Al celebrar hoy el primer aniversario de la Carta Democrática quiero expresar nuestra gratitud a los cancilleres que por invitación especial del Consejo Permanente están hoy con nosotros. Como todos lo tenemos presente la adopción de la Carta Democrática coincidió con los trágicos eventos de terrorismo en los Estados Unidos que conmovieron al mundo y que generaron un sentimiento de solidaridad internacional sin par, con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. Fue una trágica manera de ver hasta dónde ha llegado la interdependencia de nuestras naciones y cómo la acción colectiva es un imperativo de nuestros tiempos.

La adopción de la Carta Democrática en Lima constituyó un reconocimiento a la madurez política del pueblo peruano y a su apego a los principios democráticos que servirán de ejemplo para todos los pueblos de América y del mundo que se vean amenazados por el autoritarismo. Su presencia Sr. Presidente Toledo tiene un enorme valor simbólico como quiera que usted fue el emblema bajo el cual las fuerzas sociales, políticas, religiosas de su país se unieron en la mesa de dialogo para dar una batalla sinigual y desventajosa para confrontar un gobierno autoritario y corrupto. En torno suyo fue posible recuperar los valores democráticos sacrificados en nombre de una lucha anti-subversiva. Fueron acciones contra la Constitución política y los principios republicanos de autonomía e independencia de los poderes públicos, su control mutuo, la responsabilidad de todos los ciudadanos ante la ley, la libertad de expresión y de prensa, muchas de las libertades publicas y los derechos humanos, las elecciones justas libres y transparentes. Al final de esas luchas en el gobierno de la transición fue Don Javier Pérez de Cuellar quien propuso la elaboración de la Carta Democrática, propuesta que fue acogida por todos nuestros gobernantes en la Cumbre de Québec.

Sea esta la ocasión para rememorar también lo que fue la intensa labor de preparación de la Carta que representó un trabajo arduo, serio y profesional en grado sumo del Consejo permanente, en lo que constituye el más significativo logro de nuestra organización en los tiempos contemporáneos. Queremos así agradecer al embajador Humberto de la Calle Lombana quien presidió el grupo de trabajo y las negociaciones que condujeron al texto, sometido a la consideración de la Asamblea en Lima. También al embajador Juan Manuel Castulovich de Panamá y al embajador Lionel Hurst de Antigua y Barbuda que representaron a Centroamérica y al Caribe. Para fortuna de todos, el grupo de trabajo supo captar el espíritu de la Cumbre de Québec. De manera acertada recogió el texto presentado a nombre del Perú, así como las experiencias de la OEA en varias crisis que se generaron en los 90s, los procederes en el uso que en varias ocasiones se hizo de la resolución 1080, las declaraciones de Managua, Nassau y Santiago y los instrumentos interamericanos de Derechos Humanos.

Nuestra Asamblea de Costa Rica generó discusiones francas y vibrantes sobre el estado de la democracia en nuestro hemisferio, sobre sus logros y sus limitaciones en la turbulenta caldera de la globalización. Allí se pusieron de relieve las relaciones entre democracia y desarrollo, democracia y pobreza, democracia y medio ambiente y también entre la democracia y algunos de los más fundamentales derechos humanos.

Se atendió allí la solicitud de los Ministros del Caribe y algunos otros cancilleres para prolongar el periodo de examen de la Carta, periodo en el cual también se extendieron consultas con la sociedad civil. De igual manera solicitaron los ministros a nuestro Consejo Permanente hacer uso del acervo de documentos jurídicos interamericanos y ceñirse a la Carta de la OEA.

En el interregno entre San José y Lima se ampliaron las consideraciones en las que se había avanzado hasta Costa Rica. Se recogió el amplio debate activo en nuestra región al afirmar que la democracia representativa se refuerza y se profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía, y que esa participación en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad de todos los americanos. La Carta afirma la obligación de los gobiernos de defender el derecho a la democracia. Toca los temas de la educación y los derechos de los trabajadores. Incluye además la eliminación de todas las formas de discriminación y de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los pueblos migrantes y el respeto por la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas.

En el capítulo sobre desarrollo integral y lucha contra la pobreza cuyos seis artículos resaltan el vínculo estrecho entre democracia y desarrollo económico se destacan los temas de analfabetismo, creación de empleo productivo, observancia de los derechos económicos, sociales y culturales, la preservación y manejo adecuado del medio ambiente, y el concepto de educación al alcance de todos. La Carta recoge lo expresado en Québec por nuestros gobernantes sobre la subordinación constitucional de todas las instituciones del estado a la autoridad civil legítimamente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad.

Sin duda el documento que se llevó a la consideración de los cancilleres en Lima fue fruto de un enriquecedor debate que comprendió muchas normas interamericanas y además las formuló y concatenó de tal manera que amplió significativamente su alcance. Es sin duda un hito y un signo inequívoco de nuestra determinación común de defender y promover la democracia. Y es una señal clara y una advertencia de que si en alguno de nuestros estados se pone en peligro el sistema democrático de gobierno tenemos un plan colectivo para responder de manera contundente.

El texto de la Carta Democrática es un avance significativo sobre la resolución 1080. Valga la pena resaltar la introducción de la idea de “alteración del orden constitucional”, es decir que ahora un hecho anterior a una “interrupción” o “ruptura” puede ser motivo de nuestra acción o reacción. El texto recoge el sentido preventivo de la Carta en la referencia del uso de las “gestiones diplomáticas” y “los buenos oficios” en la medida que un gobierno lo requiera o lo solicite. Esta norma le da un sentido de gradualidad que nos permite contribuir con nuestras acciones a la preservación y fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Sea esta la ocasión para mencionar que en el diseño de la Carta se hizo un reconocimiento a nuestras misiones de observación electoral las cuales han resultado ser una garantía de probidad, imparcialidad y confiabilidad en los procesos electorales.

La Carta es una guía de comportamiento democrático, un manual de conducta. Ella demuestra nuestro profundo compromiso con la democracia pero no podemos esperar que resolverá todos los problemas del presente o que puedan surgir en el futuro. Eso sería subestimar los inmensos desafíos que tenemos frente a nosotros. No podemos olvidar que es usual que cuando pensamos en democracia nos refiramos a un sistema político de instituciones y valores pero los ciudadanos de las Americas al comenzar el nuevo Milenio van más allá en su percepción de lo que es la democracia.

Ellos consideran que las deficiencias del Estado a todos los niveles o que el incumplimiento de sus funciones básicas son problemas de la democracia. Muchos ciudadanos piensan que gran parte de los males o peligros que genera el proceso de globalización son también problemas de la democracia. Otros piensan que las deficiencias de nuestros sistemas educativos son atribuibles al sistema democrático que nos rige. Hay otros que le quieren endosar los supuestos excesos del sistema capitalista y no pocos que le quisieran atribuir la degradación ambiental. Las instituciones débiles, la escasez de recursos para dotar al estado de instrumentos para cumplir sus funciones y su retroceso ideológico, son todos problemas y desafíos de la democracia.

Tampoco podemos subestimar el hecho de que la globalización política haya generado una conciencia planetaria en la búsqueda de la justicia social y en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Hasta hace poco los países contaban la opción de tener un sistema político lleno de deficiencias. Hoy eso no es posible sin enfrentar cadenas de denuncias que se extienden por los medios de comunicación de todo el mundo.

Como lo señaláramos en San José, si bien esta visión extensiva de lo que es la democracia amplia el universo de nuestras acciones, nos coloca en la muy difícil situación en la cual el estado es responsable de todo lo que se haya hecho o dejado de hacer en lo político, en lo social o en lo económico.

Son enormes entonces los desafíos que tenemos todos los americanos para defender nuestra democracia. Nuestras acciones sin duda deben ir mas allá de una aplicación pasiva de los principios de la Carta. Vamos a necesitar una nueva ética política, una nueva política social, partidos y organizaciones políticas fortalecidas, un mucho más decidido compromiso en la lucha contra la pobreza, fortalecer nuestros sistemas educativos, hacer más competitivas nuestras economías, medidas eficaces para mejorar la distribución del ingreso, una decidida lucha contra el armamentismo, como lo ha pedido el presidente Toledo. La ultima crisis de volatilidad de capitales nos han puesto de presente como en Latinoamérica y el Caribe necesitamos de manera creciente recuperar nuestras instituciones publicas y la confianza de nuestros ciudadanos en ellas. Particularmente en Latinoamérica estamos urgidos de recuperar la idea de un estado fuerte, eficaz, prestigioso. Un estado con capacidad de vigilancia, regulación y control. Necesitamos un estado democrático, respetuoso y garante de los derechos de todos.

También vamos a necesitar mucha más disciplina social para encarar los problemas fiscales, para recuperar la inversión productiva para demostrarle a nuestros ciudadanos que somos capaces de gobernar sobre la globalización, que no somos impotentes frente a sus consecuencias problemas o desafíos, que no vamos a seguir el camino fácil y peligroso de sustraernos de la economía mundial porque no seamos capaces de enfrentar los serios problemas que nos acosan hoy. Eso no debería ocurrir.

Todos debemos ser solidarios con los países en mas dificultades para probar que somos dueños de nuestro destino que estamos a la altura de los compromisos que hemos adquirido en la Carta democrática, que somos capaces de poner en marcha la creación de una zona de libre comercio hemisférica, para fortalecer esa solidaridad, para aprovechar todas las potencialidades de las regiones de este hemisferio, para beneficiarnos de nuestras complementariedades, para hacer efectivas muchas de las sinergias que se crean al unir nuestras economías en un solo mercado, para crear millones de nuevas oportunidades para los americanos de todos los confines. Esa es la magnitud de nuestros compromisos. Solo así podremos decir que defendimos con vigor el derecho de nuestros pueblos a vivir en democracia.