Discursos

CAROLINA BARCO, MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA
ANTE EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, OEA.

11 de diciembre de 2002 - Washington, DC


Señor Presidente del Consejo Permanente

Señor Secretario General

Señor Subsecretario General

Señores Embajadores, Representantes Permanentes

Señores Observadores

Señoras, Señores:



Para nadie es un secreto que la Organización de Estados Americanos siempre ha estado muy cerca de los afectos de Colombia y ha sido una pieza central de su política exterior.

El ex Presidente Alberto Lleras Camargo tuvo la ingente tarea de dirigir su tránsito hacia el nuevo orden mundial, posterior a la Segunda Guerra. Bajo su inspiración y liderazgo la Unión Panamericana se convirtió en la Organización de Estados Americanos.



Esta historia se ha repetido. AI ex Presidente Cesar Gaviria le ha correspondido conducir a la mas antigua de las organizaciones regionales en un momento histórico no menos complejo y difícil. Su nueva agenda recoge los temas que expresan el paso de la guerra fría a la post-guerra fría y ahora a las nuevas realidades generadas por los atroces eventos del 11 de septiembre.

Por cierto, es este el momento de reiterar el fuerte apoyo del gobierno colombiano a la gestión de facilitación que el Secretario General esta llevando a cabo en la hermana Republica Bolivariana de Venezuela.

Nuestro gobierno hace un llamado de urgencia a las partes para que logren avanzar hacia un acuerdo, a través del diálogo, dentro del marco constitucional y el espíritu de la Carta Democrática Interamericana.

Estos dos colombianos eminentes, con gran experiencia política, han tenido tan significativa responsabilidad y han sabido estar a la altura del reto. Una razón de más para sentirme, como Canciller de Colombia, muy orgullosa de estar hoy aquí en el Consejo Permanente.

El aprecio de Colombia por la Organización de Estados Americanos es la manifestación contundente de nuestra creencia en el multiIateralismo, como la mejor forma de afrontar los temas de la agenda global que tienen simultáneamente un carácter tanto doméstico como internacional. Por ello, estos temas demandan la contribución de todos los países en la búsqueda de soluciones concretas.

Y con el compromiso de Colombia con el multilateralismo esta nuestra confianza en el derecho internacional y, conforme a él, en los mecanismos jurídicos globales, regionales y sub-regionales para la solución de los conflictos, para la superación de los problemas que nos aquejan y cuya naturaleza desborda las fronteras nacionales.

Desde hace varios lustros hemos luchado con tenacidad y perseverancia para que se acoja el concepto de responsabilidad compartida, en primer lugar, en el tema del problema mundial de las drogas. Pero, ahora, con mucha más razón, frente a la terrible amenaza del terrorismo y a las actividades criminales de carácter internacional que lo alimentan, entre ellas: el crimen global organizado en sus diferentes manifestaciones, el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; y el lavado de activos.

Todas estas son actividades criminales de carácter global que se refuerzan mutuamente y que se han constituido en la gran amenaza a la seguridad de todos los pueblos. Igualmente, afectan de manera grave a numerosos Estados y, en ocasiones, generan el debilitamiento y pérdida de gobernabilidad democrática.

La nueva agenda de la OEA ha estado alerta a estos problemas. Con celeridad se han aprobado instrumentos jurídicos que buscan la cooperación interamericana para confrontarlos y erradicarlos.

Sin embargo, encontramos dificultades en la cabal implementación de estos regimenes legales.

Una de nuestras principales preocupaciones es, precisamente, la de propiciar por todos los medios, desde la Comunidad Andina y este año desde la Secretaria Pro Témpore que ejerce Colombia, un cumplimiento eficaz en nuestra subregión de las obligaciones derivadas de las convenciones interamericanas, así como de las que se han adoptado en las Naciones Unidas.

Para ello, estamos haciendo un atento seguimiento al Plan Andino de Cooperación en materia de drogas ilícitas y diseñamos una Carta Andina de Derechos Humanos, con el ánimo de alentar el cumplimiento de las disposiciones interamericanas en la materia. También apoyamos una Declaración sobre defensa externa y seguridad, que pretende motivar la puesta en practica de compromisos para el desarme y la lucha contra el terrorismo. Además, como Secretaría nos proponemos estudiar, con un grupo de expertos, la mejor manera de coordinar entre nuestros países las medidas de fomento de la confianza proclamadas en El Salvador y en Santiago de Chile.

La sola mención de algunas de estas convenciones en el nivel interamericano muestran que la Organización de Estados Americanos ha estado trabajando oportuna y eficazmente los temas fundamentales: terrorismo; corrupción; fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, y otros materiales relacionados; prevención y sanción de la tortura; tráfico internacional de menores, entre otros.

Además, se han elaborado cuidadosos planes de acción y se han introducido mecanismos de seguimiento y evaluación. Son todos ellos pasos muy importantes. Con todo, creo que los Gobiernos tienen que comprometerse mucho mas con la Organización y que ese compromiso debe traducirse en el cumplimiento de estas convenciones y en aportes financieros que le permitan al Secretario General satisfacer las exigencias de la ambiciosa agenda que se propuso y que, con perseverancia admirable, ha venido ejecutando.

El ejemplo más reciente es aleccionador. La OEA ha respondido con prontitud a la amenaza terrorista. No solamente fue la primera institución multilateral en pronunciarse después de los horrendos sucesos del 11 de septiembre, sino que intensifico los trabajos del Comité Interamericano contra el Terrorismo y, rápidamente, promovió la adopción y suscripción de la Convención interamericana contra el Terrorismo, en la Asamblea del presente año, realizada en Barbados.

Esta Convención ofrece herramientas que permiten afrontar el desafío del terrorismo y garantizar los derechos fundamentales de las personas implicadas en actos criminales vinculados al terrorismo.

La política de seguridad democrática del Presidente Álvaro Uribe Vélez esta orientada a la protección de la población civil y a garantizar los derechos fundamentales frente a la agresión terrorista. Esta política esta respaldada por el amplio mandato democrático que recibió en las urnas, ceñida estrictamente al Estado de derecho y a los tratados en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, y siempre bajo la mirada vigilante de los controles institucionales y políticos: el Congreso; la Corte



Constitucional; el control de la opinión publica, ejercido sin cortapisas por los medios de comunicación. Así, fortaleciendo el Estado de derecho damos una respuesta firme y legítima a quienes persisten en desestabilizar la democracia colombiana.

En este punto deseo resaltar que cuando el señor Presidente Uribe tomo posesión de su cargo, ante el claro y significativo deterioro de la situación de seguridad, lanzo su iniciativa de Seguridad Democrática, buscando, entre otros propósitos, establecer una paz duradera, preservar los derechos humanos de todos los colombianos, consolidar la democracia, promover la igualdad y el bienestar de todos los ciudadanos y garantizar la ley y el orden en todo el territorio nacional. Alcanzar dichos propósitos será posible gracias al combate a los grupos terroristas, a la erradicación del narcotráfico y de sus devastadores efectos sobre nuestras instituciones, al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la justicia y a la promoción del desarrollo económico y social, contemplados en esa iniciativa.

Señor Presidente:

La Comisión y la Corte interamericanas de Derechos Humanos, hoy, más que nunca, requieren todo el apoyo de la comunidad de naciones americanas.

Ellas deben ser las guardianas de los valores que protegen la dignidad humana ahora cuando tenemos la obligación de confrontar, con determinación y sin vacilaciones, la amenaza terrorista y los factores criminales que la alimentan.

Celebramos las recientes decisiones del Consejo Permanente para mejorar el apoyo financiero a los organismos del sistema de derechos humanos. El compromiso del Gobierno de Colombia con la causa de los derechos humanos es indeclinable. La OEA ha sido pionera en el mundo en esta materia y debemos hacer lo que este a nuestro alcance para mantener ese liderazgo.

No podría dejar pasar esta ocasión sin hacer referencia al enorme significado que ha tenido la expedición de la Carta Democrática Interamericana. En días pasados, participe con un apreciable numero de Cancilleres en las deliberaciones de la Conferencia de la Comunidad de las Democracias, en Seúl, y allí comprobé la admiración y el aprecio internacional por esta histórica Carta, que es necesario mantener como un documento vivo. Y para su vigencia y desarrollo tenemos que convocar la colaboración permanente de la sociedad civil que, como sabemos, jugo un papel crucial en su elaboración. La Unidad para la Promoción de la Democracia debería revisar sus prioridades a la luz de las exigencias de esta Carta.

El proceso de modernización institucional de la Organización no ha terminado. Las metas en las cuales esta empeñado el Secretario General, son aun más ambiciosas.

En buena hora, el Secretario General lucho por insertar la Organización en el proceso de Cumbres de las Américas. De allí se han derivado nuevas tareas y mandatos para la Organización. La vigencia y pertinencia de la OEA es hoy evidente.

Señor Presidente:

Los indicadores económicos y sociales de América Latina no son alentadores. Estamos en vísperas de la construcción de un esquema de integración que hemos sonado desde los tiempos de la independencia.

Concebimos el Área de Libre Comercio de las Américas como una oportunidad para superar no solo las asimetrías entre países pobres e industrializados, sino las inadmisibles diferencias entre pobres y ricos en nuestras sociedades. Tomo prestadas las palabras del presidente Fernando Henrique Cardoso para reiterar aquí que el problema de nuestras sociedades no es el que sean subdesarrolladas, sino que son sociedades injustas. Nuestra lucha por la equidad tiene que ser más fuerte que los factores que generan tanto desequilibrio entre las naciones y al interior de ellas.

Una de las unidades mas apreciadas de esta Organización es la que tiene que ver con el comercio. El trabajo tripartito que adelanta con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es reconocido. Estoy segura de que apunta a construir unas relaciones comerciales inspiradas en principios de equidad y justicia.

Hay también indicadores que deben encender luces de alerta con respecto a la situación de la gobernabilidad democrática en el hemisferio. Es evidente que hay un malestar social que no es ajeno a las duras realidades de nuestras economías. Es indispensable que recuperemos la dignidad de la política, como el arte de representar legítimamente las necesidades de nuestros ciudadanos. Es prioritario que enfoquemos el presente y el futuro del hemisferio con una visión integral que busque por igual la seguridad y la preservación de las instituciones democráticas y de los derechos fundamentales. Todo ello en un contexto en el que tiene que existir un mínimo de condiciones de bienestar, sin las cuales se pierde toda noción de dignidad humana.

La erradicación de la pobreza absoluta es un imperativo en el hemisferio. Los muros y las barreras que contribuyen a que estos niveles infrahumanos de subsistencia persistan deben ser derribados.

En nombre de Colombia reitero nuestra confianza en la Organización y nuestra admiración por la excelente gestión del Secretario General Cesar Gaviria y por las realizaciones tan oportunas y relevantes cumplidas. por este Consejo Permanente.

Muchas gracias.