EL DERECHO A LA DEMOCRACIA EN LAS AMERICAS: DEL COMPROMISO DE SANTIAGO A LA CARTA DEMOCRATICA


Es para mí particularmente grato participar en este seminario organizado conjuntamente por la OEA y la George Washington University. Deseo agradecer la invitación al Primer Aniversario de la Carta Democrática Interamericana suscrita en Lima, así como de las diversas resoluciones y declaraciones que la precedieron.

No puedo dejar de comenzar mis palabras sin una reflexión sobre los tiempos en que estuve en la OEA como representante de mi país y que vieron el auge del compromiso democrático de la región. Los noventa inauguraron un período de grandes convergencias en lo político y en lo económico: todos adheríamos al ideal democrático y comenzábamos -unos antes que otros- a vivir nuevamente un sistema de observancia de nuestros derechos fundamentales; todos favorecíamos - unos con más fuerza que otros quizás- las reformas de mercado y la apertura del comercio exterior. Atrás quedaba el pesimismo que caracterizó los ochenta, la mentada “década perdida”.

En ese marco surgió y se materializó una vieja aspiración del continente: responder colectiva y rápidamente frente a cualquier interrupción ilegal o repentina del régimen democrático. Esa reacción fue la que se expresó en el “Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano” en la histórica Asamblea General de Santiago de 1991.

Junto al Compromiso, se adoptó en Santiago la resolución titulada “Democracia Representativa” conocida como la 1080, que estableció el mecanismo para que las distintas instancias de la OEA respondieran de manera automática a una interrupción ilegal del proceso democrático en cualquier país de la región. De esta forma, uníamos la filosofía con la práctica, la palabra con la acción.

Esta organización que fue fuertemente criticada en el pasado por su indiferencia, por su inacción y silencio ante las tiranías y dictaduras que asolaron muchos de nuestros países, con sus secuelas de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, en particular en los sesentas y setentas, contaba ahora con la voluntad política y la decisión para condenar los quiebres abruptos, para respaldar con medidas efectivas su compromiso principista con la solidaridad democrática en las Américas.

El Compromiso de Santiago y la Resolución 1080 sirvieron de dique para evitar la tentación autoritaria, para impulsar la adopción en 1992 del Protocolo de Washington, en cuya virtud es suspendido un estado miembro donde sea derrocado, mediante el uso de la fuerza, un gobierno elegido democráticamente. Han tenido además un mérito adicional: su proyección jurídica.

Así, hemos postulado que ha emergido, a partir del Compromiso de Santiago, y más aún después de la Carta Democrática de Lima, una nueva norma del derecho internacional americano: el “derecho a la democracia”, entendido no tanto como la conjunción de los derechos políticos que consagran las Convenciones de Derechos Humanos o el propio Pacto de San José, sino como el reconocimiento de que la democracia puede y debe ser defendida a través de acciones colectivas de carácter pacífico.

El camino hacia este reconocimiento legal no ha estado exento de contradicciones, tropiezos y retrocesos. En cualquier caso, el ideal democrático y la protección de los derechos individuales han sido propósitos consistentes de los pueblos de las Américas, casi desde los tiempos de la independencia y la caída de las monarquías absolutas, y han ocupado un lugar preeminente en nuestra historia.

En este sentido, merece recordarse que el tratado fundacional de la OEA, la Carta de Bogotá de 1948, a diferencia de la Carta de la ONU, contiene una mención expresa a la democracia tanto en su preámbulo, al decir que “el verdadero significado de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas un sistema de libertad individual y justicia, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, como en su capítulo sobre los principios, que expresa que “la solidaridad de los estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio de la democracia representativa”, lo cual confirma la importancia que nuestra región siempre concedió a esa opción política, a la vez que ratifica que la democracia siempre ha estado unida a la vigencia de los derechos humanos. El Protocolo de Cartagena de 1985, reafirmó con mayor vigor esa preferencia.

Pero, además, si se observa la evolución del sistema interamericano desde sus orígenes se puede constatar el desarrollo de una verdadera doctrina de la democracia representativa, fundada en innumerables declaraciones, resoluciones y medidas. El problema residía en que la teoría no era equivalente con la práctica respecto de la democracia.

El Compromiso de Santiago y la 1080 se constituyó en un paso fundamental y decisivo para transformar a la democracia de una prescripción moral a una obligación jurídica internacional.

El gran mérito de la Carta Democrática Interamericana es que reunió en un sólo texto las resoluciones, declaraciones y modificaciones de la Carta de la OEA que constituyeron el sustento y sentido democrático de la Organización. De esta manera elevó el compromiso político y jurídico de los Estados miembros por la manutención y defensa del régimen democrático.

La Carta Democrática Interamericana constituye uno de los mayores avances en la defensa colectiva de la democracia, pero, los retos no acaban allí. La crisis económica por la que atraviesan varios países de la región que cuentan con gobiernos democráticamente elegidos obliga a examinar las complejas aristas de estos proceso y a responder a los enormes desafíos que impone la búsqueda de la estabilidad política y el desarrollo económico y social.

La democracia, que junto con los derechos humanos constituye el eje valórico de la unidad hemisférica está amenazada. Como se dice expresamente en el capítulo tercero de la Carta Democrática Interamericana, contra ella complotan la pobreza, la corrupción, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano. El terrorismo internacional y el crimen organizado son amenazas reales adicionales.

La inversión extranjera hacia América Latina viene cayendo desde el año 1999 de 90 mil millones de dólares a 40 mil millones el 2002. Asimismo, el PIB regional caerá al menos un 0,8%.

Por otra parte, si bien según Latinobarómetro la adhesión democrática en América Latina refleja un apoyo ciudadano del 56% (4 puntos más que en relación al 2001), también exhibe un alto grado de insatisfacción que llega al 60%. De hecho, tan solo un 27% de los latinoamericanos se declara satisfecho con la democracia. Este indicador es más bajo que en Europa, Africa y Asia y da cuenta, probablemente, de una baja cultura democrática y la frustración y desencanto producto de las crisis económicas, políticas y sociales que enfrentan la mayoría de los países de la región.

Mirando al futuro, aprovecharía este foro para sugerir que el trabajo de esta Organización se oriente a conformar un régimen a favor de la democracia con tres ámbitos principales de acción: promoción, prevención y reacción.

En primer lugar, no debemos abandonar la promoción de los valores y prácticas democráticas. La OEA, sur órganos políticos, su Secretaría General junto a otros organismos internacionales (políticos y financieros) y a las organizaciones no gubernamentales, pueden y deben trabajar coordinadamente para diseñar programas de asistencia a partidos políticos, parlamentos y gobiernos, así como para fomentar la cooperación en los campos institucional y electoral, entre otros. La Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) que tiene un buen ganado prestigio en el continente, debería continuar explorando nuevos caminos y nuevos socios para favorecer el arraigo de la cultura democrática en nuestros países.

Creo que uno de los mayores retos que enfrenta nuestro hemisferio es continuar estimulando la participación ciudadana en los asuntos públicos, volver a encantar a vastos sectores de nuestras sociedades en el ideario democrático, de la transparencia, el respeto a la diversidad, la ética y la tolerancia. Por su parte, los actuales problemas sociales, culturales y económicos, que están asociados a la gobernabilidad, obligan a repensar fórmulas imaginativas para combatir la apatía y la marginación política que aumentan en momentos de crisis.

Una segunda área de trabajo es la prevención frente a prácticas antidemocráticas, como la manipulación de votos, el fraude electoral o la violencia política. Estos son problemas reales, que afectan a algunas de nuestras sociedades y que demandan un trabajo de asistencia de esta Organización y, en particular, una acción concertada de ella con otras entidades del mundo no gubernamental.

Sería útil disponer de “mecanismos de alerta temprana”. La OEA, conforme a sus competencias y recursos, podría realizar este ejercicio. Otro tanto acontece con aquellas situaciones en que el diálogo entre los actores políticos se interrumpe. Deberíamos proponer ejercicios de mediación o de arreglo, como hacen otras entidades del sistema interamericano. El apoyo de la OEA a los procesos de reconciliación nacional, de diálogo y resolución de conflictos largamente arraigados, me parece una actividad de enorme importancia para la UPD. Ello puede ayudar a evitar quiebres y tener democracias más sólidas y duraderas. Esta Organización, por otro lado, tiene una valiosa experiencia en las etapas post conflicto que debería profundizarse.

Por último, debemos persistir en perfeccionar y afinar nuestra reacción en defensa del régimen democrático. La Carta Democrática Interamericana, las declaraciones, los pronunciamientos del Consejo Permanente, de los órganos políticos, son, sin duda, un importante disuasivo. La suspensión contemplada en el Protocolo de Washington -que quisiéramos que todos los Estados miembros ratificaran- también es importante. Sin embargo debiéramos reflexionar para ir aún más lejos en posibles sanciones políticas y diplomáticas ante estas rupturas democráticas, a fin de ser consecuentes con la tradición y atribuciones de nuestra Organización. A futuro quizás sea necesario avanzar desde la Carta Democrática Interamericana a una Convención que profundice la institucionalidad jurídica regional.

La extensión de los principios del Compromiso de Santiago, de la 1080 y de la Carta Democrática Interamericana a las cláusulas democráticas del MERCOSUR y eventualmente del propio ALCA son mecanismos dotados de enorme fuerza y capacidad disuasiva.

Estas medidas merecen, por cierto, un ejercicio de discusión y reflexión más intenso. La misión de la OEA en defensa de la democracia no debe agotarse en apagar incendios. Es esencial sobrepasar la coyuntura, para que la democracia realmente siga siendo el eje fundamental de nuestra arquitectura político-institucional, cuyo más reciente hito es la Carta Democrática Interamericana.

En definitiva, la democracia la construimos todos. Es el fruto del trabajo diario de miles de hombres y mujeres, es un esfuerzo que deben desplegar los gobiernos, todas las instituciones nacionales y la sociedad civil. Vivir en democracia no es ya una mera aspiración, es un derecho adquirido y conquistado con mucho dolor y esfuerzo en las Américas, que nos impone el deber ineludible de defenderla siempre y en todo lugar.


MUCHAS GRACIAS