ha generado una realidad verdaderamente dramática. Esa realidad dramática de un nivel de déficit muy importante y de un problema muy serio en el funcionamiento del tesoro general de la nación de Bolivia está planteándonos un par de alternativas de urgencia y alguna alternativa de mediano y largo plazo para resolver este hueco.

¿Cómo resuelves este déficit gigantesco y cómo reviertes este proceso de recesión? En el corto plazo tenemos un trabajo de preparación de un programa ante el Consejo Consultivo, que se reúne periódicamente y que vincula a los organismos multilaterales y a la cooperación bilateral de Bolivia, para presentar nuestro programa de desarrollo económico y de inversión social, el programa estratégico de lucha contra la pobreza, que, sin embargo, requiere de un apoyo directo sobre el tesoro general de la nación de Bolivia por lo menos en los cuatro o cinco próximos años. Ese apoyo directo podría resolver este problema de déficit que se está convirtiendo en crónico en el mecanismo básico del tesoro general de la nación de Bolivia.

En el mediano y en el largo plazo la respuesta clara, y esta es una visión que comparte la cooperación internacional con el Gobierno de Bolivia, es la exportación de gas a México y los Estados Unidos, por la simple y sencilla razón de que ese proceso de exportación, sumada a la exportación que hacemos al Brasil, puede representar un incremento de entre un 25% y un 35% de las exportaciones a partir del año 2007, que permite el cumplimiento de nuestras obligaciones y la posibilidad de un funcionamiento y un mecanismo de integración en el sistema financiero internacional, con créditos y con apoyos a Bolivia, con un respaldo tan importante que sería, si se concreta, el salto más significativo de los últimos veinte años en el proceso de exportaciones de Bolivia. En caso de exportación de gas a Brasil tenemos un contrato que debe llegar a una venta total de 30 millones de pies cúbicos de gas por día, hoy estamos en el rango de 11 millones de pies cúbicos de gas por día. Este proceso que, en realidad, ya debiera estar el año 2004 en su totalidad, ha sufrido una serie de modificaciones, o no ha avanzado con la rapidez del caso, por circunstancias vinculadas al tema energético brasileño y porque la demanda brasileña estimada en el momento en que se construyó el gasoducto en el corto plazo para consumo de gas boliviano ha sido menor de la esperada. Pero asumimos que en los próximos cinco años vamos a llegar a la totalidad de venta de gas al Brasil, de lo que se ha contratado originalmente, y, por otro lado, la posibilidad de la venta de gas a México y los Estados Unidos, que, como ustedes saben, ha generado un fuerte, un intenso, debate nacional que estamos en este momento afrontando.

La posibilidad de la venta de gas es tan sensible para el futuro del país que es una obligación para nuestro gobierno, aun frente a las dificultades que enfrentamos, el garantizar que esa venta de gas se va a llevar a cabo. Si no logramos hacerlo, no podremos trabajar y cerrar este planteamiento global que hace Bolivia a la comunidad internacional en el mediano y en el largo plazo.

Estos dos pasos, un apoyo directo a nuestra economía ahora en temas muy concretos vinculados al gasto corriente, y en el mediano plazo el tratamiento del problema sobre la certeza de que Bolivia va a exportar gas son los aspectos que hacen a la crisis económica.

Es esta crisis económica, por las razones antes explicadas, la que ha generado una serie de confrontaciones y de tensiones sociales crecientes. El escenario político y el escenario social en el país es, no voy a decir volátil, pero atraviesa momentos críticos por esta razón. Porque hay una crisis sostenida, en la que la gente no encuentra empleo y en la que la crítica a lo que ha sido la aplicación sistemática de un modelo y de una serie de elementos que están vinculados a ese modelo no parece haber dado los resultados que la ciudadanía esperaba.

Bolivia, como ustedes saben, es uno de los países que ha respondido de manera más directa, más clara y más eficiente a aquellas recetas y a aquellos pedidos que hizo la comunidad internacional o a la visión que se tuvo a partir de la segunda mitad de los años ochenta hasta ahora, en varios pasos. Y no solo eso, sino que paralelamente aplicó procesos de reforma y de participación muy importantes en su sociedad; es decir, no solamente lo que podría ser un recetario de carácter liberal sino una visión revolucionaria de cambio aplicada por el propio Presidente Sánchez de Lozada, el concepto de participación popular que representó el acceso directo a fondos de municipios territorializados, que tuvieron, por primera vez en la historia del país, la posibilidad de administrar sus fondos, definir sus prioridades y recibir directamente del Estado lo que antes era un proceso de hiperconcentración y centralización, en un mecanismo que logró democratizarse con la creación de 320 municipios. Antes de proceso de participación popular Bolivia tenía 25 municipios, que funcionaban con un presupuesto propio a través de los ingresos que recibía de las principales ciudades, vinculadas, como ustedes saben, a propiedad inmobiliaria, automotor, etcétera.

Este proceso, que se vinculó al proceso de descentralización administrativa, acompañó las medidas de cambio. Sin embargo, el resultado, después de esfuerzo gigantesco que hizo Bolivia, por las razones antes anotadas no ha sido el que se estaba esperando.

Adicionalmente, y es importante una pincelada política, Bolivia sufrió un cambio muy, muy significativo en las elecciones generales pasadas, del año 2002, un cambio muy significativo porque se rompió lo que había sido el trípode esencial de funcionamiento de la democracia boliviana entre 1985 y 2002, un trípode que protagonizaban el Movimiento Nacionalista Revolucionarios, el partido del Presidente Sánchez de Lozada; el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, del ex Presidente Jaime Paz Zamora, y Acción Democrática Nacionalista, del ex Presidente Hugo Banzer Suárez. Se rompió el trípode con la caída de ADN; la situación crítica que vivió el Presidente Banzer con estos elementos que llevaron la economía a la recesión, fue de un desgaste muy fuerte para su partido, su propia desaparición; la muerte del Presidente, que se vio obligado a renunciar por una enfermedad, llevó a que ADN obtuviera apenas el 3,5% de los votos el año 2002.

¿Quién llena el vacío de lo que había sido un trípode fundamental? ¿Y por qué fundamental? Porque, independientemente de las confrontaciones y del enfrentamiento, a veces muy duro en lo personal entre los tres líderes políticos y entre los tres partidos, los tres partidos representaban una misma visión en lo esencial, una misma visión de lo que era el sistema democrático, de lo que era el marco constitucional y de lo que es el modelo político económico que vive Bolivia. Ese espacio, por diferentes razones, fue cubierto por el Movimiento al Socialismo, liderizado por Evo Morales, que nace como dirigente cocalero que se fortalece a partir de los elementos de presión que los productores de coca de la región del Chapare de la coca ilegal excedentaria llevan adelante en una batalla que comenzó hace ya más de veinte años y que le daba una capacidad de presión directa sobre el Estado. Diversas razones, que no viene al caso analizar, hicieron que un candidato que pocos días antes del proceso se estimaba que iba a obtener ente el 9 y el 11% de los votos lograse un 20% de la votación y ocupase el segundo lugar en las elecciones nacionales. Esto cambió radical y dramáticamente el escenario político.

En lo positivo porque integran el Parlamento de Bolivia, por primera vez en su historia, más de un 35% de representación indígena, quechua, aymará y guaraní, no solamente a partir del movimiento al socialismo sino también por la integración del movimiento indígena pachacuti, que está liderizado por Felipe Quispe, un dirigente aymará del Departamento de la Paz. La suma del 20% de Evo Morales más el 6% de Felipe Quispe genera una representación próxima al 35%, en términos generales genuinamente indígena, lo cual hace eco del cambio de lógica de Bolivia, que en su Constitución incluyó el concepto de que el país es pluricultural y multilingüe, y rompe la vieja idea de la uniformización de una sola cultura, una sola lengua, una sola visión religiosa, que se había generado en la revolución de 1952, para convertirse en esta visión plural y en la que la diversidad se convierte en una celebración y el reconocimiento del otro y de las culturas diversas que tenemos en el país, muy fuertes.

Es importante decirles que en el último censo, del 2001, el censo hizo una pregunta distinta a lo que habitualmente había sido en el pasado; no era una calificación, desde el censo, del origen étnico de los censados, sino que se le preguntaba a los censados ¿cómo se identifica usted? y ponía “usted se identifica como quechua, como aymará, como guaraní, de otra etnia o de ninguna de ellas”. El 62% de los bolivianos se autoidentifican como indígenas, la mayoría quechua y aymará y una parte menor guaraní y de otras etnias del oriente boliviano. Un país en el que el 62% de los ciudadanos se autoidentifica como indígena tiene una composición, una visión y una referencia cultural significativamente importante en esta dirección, probablemente junto a Guatemala, en características parecidas, y en menor medida junto a Ecuador y Perú.

Esta realidad de representación pluricultural en el Parlamento boliviano ha sido un salto extraordinariamente positivo. Pero el liderazgo de Evo Morales marca una radicalización de posiciones en el Parlamento; se rompe una visión común sobre la economía, sobre la política y sobre cómo concebimos la sociedad boliviana que tenían MNR, MIR y ADN. Y ese partido insurgente, el MAS, está cuestionando el modelo constitucional, está cuestionando por supuesto el modelo económico, es radicalmente contrario al modelo económico y a cualquier posibilidad del concepto clásico de inversión internacional, etcétera. Y representa un variopinto escenario, que va desde posiciones étnicamente radicalizadas hasta viejas posiciones nostálgicas provenientes del marxismo de los años setenta.

Evo Morales, que nace como dirigente cocalero, poco a poco va descocalizando su discurso y se va sumando al discurso antiglobalizador, anti-ALCA, anti-inversión extranjera, en lo que todavía no es una definición clara desde el punto de vista ideológico. No podríamos calificar concretamente a Evo Morales. Su olfato político le dice “cuanto más lejos de la coca esté más posibilidades tengo de legitimizarme”, pero hay tensiones muy fuertes dentro de su partido; desde el punto de vista radical hay que destruir el sistema y hay que desestabilizarlo hasta posiciones mucho más contemporizadoras que conciben que la única forma de legitimarse es ganar una elección y que no habrá posibilidad de acceso al poder para el MAS que no sea por la vía democrática.

Esas tensiones entre las dos posiciones que están representando un fuerte abanico han generado una situación conflictiva en la relación entre el Gobierno y oposición, basada en la desconfianza mutua. El Gobierno desconfía de Evo Morales; Evo Morales desconfía del Gobierno, y la posibilidad de llegar a un diálogo entre partes es complicada.

Este escenario político está en el escenario complejo, muy, muy difícil, de la economía. Y son aspectos de la economía los que han llevado a una explosión tan insólita como la del 12 y 13 de febrero que confrontó a fuerzas de la policía y fuerzas del ejército, con la excusa de la defensa de los intereses populares porque el Gobierno pretendía la imposición de un impuesto, un impuesto que afectaba relativamente a la clase media, con el discurso del Presidente Sánchez de Lozada de que el aumento del precio de los hidrocarburos iba a tener un efecto devastador sobre una economía muy castigada y que era mejor trabajar una respuesta por la vía de un incremento más racional de los impuestos.

Esto no fue del todo comprendido, nos obligó a una renegociación posterior con el Fondo Monetario Internacional, que tras los dramáticos acontecimientos de febrero cambió una posición muy inflexible a una posición más contemporizadora.

¿Dónde estamos ahora? En el curso de los próximos meses Bolivia tiene que tomar una decisión en torno a la venta del gas a México y los Estados Unidos. ¿Cuál es el timing en el que estamos? La decisión entre el consorcio vendedor del gas, Pacific LNG, que reúne a empresas como REPSOL y British Gas, hay tres o cuatro empresas transnacionales que están vinculadas al proceso de capitalización y que están trabajando en Bolivia en la extracción de gas y la empresa compradora, Sempra, en los Estados Unidos. El acuerdo entre vendedor y comprador, definición que está probablemente a cerrarse entre noviembre y diciembre de este año, definirá el arranque de la decisión de Bolivia, que pasa por cuál va a ser el camino que escoja Bolivia, si un puerto chileno o un puerto peruano.

El tema está referido –simplemente a título de ilustración– antes del proceso de capitalización Bolivia tenía reservas probadas y probables por 5,4 trillones de pies cúbicos de gas. Después del proceso de capitalización, que tuvo que ver con una muy, muy importante inversión internacional, ha multiplicado esas reservas a 57 trillones de pies cúbicos de gas, es decir, casi once veces lo que tenía antes del proceso de capitalización, convirtiéndola en el primer país con reservas de gas libre en América Latina y el cuarto en América Latina, después de México, Venezuela y Trinidad y Tobago. Esta multiplicación de las reservas nos permite con mucha comodidad cumplir, por supuesto, la totalidad de nuestro compromiso, ya firmado y en ejecución, con el Brasil; la posibilidad de venta de gas a los Estados Unidos y México, y el consumo propio, en el que estamos trabajando fuertemente. Y nos quedaría un excedente de por lo menos 30 o 32 trillones de pies cúbicos de gas, aun con la cobertura total de estos contratos.

El problema que tiene el país en este momento es que las posiciones más radicalizadas, liderizados por el MAS y el MIP, están en la lógica de no vender gas, no solamente la definición de por dónde lo vamos a vender sino que hay posturas que dicen que no debemos vender gas. Y la mayoría de los bolivianos que no quiere vender el gas si Bolivia decide hacerlo por la vía de un puerto chileno.

Es muy difícil entender para quien no conoce Bolivia y para quien no ha vivido su historia por qué una posición de esa naturaleza, aun conociendo el conflicto histórico que tuvimos con Chile. El tema, como ustedes saben, es que la guerra de 1879 entre Chile, Bolivia y Perú definió el enclaustramiento marítimo de Bolivia. Bolivia, que tenía un territorio de más de 120 mil kilómetros cuadrados de costa vinculada a su territorio, perdió ese territorio como producto de la guerra. Y Chile se quedó en propiedad de esa costa. La formación de la sociedad boliviana, los niños, los jóvenes, las fuerzas armadas, el conjunto de los bolivianos es formado como un elemento central de unidad, como una suerte de dogma que genera un punto común en el que todos estamos de acuerdo: la reivindicación de ese territorio. El concepto de que ese territorio nos fue arrebatado, que nos fue injustamente arrebatado, y que es una obligación histórica de los bolivianos la recuperación de ese acceso libre y soberano al mar, un acceso al que por supuesto, desde el punto de vista de este gobierno y desde el punto de vista de la historia de los gobiernos de Bolivia, siempre hemos sido absolutamente categóricos. Hace algunos días estuve en la Organización de las Naciones Unidas y en mi discurso mencioné que Bolivia va a mantener su reivindicación de acceso libre y soberano al océano Pacífico de manera inalterable.

Pero, más allá de lo que es parte de una política exterior inalterable de Bolivia, es muy importante que ustedes sepan que la formación de todo ciudadano boliviano es este proceso de reivindicación. Las encuestas han marcado que una parte muy importante de los ciudadanos bolivianos está en contra de que lleváramos adelante ese proceso de exportación por un puerto chileno. El Gobierno boliviano no ha tomado todavía una decisión. Y, como ustedes comprenderán perfectamente, esta es una decisión que en términos normales, si en vez de que el país que está ofreciendo la alternativa al Perú fuese Ecuador, por poner un ejemplo, la discusión sería puramente económica y puramente técnica. Tendríamos que decidir si el puerto ecuatoriano o el puerto peruano son mejores en términos específicamente económicos y técnicos. Pero aquí hay un ingrediente adicional, de carácter político y de carácter diplomático, que tenemos que tomar en consideración.

Y esta es la dificultad. Si la decisión del Gobierno de Bolivia fuese el puerto chileno, en función de consideraciones técnicas y económicas, indudablemente estaríamos afrontando una corriente de opinión pública muy fuerte que podría estar, si no bloqueando, dificultando seriamente esta decisión.

Y el tema, obviamente, ha sido políticamente tomado por la oposición que ha cubierto el conjunto de sus reivindicaciones en función de algo que es emocionalmente muy intenso para los ciudadanos bolivianos. Entonces, estamos en una mezcla muy difícil de discernir, entre la reivindicación general, vinculada al empleo, vinculada a la pobreza, vinculada a muchas de las demandas de la comunidad boliviana, y lo que realmente es la negativa a vender el gas eventualmente por un puerto chileno.

El Gobierno va a trabajar en una campaña para explicar, primero, la importancia fundamental que tiene para Bolivia la venta del gas. Es decir, es un tema de vida o muerte en función de los problemas estructurales de las exportaciones bolivianas. Esto es un tema clave, que el pueblo boliviano comprenda que nuestro futuro y nuestra relación con la comunidad internacional dependen de hacer efectiva esa venta de gas a México y los Estados Unidos, y luego trabajar ya en función de la decisión que se tome, en uno o en otro camino, de acuerdo a cuál sea el análisis que nuestro Gobierno haga una vez que tengamos claramente definido este acuerdo. Además, está claro que estamos hablando de una inversión que rodea los $5 mil millones en la que los inversionistas tienen una palabra fundamental. No solamente se trata de una decisión del Gobierno de Bolivia sino, por supuesto, de una decisión de los inversionistas, que podrán decir “esta opción no nos parece bien y esta sí vamos a hacerla” y “si es por esta otra opción no la vamos a tomar”. Este es un tema que Bolivia no puede desconocer.

Quiero, adicionalmente, incluir un último tema para terminar esta primera parte. Y disculpen que me prolongue excesivamente en mi exposición pero me parece importante para que ustedes tengan un contexto adecuado.

Hace algunos días tuvimos un problema muy serio con, lamentablemente, pérdida de vidas humanas, por la decisión de un sector del altiplano del departamento de La Paz de bloquear una carretera que vinculaba a un centro turístico que se llama Sorata, en el que había más de medio centenar de turistas, muchos de ellos norteamericanos y británicos. El paso de los días y la imposibilidad de romper el bloqueo por la vía de la negociación obligó al Gobierno, y hubo un reclamo muy importante del Gobierno de los Estados Unidos y del Gobierno de Gran Bretaña pidiendo que se permitiera liberar la carretera para la vuelta de los turistas, una acción del Gobierno de Bolivia a través de las fuerzas armadas, en una operación humanitaria de rescate para permitir que esos turistas salieran de la localidad de Sorata.

¿Qué explica un bloqueo tan rudo, tan inflexible y que tuvo que resolverse por la violencia? ¿Por qué no trabajar un nivel de diálogo? Visto desde afuera, la lectura es esa, decir “¿Por qué el Gobierno de Bolivia no estableció un diálogo?” Y la razón es muy simple, simple cuanto dramática: cuando las demandas de los bloqueadores pasan de “no venta al gas”, “no ALCA” “fin de la política neoliberal” –para mencionar algunos ejemplos genéricos– y tú no llegas a un punto concreto de decir “estamos demandando la construcción de un puente” o “queremos la implementación de empleos” o “queremos microcréditos”, te das cuenta de que las posiciones étnicas, sobre todo en el mundo aymará, se están radicalizando. Y no deja de ser un hecho significativo que una escuela normal, de maestros, ubicada en el camino, que se llama Huarisata, fuera el foco más importante de la posición radical. Maestros con una cierta formación, con una fuerte ideologización, que están recuperando las viejas posiciones de decir “no creemos en Bolivia, queremos una restauración del viejo imperio incaico”, es decir, posiciones que en el contexto de una crisis económica global hay que empezar a mirar con preocupación.

El Gobierno de Bolivia cree que se están gestando sectores ultrarradicalizados, no organizados, para poner ejemplos equivalentes a lo que pasó en el Perú, pero que son focos preocupantes en los que el tema del diálogo y en los que los temas generales en los que el gobierno ha ido trabajando no sirven ya como referencia. No son focos multiplicados, están muy específicamente vinculados al área aymará del país; pero hay que mirarlo con calma. Y estamos fuertemente en eso, porque en general en Bolivia nuestra relación ha sido con sindicatos muy bien organizados, la Central de Campesinos, a partir de demandas muy concretas que permiten una mínima racionalidad. Pero estas expresiones puntuales tienen que mirarse también como la radicalización de posiciones que podrían generar focos de preocupación, y hay que trabajar en ello fuertemente. Insisto, no creo que estén organizados y que podamos hablar de un movimiento global, pero sí son puntos de referencia que definieron necesidades como la que tuvimos que encarar, lamentablemente, la semana pasada.

Termino con este escenario, que, como ustedes ven, es complejo. Es un escenario que tiene un punto de partida complicado, que es el tema económico, pero con una serie de ramificaciones de carácter social, de carácter político y, además, este otro ingrediente, que no tiene ningún otro país, que es la relación traumática entre Bolivia y Chile no resuelta y en la que nosotros hemos demandado en el caso de Chile una posición de modernidad y de salto al siglo XXI; en un país que ha mirado al futuro con tanta inteligencia, como es el caso de Chile, creemos que su capacidad de mirar al futuro en el tema de su relación con Bolivia sería muy importante, muy importante porque la reivindicación boliviana no demanda, en nuestra opinión un sacrificio excesivo por parte de Chile, un país privilegiado en los kilómetros de costa y que además tiene, por naturaleza, una relación de complementación con el occidente de Bolivia y con el sur del Perú.

Nosotros creemos que el programa y el proyecto de venta de gas a los Estados Unidos y México, sea por Perú o sea por Chile, define una vocación fundamental de la región: el sur del Perú, el norte de Chile y el occidente de Bolivia, por historia, por vinculación étnica, por cultura y por referencia de intercambio económico, están destinados a la complementación. Y debiéramos los tres países entenderlo así y trabajar en esa dirección cuyo primer trabajo y cuyo primer desafío es romper un lastre histórico que nos está perjudicando muy severamente en momentos como este.

Termino mi exposición vinculado a dos temas que son particularmente importantes para nosotros, y para mí en particular como Vicepresidente: la lucha contra la corrupción y el proceso de institucionalización. A pesar de estas dificultades mencionadas, las tareas concretas en las que estamos trabajando son muy claras. Fue un mandato del Presidente Sánchez de Lozada que yo he asumido en su plenitud, el trabajo de lucha contra la corrupción, que tiene dos dimensiones: la dimensión de corto plazo que es la lucha día contra la corrupción, con casos concretos en la confrontación y solución de esos casos concretos y la lucha de mediano y largo plazo, que hace a un proceso de fortalecer las instituciones del Estado boliviano.

En los últimos veinte años, veintiuno ya el próximo octubre, de democracia, la vicepresidencia de Bolivia se ha convertido de un cargo para una persona en una institución, del vicepresidente hemos pasado a la vicepresidencia. Afortunadamente hemos tenido una sucesión de vicepresidentes cuyo peso específico y cuyo prestigio personal permitieron fortalecer la institución y convirtieron a la vicepresidencia, que en el caso de Bolivia tiene un carácter importante: es la cabeza del Poder Legislativo; el vicepresidente de Bolivia es presidente del Congreso de Bolivia y, por lo tanto, está a caballo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, un poco en la estructura de la vicepresidencia de los Estados Unidos, yo soy Presidente nato del Senado y Presidente del Congreso en las dos cámaras reunidas y, a la vez, obviamente, parte del Ejecutivo cuando el Presidente está ausente y tengo que hacerme cargo interinamente del mando.

Esa institución se ha convertido en el referente para la cooperación internacional y para la sociedad boliviana, de estar al margen de las tormentas de la política partidaria. Esas tormentas de la política partidaria que a veces hacen difícil al Poder Ejecutivo llevar adelante su responsabilidad. Y, por eso, la vicepresidencia está a cargo del programa de reforma institucional. Hemos trabajado como continuidad del anterior gobierno en la institucionalización de aduanas, a la que hice referencia, de la oficina de impuestos y de la oficina del servicio de caminos. La una porque tiene la mayor cantidad de inversión pública, la infraestructura vial, y las otras dos porque son los entes fundamentales de recaudación, muy susceptibles del tema de corrupción. El seguimiento de estas tres instituciones, su institucionalización y despolitización a través del nombramiento congresal de sus directorios ha dado resultados muy importantes, y nosotros estamos defendiendo a estas instituciones de lo que pueden ser presiones partidarias vinculadas a la vieja lógica del cuoteo y del prevendalismo, que no se ha terminado de dominar en nuestro país.

Se ha trabajado en la institucionalización de tres ministerios, como un modelo a tomar para el conjunto de la institucionalización de los ministerios del país, sobre la base de la meritocracia, sobre la base de la estabilidad funcionaria, sobre la base de sueldos adecuados, y en esto la cooperación ha tenido un papel fundamental. Y estamos trabajando en un programa de reforma institucional fundamental, que es la reforma del sistema judicial, que tiene que ver con la participación de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Presidente de la República y la vicepresidencia, que tiene a su cargo el conjunto de este programa, que tienen como objetivo la idea de justicia para todos, justicia para todos a través de vincular la administración de justicia del sistema municipal. Menos de un tercio de los municipios tiene casas de justicia, y tenemos que trabajar por lo menos en la mitad de municipios que tengan acceso a una justicia descentralizada, una justicia directa. Hay que desjudicializar el sistema. Esto quiere decir que las casas de justicia y de paz puedan resolver controversias de pequeño monto y de pequeña cuantía sin que eso implique la apertura de un proceso judicial, lo que descargaría un peso muy fuerte sobre el sistema judicial boliviano.

Este proceso, además, tiene que venir con un problema muy serio. En Bolivia el problema de la justicia tiene dos caras, uno, la corrupción y, otro, la ineficiencia. Necesitamos una formación más profunda en quienes van a ser jueces o quienes van a ser fiscales, y para ello el sistema de profesionalización, aun de abogados o de personas que ya están en la judicatura, es fundamental. Este es otro paso muy importante.

Y un paso fundamental es fortalecer el Ministerio Público, generando un Ministerio Público despolitizado. La apertura de causa a través de la Fiscalía de la República es clave. Hoy el Fiscal General de la República y los nueve fiscales, uno por cada uno de los nueve departamentos, son nombrados por el Congreso; la idea es que solo el Fiscal General sea nombrado por el Congreso y los otros fiscales sean nombrados directamente por el Fiscal General, eliminando la posibilidad de control político partidario del proceso de fiscales, que es el mecanismo más directo a través del cual el Poder Ejecutivo puede manejar el Poder Judicial en su conjunto.

Adicionalmente a esta idea, estamos trabajando en la creación, a través de la reforma constitucional que esperamos poder aprobar antes de diciembre, de dos mecanismos importantes: la creación del Procurador General de la República y dividir la Contraloría General de la República en Contraloría y Auditoría General de la República, para que el proceso de fiscalización de divida y se defina claramente y que la auditoría sea un mecanismo de fiscalización fundamental bajo control del Congreso.

Estos son algunos aspectos en los que estamos trabajando intensamente, además de lo que ha sido un camino muy importante y ha llevado adelante la modificación del Código Penal y de otros instrumentos de la justicia boliviana que llevan un proceso de cambio en los últimos cinco años.

El último tema vinculado a la reforma judicial es la sistematización del sistema legal boliviano, un análisis de las leyes existentes, un ordenamiento, una eliminación de duplicidades, una modernización de leyes obsoletas. Este es un mecanismo de sistematización y regularización vital, porque normalmente ocurre que el enmarañamiento de la ley se hace a partir de leyes que parchan unas a otras a lo largo de los años. Y este es un trabajo muy importante que tiene que hacerse para redondear este escenario de justicia para todos, un acceso equilibrado a la justicia de todos los ciudadanos.

En el trabajo cotidiano, en el trabajo inmediato, que es muy sensible y de muy alta visibilidad, hemos creado la Secretaría General de Lucha contra la Corrupción, dependiente de la Vicepresidencia de la República. Hicimos una apuesta muy arriesgada, que era la apuesta de una secretaría cuyo peso era estrictamente moral. El 90% de quienes consultamos nos dijeron que estábamos destinados al desastre y al fracaso, que eso no iba a tener un efecto positivo. Ha pasado un año y fracción desde que hemos creado la Secretaría, que no tiene un instrumento legal directo que la justifique, salvo un proceso de independencia de acción que tiene el Vicepresidente en un Estatuto de la Presidencia del Congreso nacional y el hecho objetivo de que la Secretaría no solamente es un instrumento de la Vicepresidencia sino del Congreso nacional, porque yo como Presidente del Congreso soy parte del Poder Legislativo. Por lo tanto, la Secretaría de Lucha contra la Corrupción es un instrumento del Poder Legislativo, y es muy importante desde el punto de vista de su respaldo.

¿Qué ha hecho la Secretaría? La Secretaría ha hecho 14 informes públicos. Hace un informe público, lo presenta en una conferencia de prensa a los medios de comunicación y a partir de ese informe público, que es de seguimiento de un caso determinado o de una acusación determinada, es que empiezan a movilizarse los mecanismos específicamente destinados a resolver el problema. Porque la Secretaría no juzga, por que no es su papel; la Secretaría no abre causa, porque ese es el papel del Fiscal; la Secretaría no hace una fiscalización directa sino a través de proposiciones que hace al Congreso nacional, que es el instrumento fiscalizador. ¿Qué hace, entonces? Coloca sobre el tapete un tema. Y el resultado ha sido muy importante, el resultado ha generado que cada vez que la Secretaría de Lucha contra la Corrupción se mete en un tema un proceso judicial detenido comienza a moverse, las causas que habían sido olvidadas se pueden volver a poner y, de hecho, se han vuelto a poner en el tapete. Cuando el proceso es nuevo, cuando se abre un caso en el que ha surgido una circunstancia no preexistente se han abierto procesos, se han destituido funcionarios y se ha metido a la cárcel a funcionarios. Tuvimos un caso muy importante en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, fundamental instrumento de financiación de los municipios, que generó la destitución del Director General del Fondo Nacional que incluyó la cárcel para cuatro alcaldes que habían hecho un conjunto de acciones irregulares moviendo fondos de manera ilegal y usando fondos para beneficio propio.

Se ha establecido una reestructuración general de ese Fondo. Para poner un ejemplo, tuvimos un caso mucho más duro con un ministro de Estado en el uso irregular de fuerzas de reclutas para el recojo de cosechas, que definió una confrontación un poco tensa entre la Vicepresidencia y el Poder Ejecutivo pero que marcó el fin de lo que había sido una tradición histórica de uso irregular de reclutas para acciones privadas; marcó un decreto que estableciera una línea nueva totalmente de manejo de este tema y, finalmente, definió la salida del ministro de Estado que estaba a cargo del tema, el Ministro de Estado en la cartera de Defensa, en lo que fue –como digo– una confrontación relativamente complicada. El resultado ha sido que la Secretaría está fuertemente posicionada en la sociedad; hay gente en la cárcel, hay procesos activados o reactivados, hay gente que ha sido procesada y hay gente que ha sido destituida. Y la Secretaría se ha convertido en un referente casi indispensable en cualquier tema vinculado a la lucha contra la corrupción, a través de más de un millar de denuncias, que incluso desbordan nuestra propia capacidad de procesamiento.

Adicionalmente –y termino con esto– la Secretaría tiene un mecanismo que se llama de redes interinstitucionales y redes ciudadanas. La firma de convenios entre la Secretaría y municipios o ministerios u oficinas del Estado, que definen una política dentro de la lógica en la que está la Secretaría y los mecanismos que usa la Secretaría para fortalecer la lucha contra la corrupción y las redes ciudadanas que implican la participación de la sociedad civil a partir de la difusión de temas o a partir de la acción militante de prevención mediante la formación de la lucha contra la corrupción. Y, finalmente, las brigadas móviles, que son pequeños grupos de la Secretaría que se trasladan a poblaciones muy alejadas del centro, a veces a las que el Estado no llega nunca o casi nunca, para recoger las denuncias de corrupción sobre casos específicos, trasladarlos a La Paz y tratarlos en La Paz. De modo que nosotros nos acercamos a la gente, y eso ha generado un impacto muy fuerte porque la gente asume como una voluntad del Estado de acercarse a resolver sus problemas y hacerle un seguimiento de sus problemas en la lucha contra la corrupción.

Estos dos instrumentos, a través de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y de la Secretaría de Desarrollo Institucional, están generando una acción clara, comprometida y militante en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones del Estado boliviano, como un camino indispensable de lógica democrática sin el cual no se puede avanzar en la construcción de una democracia real y para todos.

Como ustedes comprenderán, estamos viviendo en Bolivia momentos difíciles; estamos afrontando varios cercos –por llamarlo figurativamente– y tenemos que dar respuestas a varios de esos cercos de manera simultánea. La presión política, la presión social, la presión económica, los desafíos de lucha contra la corrupción y de lucha institucional. A pesar de que los cercos son muchos y los desafíos son muy grandes, estamos trabajando intensamente para resolver estos problemas; tenemos claramente delimitados nuestros objetivos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El problema es que algunos mecanismos fundamentales para ir adelante dependen de la capacidad que tengamos de hacer comprender a la sociedad boliviana algunos desafíos que no están todavía claros.

Contamos para ello con una alianza política importante. El MNR, del Presidente Sánchez de Lozada; el MIR, del ex Presidente Paz Zamora, y ahora el Nueva Fuerza Republicana, de un insurgente, líder político, Mánfer Reyes Villa, un ex alcalde de la ciudad de Cochabamba, nos permiten una mayoría cómoda que nos da un manejo significativo en el Parlamente y que va a permitir una relación con mayores posibilidades de éxito en la línea parlamentaria. Pero tenemos que ir hacia el diálogo. El reencuentro nacional es para nosotros un objetivo, y sabemos que ese reencuentro tiene que tomar en cuenta a la oposición y tiene que contar con la oposición. El problema es que hay que romper un cerco también mental entre gobierno y oposición, con posiciones muy duras y con un protagonista de esa oposición radicalmente distinto al que tuvimos. El MNR a veces fue gobierno, a veces lo fue el MIR, a veces fue ADN, pero todos dentro de una cierta lógica, más o menos común.

Quiero agradecer el que ustedes hayan prestado atención a esta presentación. Sé que la OEA está comprometida en el tema de la democracia en Bolivia. Espero que ustedes puedan visualizar mucho mejor las dificultades que tenemos. Y estoy seguro de que vamos a contar con el respaldo de ustedes en cualquier circunstancia en este proceso de defensa, consolidación y fortalecimiento de nuestra democracia.

Muchas gracias.