Señora Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, señora María Soledad Alvear
Señores Cancilleres de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos
Señores Representantes Permanentes
Señor Secretario General, César Gaviria
Señor Secretario General Adjunto, Embajador Luigi Einaudi
Señoras y Señores

Quisiera iniciar mi intervención en el día de hoy agradeciendo al gobierno y al pueblo de Chile por la hospitalidad y facilidades brindadas en la celebración de esta Asamblea General. Sentimos un profundo placer y satisfacción de estar en Chile, país que se ha convertido en un paradigma económico de referencia obligada para todo nuestro Hemisferio.

Aprovecho esta oportunidad para transmitir en nombre de Su Excelencia Ing. Hipólito Mejía, Presidente de la República Dominicana, y en el mío propio un saludo al pueblo y gobierno de la República de Chile.

El tema elegido para este diálogo entre los Cancilleres no podía ser más oportuno. La gobernabilidad democrática en las Américas, constituye un tópico de extraordinaria vigencia, que adquiere mayor relieve en la medida en que muchos de nuestros países han sido golpeados por choques externos e internos, afectando significativamente las posibilidades de crecimiento y desatando una dinámica que en muchas oportunidades genera la exclusión de gran parte de la sociedad, a lo cual se agrega el déficit de cobertura de necesidades sociales acumulado durante décadas.

Estamos en presencia de una disminución del ritmo de crecimiento económico, un deterioro en el nivel de empleo, una reducción en los flujos de capital hacia la región, un lento crecimiento de las exportaciones y una aceleración de la inflación que ha regresado a los dos dígitos para el promedio de América Latina y el Caribe. Aún más, si miramos hacia los países desarrollados que han actuado como locomotora de la economía mundial, latinoamericana y caribeña en particular, no podemos dejar de sentir preocupación por su desempeño económico, que se ha traducido en una reducción de los ritmos de crecimiento, desatando presiones indeseadas sobre las economías de la región, tales como el incremento de las desigualdades sociales que ponen en peligro la gobernabilidad en nuestros países.

Frente a este panorama económico que dista mucho de ser halagüeño o prometedor, tenemos la responsabilidad, como gobiernos, de afianzar la credibilidad en el sistema democrático, el cual se mantiene fortaleciendo la transparencia, estableciendo credibilidad en los sistemas judiciales, promoviendo los cambios positivos en los sistemas electorales a fin de que los elegidos sean el resultado de la expresión popular y sobre todo sentando las bases para un crecimiento económico sostenible y promoviendo el desarrollo social en las Américas.

La realidad ha mostrado hasta la saciedad las virtudes de una economía de mercado, pero también ha mostrado hasta la saciedad que el mercado en su dinámica genera fuerzas que obstruyen la competencia y la equidad. Las diferencias en la dotación inicial de recursos no se corrigen pura y simplemente por las fuerzas del mercado. Es necesaria una acción de arbitraje compensatorio que equilibre estas diferencias y limite las mencionadas fuerzas. Ello requiere una institucionalidad fuerte, reguladora, eficiente y con la suficiente credibilidad para ganar legitimidad. Esta concepción sobre las fuerzas del mercado es el primer paso para enfrentar los problemas de equidad y ello es consustancial a la legitimidad democrática.

La equidad debe convertirse en bienestar. Para ello se necesita crecimiento económico. Pero el crecimiento económico requiere de estabilidad macroeconómica, condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento, e implica unas finanzas públicas sanas y un banco central autónomo. Asimismo, se requiere una sociedad de derechos, una justicia independiente, un clima de estabilidad y seguridad jurídica, transparencia y rendición cuentas por los funcionarios públicos para que se cree un marco de confianza que permita a las fuerzas creadoras del sector privado desarrollarse a plenitud, creando así la riqueza.

El Estado deberá actuar para asegurar la equidad a través de la institucionalidad de los mercados, con acciones que equilibren las fuerzas que obstruyen la competencia y a través del gasto público que deberá ejercerse con pulcritud para compensar las deficiencias acumuladas de la población a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.

La corrupción y el clientelismo político son amenazas para la gobernabilidad democrática, porque un ciudadano no puede ser libre en una sociedad cuyos derechos dependen del arbitrio de un funcionario. La complicidad y la impunidad deben ser eliminadas. El ejercicio del poder para conservarlo, sin ningún compromiso ético, se convierte en un enemigo de la democracia y de la gobernabilidad, convirtiendo a la política en un negocio desposeído de toda responsabilidad con la equidad.

Es pues que la gobernabilidad democrática requiere de una institucionalidad y una acción del Estado que en forma transparente promueva con una responsabilidad social las políticas de mercado a fin de garantizar equidad e inclusión social y ello será base de la legitimidad democrática. Esta exigencia es aún mayor cuando estamos en crisis económica o hay una pérdida en el dinamismo del crecimiento.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la gobernabilidad en nuestros países son las amenazas a la seguridad. La globalización que nos ha ofrecido nuevas oportunidades, también nos ha traído la globalización del delito y el recrudecimiento del terrorismo, los cuales requieren de una respuesta hemisférica. En este sentido, destacamos la adopción de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, en junio de 2002. Entendemos además que tendremos una magnífica oportunidad para referirnos a este tema en la Conferencia Especial de Seguridad que tendrá lugar el último trimestre del presente año en México.

El gobierno de mi país que preside el Ing. Hipólito Mejía está decidido a actuar y hacer lo que sea necesario para garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad democrática, a través del aumento del gasto social, la lucha efectiva contra la pobreza, la participación plena e igualitaria de hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones, entre otros. En este sentido, apoyamos el establecimiento de la red de cooperación que permita fortalecer las democracias de las Américas, tal como lo propuso la distinguida Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, María Soledad Alvear, en su presentación al Consejo Permanente de la OEA en abril del presente año.

Para finalizar deseo reafirmar el compromiso de la República Dominicana con los principios y valores democráticos contenidos en la Carta Constitutiva de esta Organización y en la Carta Democrática Interamericana, instrumento que constituye un hito en la promoción y defensa de la democracia en el Hemisferio.

Muchas gracias.